Vamos a abordar
el sistema de fuentes en la función pública,
que es una temática que nos va a permitir entender bien
la situación en la que se encuentra hoy
en día está esta temática de la función pública.
Esta parte del derecho administrativo, porque la irrupción
del Estatuto Básico del Empleado Público en el 2007
no es que haya alterado
evidentemente el sistema de fuentes, porque el mismo estaba
ya establecido en la Constitución, pero sí que ha introducido
una redefinición y una reposición, y además
una situación también temporal durante un tiempo
de las fuentes que regulan la función pública.
El empleo público en España.
Evidentemente hay que partir de la base,
por supuesto, de que la distribución de competencias
entre el Estado y las comunidades autónomas
en la materia del empleo público de la función pública.
En todos es sabido que el artículo 149 uno 18
establece la competencia atribuye al Estado
la competencia exclusiva para establecer
el régimen estatutario de los funcionarios públicos.
Pues bien, al amparo de ese
ente, esa competencia se dicta el Estatuto
básico del Empleado público.
No es el momento de analizar
por completo todo el Estatuto básico del empleado Público,
pero sí hay que tener en cuenta que ésta es normativa básica
y por tanto, normativa básica aplicable
a todas las administraciones públicas.
También, por supuesto, según sus propios preceptos,
donde se define el ámbito de aplicación de esta ley,
por tanto, como normativa básica
aplicable a todos los funcionarios
al servicio de las Administraciones públicas.
El resto de
leyes de cada administración pública o de normativa
de cada ministración pública debe respetar esta legislación básica.
Por lo tanto, en el frontispicio nos encontraríamos
el Estatuto básico del Empleado Público
y de este Estatuto Básico del Empleado Público
deberían partir el resto de leyes que el artículo seis del Estatuto
Básico del Empleado Público dicen que de desarrollaran el mismo.
Es decir, cada Administración pública en el ámbito de sus competencias
desarrollará el Estatuto Básico del Empleado Público.
Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque en la actualidad
nos encontramos con una situación transitoria,
pero al mismo tiempo también estructural, de la irrupción
que ha supuesto el Estatuto Básico en la normativa general de función
pública en España,
porque evidentemente, una nueva normativa básica de función
pública determina que los preceptos anteriores
no sean los posteriores, pero también los anteriores,
que sean contrarias a esta normativa básica.
Estos preceptos son inconstitucionales
y por tanto hay que aplicarlos.
Y en estos momentos nos encontramos con que las administraciones
públicas, en primer lugar, tienen un mandato expreso,
pero evidentemente constitucional, de adecuar
ahora la legislación a esta nueva normativa básica.
Lo que está ocurriendo es que prácticamente a día de hoy,
ninguna administración pública todavía ha dictado
esa legislación adecuada al nuevo marco básico.
Por supuesto, en estos momentos
se está produciendo ese desarrollo, esos estudios
también, porque el Estatuto básico no establece
un marco temporal final
donde haya que tener realizada esa adaptación a la normativa básica,
con lo cual los tiempos de adaptación son diferentes.
Y además también nos encontramos con una situación peculiar.
Es en especial para la administración del Estado.
Normalmente, hasta ahora la técnica de utilización
de la normativa básica.
La legislación básica por el Estado determinaba
que el Estado cuando era competente sobre una materia
y además tenía competencia básica sobre esa materia,
procedía a una regulación exhaustiva completa de una institución.
Y en esa ley lo que hacía era especificar
qué preceptos de la misma tenían carácter básico,
con lo cual nos encontrábamos que dentro de una ley
había unos preceptos que tenían carácter básico
y había otros preceptos
que no tenían carácter básico y por tanto eran la ley
o la normativa de esa institución para la administración del Estado.
Piénsese, por ejemplo,
en la Ley 30 84 de medidas de reforma de la función pública.
Había un precepto donde se especificaban
qué artículos de la ley 32 84 tenían carácter básico
y por tanto debían ser respetados por las leyes de función pública
de todas las comunidades autónomas.
En cambio, había otros preceptos de esa misma
ley que no tenían carácter básico y por tanto, eran normativa
propia y específica de la administración del Estado.
