La siguiente cuestión a abordar es el concepto de reforma constitucional.
La existencia de unos procedimientos
de unos mecanismos específicos para la reforma de la Constitución.
Procedimientos y mecanismos distintos.
Por tanto.
De los restantes poderes de elaboración y de reforma de
disposiciones de normas jurídicas dentro del ordenamiento jurídico.
Es de el ordenamiento jurídico encabezado por la propia Constitución.
Es una consecuencia directa
de dos rasgos esenciales de las constituciones
de nuestro tiempo y concretamente de la
Constitución Española de 1978.
Es consecuencia, en primer término, de la normatividad
de la Constitución, de la consideración de la Constitución
como norma perteneciente al ordenamiento jurídico y además,
como consecuencia de la supremacía
de la Constitución como norma de su valor
sobre ordenado al resto de normas del ordenamiento jurídico.
Que posee en la actualidad.
La Constitución,
a su vez,
ambas características, que, como digo, determinan
o tienen como una de sus consecuencias esenciales.
La previsión de un poder específico de reforma de la Constitución
es la idea.
La noción de la Constitución como producto, como único
producto normativo del poder constituyente
y por tanto, su distinción
con respecto a todas las demás normas
del ordenamiento jurídico que tienen,
que son resultado
de la actuación de la creación
por parte de los poderes constituidos.
Concretamente, los poderes
que con esa condición están regulados,
fundamentados y limitados por la propia Constitución.
Evidentemente, la idea de reforma constituye una solamente tiene sentido
en el contexto de las denominadas
constituciones rígidas
dentro de la conocida
conceptuación de Bris, que distinguía
que distingue entre constituciones rígidas y flexibles.
De hecho, la existencia de un poder de reforma constitucional
diferenciado de los
restantes poderes ordinarios y muy especialmente del poder
legislativo como única vía para la modificación
expresa de los artículos de la Constitución, es uno de los
rasgos fundamentales que determinan precisamente la existencia
de una Constitución rígida.
La Constitución Española de 1978 es, desde este punto de vista,
una Constitución rígida La Constitución regula
su propia reforma y solamente además admite su propia reforma.
Expresa
reforma que está regulada en el título 10.º de la Constitución.
En este sentido, el poder de reforma constitucional
es lo que se conoce como un poder constituyente
constituido constituyente en la medida en que permite alterar expresamente
la obra del poder constituyente originario, dando nueva redacción,
dependiendo los casos, a una parte
o incluso a la totalidad del texto constitucional.
Pero de otra parte, estamos ante un poder constituido, porque es un poder
ordenado, organizado regulado
y limitado, al menos desde el punto de vista procedimental,
por la propia Constitución,
como acabo de indicar en el caso de la Constitución española.
Esos límites al poder de reforma, al menos los límites expresos,
son límites esencialmente de carácter procedimental.
No existe en el ordenamiento en la Constitución Española
aquella técnica que utilizan otras constituciones
en nuestro entorno comparado, como por ejemplo
la Constitución alemana o la francesa.
La técnica conocida como de cláusulas de intangibilidad, esto es,
disposiciones de la Constitución que prohíben o impiden reformar
determinados preceptos o determinadas definiciones
realizadas en preceptos constitucionales,
como en el caso de Francia, es la forma republicana
y en el caso de Alemania, de la ley fundamental de Bonn es tanto la forma
republicana como incluso la estructura federal del Estado.
Decía que en
nuestra Constitución los límites son esenciales de carácter
procedimental en tanto en cuanto dependiendo o bien
de la cantidad de constitución a reformar o bien de
en el caso de una reforma parcial, cuáles sean los preceptos
sometidos a reforma varían los procedimientos.
Como es bien
conocido en la Constitución española, existen dos procedimientos
de reforma constitucional regulados respectivamente,
los artículos 167 y 168 de la Constitución,
siendo aplicable el segundo de ellos conocido también como
procedimiento agravado por requerir unas condiciones que enseguida
me referiré a ellas más gravosas de aprobación
decía.
Estando reservado el procedimiento del artículo 168.
Procedimiento agravado.
Bien para la reforma total de la Constitución.
La revisión total de la Constitución o bien para la reforma de determinados
aspectos, de determinadas partes de la Constitución.
Que el artículo 168 especifica en el título preliminar
o en título de las grandes definiciones constitucionales
o bien la sección primera
del capítulo segundo del Título Primero,
donde se reconocen los derechos fundamentales y libertades públicas,
y el título segundo relativo a la Corona como
forma de provisión de la jefatura del Estado.
El artículo 167, por tanto, regula un procedimiento de alguna manera
pudiera decirse residual, en el sentido
de que se aplica en todos aquellos casos en los cuales no lo sea,
no sea de aplicación.
El procedimiento del artículo 168.
Por tanto, siempre para revisiones constitucionales parciales
y además revisiones constitucionales parciales
que no afecten a alguno de los contenidos
a los que antes me he referido.
Que están sometidos
al procedimiento agravado de reforma constitucional.
Como suele ser habitual en el panorama comparado.
El procedimiento de reforma o los procedimientos
de reforma constitucional en la Constitución Española de 1978
son más rígidos que los procedimientos legislativos ordinarios.
Y esa mayor rigidez consiste en la necesaria aprobación
por mayorías parlamentarias cualificadas que, en el caso
del procedimiento ordinario del artículo 167,
se sitúa, como regla general,
en la mayoría
de 3/5 del Congreso de los Diputados y del Senado, mientras
que en el procedimiento agravado
uno de ESO, una de sus mayores complejidades,
es la exigencia de una mayoría cualificada, incluso superior,
de 2/3 del Congreso de los Diputados y del Senado,
El referéndum, que suele ser
otra de las técnicas habituales en el panorama comparado, es solamente
una posibilidad en el caso del procedimiento
ordinario del artículo 167, que solamente deberá celebrarse,
y en ese caso sí será un referéndum vinculante
si lo piden 1/10 de los diputados o 1/10
de los senadores, 15 días después de la aprobación de la reforma.
En cambio, en el procedimiento grabado,
el referéndum no solamente es vinculante
sino que también es preceptivo.
Debe convocarse necesariamente como secuencia final del procedimiento.
Pero además, la mayor
grado sidad de los requisitos exigidos pasa
no solamente por estas mayorías superiores
y por el referéndum vinculante y además preceptivo,
si nada más por la necesaria
convocatoria de elecciones, la disolución de las cámaras
que aprueban el principio de la reforma.
La confirmación de la
de proseguir con la iniciativa de reforma constitucional
por parte de las nuevas Cámaras electas, quienes además
deberán aprobar por mayoría de 2/3,
como se decía antes, el texto final de la Reforma.
La Constitución también establece algunas limitaciones adicionales
de orden procedimental, como en materia de iniciativa,
donde el artículo 166, al
no remitir al artículo 87 en su apartado tercero.
Sino solamente a los apartados uno y dos de dicho precepto.
Excluye la iniciativa Legislativa Popular.
O bien
un límite relativo y es la imposibilidad
de llevar a cabo la reforma en tiempo de guerra
o de vigencia de los estados de alarma.
Excepción o sitio prohibición a la cual la Ley Orgánica
reguladora de las modalidades de referéndum añadido la imposibilidad
de celebrar el referéndum de reforma constitucional
en los 90 días siguientes a la declaración de los Estados de alarma
de los Estados de excepción y sitio.