Los derechos de los funcionarios públicos.
En realidad, el régimen general jurídico de los funcionarios
públicos puede ser analizado y visto desde la perspectiva
de los derechos de los funcionarios públicos en contraposición
a las potestades de organización de la administración pública.
Por tanto.
Este contenido subjetivo del régimen jurídico de la función pública
integrado por los derechos que ostentan
los funcionarios públicos respecto a la Administración,
es uno de los elementos
más importantes del régimen jurídico funcionarial.
Vamos a analizar en esta clase lo que podríamos
denominar derechos individuales.
Derechos individuales de los funcionarios públicos.
Comenzando en primer lugar por una explicación.
De. La naturaleza de la relación funcionarial.
Porque incide de una manera decisiva
en lo que se denominan los derechos adquiridos.
Es decir,
la naturaleza misma de estos derechos de los funcionarios públicos.
Y a continuación
explicaremos los derechos individuales de carácter
funcionarial, así como los permisos
y vacaciones de los funcionarios públicos.
Bien, como decía,
la naturaleza jurídica de la relación funcionarial
es de carácter eminentemente estatutario.
Como sabemos,
presentó desde el primer momento
una teorización de la naturaleza jurídica
de los derechos que el funcionario ostentaba frente a la administración,
y además era una teorización que se dio en denominar
derechos adquiridos que constituían una protección del funcionario
frente a las modificaciones unilaterales del legislador
y de la administración de la normativa
que integraba ese régimen jurídico funcionarial.
La caracterización como estatutaria de la relación funcionarial
implicaba, como sabemos, que el régimen jurídico
se determinaba de manera unilateral por no tanto el empleador.
Que también la administración a través de su potestad normativa
reglamentaria, sino también, y sobre todo por el legislador.
En cualquier caso, respecto al funcionario, el régimen jurídico,
las condiciones laborales le venían
impuestas unilateralmente por 1/3.
O sea el legislador.
O sea administración.
En el caso de esta última. Además.
Era la directamente empleadora
la que gestionaba directamente su relación funcionarial.
Bien.
Frente a esa ese carácter unilateral de
que el legislador y la administración establecían el régimen jurídico
que regulaba su relación de servicio, su relación profesional.
Los funcionarios y la teoría.
La doctrina acuñó como mecanismo de protección
lo que se denominó los derechos adquiridos.
Derechos adquiridos que ostentará el funcionario
frente al legislador y a la administración.
Qué es esta teoría de los derechos adquiridos?
En qué consiste?
Qué supone supondría
una cierta protección,
un cierta, una capacidad,
una cualidad de los derechos que tendría el funcionario
frente a modificaciones posteriores por el legislador y la administración
del régimen jurídico y, por tanto, de los derechos que teóricamente,
en principio, la normativa reconocía a los funcionarios.
Bien.
Esto formulado así teóricamente
hay que entenderlo en sus debidas dimensiones.
La teoría de los derechos adquiridos
no implica,
o mejor dicho, se concretaría en última instancia.
Más bien en la retroactividad, es decir,
la incapacidad para el legislador y la administración de modificar
situaciones consolidadas y perfecta de
derechos que ya han sido
consolidados, adquiridos por el funcionario,
no podrían ser de los cuales no podría ser privado el funcionario.
Posteriormente.
Por el legislador o por la administración.
Insisto, derechos adquiridos siempre que se tratase.
De. La retroactividad.
El carácter retroactivo de modificaciones posteriores
cuando la situación o los derechos
ya habían sido perfeccionados y consolidados por el funcionario.
Lo cual no significaba por tanto
que impidiese modificaciones
respecto a expectativas
o respecto a situaciones en curso de adquisición.
Por ejemplo,
la edad de jubilación
de los funcionarios.
No. Puede, puede ser modifica nada
respecto a los
funcionarios que están en servicio activo.
Los funcionarios no pueden alegar una un derecho adquirido
a jubilarse a la edad de jubilación que la normativa establecía.
Por ejemplo, cuando ingresaron 65 67 68 años.
Sino que el legislador puede modificar, puede modificar.
Esa. Esa edad de jubilación o una retribución
determinadas que el legislador y la norma establecen
pueden posteriormente ser modificadas para las situaciones futuras.
