El Estado constitucional surge en medio de la tensión entre democracia
directa y democracia representativa, lo que implica también tensión
entre demócratas radicales y liberales, que se traduce en sus posiciones
más extremas, en la tensión de aquellos que defienden
la virtud política como implicación de la ciudadanía en los asuntos públicos.
Y los que, por el contrario, defienden la necesidad de delegar
la dirección política
en los representantes políticos, garantizando estos a los ciudadanos
una serie de derechos y libertades que constituyen garantías de
no injerencia en los asuntos públicos sobre los ciudadanos,
para que estos puedan dedicarse libremente a sus asuntos privados.
El Estado constitucional y democrático moderno,
por lo tanto, debería intentar asegurar ambos principios
intentando lograr un equilibrio no siempre fácilmente conseguir.
Así pues, un Estado que merezca el calificativo de democrático
en la actualidad deberá promover la virtud cívica,
al menos a través de lo siguientes elementos
Sufragio universal, voto libre y secreto,
elecciones periódicas, transparencia, medios de información
libres y responsables así como un diálogo, negociación y concertación
no sólo de los partidos políticos entre sí, sino también de los grupos sociales.
La previsión constitucional de mecanismos de referéndum o de iniciativa
legislativa popular son mecanismos convenientes para la implicación
de la ciudadanía en asuntos públicos, al menos en los de mayor trascendencia.
A mayor abundamiento,
el nivel democrático de cualquier Estado se reputa era de mayor calidad.
Si contase con una educación pública gratuita y de calidad
que fomentar
el espíritu crítico de los ciudadanos respecto de los asuntos públicos.
Un Estado democrático moderno
y que garantice por tanto, un correcto ejercicio del principio representativo.
Deberá además contar con una Constitución.
No evidentemente.
Un documento formal, escrito y rígido.
Tal y como se entiende en la Europa continental.
Si no, y por lo que ahora importa, en el sentido de la Declaración
de los Derechos del hombre y del ciudadano
de establecer una correcta garantía de los derechos, así
como una separación de poderes verdadera y eficaz.
Un Estado de derecho que garantice la sujeción
por lo tanto, por igual al orden jurídico de los ciudadanos
y las administraciones públicas.
Un ordenamiento jurídico y en especial, una
jurisdicción contenciosa administrativa accesible a todos y eficaz,
así como un correcto sistema de control del poder.
Balances a nivel institucional.
Y, por último, implicar a las minorías políticas en la gobernabilidad.
Y si estos son los requisitos mínimos que debe cumplir
un Estado que pretenda el calificativo de democrático.
Igualmente habremos de añadir
aquí que habrá de reputarse más democrático al Estado
donde, junto a los clásicos derechos de libertad,
se protejan también y de un modo eficaz los derechos sociales.
Pues el ciudadano que tiene plenamente
cubiertas sus necesidades básicas es el ciudadano
que puede dedicarse con mayor libertad al ejercicio de la virtud.
Pero la enumeración de estos requisitos necesarios o convenientes, según el caso,
para que un Estado democrático pueda denominarse tal
no nos pueda hacer olvidar la esencia de lo que la democracia es.
Esto.
Esto no es sino la posibilidad de que en todo momento el pueblo soberano
decida cambiar las leyes fundamentales por las que viene
gobernado y, en consecuencia, aprobar una Constitución.
Este derecho inalienable a la revolución, o, lo que es
lo mismo, a decidir su propio futuro en tiempos de crisis,
es lo que caracteriza esencialmente al Estado democrático.
Los requisitos necesarios o convenientes que acabamos de mencionar
únicamente posibilitan o mejoran la realización de este ideal.
Sin estos elementos mencionados no se podrá hablar de Estado democrático.
Pero aún cuando se den
será necesario una ideología democrática que les sirva de sustrato.
Pues de nada sirven todos ellos si no es.
En definitiva.
Y como hemos dicho al pueblo en su conjunto a quién
le corresponde en última instancia la decisión sobre los asuntos públicos.