Estimados alumnos hoy en esta breve sesión
queremos actualizar de alguna manera algunos puntos interesantes,
importantes o algunas novedades acerca del urbanismo en España,
y por eso hemos hemos titulado esta conferencia
como retos del urbanismo y la agenda urbana española
de que vamos a hablar.
Por una parte, vamos a hacer un panorama
o una síntesis de cuáles son las características
de la normativa urbanística en la actualidad,
que, desde luego, no son del todo optimistas.
Por qué?
Pues que por una parte podemos calificar
la legislación urbanística actual como de prolífica inestable,
heterogénea y desintegrada y descoordinada,
porque eso que está ocurriendo en la actualidad
con el derecho urbanístico pues, como consecuencia
de la sentencia, 61 barba, 97, como todos sabemos,
obvia los alumnos lo conocen.
Se produce una asunción de facto una necesidad de asunción
de las competencias en materia de urbanismo
y sobre todo en el ámbito legislativo por parte
de las comunidades autónomas nada más.
Y cuál ha sido la consecuencia desde el año 97 hasta ahora?
Además de las 17 legislaciones autonómicas que tenemos,
hay más de 90 normas entre leyes y decretos
que afectan directamente al urbanismo,
sin enumerar desde luego normas sectoriales o ambientales,
y no también tenemos legislación de ordenación del territorio,
hay 18 legisladores,
17 autonómicos y una estatal.
La primera reflexión que podríamos hacer este ante esta situación es
o la pregunta que hacemos yo todavía no tengo.
La solución no es.
Necesitamos más de 90 normas para tener el mismo esquema
o muy similar de planeamiento de ejecución del planeamiento
del que nos dotaba la Ley del Suelo de 1976.
Veamos, por ejemplo, un ejemplo de dispersión normativa
y procedimental que se ha de tener en cuenta el planificador
a la hora de elaborar un plan, un plan general de ordenación urbana
que tiene que tener en cuenta, en primer lugar,
el texto refundido de la Ley del Suelo
de 2015; segundo, la ley urbanística autonómica
después el reglamento de planeamiento estatal autonómico
también la ley de evaluación ambiental.
También en la actualidad la ley de cambio climático
en lo que en alguna parte
puede afectar la legislación de patrimonio histórico,
la ley de bases de régimen local y toda la legislación sectorial,
siempre y cuando quede afectada por por otra parte.
Esto qué es?
Lo que genera esta profusión de normativa
genera una enorme inestabilidad,
porque la, porque las normas son cambiantes y poco estables,
y esto se produce y se lleva produciendo además
desde el siglo xix no produce un efecto que es
un solapamiento normativo constante y de carácter contradictorio
que generan que, o sea, que genera o que devienen
que en una enorme inseguridad jurídica no es decir,
y además de inseguridad jurídica,
desde luego algo muy evidente y esa ineficiencia,
porque la edad media de un plan general en España
es de 18 años,
cuál es?
Quizás la causa de esta inestabilidad normativa
y este continuo solapamiento normativo,
y también esta beligerancia?
No es decir por qué norma autonómica que se aprueba,
norma, que es recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Estado
, norma estatal que se aprueba, norma que es recurrida
ante el Tribunal Constitucional por las comunidades autónomas,
no hay o hay una inexistencia de un auténtico pacto político
en torno al urbanismo y a la ordenación del territorio,
y esto conlleva conduce a una enorme judicialización acción;
conduce también a que los planes generales
se han convertido en una herramienta de una enorme inseguridad jurídica
en la que cualquier francotirador, dada la concepción tan amplia
de la acción pública en el ámbito urbanístico
que existe en España, puede atacar y puede anular,
y puede anular con efectos desde el inicio de su aprobación,
bien, pero por otra parte
también vemos cómo, además de esta profusión de normas,
además de esta inseguridad, existe una gran heterogeneidad,
pero es una heterogeneidad aparente,
y esta heterogénea heterogeneidad aparente también conduce
a cierta confusión por porque existen planes,
programas con dinamización, con denominaciones perdón,
muy similares, cuyo contenido jurídico o económico,
cuyas obligaciones, los derechos y deberes
para los propietarios del suelo, los urbanizadores,
son muy diferentes.
