El artículo cinco de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
tras establecer de manera taxativa
que la Constitución
es la norma suprema del ordenamiento jurídico, cosa que por lo demás,
obvia al menos de manera expresa.
El texto fundamental establece que los jueces y tribunales
interpretará las leyes y los reglamentos
de acuerdo o según los preceptos y principios constitucionales,
conforme con la interpretación de los mismos que resulte
de las resoluciones del Tribunal Constitucional
en todo tipo de procesos
Cuál es el alcance jurídico no solo de este precepto,
sino ya de los llamados principios constitucionales.
Sobre todo interesa saber la interconexión
y la distinta eficacia jurídica que tienen las normas
como tales que algunos autores denominan reglas.
En segundo lugar, los principios constitucionales.
Y en tercer lugar, los llamados valores.
Valores superiores del ordenamiento.
Los principios tienen, en
primer lugar, el carácter informador de todo el ordenamiento jurídico.
Los principios en general, siguiendo las leyes,
las normas del Código Civil sobre fuentes del Derecho
tienen en primer lugar
el carácter informador de todo el ordenamiento jurídico.
Ahora bien, si el texto constitucional, además
los positivizar y los recoge de manera expresa, eso
les dota obviamente de un plus de vinculación
respecto del resto de poderes públicos.
Ahora bien, qué es lo que implica los principios constitucionales?
Cuál es su alcance jurídico?
Pues bien.
Principios y valores
se distinguen fácilmente de normas o reglas
porque los principios o valores son más generalistas.
En cambio.
Las reglas o normas enuncian consecuencias jurídicas expresas
para ciertos comportamientos o ciertos presupuestos.
De hecho, la distinción complicada, sin embargo, es la que se establece
o se pretende establecer entre lo que
serían principios y, por otra parte, valores.
Sobre los valores ya se ha hablado en otra voz.
Los principios constitucionales tendrían en este sentido
una eficacia jurídica superior a la de los valores.
Así, los valores informan
al resto de poderes públicos los jueces no pueden,
no puede descansar únicamente
en sus resoluciones, en los valores para establecer sus sentencias.
Y luego es el Poder Legislativo el que concretará
cual es el alcance de los valores.
En cambio,
en el caso de los principios, estos sí que despliegan directamente
un alcance jurídico importante En este sentido,
los jueces y tribunales sí que pueden aplicar el defecto de una norma
más específica, cosa extraña, pero sí que pueden hacer descansar
sus resoluciones específicamente en los principios constitucionales.
Y, por otra parte, el legislador tiene además
que respetar estos principios en el sentido de que no cabría
aprobar nunca una norma que fuera una ley en el Parlamento que fuera
en contra de estos principios constitucionales.
Se establece, por tanto,
una diferente escala de acción entre los llamados valores.
En primer lugar, serían los de una eficacia jurídica más atenuada.
En segundo lugar, los llamados principios constitucionales.
Y en tercer lugar, lo que serían las normas utilizadas.
Una cuestión que también se plantea es cómo
determinar el alcance de los principios.
Lo importante es conectar siempre los principios
con el resto del texto constitucional, deducir el alcance
que tienen los principios como parte del texto constitucional
y no en ningún caso.
Utilizar la siguiente técnica extraer los principios
del texto constitucional,
interpretarlos conforme a unos criterios
más naturalistas, por ejemplo,
utilizando otras normas de interpretación
al margen de la Constitución, y luego pretender interpretar
la Constitución a la luz de ese contenido que se ha pretendido dar.
Lo que se quiere decir
es que los principios forman parte integrante de la Constitución.
Gozan, por tanto, de la superioridad jerárquica que la Constitución
les imprime y no cabe en ningún caso interpretarlos
al margen de este texto.
Cuáles serían, en último lugar, los principios constitucionales?
Pues son, en esencia, los que están recogidos en el artículo 9.3.
Jerarquía normativa.
La interdicción de la arbitrariedad.
Los de los poderes públicos.
El principio de competencia.
Por qué no decirlo?
La publicidad de las normas y un pequeño etcétera circunscrito
esencialmente al artículo 9.3, que es, por cierto,
donde se recogen los principios básicos del Estado de Derecho.