Pues bien, el Estado
ha procedido a aprobar una normativa básica
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
sin hacer la regulación ni comprensiva de la materia.
Me explico.
El Estatuto Básico del Empleado Público es un estatuto.
Podríamos decir que básicamente pudo o ha querido ser.
Eso básicamente puro contiene sólo lo básico
del régimen estatutario de los funcionarios, sin incluir
desarrollos específicos propios
de la Administración General del Estado.
Por eso es legislación básica y
dictada al amparo de la competencia básica
y regulando y conteniendo única y exclusivamente lo básico.
Esto tiene una consecuencia práctica y del sistema de fuentes
muy importante. Porque, claro,
cuando nos
asomamos a la lectura del Estatuto Básico,
nos vamos a encontrar con que en muchas ocasiones faltan cosas.
Uno lee situaciones administrativas de los empleados públicos,
de los funcionarios públicos y dice aquí falta algo.
Lee la estructura de la función pública
y se encuentra porque que están esbozadas
determinados aspectos.
Se dice algunas cosas mínimas sobre los instrumentos de ordenación,
la carrera, pues serán unos, unos, unos,
unos elementos generales, pero no
está regulada la carrera,
no está regulado, no están regulados los instrumentos de ordenación.
Faltan muchos aspectos concretos
de la provisión de puestos de trabajo o aspectos determinados
de las situaciones administrativas de algunas.
Esta situación
es la que obliga a tener en cuenta
cuál es el sistema actual de fuentes.
Insisto, desde un punto de vista transitorio,
desde un punto de vista también estructural,
porque el Estatuto básico, desde el punto de vista estructural,
ha querido ser legislación básica, solo básica
y con una concepción muy determinada de lo básico
en el Estado.
Al aprobar la legislación básica
de los empleados públicos de los funcionarios públicos.
Ha querido, por decir alguna manera, auto
restringirse en el ejercicio de esta competencia
para dejar mayor margen de apreciación
a las comunidades autónomas para establecer marcos normativos,
desarrollos normativos y poder ejecutar políticas de
personal propias para las distintas administraciones públicas.
Esto nos lleva a que en muchos aspectos,
el Estatuto básico se quede precisamente eso en un esbozo,
incluso en ocasiones en posibilidades.
Por ejemplo, el tema de la carrera.
El Estatuto básico no implanta ninguna modelo de carrera,
no hay ninguna regulación concreta de la carrera administrativa.
Son posibilidades e incluso llega hasta el extremo
de hacer un auténtico menú dispositivo,
porque dice que la carrera
administrativa de los funcionarios podrá ser, entre otras,
podrá consistir,
entre otras, en las siguientes modalidades Fíjense
las cuatro que vienen la
dedicar horizontal,
carrera vertical, promoción horizontal, promoción vertical.
Pueden ser esas?
Puede ser alguna de esas o pueden ser otras.
Que el legislador de las distintas Comunidades autónomas
adopte y decida.
Con lo cual vemos que hay una concepción de lo básico
muy respetuosa con la autonomía
organizativa de las distintas administraciones públicas.
Y esta es una de las claves que hay que tener en cuenta para entender
bien el Estatuto Básico, que ha querido ser muy respetuoso
con la potestad de organización de las distintas
administraciones públicas para organizar, para configurar
sus propios modelos de función pública.
Por ejemplo, un tema que puede parecer esencial pero donde
el legislador básico ha hecho una opción neta
por dar autonomía a cada administración
o al legislador de cada administración para optar,
por ejemplo, para delimitar el ámbito entre lo funcionarial y lo laboral
dentro del conjunto del colectivo, de los recursos humanos,
de las administraciones públicas.
Ahí no hay un precepto básico donde se diga qué
puestos de trabajo o qué funciones deben ser necesariamente,
o hasta dónde puede llegar lo laboral en la administración pública.
Ahí no hay un precepto básico.
Sí que hay una reserva muy puntual en lo que se dice
que una serie de funciones sí que deben ser cubiertas
por funcionarios públicos, pero no se establece la
la división entre lo funcionarial y lo laboral.
Eso se deja a la legislación de cada administración pública.
La ley del Estado
que regule la función pública del Estado,
la ley de cada Comunidad Autónoma deberá
establecer que puestos de trabajo son para el personal laboral
y que puestos de trabajo son para el personal funcionarial.
