Extinción de la relación de servicio,
la extinción de la relación de servicio de los funcionarios
aborda las causas de terminación de la relación jurídica
entre el funcionario y la administración.
En última instancia, las causas que determinan
esa finalización de la relación jurídica de la relación de servicio
son las que articulan en realidad la estabilidad
o la permanencia del funcionario en su condición funcionarial.
Tradicionalmente se hablaba de la inamovilidad de los funcionarios,
pero que no era un derecho absoluto en cuanto tal, sino que
si la Administración contaba con mecanismos para
desligarse del funcionario, para terminar su relación jurídica,
evidentemente eso suponía que no existía esa inamovilidad
en la condición funcionarial.
Y hasta que no se consigue históricamente
esa inamovilidad relacional de la relación funcionarial,
el funcionario no puede ejercer con independencia sus con toda la
independencia posible y necesaria
y deseable, sus funciones. Por eso
dependerá de qué causas
determinan la finalización o la extinción de la relación
funcionarial de las relaciones.
Olvidemos que la estabilidad de los funcionarios en su condición
funcionarial sea mayor o menor.
Bien las causas de extinción, aparte de la muerte del funcionario,
por supuesto, están hoy en día identificadas en la renuncia,
la pérdida de la nacionalidad, la jubilación, la pena
de inhabilitación por sentencia o la sanción disciplinaria.
Y terminaremos hablando brevemente sobre la rehabilitación
del funcionario que puede volver a entablar esa relación jurídica
con la administración por un procedimiento diferente
al que sería el ingreso nuevo en la administración.
Como digo, el Estatuto Básico del Empleado
Público establece con carácter exhaustivo
las causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera.
Habla de la renuncia a la condición de funcionario,
la pérdida de la nacionalidad, la jubilación total del funcionario.
La sanción disciplinaria de separación del servicio
que tuviera carácter firme o la pena principal o accesoria
de inhabilitación absoluta o especial para cargo público
que tuviera carácter firme o bien la renuncia.
La renuncia, evidentemente es una declaración
del funcionario en virtud de la cual abandona
su derecho a ser funcionario, derecho que
de alguna manera ha adquirido a través del ingreso.
Extingue de esta manera la relación jurídica que lo une
con la administración.
Bien, el Estatuto Básico del Empleado Público señala
que debe tratarse de una renuncia formal por escrito y que respecto
a la eficacia precisa la aceptación expresa de la administración.
Ahora bien.
Esta aceptación es un acto reglado de la administración.
La administración no puede no aceptar la renuncia del funcionario.
Ahora bien, aunque no se menciona expresamente
las necesidades del servicio como motivo de denegación,
habría que considerar si de alguna manera una forma implícita
esas necesidades del servicio informa siempre
el funcionamiento de la administración
y ante unas necesidades del servicio determinadas
que la Administración pudiese denegar.
La renuncia del funcionario.
Si se prevé en cambio en la normativa que la administración de negara
la renuncia del funcionario cuando se estuviese
instruyendo expediente disciplinario respecto a él
o hubiese auto de procesamiento de apertura
de juicio oral por la comisión de algún delito.
En estos casos, como digo, el funcionario puede renunciar,
pero la administración no lo no lo no lo aceptará.
Desde cuándo tiene efectos la renuncia del funcionario?
Tiene efectos desde la fecha de renuncia?
No, desde que la Administración acepta expresamente la renuncia.
Y hay que tener en cuenta también, cosa importante que la renuncia
no inhabilita para que el funcionario
vuelva a ingresar de nuevo en la función pública.
Por supuesto.
Presentándose de nuevo un procedimiento selectivo de ingreso.
Pérdida de la nacionalidad.
La pérdida de nacionalidad del funcionario.
Nacionalidad que es un requisito subjetivo
que debe concurrir para poder ingresar.
Bueno, pues la pérdida de este requisito de ingreso, que también
lo es por tanto de permanencia, supone que el funcionario
deja de ser funcionario porque deja de cumplir uno de los requisitos
de ser la nacionalidad española
o la de cualquier otro Estado previsto en la legislación
que habilita para ingresar en la función pública.
