Soy profesor Fernando Vall Garijo del departamento
de derecho internacional público de la uned,
y con esta vídeo clase continuamos la serie
dedicada a la cooperación policial y judicial en materia penal
en la Unión Europea.
Hoy vamos a tratar un tema clave para estas dos actividades
de cooperación policial y judicial en materia penal,
sobre todo una, un tema clave para la cooperación judicial,
como es el principio de reconocimiento mutuo
de resoluciones penales en la Unión Europea.
En primer lugar, conviene partir de una noción básica,
un concepto inicial relativo al principio de reconocimiento mutuo,
que tiene dos aspectos, un aspecto activo
y uno pasivo.
Desde ese, desde la perspectiva,
desde ese punto de vista activo el principio de reconocimiento mutuo
es aquel principio que permite a las autoridades judiciales
de un estado miembro que dicten determinadas órdenes o resoluciones,
transmitir dichas órdenes a otro estado miembro,
para que en ese otro estado miembro sean reconocidas y ejecutadas
desde un punto de vista pasivo.
El aspecto activos activos de este perdón pasivo
de este principio, reconocimiento mutuo
impone a las autoridades competentes de un estado
miembro el reconocimiento y ejecución de órdenes europeas
y de resoluciones penales que les hayan sido transmitidas
cuando se den al menos estas dos condiciones que hayan
sido transmitidas correctamente por la autoridad competente
de otro estado miembro y que, al mismo tiempo
no concurra ninguno de los motivos de denegación de esa ejecución
que puedan darse bien.
Partiendo de esto de este concepto general inicial,
hay que también afinar algunos de estos conceptos
que forman parte de la idea de reconocimiento mutuo
que integran este principio de reconocimiento mutuo,
porque el concepto de autoridad judicial también hay
que delimitarlo a los efectos de reconocimiento mutuo.
La noción de autoridad judicial
incluye, por supuesto, los órganos judiciales penales,
los que ejercen la jurisdicción penal en alguno de los Estados miembros,
incluyendo aquellos órganos judiciales que se encargan
de realizar la instrucción en la fase preliminar,
en la fase previa al juicio oral, que caracteriza el proceso penal,
pero también en materia de reconocimiento mutuo
el concepto de autoridad judicial incluye al ministerio fiscal
cuando adopta determinadas resoluciones, por ejemplo,
resoluciones de aseguramiento, de pruebas,
siempre que esas pruebas no sean limitativas
de derechos fundamentales, también un instrumento
como es el exhorto europeo de obtención de pruebas,
tanto a la hora de emitir ese exhorto europeo
como a la hora de recibirlo, y ejecutar por órganos judiciales,
también los que interviene en la fase preliminar,
realizando la instrucción y también el ministerio fiscal,
que también hay que tener en cuenta el concepto en realidad amplio,
de resolución penal,
que a los efectos de reconocimiento mutuo incluye, por supuesto,
las resoluciones judiciales,
también ciertas resoluciones del ministro del ministerio fiscal,
y por eso decíamos que este concepto es tiene una relativa amplitud.
También son resoluciones que impone una sanción pecuniaria.
Aunque hayan sido dictadas por una autoridad administrativa,
es decir, una sanción pecuniaria,
si es impuesta por una autoridad administrativa,
en principio tendrá motivada por una infracción administrativa,
lo que pasa es que en determinadas casos y sistemas
la sanción administrativa puede ser objeto de recurso
a un órgano jurisdiccional penal,
y en ese caso también puede entrar puede quedar englobado
dentro de la noción de resolución penal a los efectos a los efectos
del reconocimiento mutuo de resoluciones penales
en la Unión Europea,
que, como sabemos,
es uno de los pilares básicos del espacio de libertad,
seguridad y justicia.
Bien, hay distintos instrumentos de reconocimiento mutuo.
Aquí me he limitado a consignar
aquellos que están contemplados en la legislación española,
que traspone las medidas europeas sobre reconocimiento mutuo
y que incorpora la normativa comunitaria.
Vemos ahí que aparecen distintos instrumentos
de reconocimiento mutuo.
Algunos son muy conocidos, otros tan solo lo son,
pues los especialistas.
En primer lugar, la orden europea de detención y entrega,
o también la resolución que impone penas o privatice,
o medidas privativas de libertad, la sentencia condenatoria,
las resoluciones sobre libertad vigilada o sobre medidas
de vigilancia de la libertad provisional.