No pueden ser modificadas respecto a situaciones ya consolidadas.
Esto lo hemos visto recientemente con relación
a la supresión suspensión
de la paga extra de los funcionarios, que había un componente que ya se
consolide, que se consideraba consolidado y los tribunales
dijeron.
Y han establecido que respecto
a esa parte de las retribuciones que ya había sido consolidada,
la modificación de suspensión
o de reducción no se aplicaba para el futuro.
Sí, pero la parte que ya había sido consolidada
no podía ser modificada por el legislador, porque eso suponía
una modificación retroactiva de situaciones ya perfeccionadas.
Bien.
Esto no impide que el legislador, cada vez que lleva a cabo una reforma
del régimen funcionarial, sobre todo con carácter más general,
las grandes reformas de la función
pública o nuevas leyes de función pública.
Intente ente a través de las disposiciones transitorias
que la nueva reforma o la nueva legislación.
El nuevo régimen jurídico, no perjudique
la situación jurídica de los funcionarios en activo.
Pero esto es más
una medida de política legislativa y de política de personal
que una exigencia de los derechos adquiridos.
Podría una reforma
respecto al futuro empeorar la situación
jurídica, los derechos jurídicos de los funcionarios?
No respecto a las situaciones, como digo, ya consolidadas.
Devoluciones de retribuciones porque sean, sean, se han disminuido,
etcétera Eso no puede ser porque ya han sido abonadas,
ya han sido perfeccionadas por el tiempo de trabajo, etcétera
Pero respecto al futuro, esas situaciones se pueden disminuir,
se pueden mermar, se pueden cercenar, se pueden limitar.
Pero, por ejemplo, en disposiciones transitorias
de nuevas leyes de función pública siempre se intenta.
El legislador siempre intenta que el nuevo régimen jurídico
no empeore de una manera sustancial y en la medida de lo posible.
De ninguna manera.
La situación jurídica.
Los derechos de los funcionarios.
Insisto que esto no es una exigencia que se derive necesariamente
de los derechos adquiridos, sino una política,
una acción de política legislativa por parte del legislador
y, en última instancia, de la Administración.
Y es que, como digo, la teoría de los derechos adquiridos
desde la perspectiva constitucional
a la que en última instancia tenemos que acudir,
porque ahí al Tribunal Constitucional han llegado
modificaciones en las que se alegaba una vulneración
de los derechos adquiridos de los funcionarios.
Como digo,
la disminución de las retribuciones que, por ejemplo, el Real Decreto de
Real Decreto Ley de Mayo de 2010 o la congelación de retribuciones
han sido
cuestionadas ante el Tribunal Constitucional
por considerar que esa reducción de retribuciones de 2010
implicaba una merma o un atentado a los derechos
adquiridos de los funcionarios.
El Tribunal Constitucional, cada vez que han llegado
pleitos recursos ante el mismo, alegando estos derechos adquiridos,
el Tribunal Constitucional ha dejado claro, en primer lugar, que
se trataba los derechos adquiridos de una teoría controvertida.
Incluso en una de
sus primeras sentencias se hablaba de la huidiza teoría,
es decir, como algo que no tenía unos contornos claros y sólidos.
En el caso del del derecho estatutario
de los funcionarios públicos
llegaba también a decir claramente el Tribunal Constitucional
que la situación jurídica de los funcionarios,
el estatuto funcionarial, supone una situación jurídica objetiva,
es decir, definida, legal y reglamentariamente, y por tanto,
modificable por el legislador o por la administración,
de tal manera
que el funcionario no puede exigir que la situación estatutaria,
su régimen jurídico, quede congelado en los términos en que se hallaba
regulado en el momento de producirse el ingreso del funcionario,
como si de alguna manera se hiciera una foto fija cuando el funcionario
ingresaba en la función pública, dijera Estos son mis derechos.
Este es el régimen jurídico y éste es el que se me tiene que aplicar
para todo el resto de mi carrera y de mi vida funcionarial.
No en tanto en cuanto se trata de un régimen jurídico establecido
unilateralmente por el legislador y por las ministración.
El Este legislador y la Administración
pueden modificar ese régimen jurídico con carácter siempre futuro,
evidentemente para situaciones no consolidadas.
