Las incompatibilidades de los empleados públicos.
El tema de las incompatibilidad es una cuestión bastante
polémica en el seno de las administraciones públicas,
porque hay una colisión, evidentemente,
como en muchos aspectos del régimen funcionarial,
hay una colisión entre el interés público y el interés
de la administración de que su personal se dedique
a las funciones públicas y al puesto que desempeña.
Y también el interés del empleado
de poder desempeñar otras actividades
remuneradas.
Por supuesto.
Y que hay una colisión entre esos dos intereses
el interés de la administración.
Un interés general y el interés del funcionario del empleado en general.
Bien.
De hecho. Por ejemplo.
Si desde una perspectiva más constitucional.
Con las palabras que utiliza la sentencia
del Tribunal Constitucional.
172.996.
Vemos cuáles son los dos objetivos.
Las dos finalidades del régimen de las incompatibilidades.
En primer lugar.
La objetividad o imparcial idad.
Dice el Tribunal Constitucional.
Evitación de relaciones de dependencia perturbadoras
que puedan generar algún tipo de conflicto de interés.
O porque el funcionario.
En lugar de
orientar su actividad o informar su actividad
por la consecución del interés público, pueda situarse
en determinadas circunstancias o puedan
se puedan derivar de otras circunstancias
que genere algún conflicto de interés.
El término conflicto de interés ha hecho o no ha causado
es el que más utiliza en los últimos tiempos.
Por ejemplo, en ámbito europeo.
Pero esos conflictos de intereses que supeditan los intereses
públicos a intereses más particulares,
familiares, sociales, económicos, etcétera
culturales,
es lo que el régimen de incompatibilidades.
En primer lugar, intenta evitar que el funcionario se sitúe
en esas relaciones de dependencia económicas,
institucionales, asociativas, etcétera,
que pudieran menoscabar la objetividad e imparcial
imparcialidad con las que debe desempeñar las funciones públicas.
También el Tribunal Constitucional ha dejado claro que no
solamente la objetividad e imparcialidad, la que debe,
la que debe informar y la que informa el régimen
de las incompatibilidades, también la eficacia, como dice,
máxima dedicación a las funciones propias de su empleo cargo.
Es decir, que el funcionario trabaje todo lo que pueda y lo
más posible y sea eficaz desde estas dos.
Desde estos dos objetivos es desde los que tenemos que entender
el régimen jurídico de las incompatibilidades.
Régimen jurídico incompatibilidades que están explícitamente mencionadas
en el artículo 103 tres de la Constitución
y además como un elemento del régimen
estatutario de los funcionarios públicos sometido a reserva de ley.
De ahí la virtualidad de ese artículo 103 tres.
Pero también en la
medida en que uno de los objetivos de las incompatibilidades
es la garantía de la objetividad y de la eficacia de la administración
se entronca con el artículo 103
uno del apartado uno de ese artículo 103.
Y eso es lo que, por ejemplo, el Tribunal Constitucional,
en una sentencia de las más importantes la 179 barra 1989
amparó
que la regulación de las incompatibilidades
no solo fuese o afectase subjetivamente a los funcionarios,
sino también a todos los empleados públicos
y también al personal laboral de los funcionarios.
Bien, desde una perspectiva más formal, la normativa
vigente con la que nos encontramos
con carácter básico es la Ley
53.984 de incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Como digo, tiene carácter básico.
Hay un desarrollo reglamentario propio
de la administración para la Administración del Estado,
pero por tanto, las leyes autonómicas
pueden establecer desarrollos singulares para
cada una de sus administraciones.
También nos encontramos con que, evidentemente,
la legislación
especial de determinados colectivos como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado
o determinados colectivos de la Agencia
Tributaria, determinados grupos de la Agencia Tributaria
tienen una regulación específica en cuanto al ámbito de aplicación.
Se aplica a la Administración General del Estado, Administraciones
autónomas y Corporaciones locales, entidades,
las administraciones de base territorial.