La orden europea de protección
es otro instrumento de reconocimiento muto, también resoluciones
como las resoluciones de embargo preventivo de bienes,
una resolución tendente al aseguramiento de pruebas,
la una resolución de decomiso,
una resolución que impone sanciones pecuniarias
o el exhorto europeo de obtención de pruebas,
se verá en la diapositiva que estamos proyectando
que hay tres instrumentos.
La orden europea de detención y entrega;
la orden europea de protección y el exhorto europeo
de obtención de pruebas,
que tienen a su lado entre paréntesis las siglas de la Unión Europea.
Eso lo que quiere decir es que hay un instrumento específico
creado por la legislación comunitaria,
por una directiva o por una decisión marco,
y que, por tanto, esos instrumentos han sido creados de forma específica
por a través de actos de derecho
derivados adoptados por las instituciones de la Unión.
Sin embargo, las otras resoluciones no tienen una,
una legislación ado que específica como si lo tienen la orden europea
de detención, entrega o la orden europea de protección.
En realidad, con el sistema del reconocimiento mutuo
la Unión Europea, digamos, ha realizado una doble función.
Por un lado,
legislar específicamente determinados instrumentos como estos,
que llevan a su lado las siglas de la Unión Europea
y luego crear un sistema;
un mecanismo mediante el cual las autoridades judiciales
de los Estados miembros pueden transmitir ciertas resoluciones
a través de este sistema de reconocimiento mutuo
para que sean precisamente reconocidas y ejecutadas
por las autoridades judiciales de otros estados miembros,
sin necesidad de que haya una legislación europea específica
creando,
pues una resolución de embargo preventivo europea
o una resolución de decomiso europeo, etcétera.
No es un sistema que contempla las dos posibilidades.
Bien hay que distinguir en esta línea de ahora
ocuparnos de conceptos básicos que nos van a servir
para todo el curso para todas las videoclips.
Es que vamos a impartir hay
que distinguir entre Estado de emisión y estado de ejecución
para visualizar mejor cuál es la situación.
En el estado de misión es el Estado miembro
cuya autoridad judicial dicta una orden o una resolución,
con el objeto de que sea reconocida y ejecutada
en otros estados miembros por la autoridad competente
de otro estado miembro y el estado de ejecución
de forma correlativa.
Es el Estado miembro, al que se ha transmitido una orden o resolución
para que la reconozca y la ejecute.
Pues bien, esto tiene interés tenerlo presente,
porque siempre hay que tener presente que cuando estamos en una situación
de transmisión de un instrumento de reconocimiento mutuo
para su ejecución hay que atender a tres planos normativos
que son relevantes en esta situación.
En primer lugar, la norma interna
de trasposición del estado de misión,
trasposición de que de la legislación europea al efecto,
si es que hay que trasponerla en el caso de que sea una directiva,
una decisión marco que es un caso frecuente,
pues habrá una norma interna de trasposición por parte del Estado
de mi misión en el caso de España.
Esa norma, las normas vigentes,
la ley veintitres barra, 2014, de 20 de noviembre,
sobre reconocimiento mutuo de resolución,
recurso y reconocimiento mutuo de resoluciones penales
en la Unión Europea.
Segundo plano normativo
que hay que tener en cuenta es la norma de la Unión Europea
objeto de trasposición esa decisión marco,
o esa directiva, que normalmente será la legislación,
que haya de ser transpuesta, que unos podemos preguntar,
pero, bueno, si ya ha sido traspuesta por qué sigue ocupando
un plano normativo relevante,
porque, bueno, siempre habrá que atender a la decisión marco,
a la directiva que se ha traspuesto a los efectos de interpretar
las normativas internas aplicables o a la hora de colmar lagunas
siempre sigue.
Hay que tener presente esa norma, esa legislación europea,
que ha sido objeto de trasposición y también, lógicamente,
el tercer plano normativo es aquel que se encuentra la norma
interna de trasposición del estado de ejecución,
que será especialmente relevante a efectos de plazos afectos
idioma a efectos de determinadas normas procedimentales
a efectos de denegación de o puede posible denegación
de la ejecución de ese esa resolución porque hay determinados sujetos
de determinados motivos de denegación que son obligatorios,
pero otros son facultativos;
es decir, en un estado se pueden dar y en otros no, etc. Y ahí la norma
interna de trasposición del estado de ejecución es clave.
