Hola, soy Elena García Cuevas, profesora del departamento
de servicios sociales y fundamentos histórico
-jurídicos, en estos minutos vamos a hablar
de los principios rectores de la política social y económica,
y en este contexto recordaremos algunos de calles de y sistema
de servicios sociales
y de las leyes de servicios sociales de las comunidades autónomas,
algo que ya se ha tratado en los foros
y que también se ha dado en alguna ocasión
alguna clase sobre ello.
Como saben, en el libro de la asignatura
hay unos apartados sobre las referencias constitucionales.
Pues bien, en el marco de esas referencias constitucionales
vamos a hablar de los principios rectores,
la política social y económica, que en concreto,
como saben, se puede encontrar en los artículos 39 a 52
de la Constitución.
Estos principios rectores se encuentran
en el capítulo tercero, dentro del título
primero de nuestra Constitución,
que, como saben, llevar el título de los derechos
y deberes fundamentales.
En efecto, en este título
primero hay un capítulo segundo, premio a este,
donde sí que se contemplan derechos fundamentales,
bien con arreglo al artículo 53.
Tres de nuestra Constitución,
que se refiere, por cierto,
a las garantías de las libertades y de los derechos.
Ya se dice que estos principios rectores
tienen un carácter meramente informador,
no contienen derechos fundamentales propiamente dichos,
por lo que no podemos pensar en interponer un recurso
amparo en base a los mismos.
Por qué?
Porque no configuran derechos de aplicación inmediata,
y esto es lo que pretende explicar en estos primeros minutos,
puesto que ha habido algunas dudas sobre ello en los foros,
y creo que puede ayudar mucho al alumno.
Decimos esto porque, en cambio los derechos
de la y capítulo segundo, los derechos fundamentales
del capítulo segundo, en concreto
los de la sección primera, sí que pueden ser objeto de recurso
amparo ante el Tribunal Constitucional.
Bien sabemos
que entre los principios inspiradores de nuestro régimen constitucional,
que cierto son 5, yo solo quiero destacar el Estado social
y el estado democrático, porque ambos van unidos,
y no es posible la existencia del primero, sino el segundo.
De hecho, en la Constitución,
tanto en el preámbulo como en el artículo primero,
ya se establece que la nación española
proclama su voluntad de promover el progreso de la cultura
y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida,
y este Estado social que propugna,
pues es un Estado decididamente, intervencionista,
un Estado activo dotado de un ejecutivo fuerte,
como ya dice el profesor Díaz.
La verdad es que teniendo en cuenta
que uno de estos principios inspiradores de nuestro régimen
constitucional es el Estado social, los poderes públicos,
o sea el Estado,
se comprometen actuar en los ámbitos familiar,
social, laboral, cultural y económico,
ahora dependerá de cada gobierno, como muy bien sabe el alumno,
el que estos derechos sociales y económicos
y sitios sean una auténtica realidad y no una mera
declaración programática, no en vano y a menudo
pues se han reconocido estos principios rectores
como normas programáticas
o incluso este activas constitucionales.
Pero veíamos que esto no es así porque estos principios
vinculan directamente y no se pueden diola.
Vamos a ver por qué aunque tienen esa naturaleza
de no configurar derechos directamente exigibles,
como Acapulco acabamos de decir en los meros minutos,
sin embargo, tienen un valor normativo supremo
y en cuanto que son parte integrante de la Constitución,
y, por tanto, poseen un valor jurídico indiscutible,
rechazando la idea de que poseen un valor
meramente declarativo o programático
como acabamos de no olvidemos que todos los ciudadanos
y por supuesto los poderes públicos estamos sujetos a la Constitución.
Bueno, de no desarrollarse, Tales enunciados
estos principios rectores, desde luego el Estado,
no pasaría de ser un estado de muy liberal,
y de ahí la importancia de destacar que estamos en un estado social
y estado democrático.
Por ejemplo, en el tema de discapacidad,
que ya todos conocen, se contempla el artículo 49
nuestra Constitución,
nuestro texto se aparta de la carta social europea,
porque nuestra Constitución,
nuestra Constitución, la protección del discapacitado, no se encuentran
que los derechos fundamentales en el capítulo, derechos y deberes,
sino entre los principios rectores de la política social y económica.