Es esto legislación básica,
solo básica y con una concepción de lo básico que ha dejado mucho margen.
Muy respetuoso
con la autonomía organizativa de las distintas administraciones públicas.
Esta afirmación de que
se suele decir que se ha reducido
la densidad básica del Estatuto
es cierta esta afirmación de que es una legislación básica
y, si se me permite la redundancia, muy básica, sumamente básica.
Esto es así, en efecto,
para todos aquellos aspectos de la función
pública vinculados más con la organización administrativa
de la carrera o organización de la carrera.
La estructura de la función pública
en cuanto a las agrupaciones de los funcionarios, las
la regulación de los puestos de trabajo, etcétera
Eso, efectivamente, ahí se ha querido dejar bastante margen
a las distintas administraciones
para regular y configurar una normativa propia.
Pero en cambio, hay otros aspectos de la función pública
que el Estatuto básico sí que los ha regulado con mucha intensidad.
Y son todos aquellos aspectos, por un lado,
vinculados más a garantizar una cierta
igualdad en el ejercicio de derechos entre los empleados públicos.
En España, por ejemplo, todo el capítulo de derechos,
todo del título de los derechos de los funcionarios,
se regula con bastante intensidad, en especial
los derechos de ejercicio individuales del ejercicio colectivo,
el derecho a la negociación colectiva que luego hablaremos
y luego.
Bueno, pues aspectos como por ejemplo el acceso a la función pública.
Ese capítulo.
Aunque hay aspectos que se en
que se dejan a la opción para las distintas administraciones.
Pero todo el procedimiento, los sistemas de acceso, etcétera
se regulan con bastante intensidad.
Las situaciones administrativas que suponen la articulación
de auténticos derechos.
Por ejemplo, las excedencias.
Incluso los servicios especiales configurados como o entendidos
como la posibilidad de acceder a determinados puestos de trabajo
con reserva de puesto de trabajo.
Aunque por ejemplo, esta reserva del puesto de trabajo
no aparece explícitamente mencionada en el Estatuto básico
y se deja a la regulación que cada comunidad autónoma
o el Estado para ella, para el mismo establezca.
Bien,
teniendo esto en cuenta, insisto, hay un desequilibrio interno
en el estatuto básico
en cuanto a la intensidad de la regulación básica de las materias.
Hay materias que están muy esbozadas
y hay materias que están muy reguladas
precisamente en las materias que están muy esbozadas.
Falta el complemento, falta el complemento,
hasta el extremo de que la entrada en vigor del Estatuto
Básico del Empleado Público se supedita.
Que se dicten las leyes que llama el Estatuto de Desarrollo.
Leyes de función pública para cada administración pública.
Y claro, aquí es donde nos encontramos
en estos momentos en una situación que puede generar bastante confusión
en la sede de aplicación, a la hora de saber
qué es lo que hay que aplicar.
Porque evidentemente lo que está claro es que hay preceptos
del Estatuto Básico que deben ser desarrollados
por la por las administraciones públicas,
en muchos
casos a través de instrumentos legislativos,
porque evidentemente el Estatuto básico lo que no puede alterar
es la reserva de ley, que es que la Constitución en el artículo
103 establece para el núcleo esencial del régimen funcionarial,
el núcleo esencial del régimen funcionarial
debe ser regulado por ley y la reserva de ley
deberá ser, por tanto, cumplida a través de un instrumento
de carácter legislativo.
No pueden las administraciones públicas
en algunos ámbitos del Estatuto Básico, hacer
desarrollos directos vía reglamento, aunque en algunos casos sí.
Y de hecho,
el Estatuto Básico hace llamadas a las administraciones públicas.
Por ejemplo, el tema del personal directivo
dice que serán los órganos de gobierno de las distintas
administraciones públicas las que decidirán implantar o no esta figura
y el desempeño de estas funciones.
Pues bien,
es en estos momentos donde nos encontramos
con que el Estatuto básico debe ser desarrollado por leyes para cada.
En cada administración pública.
Para tres. Por un lado.
No tanto.
Adaptar la legislación y la normativa al nuevo marco básico.