Por tanto, siempre hay que tener presentes esos dos estados
al menos y esos tres planos normativos que le interesa.
Ahora dar algunas nociones, muy básicas, muy básicas, relativas
a cómo procedimentalmente tiene lugar la transmisión de instrumentos
de reconocimiento mutuo en una noción inicial, la, el procedimiento.
En principio se trata de que sea un procedimiento sencillo
a través del cual puedan cooperar directamente autoridades judiciales
de 28 estados miembros o por lo menos de todos aquellos que participen
dentro del sistema del espacio de libertad, seguridad y justicia
y y que pongan en marcha instrumentos de reconocimiento mutuo
y, por tanto, autoridad, muchas autoridades judiciales
que además operan desde sistemas jurídicos distintos,
no que porque en la Unión Europea
con conviven sistemas jurídicos distintos,
y eso hace que uno de los grandes pilares
de este sistema es que las normas procedimentales relativas
a los instrumentos de reconocimiento mutuo sean, en principio sencillas,
no sean sencillas para que sean eficaces.
Evidentemente, todo es más complicado de lo que aparece
en esta diapositiva.
Aquí solo quiero dar unas pinceladas muy básicas.
El presupuesto para que se pongan en marcha
el procedimiento de transmisiones que en la eficacia
de una resolución penal adoptada en un estado miembro
requiere la práctica de actuaciones procesales en otro estado miembro,
a partir de ahí se pone en marcha un sistema de transmisión que se basa
en un certificado, formulario obligatorio que es igual
para todos los Estados miembros, lo cual facilita la comunicación
entre las autoridades judiciales competentes
que luego la resolución penal, cuya cuyo reconocimiento y ejecución
se pretende ha de acompañar a dicho certificado en la resolución penal,
por supuesto, será distinta.
Cada uno lo hace según su propio sistema jurisdiccional,
cada estado miembro y cada autoridad judicial,
pero el certificado o formulario obligatorio es común,
es igual para todos y es la clave.
La clave de todo el sistema procedimental no.
Luego hay que tener muy en cuenta que aquí se trata de una transmisión
directa entre autoridades judiciales competentes.
Las autoridades judiciales de los Estados miembros están
en un sistema de cooperación directa sin intervención gubernamental,
sin intervención del poder ejecutivos.
Es una cooperación entre autoridades judiciales directamente,
no.
Por tanto, esto implica que hay que identificar
la autoridad competente del estado de ejecución,
para lo cual, pues existen distintos instrumentos
que algún día veremos más en detalle.
Para eso se puede acudir a instrumentos,
a mecanismos como la red judicial europea,
y dentro de ello el Atlas judicial europeo.
En materia de reconocimiento mutuo
hay unas bases de datos que de forma relativamente sencilla y eficaz
permiten al la autoridad judicial del estado de dimisión
dar con la autoridad competente del estado de ejecución.
Otra característica vaca básica de este sistema
de reconocimiento mutuo es la ausencia de control
de la doble incriminación.
Como sabemos, cuando se trata de determinadas.
Ejecutar determinadas resoluciones en materia penal esas resoluciones
girarán en torno a unos hechos constitutivos de delito,
y el requisito tradicional de la doble incriminación,
que por ejemplo se da en instituciones
como la extradición,
es que los hechos sean delitos, sean delito perdón,
en los dos estados implicados tanto en el Estado que requiere
que se ejecute una medida penal como en el Estado,
que está llamado el estadio requerido;
el Estado, que está llamado a ejecutarla,
y las autoridades del Estado requerido verifican que esos hechos
son también delito en su ordenamiento .
Los hechos que motivan la resolución penal del Estado
requiere, pues bien, un pilar básico del sistema de reconocimiento mutuo
y la Unión Europea es que se elimina la necesidad de controlar
que se verifica este requisito tradicional de la doble incriminación
de la doble tipificación penal.
Los Estados miembros es lo que hacen al participar al haber creado
este sistema, que es un pilar básico del espacio de libertad,
seguridad y justicia.
Han renunciado a verificar que se cumple
este tradicional requisito de la doble incriminación
y, por tanto, esta,
este requisito no hay que verificarlo cuando se trate.
