Empezamos con esta presentación una serie de clases
dedicadas a la cooperación policial y judicial en materia penal
en la Unión Europea.
En esta presentación realizaremos una introducción general
a los contenidos de esta asignatura partiendo de unas normas comunes
a todas las ámbitos materiales relacionados con el espacio
de libertad, seguridad y justicia
y luego una presentación general de los contenidos básicos
de la cooperación judicial en materia penal
y de la cooperación policial.
Tras la entrada en vigor del tratado de lisboa, en primer lugar
hay que hacer referencia a los fundamentos jurídicos
de esta este ámbito de actividad de la cooperación policial
y judicial.
En materia penal hay que partir del artículo 3.
Punto 2, del tratado de la Unión Europea.
Como sabemos,
en el artículo tres se enuncian los objetivos que persigue la Unión
y uno de esos objetivos aparece enunciado como la.
El objetivo de ofrecer a los ciudadanos de la Unión
un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores.
Este espacio de libertad, seguridad y justicia
tiene tres pilares fundamentales.
Tres pilares en los que se basa esta construcción jurídica.
En primer lugar, la libre circulación de personas.
Dentro de ese espacio, por eso es un espacio con fronteras exteriores,
pero sin fronteras interiores.
El segundo pilar es precisamente el control
de las fronteras exteriores y la adopción
de una serie de medidas comunes en materia de asilo y migración,
y el tercer pilar para que ese espacio sea realmente
un espacio donde el ciudadano europeo goce de libertad de seguridad
y donde haya mecanismos de justicia consiste en la prevención y la lucha
contra la delincuencia, pues bien, la construcción y el desarrollo
y la consolidación del espacio de libertad, seguridad y justicia
es uno de los grandes objetivos políticos de la Unión,
tal y como enuncia el artículo tres del tratado de la Unión Europea.
En el tratado de funcionamiento de la Unión Europea,
en su título quinto encontramos otros fundamentos jurídicos
más específicos del espacio de libertad, seguridad y justicia,
en esos artículos que van del 67 al 89
de este otro tratado constitutivo de la Unión Europea.
Pues bien, ahí podemos comprobar que el espacio de libertad,
seguridad y justicia se estructura en cuatro grandes ámbitos
materiales que tienen que ver,
lógicamente con la definición del espacio de libertad.
Seguridad y justicia que acabamos de ver,
y esos cuatro grandes ámbitos materiales
son desarrollo de unas políticas sobre los controles fronterizos
y sobre asilo y inmigración;
también una serie de medidas y disposiciones
de cooperación judicial en materia civil
y, a continuación los dos ámbitos que nos interesan
a efectos de este curso,
el de la cooperación judicial en materia penal
y la cooperación policial, es decir,
la cooperación entre autoridades judiciales y la cooperación
entre las autoridades policiales.
Bien, en ese, en ese título
quinto del tratado de funcionamiento de la Unión Europea,
aparte de especificarse medidas concretas y propias de cada ámbito,
por un lado, la cooperación policial y judicial en materia penal
y, por otro, la cooperación policial.
Hay una serie de disposiciones generales
que afectan a esos cuatro ámbitos materiales que configuran
el espacio de libertad, seguridad y justicia.
Bien, todas las disposiciones, todas las medidas,
todas las políticas
dentro del espacio de libertad, seguridad y justicia
deben basarse en el respeto de los derechos fundamentales
y también de las distintas tradiciones y sistemas jurídicos
de los Estados miembros, como sabemos,
uno de los rasgos distintivos del la Unión Europea.
Desde el punto de vista de la integración jurídica,
es que esa integración jurídica
se produce a partir de sistemas jurídicos de inspiración distinta,
contradicciones jurídicas distintas
y, por tanto, esto es uno de los de los retos,
pero también de las riquezas de ese, de la integración jurídica
de la Unión Europea y también, lógicamente en con ha
de basarse todo lo que se haga en este espacio,
en el respeto estricto de los derechos fundamentales,
no solo porque aparezca así en este artículo,
sino porque hay otros artículos importantes del artículo
seis del tratado de la Unión Europea, por ejemplo,
que por supuesto hay que respetar
y que tiene una gran incidencia en toda la actividad
que se se desarrolle dentro del espacio de libertad,
seguridad y justicia.