Que también es necesario porque los preceptos
de las leyes anteriores que sean contrarios al estatuto básico.
Hemos dicho que son inconstitucionales
y por lo tanto hay que aplicarlos
y hay que aplicar con preferencia la nueva normativa básica.
Pero eso más o menos sin perjuicio de alguna confusión que pueda haber
en un momento dado, más o menos se tienen claro
que hay que in aplicar y que hay que aplicar
con preferencia, evidentemente, el estatuto básico.
El problema no está tanto ahí, aunque insisto, pueden darse casos
concretos y singulares de aplicación donde se pueda dudar de
si preceptos del Estatuto básico son de directa aplicación.
Pero hay muchos preceptos del Estatuto básico, en especial
todos aquellos relativos a derechos de los funcionarios
que o que
se relacionen con otras administraciones públicas,
donde efectivamente son de aplicación directa.
Pero hay otras muchas potencialidades del Estatuto Básico
que no podrán aplicarse en tanto en cuanto no se dictan
las leyes de desarrollo del Estatuto Básico.
Por ejemplo, probablemente uno de los temas más
no, no diría conflictivo, pero es de los que más se está
presionando a los distintos legisladores autonómico
y estatal para dictar esas leyes.
Claro, es todo un nuevo sistema de carrera.
Son sistemas de carrera que prevé un marco y como decía antes,
menú, dispositivo o estos cuatro o alguno más.
Bueno, pues ahí potencialidades de carrera en el Estatuto Básico,
que en tanto en cuanto no haya
una legislación de desarrollo, no se podrán aplicar.
Por ejemplo, el tema de la carrera horizontal,
el tema del
sistema retributivo, el nuevo sistema retributivo
que ya no habla de conceptos y términos
como complemento de destino, complemento específico sacada de
sueldos y trienios
dentro de la remuneraciones básicas, las retribuciones básicas,
pero las retribuciones complementarias.
Fíjense, por ejemplo aquí las retribuciones básicas
que garantizan una cierta
igualdad sí que son vienen reguladas en el Estatuto Básico.
Más aún,
son las fijadas por el Estado, no a través de la legislación básica,
sino a través de la Ley de Presupuestos Anual.
Pero las retribuciones complementarias más vinculadas a
que se hace, como se hace,
etcétera, a la carrera administrativa.
Esas se han dejado su configuración
a las distintas administraciones públicas vía ley.
Pues bien, mientras no haya una un desarrollo normativo,
nos encontramos con que todas esas potencialidades
no se pueden extraer del Estatuto básico y por tanto
hay que seguir aplicando la normativa actualmente vigente.
La previa al Estatuto Básico,
siempre y cuando no sea contraria al Estatuto Básico, porque entonces
esa habrá devenido inconstitucional y habrá que aplicarla.
Pues bien,
en este panorama normativo, evidentemente
nos encontramos que en cada administración pública
siempre nos tenemos que rápidamente situar en qué ámbito competencial
nos movemos, en qué ámbito subjetivo de administración
pública nos movemos.
Pues claro, Por ejemplo, en la administración del Estado
muchos preceptos de la Ley 30 84 siguen vigentes,
e incluso algún precepto de la Ley de Funcionarios de 1964
sigue vigente.
Todos aquellos primero que no sean contrarios
frontalmente a la nueva normativa básica y luego posteriormente
a aquellos preceptos de la legislación de
pre Estatuto Básico de la Ley 84.
Por ejemplo.
Que son propios y específicos de la Administración del Estado.
Piénsese por ejemplo,
en el ámbito
de las situaciones administrativas,
en el ámbito de las situaciones administrativas.
El Estatuto básico hacia una regulación de situaciones
administrativas y además con bastante intensidad.
Aunque luego dentro del servicio activo de los servicios especiales.
Por ejemplo.
Permite al Estado y a las comunidades autónomas que por ley.
Por ejemplo.
En el ámbito de los servicios especiales,
pues que regulen nuevos supuestos que determinen la aplicación
de los servicios especiales, regula las servicios
en otras administraciones públicas y regula las cuatro modalidades
que creo que son de excedencia voluntaria.
Cuidado de hijos para agrupación familiar, providencia de género.
Claro, no dice más.