Así por ejemplo tenemos el concepto de plan especial
de reforma interior,
que es exactamente el mismo que utilizan otras legislaciones,
como el Pretty, que es un plan parcial de reforma interior
desde la perspectiva del concepto de aprovechamiento medio tipo,
por ejemplo, rompiendo el legislador estatal.
Este término, tal como lo recoge la Ley del Suelo,
el legislador autonómico
en algunos casos lo transforma y lo denomina edificabilidad,
media ponderada cuando tradicionalmente el concepto
de edificabilidad forma parte del concepto de aprovechamiento,
pero no es equivalente o no es sinónimo,
lo cual llevado al al equívoco de esta acepción?
Bien, esta es esa sensación que tenemos
no que tienen tanto la academia como los urbanizadores,
como aquellos que deben desde las administraciones locales,
deben aplicar en su día a día el derecho urbanístico.
Tenemos, por otra parte otro punto fundamental
no, y es esa necesidad de adaptación al modelo que marca el texto
refundido de la Ley del Suelo de 2015 que, como saben,
proviene a su vez del texto refundido de la Ley del Suelo
de 2008 de la Ley, de las tres erres de 2013,
ha habido.
Ha habido una resistencia de alguna manera
de la legislación autonómica, por llamarlo muy educadamente,
porque además de quizás resistencia podíamos hablar de olvido o abandono
o casi negación de la legislación estatal no,
y vemos cómo el Tribunal Supremo
está empezando a llamar la atención del legislador autonómico
en el sentido de que tiene que incorporar las nuevas categorías
que había introducido el legislador de de 2007,
con ello el texto refundido de 2015,
así decíamos.
El legislador estatal estableció un régimen jurídico
-jurídico básico donde lo relevante ya no es la clase
y la categoría del sol en la que estamos,
sino el tipo de actuación urbanística
que estamos intentando poner en marcha,
y los derechos y los deberes ya no van anclados
al propietario del suelo en cada una de las clases de suelo,
sino a la actuación concreta,
y muchas comunidades autónomas no han prestado atención alguna,
ni siquiera la más reciente
de y del suelo de la Comunidad de Madrid
a este cierto o intento de cambio de paradigma.
En este mismo sentido tenemos algunas sentencias novedosas
que no vamos, que no es el motivo de esta clase,
pero simplemente las dejo apuntadas por si las quieren consultar,
como son las sentencias, 205 de 2021,
sobre la nulidad del del plan especial de reforma interior
de la calle, Raimundo Fernández -Villaverde en el distrito
de Chamberí,
en el, que hace referencia a las actuaciones de dotación
y las actuaciones de urbanización a la hora
de tener en cuenta el la reserva de vivienda protegida,
que introduce el texto refundido de la Ley del Suelo
de 2015.
También, por otra parte, otra sentencia, ya no tan reciente,
del año 2017, de la operación Mahou Calderón,
sobre el actual de las actuaciones de dotación
y de reforma o renovación de la urbanización,
el intento de distinción de estos de estos conceptos.
Por lo tanto, hay también una serie de sentencias
que ya han ido apuntalando el Tribunal Supremo.
En cuanto a la pérdida de la utilidad del concepto
de clasificación del suelo, al configurar el régimen de derechos
y obligaciones en función del tipo de actuación y las características
de las actuaciones sobre el medio urbano,
es decir, llaman siendo bastante sentencias
que están llamando la atención del legislador autonómico
diciéndole.