Y el Tribunal Constitucional señalaba, por ejemplo,
la sentencia 61.987 o en El Alto en el Auto
del Tribunal Constitucional 179 2011, relativo precisamente
a la reducción de retribuciones
del Real Decreto Ley de mayo de 2010,
que el funcionario había aceptado esta situación.
Este carácter unilateral de la determinación
del régimen jurídico y por tanto no podía esgrimir derecho adquirido
respecto a
modificaciones posteriores de la normativa.
Bien dicho lo cual, esta es una.
Como digo, es una consideración general que hay que tener en cuenta
respecto a la naturaleza de los derechos
que de que gozan los funcionarios en su relación funcionarial.
Dicho lo cual, vamos a pasar a explicar. En.
Primer lugar, con carácter general,
una exposición sumaria de los derechos individuales reconocidos
en los derechos
que el Estatuto Básico del Empleado Público reconoce a los funcionarios
y explicaremos a continuación algunos de carácter individual.
Como digo, el artículo 14 del Estatuto Básico del Empleado Público
hace una enumeración de derechos
bastante amplia, aunque no por ello
sea exhaustiva, enumeración
en la que evidentemente se reconocen muchos derechos a los funcionarios
a efectos de una exposición oral como es esta.
Vamos a clasificar un poco a efectos. De.
Hacer una explicación lo más clara posible.
Podemos decir que hay unos derechos que son propios de los funcionarios
en su condición de tales de funcionarios
públicos, como por ejemplo
el derecho a la inamovilidad, que luego explicaremos.
El derecho a la carrera, el del derecho
al desempeño de las tareas acordes con su categoría,
son derechos reconocidos en el Estatuto Básico del Empleado
público de carácter estrictamente funcionarial.
Lo haga.
Habría también otros derechos que se reconocen
a los funcionarios públicos y que son los derechos más general
y que
se reconocen al funcionario en cuanto que trabajador,
y digo que en cuanto que trabajador, porque son o serían derechos comunes
a todo trabajador, sea funcionario, sea persona laboral,
trabaje en una administración, trabaje en el sector privado,
sería el caso de vacaciones, derecho a vacación, no a las concretas
vacaciones que luego se plasman en la legislación funcionarial.
Pero el derecho a disfrutar de vacaciones y licencias,
por ejemplo, es un derecho propio, general de todo trabajador.
Insisto, sea público o privado, derecho a una formación,
derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar, etc
Luego también podríamos considerar una serie de derechos
de los que goza el funcionario en su condición
de ciudadano, derechos fundamentales derivados
prácticamente o en gran medida
de la Constitución directamente, que son propios de toda persona.
Por ejemplo.
No obstante lo cual.
Aunque sean propios y sean,
gocen de ellos todos los ciudadanos.
El carácter funcionarial o la condición de funcionario
de estas personas de los funcionarios
sí que matiza un poco el ejercicio de estos derechos
y en algunos casos los puede llegar a limitar.
Es el caso de la libertad de expresión, el derecho a la intimidad,
por supuesto, el derecho a la no discriminación,
el derecho de libre asociación, etcétera.
Y por último,
también podríamos agrupar dentro de una clasificación singular
los derechos que tienen un carácter más económi co.
Por supuesto,
el derecho a la retribución, a la jubilación,
a las prestaciones de seguridad social, que son derechos.
También se podrían considerar derechos
de carácter general, pero que su carácter económico
los singulariza de una manera un poco más propia,
bien hecha la exposición
general que iremos desgranando en diferentes intervenciones,
vamos a explicar a continuación
algunos derechos funcionariales de carácter individual.
En primer lugar, derechos funcionariales
Vamos a abordar en esta lección
una serie de derechos que son propios de los funcionarios
en cuanto tales.
Sin duda, el más relevante es el derecho a la inamovilidad
en la condición de funcionario de carrera.
Esa estabilidad en la en la condición de funcionario,
esa permanencia de la relación de servicio
que es una de las características propias
del funcionario o de la relación jurídica funcionarial.
Inamovilidad.
Una inamovilidad socialmente hoy en día muy cuestionada
históricamente, como sabemos,
es uno de las conquistas de los funcionarios.
Esa permanencia en su condición,
permanencia que no es una permanencia absoluta.
Hay causas de extinción de la relación funcionarial, como
sabemos, pero.