Qué pasa entonces, por ejemplo, con las situaciones
adminis creativas que la Ley 30 84 regula
como la expectativa de destino, la excedencia forzosa, etcétera
Esas situaciones administrativas siguen vigentes.
Pero evidentemente sólo para
la administración del Estado.
Cuando la administración del Estado dicte una ley específica.
Para ella.
La Ley de Función Pública de la Administración General del Estado.
Pues bien.
Evidentemente derogada.
Las la las la intentado 84.
La de 1964.
Pero hasta tanto en cuanto no tengamos esa nueva ley
en la Administración del Estado,
tenemos que seguir acudiendo a la Ley 184.
No expresamente derogado o implícitamente derogado
contra el Estatuto e incluso al texto de 1964.
Y lo mismo con el sistema normativo en las Comunidades Autónomas
Ley de Función Pública de cada Comunidad Autónoma.
Lo directamente contrario al Estatuto.
Habrá que entenderlo. Derogado
y lo no
contrario al Estatuto habrá que entenderlo subsistente
y que, por tanto, sea eso
la normativa y el derecho aplicable.
Y habrá potencialidades del Estatuto que no se podrán
extraer y aplicar hasta tanto en cuanto no se dicte
la Ley de Función Pública Específica de la comunidad Autónoma.
Un breve apunte en este primer nivel
en relación con la Administración local, con la administración local.
El artículo creo que es el artículo tres.
Son tres, dos creo recordar, o el artículo tres del Estatuto Básico
habla del régimen jurídico del personal
al servicio de las corporaciones locales.
Es un tanto confuso, pero básicamente sin entretenernos más,
lo que viene a establecer es que
rige en primer lugar el estatuto básico.
Dentro del nivel de la legislación básica.
Rige en primer lugar el propio estatuto básico del empleado público
y la legislación básica de administración local,
es decir, la Ley de Bases de Régimen Local.
El texto refundido de la Ley de Régimen Local subsistirá
en la medida que no sea incompatible con la normativa básica.
Por tanto.
Estatuto Básico,
legislación de administración local y luego la legislación
de administración local de las distintas Comunidades autónomas.
Esto tiene una importancia fundamental y no tener más peros.
Piénsese, por ejemplo, cuando la legislación
de administración local, el texto refundido
permite la existencia de personal eventual
en las corporaciones locales que asuman funciones directivas.
Esa previsión hay que entenderla
derogada
o contraria al estatuto básico del empleado público,
cuando al definir el personal eventual,
dice que única y exclusivamente es aquel que
realiza funciones de confianza o asesoramiento especial, no puede
ya, por tanto, el personal eventual desempeñar funciones directivas.
Esto, evidentemente,
genera un problema en las administraciones locales
que han recurrido a este personal eventual
para suplir y para proveer estas funciones directivas.
También esto se deriva de que no se ha visto
en su momento en paralelo, que se tramitó hasta
por lo menos se prepararon los estudios
de la Ley de Gobierno y Administración Local,
donde sí que venía previsto la función del directivo profesional
en las administraciones locales
para desempeñar esas funciones directivas.
Pues bien, tenemos por tanto, estatuto básico leyes de desarrollo
hasta tanto en cuanto no haya leyes de desarrollo en cada ministración
pública, tenemos que acudir a la legislación previa
en la medida que no sea incompatible con el Estatuto básico,
teniendo en cuenta, evidentemente que muchas potencialidades
del Estatuto Básico no se podrán aplicar hasta tanto
en cuanto no haya una regulación expresa y directa como desarrollo
del Estatuto Básico, Ley Básica,
legislación y Reglamento.
Cuál es el papel del Reglamento en este sistema?
Evidentemente el Reglamento puede complementar
lo establecido por la normativa, por por la ley.
La presencia del Reglamento en el sistema de fuentes de administración
de la Función Pública,
pues está acogida y bendecida por el Tribunal Constitucional.
Es cierto que el Estatuto Básico, en muchos aspectos
hace llamamientos no a leyes para su desarrollo,
sino incluso a las administraciones públicas
para regular determinados
cuestiones y determinados aspectos.