Tienen que adaptarse a este nuevo modelo,
no bien, y también y lo mismo,
y no vamos a reproducir las todas aquellas sentencias
que declinan aplicar la teoría de los sistemas generales
que crean ciudad un poco en contraposición
con aquellas, las famosas sentencias de las radiales que entendían
que había sistemas generales que creaban ciudad y así computar el
valor de las mismas a efectos de expropiación como suelo urbano.
No antes aquí ya hay un cambio de tendencia,
un cambio de paradigma en el sentido de negar esa posibilidad,
como decíamos en el tema de las valoraciones,
y aquí ya hay una necesidad de de nuevo,
de aclaración de aclaración del legislador
en el que desde la sentencia del Tribunal Constitucional
del año 2015, que ya son casi seis años,
estamos ahora en el momento de la grabación de esta clase.
En 2021, en el que no hay modo
de calcular el valor de esta indemnización, no y él,
y a pesar de que el Tribunal Supremo insiste en ello, no hay una reforma
de la legislación estatal al respecto.
Por otra parte,
en cuanto a la valoración del suelo en situación básica rural
y los tipos de capitalización
no existe tampoco una regulación de los mismos,
y la ausencia de valoración de la indemnización está dejando coja
la valoración del suelo rural sujeto a actuaciones de nueva urbanización.
Qué es eso de la valoración del suelo rural?
Sujeto actuaciones de nueva urbanización.
El antigua suelo urbanizable,
no en el que en la legislación de 2007 el texto refundido de 2015
establecía una posibilidad de ponderación al alza
de hasta el doble,
pero que el tribunal constitucional declaró inconstitucional
la sentencia.
La reciente sentencia 1.747, 2020, has estado otra interesada,
esas valoraciones en suelo rural,
por lo que será el Gobierno quien deba afrontar la tarea
de definir de una vez por todas una nueva vía,
que equilibre la objetividad y la justicia en este tipo
de valoraciones.
Bien, frente a estos problemas, también tenemos una idea unificadora
y algo esperanzadora,
como es el la incorporación o la necesidad de la incorporación
del concepto de sostenibilidad integrada por encima del resto
de objetivos y determinaciones de planeamiento,
y en esta línea va también la nueva ley
de cambio que de cambio climático no.
Entonces, qué es lo que deberán deben implementar en un futuro
las legislaciones urbanísticas?
Pues que más allá de que el principio de desarrollo sostenible
o sostenibilidad ambiental sea un desiderátum,
se incorpore en los preámbulos de todas las legislaciones.
Se hace necesario cada vez más incorporar de manera
aún nada y de manera real
y de manera integrada la sostenibilidad social y económica
en las actuaciones y los planes,
de tal forma que se vinculen a las medidas,
es decir, a los costes y a las cargas de forma concreta
y muy singularmente además
en los impactos sobre las haciendas públicas,
sino no hay forma de hacer urbanismo sostenible integrado,
sino el urbanismo sostenible
o la concepción del desarrollo urbano sostenible.
Será un gran principio un desiderátum,
pero que no tenga o que no descienda realmente sobre el terreno
y nunca mejor.
Dicho bien, por otra parte, y también se hace necesaria
la introducción de la variable del tiempo,
es decir, la variable de las consecuencias
que existen tras la finalización de las actuaciones,
es necesario observar y analizar los planes expost,
evitando una mirada miope o cortoplacista
de los planes vinculado a la recepción de las urbanizaciones
y el otorgamiento de las licencias de primera ocupación por parte
de las entidades locales.
No se acaba ahí la función o la misión de los entes públicos
en el ámbito del urbanismo, sino que también es necesario
una valoración de esa sostenibilidad social y económica en el tiempo.
Pasamos al tercer gran bloque de novedades o retos del urbanismo
y del territorio en el siglo xxi y aquí entramos en.
Quizás podríamos haber empezado por esta parte, no,
pero yo quería empezar con cuestiones muy prácticas
y ahora elevarnos un poco más, no como para dejarnos un buen sabor
de boca no es decir que es como el chiste de.