Evidentemente, si se adquiere una nueva
nacionalidad se pierde la española, pero se adquiere otra
que sí habilita, pues entonces no habría ningún problema la jubilación.
La jubilación
que es la llegada, el cumplimiento de una edad
determinado por parte del funcionario
y que la normativa establece como límite máximo de
como otro requisito que el funcionario dejaría de cumplir
para permanecer en su condición funcionarial.
En el Estatuto Básico se prevén las siguientes
modalidades de jubilación voluntaria
jubilación forzosa, una jubilación por incapacidad.
Y luego preveía también una jubilación parcial, pero
que en el año 2012 fue derogada en la legislación básica,
aunque alguna legislación sectorial la sigue recogiendo.
Evidentemente, en el caso de la jubilación voluntaria
debe producirse a solicitud del interesado
y siempre que el funcionario reúna los requisitos y condiciones
establecidas en el régimen de Seguridad Social
que le sea aplicable para tener derecho a una pensión.
Aquí vamos a ver que la jubilación se entremezcla a la normativa
estricta funcionarial con la normativa de seguridad social,
porque si no hay derecho a pensión o no se ha generado ese derecho
a la pensión,
la normativa lo que pretende es que el funcionario,
de alguna manera no quede
desposeído, no
quede inerme si no tiene ese derecho a pensión.
Y entonces no, no podría dejar de trabajar
la jubilación forzosa, que suele ser un poco la más,
la más polémica, siempre se declara de oficio
por parte de la administración y dice el Estatuto Básico
que cuando cumpla el funcionario 65 años de edad,
según la normativa general, en principio,
a los 65 años de edad, el funcionario se jubila.
Existe la posibilidad de prolongar el servicio activo.
Cumplidos los 65.
Solicitar la prolongación del servicio activo.
Las leyes de Función pública establecerán los criterios
para que la Administración conceda esa prolongación.
No puede superar en principio los 70 años según la legislación
básica.
Se puede prolongar el servicio activo hasta los 70 años
y en cualquier caso la administración tiene que aceptar o denegar
o tiene que motivar.
Mejor dicho, por qué acepta o deniega la solicitud de prolongación.
En algunos casos. Por ejemplo.
En el ámbito del personal sanitario.
Lo supedita la normativa a la existencia
de un plan de ordenación de recursos humanos que justifique
las necesidades de prescindir de personal o de prolongar
la permanencia en el servicio activo de ese personal.
Como decía antes, esta edad de jubilación prevista
desde la perspectiva del régimen funcionarial,
hay que conciliar con las previsiones que lleva a cabo
la legislación de protección social, en concreto el derecho a pensión.
Se pretende que el funcionario se jubile cuando tenga derecho
a pensión.
Cuando haya generado derecho a pensión.
La Ley de Clases Pasivas.
La normativa de las clases pasivas del Estado, que, como veremos,
se aplicaba o se aplica a determinados funcionarios
que entraron al servicio activo hasta una edad
determinada en el año 2011, señala que
se requiere un mínimo de 15
años de servicio para tener derecho a pensión
y si tuviese 12, deberá concederse prolongación
para cumplir, como mínimo, incluso sobrepasando los 70 años
para cumplir ese mínimo para generar derecho a pensión.
Evidentemente, esto no es, no es un derecho incondicional.
Yo como ingresé muy tarde,
por eso también se establecen unos límites de edad para ingreso,
no solo para poder hacer una carrera,
sino también para generar derechos a pensión
un mínimo determinado, para que el funcionario
al jubilarse tenga derecho a esa pensión.
Una cosa es la normativa de clases pasivas del Estado, que como digo
se aplicaba a los funcionarios y se aplica a los funcionarios
que ingresaron en la administración hasta
determinada fecha en el 2011.
Y otra cosa es el régimen general de la Seguridad Social,
al que a partir de esa fecha, a la que antes hacía referencia, se acogen
ya los funcionarios que han ingresado en la función pública.
Pues bien, el régimen general de la Seguridad
Social, según un Real Decreto ley de 2012, establece
que la Edad general de jubilación de los funcionarios
será la establecida para acceder a la pensión de jubilación
en su modalidad contributiva.