Por tanto, habría que entender que el núcleo funcionarial de la
reserva de ley ha sido suficientemente satisfecho
por el estatuto básico en esa cuestión, o incluso
hace llamamientos a determinadas cuestiones que se podrían considerar
que no necesitan una cobertura legal por no aceptar ese núcleo esencial
del régimen funcionarial
y que las administraciones públicas, en el ejercicio
de su potestad de organización, también
en el aspecto burocrático de recursos humanos,
pues pueden establecer esos procedimientos y esas
y esos elementos.
Piénsese, por ejemplo, un llamamiento directo que hace el Estatuto Básico
a las administraciones públicas, no a la ley,
la evaluación
del desempeño, un tema novedoso y también polémico.
La evaluación del desempeño, aunque las leyes lo asuman.
En principio,
el Estatuto Básico está llamando directamente a las distintas
administraciones públicas para que establezcan
los procedimientos de evaluación del desempeño
conforme a los criterios establecidos ya por el propio Estatuto básico
que colocan.
Por lo tanto, nos encontramos con un aspecto que teóricamente
podría ser regulado directamente mediante reglamento por las
Administraciones públicas, sin tener que esperar a la regulación por ley.
Lo mismo.
Por ejemplo el directivo.
La función del directivo profesional.
La regulación del directivo profesional.
También el Estatuto básico hace un llamamiento
no a la ley, sino a
el Reglamento en las Administraciones Públicas.
Por tanto.
Legislación básica, legislación de desarrollo, reglamento
bien como complemento y desarrollo de la legislación de la normativa
legislativa o bien incluso como
regulador de instituciones que en la función pública no estén sometidas
a reserva de ley o no se consideren incluidas en el ámbito del derecho.
Y para cerrar
el sistema de fuentes hay que tener en cuenta
un elemento, un nuevo instrumento,
no nuevo, pero sí que ha salido muy potenciado
con el Estatuto básico, que son los pactos y acuerdos,
fruto de la negociación colectiva entre
la Administración y las organizaciones sindicales
a las que se reconoce la capacidad
representativa a efectos de negociación colectiva.
Estos pactos y acuerdos
según el Estatuto Básico.
Por un lado hay que.
Vamos a ver.
En segundo lugar, cuál es la eficacia jurídica a estos pactos acuerdos.
Pero previamente es importante tener en cuenta que el Estatuto Básico
establece la obligatoriedad de someter a negociación colectiva,
administración, sindicatos vía negociación.
Evidentemente una serie de materias
que ya la administración
o el poder público en general no puede unilateralmente regular
y lo va a
tener que hacer vía pactos y acuerdos.
Incluso las materias sometidas a reserva de ley.
El hecho de que una materia esté sometida a reserva de ley
no excluyen la negociación colectiva,
lo que significará la reserva de ley en el ámbito de
la negociación colectiva es que el instrumento final
que regule la materia deba ser una ley.
Pero necesariamente, si está previsto la materia
como obligatoria en la negociación colectiva.
Incluso el legislador habrá tenido previamente no
el legislador,
evidentemente, sino la administración pública habrá tenido previamente
que someterse al procedimiento de negociación colectiva.
Por tanto, una serie de materias que obligatoriamente
están sometidas a negociación colectiva.
Y bueno.
Pues el Estatuto Básico establece una serie de materias
que cubren muchos aspectos de
del régimen funcionarial.
Los criterios de la evaluación del desempeño de la carrera.
El incremento global de de las de las retribuciones.
Las retribuciones complementarias.
Hay muchos aspectos que están en el Estatuto Básico,
el elenco de materias que obligatoriamente
se tienen que someter a negociación colectiva
y que la Administración, por tanto, unilateralmente, ya no puede regular
si no hay previamente una negociación colectiva.
Pues bien,
la negociación colectiva como procedimiento administrativo
peculiar entre administración y los sindicatos, a los que insisto, se
es a quienes se reconoce la capacidad representativa.
Esta negociación colectiva culmina en pactos y acuerdos.
El pacto se define como aquel que acepta
competencias propias del órgano que firma y suscribe el
el el pacto y por tanto es de directa aplicación.
Son las cuestiones relativamente menos importantes
cuanto al ámbito, a la cuestión material.
Y los acuerdos son aquellos que afectan a materias
que son competencia de los órganos de gobierno
de las distintas administraciones públicas.