Y claro, toda esa pléyade y por supuesto también personal,
habla que desempeña
funciones públicas, los retribuidos por arancel, tareas, etc,
las entidades de la Seguridad Social.
Y luego, claro, con ese afán de que incluyan lo más
posible a todo el personal que en última instancia
trabaja en alguna entidad que se nutre de fondos públicos.
Y sé que también se aplica a entidades,
corporaciones de Derecho público, Fundació
cones y consorcios, en las que el más del 50% de su presupuesto
se nutre con subvenciones o fondos públicos
y también empresas privadas
cuya participación pública sea superior al 50%.
Y desde un punto de vista subjetivo, como decíamos antes, se aplica
a todo el personal, dice la ley.
Cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo,
es decir, no sólo al personal funcionario,
sino también al personal laboral, eventual, etcétera
En cuanto a los principios generales,
los principios generales de la del régimen de incompatibilidades,
tal y como vienen recogidos en la Ley 53 84.
Eso sería, en primer lugar,
la dedicación a un solo puesto público, salvo excepciones.
Es decir,
la idea es que un funcionario o un empleado público, o mejor dicho,
se dedique a un solo puesto público
que perciba una sola retribución pública
y que, en cualquier caso, se abstenga de cualquier actividad
que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento
de sus deberes, o comprometer su imparcialidad o independencia.
Estos son los principios básicos.
Luego podríamos añadir alguno más, como por ejemplo,
que aunque esos son los principios básicos, se admiten excepciones.
Actividades públicas y privadas que se puedan compatibilizar
y que en cualquier caso, esa compatibiliza ción
requiere un acto formal de la Administración.
Reconociendo o admitiendo esa posibilidad de compatibilizar.
Lo veremos a continuación.
Bien.
Los tres ejes o las tres tipos o las tres finalidades
de que intenta precisamente desde esos principios, la ley 53 84.
Evitar sería una incompatibilidad funcional, económica y horaria.
Es decir, evitar, como decía antes.
Una la potencialidad de situaciones que pongan en riesgo
la imparcialidad, independencia o mutualidad del funcionario
y que el funcionario desempeñe alguna actividad.
En este caso se está pensando más
en una actividad privada, evidentemente,
que pueda menoscabar una actividad privada,
que pueda mejorar su imparcialidad, su independencia o su neutralidad.
Actividades.
Luego veremos cómo se van concretando desde un punto de vista horario.
Evidentemente, la posibilidad de compatibilizar nunca puede
tener una autorización de compatibilidad.
No puede excusar, dice la ley del deber de residencia,
de asistencia al lugar de trabajo que requiera supuesto cargo,
ni el atraso, negligencia o descuido en el desempeño de los mismos.
Concreta.
Por ejemplo, en el caso de actividades públicas.
Que se compatibilizan.
Pues. Que no supondrán en cualquier caso.
Modificación de la jornada de trabajo y horario de los dos puestos
y se condiciona el estricto cumplimiento en ambos.
Y en el caso de compatibilidad de actividades privadas.
En ningún caso podrán
modificar la jornada de trabajo y horario del interesado.
Y además recoge una previsión explícita, específica, singular,
de que no se podrá compatibilizar una actividad privada
si requiere la presencia efectiva durante un horario igual o superior
a la mitad de la jornada semanal ordinaria de trabajo en las
Administraciones Públicas.
30 y 07:30, casi 19 horas.
Si la actividad privada supone 19 horas de presencia efectiva,
no se podría compatibilizar desde una perspectiva de incompatibilidad
horaria y desde la perspectiva de la incompatibilidad económica.
Este es otro de los aspectos que también quiere la ley evitar,
sobre todo también por razones de justicia
y por razones de que
no sólo por la percepción de un solo sueldo público,
sino también por la calidad o cualificación
singular que pueden presentar algunos sueldos públicos
que perciban algunos funcionarios, y en virtud de los cuales
la ley entiende o considera que no se puede compatibilizar
o no se le puede autorizar una segunda actividad.