La la.
Inamovilidad hay que entenderla desde una doble perspectiva.
En primer lugar, la inamovilidad en la condición
significa que
el funcionario no puede ser cesado, no puede perder su condición
de funcionario por cualquier causa, sino única y exclusivamente
por las exhaustivamente previstas en la legislación.
Al abrigar al funcionario de los libre ceses discrecionales
o incluso arbitrarios, le garantiza una permanencia,
permanencia y estabilidad que no es absoluta.
Es cierto que las causas de extinción
son bastante objetivas para garantizar precisamente
esa permanencia
y esas causas de extinción que conocemos, que son la jubilación
por llegar a la edad establecida de jubilación,
la renuncia, la incapacidad permanente, la sanción disciplinaria
de separación del servicio, la inhabilitación penal,
son causas muy objetivas que no son discrecional.
Hay otros modelos de función pública que tienen otras causas de extinción
un tanto más discrecionales, más valorativas.
Por ejemplo,
el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea reconoce.
O. Establece como causa de cese de la condición de funcionario
la incompetencia en el ejercicio de las funciones, bien en la medida
en que las causas de extinción sean más objetivas y menos discrecionales.
La inamovilidad absoluta, o mejor dicho,
la inamovilidad de la relación de servicio,
la permanencia de la condición de funcionario queda más blindada.
Hay que tener en cuenta que esta inamovilidad, que,
como hemos dicho antes históricamente, es una
de las conquistas de los funcionarios del régimen funcionarial,
evidentemente está finalizada
a garantizar la independencia del funcionario
en el ejercicio de las funciones, porque los funcionarios sí
pueden ser cesados con más o menos facilidad.
Evidentemente no podrán ejercer
sus funciones con mayor independencia.
Entonces, es una inamovilidad
orientada o mediatizada al ejercicio independiente
de las funciones, para ponerlo al abrigo
precisamente de libre remoción de la administración.
Bien.
Eso, como digo, es la explicación de esta inamovilidad
en la condición de funcionario, pero también
inamovilidad en el concreto puesto de trabajo.
Que. En cada momento desempeña el funcionario.
En este caso, la inamovilidad en el concreto puesto de trabajo
que ejerce el funcionario no es absoluta, no es absoluta
y nos llevaría a otro derecho de los funcionarios,
que es el desempeño efectivo de las funciones o tareas propias
de su condición profesional
y de acuerdo con la progresión alcanzada en su carrera profesional,
que es otro de los derechos
reconocidos en el Estatuto Básico del Empleado Público.
Pues bien, la inamovilidad relativa al puesto de trabajo
evidentemente no puede ser absoluta,
sino que el funcionario puede ser
removido o puede ser cambiado de puesto de trabajo
si las circunstancias objetivas previstas en la normativa
así concurre en las diferentes situaciones que se pueden dar
a lo largo de la vida funcionarial de un funcionario.
Y también
respecto a las necesidades de gestión de los servicios públicos.
Bien, en este caso,
como digo, se trata es lo que antes se conocía como el derecho
al cargo, la plaza que había obtenido en propiedad a un funcionario.
Fijémonos también en la propia terminología
plaza en propiedad, como si se apropiara el funcionario de ella
y no pudiera ser privado de esa plaza, de ese puesto.
Bien, como digo, hoy en día
el Estatuto no reconoce un derecho al puesto, el puesto obtenido
a través de un mecanismo de provisión,
el que sea, sino derecho a unas funciones
genéricas que sean acordes con su condición categoría
profesional, sea cual sea en cada momento.
La caracterización de esa categoría, de esa categoría
o condición profesional del funcionario.
Y digo que la inamovilidad en el puesto
que se articula a través de provisiones definitivas
cuando hemos estudiado
los sistemas y mecanismos de provisión
de puestos de trabajo, hemos visto como hay provisiones
definitivas de puestos y provisiones temporales,
bien evidentemente, para un ejercicio independiente de las funciones
a lo que se tiende o lo deseable es que el funcionario ostente
con carácter definitivo los puestos de trabajo que desempeña.
Pero incluso cuando se producen o se llevan a cabo esas provisiones
con carácter definitivo, pensemos en el concurso
más excepcionalmente, las permutas.