Evidentemente son las cuestiones más importantes.
Por ejemplo, la potestad,
todas aquellas que sobre el ejercicio de la potestad reglamentaria
en relación con estas materias, pues deben ser
se plasmará finalmente en un acuerdo.
La clave está claro cuál es el papel
entonces de los pactos y acuerdos en el sistema de fuentes.
La eficacia jurídica. Por tanto.
De estos pactos y acuerdos.
Pues bien.
La relevancia por la materia evidentemente hace relación
a que nos tengamos que enterar más bien
en la cuestión de los de los acuerdos y los acuerdos.
Los no se llaman acuerdos colectivos.
No aparece esta expresión nunca en en el Estatuto Básico.
Por lo tanto,
hay que tener cuidado
para no hacer
una transposición automática entre el convenio
colectivo del ámbito laboral y el acuerdo colectivo.
Es una acuñación doctrinal, pero el Estatuto básico nunca habla
de acuerdo colectivo.
El acuerdo como fruto de la negociación colectiva.
Se dice, por un lado,
que lo firmado
o mejor dicho celebrado entre la Administración
y las organizaciones sindicales, requerirá para su validez y eficacia
la ratificación formal y expresa del órgano de Gobierno
de la correspondiente administración que sea competente.
Vemos, por tanto, que una cosa es lo que
se negocia e incluso
se plasma en un documento, pero eso no es un acuerdo.
Todavía no es un acuerdo hasta tanto en cuanto el órgano de gobierno
de la Administración pública piensa en el Consejo de Ministros.
El fin
distinta en cada administración pública, hasta que no hay una
aprobación formal, una ratificación como habla básico
de ese acuerdo.
Cuando
el órgano de Gobierno ratifica el acuerdo previamente celebrado
entre la Administración, quien haya representado la Administración,
el órgano que haya representado
a la Administración en esa negociación colectiva
que incluso se permite que sea un órgano técnico al que se
le delegan esas funciones
cuando ese acuerdo ha sido
validado, ratificado por el órgano de Gobierno.
Tenemos ya ahí si un acuerdo
colectivo, perdón, un acuerdo
fruto de la negociación funcionarial.
Y ese acuerdo cuál es la eficacia?
Se le reconoce eficacia, se le reconoce eficacia
hasta el punto de decir
que si este acuerdo fuese contrario a una normativa reglamentaria
anterior,
la normativa reglamentaria anterior habría que aplicarla
en beneficio y en favor.
Evidentemente, de
el acuerdo firmado
dice, porque lo deja
muy claramente el Estatuto Básico dice sin perjuicio
de que sea necesario a efectos formales,
la derogación o modificación de la normativa reglamentaria.
Pero deja claro el Estatuto Básico que el acuerdo
sí ha sido ratificado por el órgano de gobierno.
Es válido y eficaz y si es incompatible
con una normativa reglamentaria, esa normativa reglamentaria cede
ante lo celebrado en un acuerdo
y lo regulado en un acuerdo.
Que este acuerdo sea una nueva fuente del derecho de la función pública.
Hay autores y gente que opina que es así, que hay una nueva fuente
en el derecho de la función pública junto a la ley y el reglamento,
y serían los pactos,
acuerdos colectivos, especialmente los acuerdos por las materias que
se incluyen, los acuerdos que eso sea así una nueva fuente del derecho.
Bueno, pues hay autores que lo dicen, otros piensan que más bien
de lo que se trata es de, en última instancia,
de que la administración, por ese acto de aprobación que es
sin el cual el acuerdo no llega a existir,
al ser necesario ese acto de aprobación
del órgano de la Administración pública
que nos encontramos en realidad con una norma reglamentaria pactada.
Es decir, el procedimiento es negociado,
pero el acuerdo en última instancia es
un reglamento bueno,
un reglamento formal con alma negocial, como quieran ustedes,
pero es importante tenerlo en cuenta porque son estos tres niveles ley,
reglamento, negociación colectiva, es decir, pactos y acuerdos los que
van a regular
el régimen jurídico de los funcionarios públicos
y a partir de ella hay que tenerlos muy en cuenta a la hora de saber
cuál es la normativa aplicable en la función pública.