Tengo una noticia buena
y una mala cualquier es, primero bueno,
pues yo he decidido contar primero las malas que se esa fragmentación.
Solapamiento normativo, pero aquí llegan las buenas no;
y las buenas cuáles son?
Que de alguna manera desde una perspectiva internacional
comienza a existir pautas comunes de carácter internacional
en el ámbito del desarrollo urbano;
son pautas comunes que nacen de la agenda urbana
de Naciones Unidas, aprobada en quito en el mes de octubre de 2016
que pueden parecer si uno se acerca al estudio
o al análisis de la agenda urbana muy etéreas, muy desordenadas,
pero que cada vez más y hacen ya o es siete años de la aprobación
de la agenda urbana,
están teniendo una aplicación práctica muy concreta,
no?
Y están ejerciendo como un soplo común
de carácter internacional una de sus consecuencias
o buenas no sé si consecuencia directa,
no porque tenemos la agenda urbana europea
también aprobada unos meses
antes de la agenda urbana de Naciones Unidas,
no sé si se hizo antes para competir,
pero que está entendida como un proceso de financiación,
sobre todo y esto es fundamental
desde la perspectiva de la Unión Europea,
como un proceso de financiación, de la regeneración urbana,
de la rehabilitación urbana del desarrollo urbano sostenible.
Por lo tanto, funciona, y perdóneme la expresión
como una zanahoria para las administraciones locales,
para las administraciones autonómicas o regionales,
de tal manera que si cumplen estos objetivos de desarrollo sostenible
o estos objetivos que marca la Unión Europea,
podrán tener final, podrán tener financiación
para desarrollar este tipo de proyectos
y, por lo tanto, que genera esto unidad que genera esto,
una uniformización de los procesos que no tenemos a nivel local,
desde la perspectiva del planeamiento urbanístico o desde la perspectiva
de la legislación, pero que sí vienen de parte
de los ordenamientos dicho entre comillas,
porque no son ordenamientos jurídicos estrictos en su internacionales.
Ya aquí tenemos los ejes clave de la agenda de Naciones Unidas, no,
y de la agenda urbana europea en las que destaca o insiste,
y de ahí la importancia y por eso he querido terminar
con ello la necesidad de una mejora en los sistemas de planificación
o de planeamiento,
la necesidad de la mejora de los sistemas de gobernanza,
palabra de moda.
Bueno, ahora la palabra de moda es la cogobernanza más que la cobra
más que la gobernanza, no, pero sistemas de coordinación.
Por qué?
Pues porque al tratarse España y esto lo tenemos perfectamente
asumido de un país altamente descentralizado
no es solo difícil a la colaboración horizontal,
sino también la colaboración vertical,
y esto, es decir, una mejora de la gobernanza se puede conseguir
en el ámbito urbanístico y de las políticas urbanas,
potenciando también el ámbito urbanístico,
la colaboración y la coordinación entre todas las administraciones
públicas.
Una manera.
Una buena manera sería, por ejemplo, crear una comisión específica
de coordinación del urbanismo.
De esta manera se conseguiría una actuación más uniforme
entre las administraciones públicas.
Otra manera que sería mi sueño,
aunque lo veo prácticamente posible prácticamente imposible.
En la actualidad.
Sería promover una ley de armonización
en el ámbito del urbanismo para crear otra vez realmente una ley
armonizada en la que todas las comunidades autónomas
se sintieran parte en las que él,
de forma que se pudiera romper este círculo vicioso beligerante,
de legislación, recurso, recurso, legislación
no en el que estamos metidos.
Por otra parte,
una necesidad y en eso estamos de la mejora de la transmisión
y la transferencia de conocimiento, y nos estamos desde la universidad,
con la transferencia y divulgación en el que la comparación,
desde la perspectiva de las comunidades autónomas,
la comparación también a nivel internacional
y desde luego una mejora de la financiación,
sobre todo en el plano de desvincular la financiación
de las haciendas locales del urbanismo.