Pero otras formas de provisión, como la reasignación, los traslados
forzosos, etcétera, son provisiones definitivas.
Eminentemente, el concurso es el mecanismo ordinario y tradicional
en el que la jurisprudencia ha visto como. El.
Instrumento adecuado para, por un lado, garantizar la igualdad,
mérito y capacidad en la provisión y, por otro lado,
establecer o articular la necesaria
permanencia en el puesto a través de una provisión definitiva.
Ni siquiera estos mecanismos de provisión definitivos son eternos.
Se han relativizado
en los concursos a través de las causas de remoción.
Por ejemplo, el Estatuto básico, como sabemos, incluyó
la evaluación del desempeño negativa como
causa de cese en el puesto de trabajo,
no en la condición de funcionario, sino en el puesto de trabajo.
Pero también esa permanencia, evidentemente, es muy precaria
en el caso de las provisiones, mediante el libre designación,
que aunque sean también provisiones definitivas, pende sobre ellos
un cese más libre que en el caso de los concursos.
Bien aparte de la propia potestad de
autoorganización de la administración,
lleva a que las necesidades de gestión de recursos humanos
y una gestión eficiente y una buena distribución del personal
y una buena organización administrativa se.
Lleve.
A cabo traslados de funcionarios,
traslados de puestos, cambios en las estructuras.
Con lo cual ese derecho al cargo,
ese derecho al puesto de trabajo concreto obtenido por concurso, en el
que uno ha sido libremente
designado, etcétera, no es absoluta y no puede serlo.
No puede serlo.
Como digo, para conseguir una buena gestión
de los recursos humanos en las administraciones públicas.
Por tanto, hay que distinguir claramente la inamovilidad
en la condición de funcionario de carrera
que hace referencia a la permanencia de la relación de servicio,
de la relación jurídica funcionarial que solamente puede verse
extinguida a través de las causas de extinción expresamente
y pausadamente previstas en la normativa de la inamovilidad
en el puesto de trabajo, que es una cosa muchísimo más relativa,
muchísimo más matizada y mucho más excepcional.
Hoy en día en.
La en la legislación
bien.
Junto a estos derechos funcionariales,
merece la pena también destacar aquí otros derechos
de los que gozan los funcionarios, como son los permisos.
Permisos.
Podríamos tratar también las vacaciones, el derecho
a las vacaciones.
Evidentemente los que establezca en cada caso
la normativa básica y propia de cada función
pública en la forma de organizar esas vacaciones.
Pero en el caso de los permisos, que es otro de los derechos que la
la legislación y el estatuto básico recoge
como derechos de los funcionarios,
hay que partir de la base de que el artículo 48 del Estatuto
Básico del Empleado Público, cuando recoge los regula los permisos
de que gozan los funcionarios con carácter general
y hace un elenco muy amplio de de permisos.
Estos permisos a los que tienen derecho los funcionarios públicos
hoy en día después de la reforma de 2012.
Hoy en día
tienen carácter básico para todas las administraciones públicas,
es decir,
los permisos que se regulan
en el artículo 48 del Estatuto Básico del Empleado Público
son los mismos para todos los funcionarios
de todas las administraciones públicas.
Importa destacar esta característica porque originariamente
la regulación que hacía el Estatuto Básico del Empleado Público
era completamente diferente,
pues establecía que los permisos que se recogían.
En el.
Estatuto Básico del Empleado Público tenían un carácter de supletorio,
se aplicaban en defecto de legislación aplicable.
Es decir, que cada administración
podía establecer a través de sus leyes de función pública.
Podía establecer y en algunos casos
a través de reglamentos, aunque esto era más discutible,
podía establecer su propio elenco
de permisos para sus funcionarios.
Evidentemente, esto daba no sólo una gran disparidad
de derechos de los funcionarios según las administraciones públicas
a las que sirviesen en las que trabajasen en esta materia
de los permisos, sino que además, la debilidad
de algunas administraciones respecto a su personal
en el momento de la negociación
llevó sobre todo a determinadas administraciones locales.
En particular.
Se observaba en periodos preelectorales.
Etcétera a un reconocimiento excesivamente generoso
de estos permisos. Una ampliación
muy a muy muy considerable
respecto a los de otras administraciones.