También hay una serie de disposiciones generales
que afectan a la cooperación judicial en materia penal
y a la cooperación policial.
Por ejemplo, la adopción de medidas de prevención de la delincuencia,
del racismo y de las no fobias.
La adopción de medidas de cooperación
y coordinación entre autoridades policiales y judiciales funcionan.
Tenemos un pilar básico
de todo el sistema de cooperación en materia penal,
como es el reconocimiento mutuo entre los Estados miembros
de las resoluciones judiciales en materia penal,
y también existe la posibilidad de adoptar medidas
para llevar a cabo una aproximación de las legislaciones penales
de los Estados miembros cuando ello se considere necesario.
Bien podemos ahora contemplar cómo se relacionan,
cómo actúan las instituciones de la Unión Europea en relación
con el espacio de libertad, seguridad y justicia,
las instituciones y también haremos referencia
a algunas agencias no.
En primer lugar, hay que decir
que tratándose este de un ámbito tradicionalmente intergubernamental,
porque las cuestiones de justicia penal y las cuestiones policiales
tradicionalmente han estado muy ligadas al núcleo
de la soberanía estatal,
y por eso tradicionalmente ha sido un ámbito que en la Unión Europea
ha venido marcado por la intergubernamentalidad,
no debe sorprender el protagonismo del Consejo Europeo,
que es el máximo órgano político de la Unión Europea
y que además tiene un perfil un corte mentalmente intergubernamental.
El Consejo Europeo tiene ese protagonismo en este ámbito
porque define las orientaciones estratégicas
de la programación legislativa y operativa que se lleve a cabo.
En lo tocante a la cooperación policial y judicial en materia penal
también, evidentemente aquí juegan un papel importante
los parlamentos nacionales,
puesto que tienen encomendada esa misión de respetar el principio
de subsidiariedad en relación con las propuestas,
iniciativas en la materia que tratamos hoy,
la cooperación policial y judicial.
En materia penal este es un ámbito de competencias compartidas.
Como no puede ser de otra manera.
Tradicionalmente todas las cuestiones de derecho penal
han sido competencias y van a seguir siendo competencia
de los Estados miembros, pero a partir de un momento
en el ámbito de la integración europea
hay competencias en esta materia de cooperación policial
y judicial penal que son atribuidas por los Estados miembros
a la Unión Europea.
Por tanto, estamos en un ámbito de competencias compartidas,
y por eso es importante el respeto del principio de subsidiariedad,
es decir, que la acción, que las medidas,
las disposiciones que se adopten a nivel europeo
por las instituciones europeas,
se consideren necesarias para lograr un objetivo de la Unión,
y no estaría justificada la adopción de medidas si el objetivo de la Unión
se pudiese obtener mediante la mera acción
de los Estados miembros.
Eso en eso consiste respetar el principio de subsidiariedad
y los parlamentos nacionales,
como es sabido, pueden ejercer un control del principio
de la subsidiariedad cuando se elaboren propuestas
o cuando se pretende adoptar medidas en relación
con la cooperación policial y judicial también en este ámbito.
Recientemente, tras.
Tras haber pasado cinco años después de la entrada en vigor
del tratado de lisboa y con arreglo al protocolo
36 a ese tratado, podemos hablar de que el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea ha adquirido mayores competencias
que puede ejercer en estas, en esta materia,
mayores competencias jurisdiccionales,
a través de la cuestión prejudicial que ya se puede plantear
en estos ámbitos, de la misma manera que en otros,
y también el recurso por incumplimiento.
Eso mismo la posibilidad de plantear un recurso por incumplimiento
refuerza también el papel de la comisión,
que también se ha visto reforzado el papel del Parlamento Europeo,
en tanto que colegislador en esta materia junto con el Consejo.
De esto hablaremos en breve, me limito simplemente a decir ahora
que se ha reforzado también el papel de la Comisión
y del Parlamento Europeo.