Dice como principio Como sabemos, una sola remuneración pública
y en caso de reconocimiento
de compatibilidad de una segunda actividad pública,
la cantidad total por ambos puestos, la actividad principal,
la actividad secundaria,
siempre de carácter público, por ambos puestos, nunca puede,
nunca puede percibir una remuneración igual que la
que suponga el cargo de Director General.
Según la Ley de Presupuestos Generales del Estado,
la Administración General del Estado
y además,
tampoco no puede ser superior a la retribución del puesto principal
incrementado en unos porcentajes según los grupos o subgrupos.
La retribución que percibe por el puesto principal
si se le sumara a la otra y supusiera un
30% más para el subgrupo A1, un 35 para su grupo.
Dos, etcétera
tampoco se podría compatibilizar o reconocer la compatibilidad
de esa segunda actividad pública.
Mención especial y tratamiento especial
requiere el caso.
Como vemos en la ley, cuando un funcionario
recibe una retribución pública cualificada,
va a llevar o va a determinar que no se le pueda reconocer ninguna
compatibilidad ni pública ni privada, en el caso concreto
de que perciba un complemento específico determinado.
Originariamente, la mera percepción de un complemento
específico ya determinaba la imposibilidad de compatibilizar,
de realizar una segunda actividad.
Lo que pasa es que eso
también tenía sentido cuando el complemento específico en la
ordenación
retributiva
de sobre todo de 1984, el complemento específico
era una cosa muy excepcional o debía ser una cosa muy excepcional
que solo algunos puestos debían tener reconocido.
Cuando el complemento específico se empieza a generalizar
y se reconoce a muchos puestos de trabajo.
Se abogaba o se llegaba a la circunstancia
de que pocos funcionarios podían entonces compatibilizar.
Porque automáticamente, por tener el puesto de trabajo
un complemento específico,
no podían desarrollar otra actividad pública o privada.
Lo que se hizo en 1992 fue decir que solamente
aquellos complementos específicos que superes en el 30%
de las retribuciones básicas, excluida la antigüedad.
Solamente en esos casos no se podía reconocer la compatibilidad
pública de una actividad segunda pública o privada.
Bien, era una operación puramente aritmética.
Y así.
Además, la jurisprudencia lo aplicaba y lo consideraba.
No cabía ningún tipo de discrecionalidad
si el complemento específico suponía el 30% de la retribución básica,
excluida la antigüedad.
En ningún caso se podía reconocer una segunda actividad
pública o privada.
Uno podía compatibilizar una segunda actividad a ese, a ese empleado.
LVP En cambio, introduces una modificación
que todavía no puede ser,
no está vigente porque no se ha implantado el sistema retributivo
que se configura en el Estatuto Básico del Empleado Público,
pero señala que no se reconocerá
compatibilidad
si el concepto retributivo complementario
incluye el factor de incompatibilidad,
si se reconoce un complemento retributivo
que retribuye precisamente ese complemento,
ese factor de incompatibilidad porque un puesto se considera que
puede que debe ser incompatible
con la realización de cualquier otra actividad
y por tanto se introduce un elemento retributivo complementario específi
co para suplir o de alguna manera compensar esa incompatibilidad.
En ningún caso se reconocerá
compatibilidad a ese, a ese funcionario.
Con lo cual
es otra evolución
que cuando se aplique el Estatuto básico del empleado público.
Cuando se desarrolle todo el nuevo sistema retributivo.
Etcétera También habrá que tener en cuenta, por último,
mencionar la posibilidad a estos efectos del complemento
específico cuando se supere el 30% de las retribuciones básicas.
Mencionar la posibilidad que la ley ha reconocido a la hora
a los funcionarios de que soliciten reducir
su complemento específico para no superar ese 30%
si lo superan,
supone, por ejemplo, el 35% de sus retribuciones básicas.