De 32 figuras delictivas, 32 figuras delictivas que no están aquí
todas consignadas por razones de espacio,
pero que aparecen tanto en la legislación comunitaria
como la legislación española de trasposición,
son delitos como el terrorismo,
la trata de seres humanos, la protección,
la explotación sexual de menores, la pornografía infantil,
determinados delitos financieros la falsificación de monedas
homicidios voluntarios secuestro incendio provocado muy importante
los crímenes de la competencia de la corte penal internacional,
que son los crímenes internacionales más graves,
no genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad,
el crimen de agresión, etc. No se trata
de delitos que afectan a determinados intereses,
determinados bienes jurídicos muy, muy variados y que se caracterizan
por tener por superar un umbral de gravedad
para que se pueda no verificar este este,
para que tenga interés en que haya un reconocimiento mutuo
y se ponga en marcha estos mecanismos,
y a la vez se renuncie a verificar el concurrencia de ese requisito
de la doble incriminación y cuando el delito
al que haga referencia la resolución penal que se transmite para ser
reconocido la ejecutada, no este entre estas 32 figuras delictivas.
Pues, fuera de estos delitos el reconocimiento y la ejecución
pueden darse, pero también el estado de ejecución
puede supeditar la ejecución a que se cumpla ese requisito
de la doble tipificación o doble incriminación
no es una opción que tiene cada estado miembro
a la hora de trasponer la legislación europea en la materia.
Hay una serie de problemas técnicos
a la hora de contemplar el funcionamiento práctico
de todo este sistema.
Si, si nos fijamos, se habla de 32 figuras delictivas,
no exactamente de 32 tipos penales,
o sea, las normas tanto europeas como las normas de trasposición
enuncian 32 figuras delictivas,
en las cuales no se verifica el control de la doble incriminación
pero no incluye la definición de cada tipo penal;
o sea, no se define qué es terror.
No hay un tipo penal común de terrorismo
a todos los Estados miembros ni de trata de seres humanos,
ni de pornografía infantil ni de incendio provocado,
etc. Son tipos penales distintos.
Por tanto, no se trata solo
de no se trata de tipos penales únicos o o equivalente,
sino de figuras delictivas designadas con un nomen iuris,
que ese sí es común a los Estados miembros
y, por tanto, puede haber algunas;
es decir, lo que en un estado se considera
delito de terrorismo pues puede no ser en otro,
pero en principio el juez no entra a verificar esa esa cuestión
si entraría cuando se trata cuando tiene que verificar
si si concurre la doble tipificación,
por ejemplo recientemente,
pues hemos visto una orden europea de detención y entrega,
que versaba sobre delitos no incluidos en esa lista
de 32 figuras delictivas por rebelión sedición prevaricación etcétera
ahí si se quiere verificar si concurre la doble incriminación,
no se trata de ver si hay un delito llamado rebelión
en la el ordenamiento penal belga o de otro estado miembro,
sino si los hechos que son delictivos en España,
pues lo son también en el estado de ejecución
y tienen un tipo, pues bueno,
donde, pues además, se prevé una sanción privativa de libertad
que sea superior a tres años.
Donde se pueda puede haber una cierta equivale.
Pero la ausencia del control de la doble incriminación
es uno de los pilares del sistema,
no es posible denegar el reconocimiento
y la ejecución de la resolución penal que ha transmitido el estado emisor.
Hay cuatro motivos generales que son aplicables
a todos los instrumentos de reconocimiento mutuo.
Luego hay algunos motivos específicos en cada uno de esos instrumentos,
pero ahora nos vamos solo a centrar a mencionar realmente
los cuatro motivos generales.
En primer lugar,
como parece lógico, dentro de unos sistemas garantistas,
pues un motivo de delegaciones que se vulnere
el principio de non bis in idem, no porque ya se ha dictado
una resolución firme respecto de la misma persona,
tiene los mismos hechos; por ejemplo en otro Estado distinto,
en un estado que no es ni el de ejecución ni el de emisión
y o entonces sí si se vulnera el principio non bis in idem,
pues evidentemente se procederá a denegar el reconocimiento
de la ejecución también porque la prescripción
porque se haya producido la prescripción de la pena impuesta.
Ese es uno de los motivos que recoge,
por ejemplo, la legislación española de trasposición.