En cuanto al consejo, el consejo ha visto
cómo en su diseño institucional ha aparecido una novedad,
como es la creación del con él como un comité permanente
dentro de la estructura del consejo
para la coordinación operativa en materia de seguridad interior
y además dentro del sistema institucional,
y más ampliamente dentro del sistema de organismos y agencias.
Este ámbito,
el de la cooperación policial y judicial en materia penal,
se presta a la creación de diversas agencias
especializadas para la gestión de este espacio,
como son la Europol o la oficina de policía europea;
la escuela de policía europea, como es la hace por la euro,
y usted, que es una agencia de cooperación judicial
frontex, que es una agencia para la gestión de las fronteras.
Frontex no es una agencia que tenga como misión principal
la cooperación policial y judicial en materia penal,
pero sí por sus características y por su competencias
dentro del ámbito del espacio de libertad de seguridad.
Justicia está llamada a cooperar con algunas de estas agencias
especializadas, como notablemente puede ser Europa,
bien.
Otras otra cuestión de interés de ámbito general
es la adopción de normas y decisiones en el espacio de libertad, seguridad
y justicia que nosotros vamos a enfocar al los temas de cooperación
policial y judicial.
En materia penal, el principio general
del que se parte es el principio de la comunitarización
de los asuntos de cooperación judicial y policial,
es decir,
a partir de la entrada en vigor del tratado de lisboa.
Como es sabido, desaparece esa estructura en pilares
de la Unión Europea.
Desaparece el tercer pilar como pilar separado y distinto
del primer y del segundo pilar, y se produce una mayor integración
porque hay una comunitarización de este ámbito,
el de la cooperación policial y judicial en materia penal
y, en general, el del espacio de libertad,
seguridad y justicia.
Esto nos lleva a que se parta de un principio general
a la hora de adoptar normas.
Adoptar disposiciones en este ámbito del principio general
es que las competencias que se desarrollen
en el espacio de libertad, seguridad y justicia
se desarrollan a través del procedimiento legislativo ordinario
cuando haya que adoptar una directiva
o alguna decisión marco alguna o decisión ahora o algún reglamento.
Pues ese reglamento se adopta conforme al procedimiento legislativo
ordinario, procedimiento en el cual parlamento y consejo
que deciden a propuesta de la Comisión,
es decir, el Parlamento y el Consejo,
están al mismo nivel.
En cuanto a fuerza decisoria, esto supone una mayor integración,
una comunitarización de los asuntos,
y también se ha dicho que supone una mayor transparencia
dentro del proceso de adopción de decisiones,
un un mayor componente democrático al intervenir al mismo nivel
que el consejo, la institución que representa directamente
a los pioneros de la Unión Europea
y cuyos miembros son elegidos por sufragio universal directo
por parte de los ciudadanos de la Unión Europea.
También esa transparencia mayor democracia
puede resultar tendente o debe resultar tendente
a un resultado de mayor respeto de los derechos fundamentales
y a una mejor técnica legislativa.
Por tanto, el principio general es el de que se adopta
el procedimiento legislativo ordinario,
pero este principio general
tiene una serie de excepciones o modulaciones o matizaciones
que pasamos a ver a continuación.
En primer lugar, este ámbito,
el del espacio de libertad, seguridad y justicia.
Es un ámbito donde surgen donde se adoptan con cierta frecuencia
y así está previsto.
Procedimientos legislativos especiales en ciertos casos,
y aquí ya no tenemos un procedimiento de codecisión,
sino un procedimiento en el cual parlamento y consejo
ya no tienen la misma fuerza o nivel decisorio,
porque los procedimientos legislativos especiales se basan bien
en la consulta o en la aprobación del Parlamento,
a lo cual hay que añadir la unanimidad del consejo.
Ya no se trata de una codecisión,
sino un procedimiento donde hay consulta o donde bien la aprobación
o la no aprobación del consejo
o donde al final la unanimidad del consejo
es el factor decisorio clave.
Hay ejemplos de esto, por ejemplo, en el caso de la creación
de una fiscalía europea prevista en el tratado de funcionamiento
de la Unión Europea,
que cuando se trata de adoptar ciertas medidas
de cooperación policial operativa
o cuando, conforme al artículo
89 del tratado de funcionamiento, se adopten medidas
para regular la actuación de las fuerzas policiales
de un estado miembro en el territorio de otro Estado,
bien.