Puede solicitar a la Administración
que se lo reduzca al 30% para que no lo supere
y así poder compatibilizar con una segunda actividad.
Ha sido introducido recientemente
en la legislación de función pública,
entrando ya en lo que es la incompatibilidad con actividades
públicas.
Como decíamos, partimos de la base de la dedicación a un solo
puesto público y la percepción de una sola remuneración pública.
El reconocimiento de una segunda actividad,
la autorización que es el acto formal
que cuando se solicita la compatibilidad, la Administración
autoriza siempre en interés del servicio
y según las necesidades públicas, con lo cual la Administración
tiene una cierta discrecionalidad
para entender si efectivamente esa segunda actividad
no menoscaba el interés público y sobre todo,
si es de interés público
que esa persona pueda desarrollar esa actividad.
Pues reconocer esa segunda actividad pública,
y como digo, son excepciones y por tanto hay
que interpretarlas de manera estricta y son las que vienen en la ley
mencionando las Con carácter general
se reconoce la actividad docente universitaria como profesor asociado
en algunos casos a actividad de personal sanitario.
Actividades de investigación no permanentes o de asesoramiento
científico técnico en supuestos concretos.
El ser miembro de asambleas legislativas.
Siempre que no sea una dedicación exclusiva retribuida.
Miembro de.
De las corporaciones locales.
También es compatible.
Se puede reconocer la autorizar la compatibilidad.
Salvo que sea una dedicación parcial aunque retribuida.
También en ese caso.
Y en los consejos de administración.
También se puede reconocer esa, esa, esa actividad,
esa actividad.
Puede una persona pertenecer a dos consejos de administración
en interés público?
Cuál es ese interés público en representación del sector público
y como máximo dos.
Y sólo puede percibir las dietas
en el caso de las de la incompatibilidad
con actividades privadas.
La premisa general es que
se reconocen.
Se reconocen que se puede desarrollar actividades privadas
siempre que no interfiera en compatibilidad
horaria y la incompatibilidad económica.
Si se percibiera un sueldo público cualificado
por un complemento específico determinado.
Bien.
Sin embargo.
Para evitar la incompatibilidad funcional.
Y es aquí dónde.
Y evitar que el funcionario se sitúe en
o se ubique en una situación que genere un conflicto de interés
o pueda generar un conflicto de interés.
La ley señala que no se pueden desarrollar
actividades privadas que directamente estén relacionadas
con las funciones públicas del departamento u organismo
en el que trabaja el funcionario, que estén directamente
relacionados con el departamento, un ministerio, un aconsejaría,
un organismo público, etcétera, que estén directamente relacionados.
Eso es un concepto amplio.
La normativa general de incompatibilidades
está plagada de una serie de conceptos jurídicos,
claro que permite una interpretación subjetiva bastante amplia
y eso da lugar a muchos conflictos
con la administración y que llegan a los tribunales
para entender cómo se como se efectivamente se interpretan
términos como directamente relacionados u ocasionales.
Ahora lo veremos. Etcétera
Y eso da lugar, como digo, a una gran conflictividad,
a mucha casuística, mucha casuística ante la administración,
ante los tribunales y también
un desencadenamiento de procedimientos disciplinarios
por parte de la Administración, por considerar que se están
incumpliendo la normativa de incompatibilidades
que el Estatuto básico del Empleado
Público, además, califica como como falta muy grave,
bien claro, como digo, en un lugar que se entiende
en el caso
de una segunda actividad privada que un funcionario quiere realizar
y que la ley en el primer caso
considera que puede estar directamente relacionada
con las funciones públicas del
Departamento, organismo en cuestión donde trabaja el funcionario.
Claro, aquí la ley da algunas pistas y concreta un poco y desarrolla.
En primer lugar, dice que el gobierno que sea
puede concretar por reglamento qué actividades privadas
pueden comprometer la imparcialidad, independencia del personal,
impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes
o perjudicar los intereses generales.
