En relación con la supremacía de la Constitución
puede considerarse hoy por hoy.
Debe considerarse como
una de las características básicas
del propio concepto de Constitución
o al menos de aquellas constituciones
que se caracterizan por ser constituciones rígidas,
constituciones codificadas en un único instrumento en un único documento
y constituciones que no pueden ser modificadas
a través de la obra
ordinaria del legislador del Parlamento.
La idea de la supremacía de la Constitución
enlaza con otra característica básica de las constituciones
de nuestro tiempo y específicamente de la Constitución
Española de 1978.
Que es
la normatividad.
El hecho de que la Constitución
íntegra es una norma jurídica
y no solamente como sucedió en el pasado en la tradición
histórica europea, por influencia básicamente
del principio revolucionario francés del imperio de la ley.
El hecho
de que en el pasado decía la Constitución
tenía un carácter programático, una codificación
de compromisos
políticos, pero sin tener una verdadera condición
de norma jurídica vinculante dentro del ordenamiento jurídico, posición
que, como decía durante el siglo o gran parte del siglo xix,
ocupa la ley en los sistemas
jurídico políticos europeos.
Bien afirmada la normatividad constitucional
bien sea en el caso
de Estados Unidos por su concepción originaria
de la Constitución como norma
como norma suprema del país.
Bien sea en el caso de Europa.
Como consecuencia primero de la democratización a finales del siglo 20
y después
como consecuencia de la progresiva jurídi ficación de las Constituciones
que lleva a culminar en su consideración
como normas, como auténticas normas jurídicas en las constituciones
europeas aprobadas después de la Segunda Guerra Mundial
Pues bien,
precisamente ese carácter normativo de la Constitución
y el hecho de que la Constitución, de otra parte
es la única norma del ordenamiento jurídico que deriva
que ese ejercicio del poder constituyente como poder creador,
formador del sistema político jurídico político de un Estado,
viene afirmarse este carácter
de la Constitución como norma superior
del ordenamiento jurídico
en la Constitución Española de 1978,
que viene a adscribirse, por tanto, a la línea de las Constituciones
normativas europeas de después de la Segunda Guerra Mundial,
y enlazando también con la originaria tradición
de la Constitución normativa en Estados Unidos,
como decía la Constitución Española afirma
a un tiempo su normatividad y su condición de norma superior.
En el artículo nueve,
apartado primero.
Concretamente es es esta otra de las grandes definiciones
que se contienen en el título preliminar de la Constitución.
Como es bien sabido. El artículo 9.1.
Establecer que los ciudadanos y los poderes públicos
están sometidos a la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico.
Locución queda que expresa
simultáneamente tanto el carácter normativo
de la Constitución en la medida en que forma parte del ordenamiento.
Al existir
otras disposiciones que integran el resto del ordenamiento jurídico.
Y por otra parte el precepto indica también
la superioridad de la Constitución en la mención a la misma.
En primer término.
Por delante del resto del ordenamiento jurídico.
Este artículo.
El artículo 9.1 viene a considerarse como la proclamación general
de la supremacía de la Constitución española de la condición,
por tanto, de la Constitución española como norma
superior del ordenamiento jurídico, como lex superior
y, por tanto, como fundamento y límite de validez
del resto de las normas que integran el ordenamiento.
Pero junto a esta proclamación
general, en el artículo 9.1, pueden encontrarse a lo largo
de la Constitución Española de 1978, toda otra
serie de disposiciones o conjuntos de disposiciones que son consecuencia
o son proyecciones específicas de esta idea de supremacía.
Así, por ejemplo, el título 9.º,
al regular el Tribunal Constitucional,
esta estableciendo un sistema de control de constitucionalidad
de las leyes y por tanto, una garantía jurisdiccional
de la supremacía de la Constitución, incluso frente a la labor del Poder
Legislativo que supone la aprobación de la ley parlamentaria
junto a la figura del Tribunal
Constitucional, como decía en el Título 9.º de la Constitución.
Otra de las consecuencias directas
de la supremacía constitucional es la previsión en el último título
de la Constitución, en su título 10.º de un procedimiento,
o, mejor dicho, una regulación del poder de reforma de la
Constitución, con dos procedimientos establecidos, respectivamente,
los artículos 167 y 168 de la Constitución,
que en todo caso son aplicables en función
o bien de la cantidad de Constitución sometida reforma,
o bien si se trata de una reforma parcial,
cuáles sean los artículos o incluso las ubicaciones
o las grandes clasificaciones en títulos o capítulos
de la Constitución, sometidos a reforma.