Otras especialidades o matizaciones a ese principio general
de que se adoptan las decisiones por el procedimiento legislativo
ordinario se produce en el caso
de que se pretendan adoptar normas mínimas de carácter penal
que tengan un contenido, un carácter procesal o sustantivo
y cuyo fin sea la aproximación de legislaciones nacionales.
En el caso de estas normas mínimas de aproximación,
de las legislaciones penales nacionales,
se puede iniciar el procedimiento legislativo ordinario,
pero si, por ejemplo, una directiva se resulta que afecta a aspectos
fundamentales de un del del sistema de justicia penal,
de un estado miembro.
Si un estado miembro así lo entiende,
que ciertos aspectos esenciales de su sistema de justicia,
pero se ve afectado la cuestión, o sea, el procedimiento,
se paraliza.
La cuestión se eleva al Consejo Europeo
que dispone de cuatro meses para alcanzar un consenso.
Si no hay consenso en el Consejo Europeo,
ya no se continúa el procedimiento,
y lo que queda es la posibilidad para los Estados que así lo quieran,
de llevar a cabo o de avanzar en este terreno
a través de un mecanismo de cooperación reforzada
que, como sabemos, requiere un mínimo de nueve
Estados miembros y que, bueno, las medidas que adopten deben
estar abiertas a la incorporación de todos los Estados miembros,
si ellos lo estimen etc.
O sea, por tanto, procedimiento normal,
el procedimiento legislativo ordinario,
salvo que se produzca esta afectación de un interés esencial
y un rasgo esencial de la justicia penal
de un estado miembro en ese caso debe decidir
el Consejo Europeo por consenso y si no hay consenso,
queda abierta la posibilidad de cooperación reforzada
y otra especialidad perdón dentro del sistema de adopción de normas
es que en este ámbito la cooperación policial y judicial
en materia penal,
los Estados miembros conservan la iniciativa legislativa
aquí.
Por tanto, el monopolio de la iniciativa legislativa
no queda, no reside en la comisión.
La comisión no tiene este monopolio de la iniciativa legislativa
en este ámbito de la cooperación policial y judicial.
En materia penal, como si lo tiene en otros ámbitos,
y el requisito para que los Estados miembros
puedan plantear una iniciativa legislativa
es que esa iniciativa parta como mínimo de la cuarta parte
de los Estados miembros.
Ese es el número.
Bien quedan a quedado ahora, por tanto,
presentar una serie de contenidos esenciales relativos
a cada uno de los dos ámbitos diferenciados de esta materia.
Por una parte, en cuanto a la cooperación
judicial penal, haremos referencia en esta serie
y a lo largo del curso aspectos claves,
como son el reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales
en materia penal como un principio que permite superar
los problemas que plantea las diferencias
entre los sistemas de justicia penal de los Estados miembros.
Nos ocuparemos también de una una herramienta clave
dentro de la cooperación judicial penal,
como es la orden de detención europea,
que configura nuevas reglas respecto al sistema clásico
de la extradición,
nuevas reglas que se aplican entre los Estados miembros
debido a que existe un alto grado de confianza mutua,
como demuestra en realidad el reconocimiento mutuo
de resoluciones judiciales, tenía penal.
También avanzaremos en el estudio de la comprensión
de cómo funciona la agencia de apoyo y refuerzo
de la cooperación judicial, como es el euro.
Yo veremos determinados aspectos
relacionados con la red judicial europea y con el trabajo
de los equipos conjuntos de investigación.
Nos ocuparemos también de la fiscalía europea;
un nuevo órgano cuya misión es ejercer la acción penal
contra los autores de delitos
que lesionen los intereses financieros de la Unión Europea,
que también trataremos algunos temas más amplios
de asistencia judicial mutua o uno muy específico,
como es la orden europea de investigación,
cuyo objetivo es simplificar la obtención
de pruebas trasfronterizas.
Por tanto, está este elenco de contenidos.