Y de hecho,
en el caso de administración General del Estado,
el reglamento que desarrolla la Ley de Incompatibilidades señala
algunas actividades privadas, como por ejemplo la abogacía,
que con determinadas en determinadas circunstancias
no se puede reconocer o sí está directamente relacionado con la con
con las funciones del organismo,
pues tampoco se puede reconocer funciones de Procuraduría
ante los tribunales o de gestión administrativa, etcétera.
Bien también entiende que estará directamente
relacionado con las funciones públicas del organismo.
Claro, asuntos que están directamente
relacionados con el puesto de trabajo
en particular las que deben ser prestadas desde desde el mismo.
Imagínense un profesor que en lugar de atender a los alumnos
en su función y en su puesto de trabajo,
abre una academia por las tardes para
o para dar clases sobre la misma materia
y a los mismos alumnos o a los mismos alumnos.
Los alumnos irán si quieren o sobre las mismas materias que está
en el horario público y en las que
debe atender a sus alumnos o el médico y
que debe
atender en el servicio público de salud
y que reconduce a los pacientes por las tardes a
consultas privadas.
También, evidentemente están directamente relacionados
con las funciones públicas del departamento en cuestión.
Aquellos asuntos
que estén sometidos a informe, decisión, ayuda financiera o control
de ese departamento donde presta servicios.
El interesado o aunque no sean las específicas del puesto suyo,
no sea él
el que tiene que emitir informe, el que tiene que emitir la decisión,
el conceder la ayuda, etcétera Pero si el departamento donde trabaja
tiene que emitir esos actos, ya se entiende la ley y la norma.
Entiende que hay una incompatibilidad, que hay una,
por lo menos ahí hay una situación de riesgo, de
de generar un conflicto de intereses,
otra incompatibilidad, otro supuesto de incompatibilidad.
La pertenencia a órgano, rectores
o consejos de administración de empresas cuya actividad está
relacionada con la actividad donde trabaja el empleado
o trabaja por las mañanas en en,
no sé, en una ministerio, en un departamento que
sobre inmigración y por las tardes trabaja,
quiere trabajar en una ONG, en un órgano rector o en un consejo
de un órgano directivo, rector de una organización
no gubernamental que
participación
mayor del 10% o cargos de contratistas
de las administraciones públicas, contratistas que recibe
subvenciones, que contrata con las administraciones públicas.
Si uno
es dueño con una participación mayor del 10%
o ostenta cargos en empresas que contratan
con la administración, aquí la ley también es muy, muy estricta.
Además, lo hace con una redacción bastante amplia.
Habla de cualquier administración pública, no solo de la
administración pública donde trabaja el funcionario.
Esos casos también.
No se podría reconocer la compatibilidad.
En el caso de la compatibilidad
de actividades privadas
con un puesto público,
la autorización se denomina formalmente reconocimiento,
porque para diferenciarla de la autorización,
en el caso de una segunda actividad pública.
Porque se reconoce una actividad que en principio está permitida,
que no está prohibida
y sobre todo, que también es un acto reglado, salvo que concurra
alguna de las circunstancias anteriormente señaladas.
Una persona puede desempeñar una segunda actividad
en el sector privado,
lo cual, como digo, desde el punto de vista material,
hay que advertir que aunque desde el punto de vista material
no se trate de una actividad que sea incompatible
formalmente, formalmente hay que pedir siempre esa compatibilidad
y por lo tanto, el reconocimiento que la Administración
debe hacer de que no es incompatible esa segunda actividad.
El sistema
admite una
serie de actividades que están exceptuadas
de del
sistema de incompatibilidades,
incluso desde la perspectiva de necesitar un
una autorización
para realizarlas.
Se trata, dice la ley de la Administración del Patrimonio
personal o Familiar es una mera gestión del patrimonio familiar?
No. En cambio, si eso supone un cargo directivo
en una empresa familiar, eso ya estaríamos en una casa.