La Edad
General de jubilación
establecida para acceder a pensión de jubilación
en su modalidad contributiva, ya por tanto, no es la referencia
tanto el artículo 67 del Estatuto Básico,
sino esta normativa de la el Régimen General de Seguridad Social.
Y cuál es esa edad de para acceder a la pensión de jubilación?
El artículo 161 del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social
habla, según la modificación que hace pocos años se lleva a cabo,
de que para el año 2007 la edad de jubilación será
los 67 años de edad o 65
si se acreditan 30 y 38 años y medio de cotización.
Esta es una fecha que es el objetivo que se va a ir.
Se va aumentando paulatinamente cada año la las edades de jubilación
según según
la la la
la fecha y la edad de de.
De pensión
según la cotización.
En cualquier caso, se exige una cotización mínima de 15 años,
de los cuales al menos dos
deben haberse prestado en los últimos 15 años inmediatamente anteriores
al momento de causar el derecho a
pensión de jubilación por incapacidad permanente.
La declaración de incapacidad permanente para el ejercicio
de las funciones de su cuerpo o escala determina también
que el funcionario no puede prestar servicios
y que se extinga la relación funcionarial.
Evidentemente, supone el reconocimiento
de una pensión de capacidad. También es otro.
Es otro supuesto
la declaración de incapacidad permanente
o el reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente
de una pensión por
por esa causa de incapacidad permanente es que el funcionario
ha dejado de tener la capacidad física
para el ejercicio de sus funciones.
Claro, aquí la normativa señala unos grados de incapacidad.
Puede ser una incapacidad permanente parcial para la función habitual.
En ese caso, no da lugar a la jubilación,
pero puede ser una incapacidad permanente total
para las funciones habituales propias de su cuerpo o escala.
Y esto sí que daría lugar a la a la jubilación.
Puede ser una incapacidad permanente absoluta para cualquier profesión,
no sólo a las funciones propias de su cuerpo o escala
y también se reconoce la gran invalidez que es
cuando el funcionario o la persona en cuestión precisa asistencia.
Y eso es lo que viene a significar.
Es un montante adicional para garantizar
o para coadyuvar en esa asistencia.
Bien, también el funcionario deja de serlo
por una pena de inhabilitación, una pena que tiene que tener
carácter firme.
Puede ser una pena principal o accesoria.
Y la la inhabilitación puede ser absoluta.
Es decir, para todos los empleos o cargos que tuviese
el funcionario sobre el que recae, al que se le impone esa pena
o puede ser especial para determinados empleos o cargos.
Si fuese
para un puesto, para un cargo.
Pero si fuese además funcionario de otra administración,
podría pedir el reingreso en otra administración.
Efectos?
Por supuesto.
El efecto inmediato de la sentencia
es la pérdida de la condición de funcionario
que se produce automáticamente por.
Por eficacia de la sentencia.
Aunque administrativamente la administración
debe ejecutar esa sentencia y debe adoptar una serie de decisiones.
Ahora bien, una cosa es la pérdida de la condición
de funcionario y otra cosa es que la pena principal o accesoria
de inhabilitación tenga una duración determinada.
Según el Código Penal, eso no significa que terminada
o cumplida la duración de la pena, el funcionario
vuelva a ser funcionario automáticamente porque ya ha pasado
el tiempo de duración de la pena.
No? El efecto de la pérdida de la condición de funcionario
ya se ha producido. Lo que ocurre es que,
pasado el tiempo de duración de la pena, el funcionario
puede volver a ingresar en la función pública.
Ya no está inhabilitado.
Vuelve a cumplir el requisito de no estar inhabilitado
mientras dura la condena, mientras dura la pena, el funcionario
está inhabilitado para ingresar en la función pública.
También el funcionario puede ser expulsado
de la función pública y perder su condición funcionarial
por sanción firme de separación del servicio
que debe ser impuesta, previa instrucción
del procedimiento disciplinario y siempre por falta muy grave.
Bien, aquí hay que tener en cuenta una peculiaridad,
y es que impuesta la separación de separación de
la sanción de separación del servicio,
el funcionario, esa persona no puede volver a ingresar
en la función pública.
Aquí la jurisprudencia ha hablado de que opera a perpetuidad.