Por ejemplo, la legislación española,
la ley veintitres barra 2014,
no recoge como motivo de negación de denegación
la prescripción del delito, señora prescripción de la pena.
Incluir la prescripción del delito es un motivo de denegación facultativo
que los Estados miembros pueden incluir
o no en sus legislaciones nacionales,
también es causa de denegación
que el formulario o certificado, que es imprescindible
y que es el eje procedimental de todo este sistema,
pues sea incorrecto este incompleto o que no se corresponda
con la resolución penal
que se transmite para su reconocimiento o ejecución,
y luego también habrá de denegarse el la ejecución de la resolución penal
cuando exista una inmunidad que impida ejecutar la resolución
o hay distintas posibilidades que quizá analicemos un día
sobre pedir el levantamiento de la inmunidad, etc.
Pero en principio la inmunidad impide que el estado de ejecución
ejerza su jurisdicción penal.
En relación con la persona protegida por la inmunidad,
vamos a terminar con unas conclusiones
de tipo general,
con unas reflexiones en torno a este principio de reconocimiento mutuo
que supone en el espacio de libertad, seguridad y justicia.
La Unión Europea que supone entre los Estados miembros de la Unión Europea
un replanteamiento del ius puniendi estatal de ese ese derecho
que tiene el Estado a tipificar determinadas como delito
y a y imponer una pena determinados comportamientos,
porque el ius puniendi estatal, como todo el mundo sabe,
es un derecho derivado de la soberanía,
es una, es una potestad estatal
que deriva de la soberanía del Estado,
que está muy ligada a la territorialidad.
Luego, por supuesto hay supuestos en que en los cuales el ius puniendi
se proyecta extraterritorialmente y aquí tenemos un ejemplos
de esta proyección extra territorial del ius puniendi
y de las actuaciones de jurisdicción penal que acompañan al ejercicio,
que son necesarias para ejercer el ius puniendi,
y además se replantea la idea de que la cooperación
en estas materias es tiene un elemento,
un componente intergubernamental.
Aquí hemos visto que el componente intergubernamental
se ilumina aquí.
Lo relevante es que cooperen directamente las actuaciones
las autoridades judiciales sin intervención del poder ejecutivo.
Luego se trata de un principio basado en la confianza recíproca
entre los Estados miembros, que ya digo renuncian a verificar,
salvo excepciones.
Si otro estado miembro ha respetado los derechos fundamentales
en el caso concreto porque hay una presunción
de que se respetan los derechos fundamentales por parte
de todos los Estados miembros, es cierto
que se trata de una prescripción presunción iuris tantum,
es decir que admite pruebas en contrario,
podría aprobarse lo contrario y entonces, pues no se produciría
el reconocimiento mutuo, pero, pero, en primer lugar,
el sistema se basa en la confianza recíproca
entre los Estados miembros y, por tanto, en la presunción
de que todos ellos protegen garantizan los derechos fundamentales
reconocidos, pues en la como mínimo en la carta de derechos fundamentales
de la Unión Europea cuando aplican el derecho de la Unión
por reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos
Es decir,
que los que los que lo respetan conforme al artículo
seis del tratado de europea, podremos decir,
y eso es una presunción que evidentemente admite argumentos
y pruebas en contrario,
pero que es la presunción de partida,
y unido a este principio de confianza recíproca
está el principio de equivalencia, principio de equivalencia,
que se basa en la confianza recíproca entre Estados.
Los dice o digamos está basado en la idea
de que las legislaciones de los del Estado de emisión
y la del estado de ejecución no son legislaciones penales idénticas,
pero sí son legislaciones que protege
o que ofrecen un nivel de protección similar o equivalente
en materia de derechos fundamentales
y que las garantías procesales de las que goza el procesado,
el acusado, etcétera,
es decir,
la persona que está hacia quienes van dirigidas las medidas,
las resoluciones penales goza de unas garantías procesales
que superan un unos mínimos comunes, un estándar básico,
y que por tanto, los sistemas penales
son equivale a modo de reflexión general.
Podemos concluir que estas
estos rasgos básicos del principio de reconocimiento mutuo
contribuyen ciertamente a a crear un verdadero espacio de libertad,
seguridad y justicia en la Unión Europea
y que son un paso importante en la integración jurídica
de los Estados miembros.
Muchas gracias por su atención.