En la concurrencia de casa
prevista.
En el caso de incompatibilidades de segundas actividades privadas,
la impartición de seminarios, cursos o conferen cias
es un tema bastante complejo y que da lugar a mucha,
mucha casuística,
porque en principio dice la ley que deben ser cursos o conferencias
en centros oficiales para la formación de funcionarios
o profesorado que no tengan carácter permanente o habitual
y que no suponga más de 75 horas al año
lo de las 75 horas al año, evidentemente es por cuantificación,
pero que no tengan carácter permanente o habitual
da lugar también a interpretaciones encontradas entre los funcionarios.
La administración y los tribunales.
También la participación en tribunales de pruebas selectivas
para ingreso en la función pública.
Está exceptuado
el profesorado para programas para otras pruebas de evaluación,
cargos no retribuidos de mutualidades o patronatos de funcionarios.
La producción y creación literaria, artística, científica y técnica, así
como las publicaciones que se deriven de aquélla, no está sometida
al régimen de
incompatibilidades ni a la necesidad de autorización.
La participación ocasional en coloquios
y programas en medios de comunicación.
Pues últimamente también vemos a mucha gente, muchos empleados
públicos que participan en tertulias, en programas de
de medios de comunicación, que incluso luego
vemos también ahora que cada vez es más transparente todo,
pues que no suponen pocos ingresos, sino que bueno, pues
ingresan su dinero.
Se paga relativamente bien esta participación en coloquios
y programas.
Pero otra vez nos encontramos con que qué significa ocasional?
Ocasional?
Bueno, ni siquiera yendo al diccionario
de la Academia de la Lengua, una persona que va todas las semanas,
que tienen prácticamente una hora fija en una tertulia de radio,
en una tertulia televisiva los sábados a las 22:00 de la noche,
está siempre esa persona ahí, etcétera Bueno, ocasionales
a lo mejor no es eso, eso es más periódico ocasional.
Es que vaya ahí una vez cada dos o tres meses o cada seis meses.
Bueno, son son problemas que.
Y la colaboración y la asistencia ocasional otra vez
a congresos, seminarios, conferencias o cursos de carácter profesional.
Este es el régimen jurídico de las incompatibilidades.
Como digo, es sometido a una casuística muy grande,
porque la normativa en su regulación está plagada de conceptos y de
adjetivos cuya
concreción y contenido no siempre es pacífico.
Y luego también, en última instancia, para entender
también todo lo que ocurre con el sistema Incompatibilidades
hay que tener en cuenta, además de esa tensión inherente
entre el interés de la administración de que el funcionario
dedique toda su actividad a la actividad
en aras del interés público y el funcionario, el interés más
particular de poder desarrollar otra actividad pública o privada
en la que pueda desplegar los conocimientos que tiene
o simplemente con el lícito y legítimo
afán de ganar algo más de dinero.
Bueno, pues que me gustaría terminar con dos ideas, no?
Aquí siempre ha habido como un entendimiento implícito, sobre todo
de una aplicación relativamente no diría laxa, pero no,
no especialmente rigurosa, no
especialmente en la administración.
Es bueno en ocasiones
no tiene un celo excesivo por verificar,
incluso a veces en casos que son casi públicos.
Bueno, de
perseguir situaciones en las que concurren personas
o funcionarios o empleados de incompatibilidad.
Y eso también es otro de los grandes problemas del sistema.
Bueno, pues que la aplicación es muy desigual
entre las administraciones, porque al fin y al cabo
el funcionario el reconocimiento de la compatibilidad
está sometido a la administración en la que trabaja.
Administración del Estado del Ministerio,
una autonomía o una consejería en la entidad local.
El pleno del Ayuntamiento, entonces?
Bueno, también un poco
la la rigurosidad de las administraciones
y de los órganos dentro de las distintas administraciones
a efectos de exigir el cumplimiento de la normativa
por incompatibilidades, pues como digo, también es bastante desigual.