Por supuesto, no agota todos los contenidos posibles
de la cooperación judicial penal, pero, por un lado,
sí abarca ciertos contenidos y tanto no objetivos
como institucionales, que son esenciales y ofrece una panorámica
lo suficientemente amplia
como para, posteriormente profundizar en otros mecanismos y posibilidades
de la cooperación judicial penal en la Unión Europea.
En cuanto a la cooperación policial en la Unión Europea también perdón,
veremos algunos contenidos esenciales, como, por ejemplo,
el trabajo que lleva a cabo la oficina europea de policía.
Europol, que es una oficina, una organismo que apoye y refuerza
la actuación de las autorizadas autoridades policiales
de los Estados miembros es lo digo ya desde el primer momento.
Una agencia que tiene poderes operativos,
pero no poderes coercitivos, es decir,
Europol participa en actividades como muy notablemente.
El intercambio de información entre las policías
de los Estados miembros o también la evaluación de riesgos participa,
puede contribuir a esos equipos conjuntos de investigación,
pero no lleva a cabo, no, no ejerce poderes coercitivos,
lo lleva a cabo operaciones como una detención
o como un registro policial.
Esas operaciones de carácter coercitivo
quedan reservadas a la policías de los Estados miembros.
También veremos las funciones de Cepol
como escuela europea de policía clave en la formación
de los agentes policiales.
En estos asuntos de cooperación policial
nos ocuparemos de la actividad de ese comité permanente
de cooperación operativa en materia de seguridad interior,
que se integra dentro de la estructura del Consejo,
como he dicho.
Sin perjuicio de las funciones del comité de representantes permanentes
y que, bueno, es una, es un órgano cuya actividad
merece atención, no solo por su importancia a la hora
de asistir al consejo desde ese perfil intergubernamental,
al estar integrados por integrado por representantes
de los Estados miembros que desde las capitales nacionales
acuden a Bruselas, a esas reuniones,
sino veremos cómo afecta esto al Consejo, al diseño institucional
del consejo, alguno, algunos autores ejemplo.
El Sol Griñán
considera que la creación de este comité permanente
en el seno del consejo constituyó una cierta anomalía institucional,
y también veremos algunas cuestiones relacionadas con el incendio.
El centro de análisis de inteligencia de la Unión Europea,
que no es propiamente un órgano de cooperación policial,
es un órgano de inteligencia, es un servicio de inteligencia
integrado en el servicio europeo de acción exterior,
pero que sí contribuye a la cooperación policial
a partir de la información que recibe de los servicios de inteligencia,
de los servicios, de los servicios militares,
de los servicios diplomáticos y de los cuerpos policiales.
Veremos, por tanto, estas agencias y determinados mecanismos
de cooperación policial en la Unión Europea
y para terminar, quiero resaltar algunos aspectos solo solo
de momento estos 2, dos regímenes especiales que están vigentes
en el espacio de libertad, seguridad y justicia.
Tras la entrada en vigor del tratado de lisboa hay tres
Estados miembros que tienen un que tienen regímenes especiales.
En primer lugar, Dinamarca, conforme al Protocolo veintidos al tratado,
las disposiciones del título quinto, parte tercera del tratado
de funcionamiento,
es decir, todo el bloque de espacio de libertad, seguridad y justicia
no le son aplicables a Dinamarca.
Esta es la situación actual,
lo que ocurre es que Dinamarca tiene abierta la posibilidad
de renunciar este régimen especial y participar plenamente
en el espacio de libertad, seguridad y justicia,
y de momento también está vigente el protocolo
21, que supone un régimen,
un régimen especial para el Reino Unido,
Irlanda, que están excluidos de las también de las disposiciones
adoptadas en virtud del espacio de seguridad, libertad y justicia,
pero pueden participar y aplicar medidas concretas,
medidas específicas,
si así lo deciden conforme a un sistema de o bien.
Con esto quedan presentados los contenidos esenciales
del curso de cooperación policial y judicial en materia penal,
y considero que la primera parte de la presentación
supone una introducción a los aspectos generales
de la cooperación policial y judicial en materia penal,
a partir de ahora trataremos aspectos específicos que serán
desarrollados más en detalle, empezando por los mecanismos
de cooperación judicial penal.