Es decir, esa persona ya no es hábil
nunca para poder ingresar de nuevo en la función pública.
Esas son las causas de
de terminación de la relación funcionaria.
La extinción de la condición de funcionario.
Ahora bien, esas causas pueden ser reversibles,
o mejor dicho, pueden ser temporales.
Si esas causas son temporales, el funcionario volvería a ser hábil
para ingresar o para prestar servicios en la administración.
Bien, la normativa ha previsto un mecanismo,
un procedimiento en virtud del cual el funcionario que vuelve a ser hábil
no deba someterse de nuevo a un procedimiento
de ingreso general en la función pública.
Insisto que se trata
se basa en que las causas que determinaron la extinción
de la relación funcionarial, por ejemplo, pueden ser reversibles
en el caso de una persona que dejó de ser funcionaria porque perdió
la nacionalidad española, por ejemplo, si la vuelve a adquirir,
o en el caso de que una persona se recupere de los problemas de salud
que determinaron la jubilación por incapacidad permanente.
En estos casos, por ejemplo, la administración,
si se da el hecho en sí, debe en principio,
ante la solicitud del funcionario, debe admitir, debe rehabilitar
al funcionario en tal condición.
O también puede darse el caso, como hemos estudiado antes, de claro,
de que las penas.
Si la extinción se produjo por por por una pena de inhabilitación.
La pena tiene una duración determinada
máxima establecida en el Código Penal.
Cumplida esa duración, el funcionario vuelve a ser hábil
y podría solicitar el reingreso.
Bien, ya hemos dicho antes que, en cambio, no se puede rehabilitar
al funcionario en su condición funcionarial
si fue separado del servicio por sanción disciplinaria.
La más problemática, sin duda alguna, es la rehabilitación
en caso de inhabilitación penal.
Y con esto terminamos esta lección.
Se planteó incluso, por ejemplo, la constitucionalidad, porque parecía
que la Administración estaba dejando sin efectos
una sanción penal, como si hubiese una injerencia de la Administración
en el ámbito de los tribunales de justicia.
Pero aquí dijo claramente el Tribunal Constitucional
que la rehabilitación no opera en el plano judicial,
sino en el plano puramente administrativo.
Cumplida la pena,
los efectos administrativos se pueden revertir
y el funcionario podría
volver a ingresar en la función pública mediante la rehabilitación.
En cualquier caso, el Estatuto básico deja claro que se trata de
una potestad discrecional y habla de atendiendo a las circunstancias
y entidad del delito cometido.
Claro, una persona que fue condenada
a una pena principal, accesoria, de inhabilitación, que deja de serlo.
Y mientras dura la pena la condena,
evidentemente no puede volver a ser funcionario.
Cumplida la temporalidad de la pena,
podría solici tar el reingreso en la función pública.
Y aquí la Administración, insisto, no es una protesta reglada.
No está obligada a readmitir.
Lo ha de reingresar a rehabilitarlo, mejor dicho.
Aquí la Administración tiene que tener en cuenta, claro,
por qué esta persona dejó de ser funcionaria.
O mejor dicho, cuáles fueron los hechos delictivos que determinaron
la pérdida de la condición funcionarial?
Por ejemplo, en el caso de la Administración general del Estado,
el reglamento que regula este procedimiento de rehabilitación
habla de que la Administración tendrá en cuenta la conducta
y antecedentes penales previos y posteriores de la persona
en cuestión.
El daño y el perjuicio para el servicio
público que se ocasionó en su momento.
La relación del hecho delictivo con el desempeño del cargo,
la gravedad de los hechos y duración de la condena
o el tiempo transcurrido desde la comisión del delito,
así como otros informes o criterios que pudiera tener en cuenta.
En cualquier caso, la jurisprudencia.
Cuando se le han planteado casos
de denegaciones de rehabilitación de funcionarios que habían perdido su
tal condición por por una pena de inhabilitación
cuando esa persona
reclamaba la denegación que le hacía la administración
de la rehabilitación o la jurisprudencia,
controlaba la motivación que hacía la administración
y sobre todo, tenía en cuenta la relación de los hechos delictivos
con la función propia del funcionario en cuestión, para considerar
si estaba justificada o no la denegación de la rehabilitación.