Bien. Esto
llevó al legislador
en el año 2012 a cambiar
la naturaleza subsidiaria de la regulación del Estatuto Básico
en esta materia,
para hacerla directamente aplicable y uniforme
en todas las administraciones públicas.
Bien, se trata, por tanto, los permisos de una serie de causas,
de una serie de hechos que el legislador ha considerado.
Que. Exigiría al funcionario del cumplimiento de la
jornada laboral durante el tiempo que se establezca en cada caso.
Para cada supuesto son bienes jurídicos.
Como digo, que el legislador estima como
que deben ser protegidos, que deben ser atendidos.
Bienes jurídicos familiares, bienes jurídicos sindicales
bienes jurídicos interés particular de del funcionario
con un debido equilibrio y proporción, etcétera
Pero que el legislador a lo que llevan estos permisos
es a que durante el tiempo establecido en cada caso
el funcionario queda eximido por tanto del cumplimiento
de la jornada laboral,
que es una de las obligaciones básicas de los funcionarios públicos.
Qué hechos exigirían
y ha considerado el legislador. Que.
Deben ser con deben ser otorgados
o acogidos como causas de exención del cumplimiento de la jornada
laboral para atender a determinadas necesidades o bienes protegi bles.
Como digo, en gran medida se trata de causas familiares
caso de fallecimiento, accidente, enfermedad grave,
traslado de domicilio,
lactancia, etcétera Una serie de circunstancias familiares
que el legislador concede
unos permisos, en algunos casos pueden ser incluso horas,
pero van a ser días determinados, establecidos para cada supuesto
y que
eximen para atender esas necesidades familiares
del cumplimiento de la jornada laboral.
Por ejemplo, otra casada de concurrir a exámenes finales.
El ejercicio de funciones sindicales o de representación
cumple en cumplimiento de un inexcusable
deber público personal y también el más polémico,
lo que en asuntos particulares en los que la Administración
no entra, pero considera que debe otorgarse una serie de días
al funcionario para que atienda a unos asuntos particulares,
independientemente de los que sean, pueden ser familiares,
pueden ser lo que sea, siempre que no estén evidentemente.
En principio, como digo, la administración no entra a la razón
o el motivo concreto por el que el funcionario
va a disfrutar de estos asuntos particulares
y sobre todo, hay que tener en cuenta que con un carácter general
la legislación ha establecido esta posibilidad.
Podría no haberla establecido.
Y es que.
Que. Se excuse del cumplimiento de la jornada laboral
por un asunto particular, lo hemos aquí que es un poco
una negación del interés público, una primacía del interés particular
durante unos días o durante los días que sean establecidos
para respecto al interés público
por intereses particulares del funcionario.
La problemática concreta de los días de asuntos particulares
con la reforma de 2012 se redujeron y poco a poco se van ampliando.
No me interesa tanto señalar los días y horas incluso concretas,
que cada circunstancia o hecho o bien protegí de necesidad
que tiene asignados,
sino que este diseño general
de que es legislador atiende a una serie de circunstancias
para eximir del cumplimiento de la jornada laboral
durante el tiempo que considere según
el asunto o circunstancia concreta,
bien por último, unos permisos singulares
dentro de los permisos de la categoría general de permisos
o licencias, como también se ha dado en llamar en algunas ocasiones
el Estatuto Básico del Empleado Público, en su artículo 49
recoge unos permisos muy particulares
a los que concede una atención y una importancia singular.
Y eso también se observa, por ejemplo, en los días de permisos
que cada necesidad tiene adscrito.
Se trata de permisos por motivos de conciliación de la vida personal,
familiar y laboral y por razón de violencia de género.
Se trata esta regulación del Estatuto Básico en el artículo 49,
de unas condiciones
mínimas mejorables por leyes propias del Estatuto Básico.
Aquí lo que hace es establecer un mínimo
por debajo del cual las leyes
de función pública no pueden mermar estos permisos.
Estos derechos pueden ampliarlos, pero no reducirlos.
Como digo, los permisos que se conceden
para atender estas circunstancias serían el permiso de por parto,
por adopción, por paternidad o por violencia de género.
Cada uno de ellos tiene una regulación específica,
unas circunstancias, una duración temporal y una
y unas condiciones de ejercicio que están
delimitados y especificados en la normativa.
En el artículo 49.