Y también otra de las
disposiciones u otro de los mandatos constitucionales que se considera
o que es proyección
consecuencia de la idea de supremacía de la Constitución,
es la disposición derogatoria en su apartado tercero,
donde se establece una cláusula general de derogación
de todas cuantas normas anteriores a la Constitución se opusieran a ella.
Esta es una disposición
en el que sea una la doble condición de la Constitución
como norma posterior a las normas constitucionales
pero también como norma superior, en cuanto que
norma suprema al ordenamiento jurídico y que por tanto, tiene esta
eficacia derogatoria general sobre todas
y cada una de las disposiciones
constitucionales que se opongan a la propia Constitución.
Esto significa, por tanto, que la Constitución
como norma suprema, es
norma jerárquicamente superior
a todas las normas integrantes del ordenamiento jurídico.
La la Constitución es fundamento último de validez de todas las
disposiciones, en la medida en que, en su condición de norma superior,
la Constitución contiene las principales normas
sobre la producción jurídica, es decir, las reglas sobre los modos,
procedimientos e instituciones competentes,
pero también límites materiales en la producción de las restantes
normas del ordenamiento jurídico.
Y, por otra parte, la Constitución contiene también
normas de contenido que establecen definiciones
principios, valores, etcétera, que han de ser respetados dentro
en el conjunto del ordenamiento jurídico por todas las disposiciones
que lo integran.
De hecho, esta superioridad de la Constitución incluso determina
la existencia de una técnica de interpretación del conjunto
del ordenamiento jurídico del resto del ordenamiento jurídico.
Y es el principio de interpretación conforme con la Constitución,
en sentido de que las demás disposiciones que integran
el ordenamiento jurídico deben interpretarse,
en cualquier caso,
en el sentido acorde o incluso más acorde con la Constitución
Por tanto, la Constitución es norma superior,
lo cual no significa que la Constitución haya sustituido a la ley
como norma central del ordenamiento jurídico,
y, por tanto, la superioridad de la Constitución
no significa que el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico
deban ser necesariamente una simple ejecución
o desarrollo de los mandatos constitucionales,
como consecuencia de ser norma producto del poder constituyente
y el poder constituyente.
Ser es el momento
formador del modelo
jurídico político que una comunidad, en este caso
España, se ha dotado a sí misma.
La Constitución es una norma fruto de un amplio consenso,
lo cual supone que la Constitución, más que establecer un programa
de desarrollo o ejecución por las restantes
normas del ordenamiento jurídico es un amplio marco de consenso
que establece una serie de límites que no pueden ser traspasados
por los poderes ordinarios en el ejercicio de sus competencias.
Pero que ofrece un marco tan amplio presidido
por valores superiores como el del pluralismo político.
Que la ley no es
la mera ejecución de la Constitución sino la expresión
de las prioridades políticas de las mayorías dominantes.
Y en la Constitución se encuentra el fundamento positivo de actuación.
Los procedimientos de elaboración de normas y decisiones.
Pero esencialmente la Constitución
lo que establece es un marco amplio de coincidencias en dentro del cual las
disposiciones constitucionales operan esencialmente como límites.
Lo cual significa que sobre todo la ley parlamentaria como producto
del legislador democrático elegido por sufragio universal,
no es tanto
un programa de ejecución de la Constitución como la realización
de los valores escogidos de las prioridades políticas escogidas
por los ciudadanos en los procesos electorales, para los cuales
para aquellos programas la Constitución
conforma un marco, como decía, amplio,
y en todo caso establece los límites que no pueden ser sobrepasados.
Como decía recapitulando, la supremacía constitucional
en nuestra Constitución está proclamada con carácter general
en el artículo 9.1 de la Constitución y encuentra
sus manifestaciones
más características en la regulación
del Tribunal Constitucional, en la regulación
del proceso del procedimiento de reforma constitucional
y en la existencia de una disposición derogatoria
que implica que todas las disposiciones anteriores
a la Constitución simplemente quedan derogadas por ella
en cuanto norma, no solamente posterior, sino superior.
Ni que decir tiene la supremacía de la Constitución
se proyecta sobre las normas post
constitucionales y concretamente sobre la ley, precisamente
a través de la figura del Tribunal Constitución, Constitución
tal como garantía jurisdiccional de la supremacía de la Constitución.
También sobre la Ley Post Constitucional.
Muchas veces.