Por lo tanto, las garantías y protección de este principio
de estos principios se sitúan en un nivel inferior,
y de dichos son los que gozan de una protección menor
frente a los derechos fundamentales del capítulo secundado
y por qué se sitúa en un nivel inferior,
pues porque se dejan las políticas públicas a los poderes públicos,
la tarea de atención a estos ciudadanos discapacitados
a través de una acción pública
que se corresponde y con los fines sociales del Estado.
Ahora bien, no debemos olvidar,
ya que hemos tratado el tema de la discapacidad,
que la protección de estas personas
ya es una cuestión de derechos humanos,
y yo lo resalto tal y como ha reconocido
a nuestro Tribunal Constitucional,
siguiendo, por supuesto, la Convención de Naciones Unidas.
En efecto, se contemplan en estos principios rectores,
y es lo que deseo resaltar derechos de sectores sociales específicos.
Ahí tenemos la protección de la familia de la juventud,
la infancia, la tercera edad, personas con discapacidad.
Bueno, pues sí en cuanto a los derechos sociales,
que también ha habido preguntas en los foros sobre ello.
Nuestra Constitución reconoce de modo complementario
ciertos derechos sociales
y consagra asimismo los denominados principios rectores
de la política social y económica,
y vamos a ver qué son estos derechos sociales,
los principios rectores que, como hemos dicho,
pretenden orientar las tareas de los poderes públicos.
Estamos ante derechos sociales ni lo pongo entre paréntesis,
que no consisten en la exigencia de un abstencionismo estatal,
una garantía de un ámbito de autonomía
Gozi dominio individuales,
sino que generalmente pueden interpretarse
como derechos de prestación,
aunque no son exactamente lo mismo y como ya veremos después,
que se traducen en el requerimiento de un dar o un hace estatal.
Bueno, la fuerza normativa de los principios rectores
de la política social y económica de estos artículos 39 a 52 insisto,
es muy relativa, y la doctrina mayoritaria entiende
que no nos encontramos ante derechos fundamentales,
como he dicho antes propiamente dichos y en ocasiones
ni tan siquiera ante derechos subjetivos,
ese artículo 53, 3, que habla de las garantías,
pues ya nos dice que estos principios solo
podrán obligarse ante la jurisdicción ordinaria,
como derechos subjetivos,
aquellos concretos que se hayan conocido en las debidas leyes
de desarrollo.
Voy a volver sobre este punto.
Ahora antes quiero recordar que en capítulos segundos
nuestro título primero, justo en el capítulo anterior
a este capítulo tercero, reconoce derechos fundamentales,
mientras que el capítulo tercero no contiene en principio verdaderos
derechos subjetivos, conforme al mencionado artículo 53.
3, estos principios de reconocimiento,
el respeto y la protección de estos principios,
informarán la indignación positiva, la práctica judicial
y la actuación de los poderes públicos,
pero añade que solo podrán ser a ligados,
como también acabo de decida, ante la jurisdicción ordinaria.
Ojo, que no!
Constitucional vale.
De acuerdo con lo que dispongan las leyes que lo desarrollen.
En efecto,
estamos ante preceptos que no son de aplicación directa o inmediata,
pero, como dice la profesora garcía tan sin su eficacia real,
dependerá no solo de aquel grado de desarrollo,
sino también de la presión que pueda ejercer la propia evolución social,
política y económica sobre los poderes públicos.
Efectivamente, hemos dicho que estos principios rectores
desbrozan de un nivel inferior de protección
con respecto a los derechos fundamentales del capítulo segundo,
y eso quiere decir que el título primero de la Constitución
abandona los criterios clásicos de clasificación de derechos
y libertades, y opta por esta cataloga así don,
en función de los diversos niveles de protección.
El hecho de que estos principios rectores,
bueno, pues no contengan derechos fundamentales propiamente dichos,
es lo que ha llevado algún autor,
como es el caso del profesor de Diego,
a decir que son una cenicienta de los derechos fundamentales,
y no le falta razón.
Es verdad
que los principios rectores tampoco son normas de aplicación inmediata,
cuyas prestaciones, pues tengan origen inmediato
en la Constitución,
porque requieren, como acabo de decir,
un desarrollo legislativo.
Para poder ser alegados ante los tribunales ordinarios,
no pueden tener, pues por sí mismos, acceso al Tribunal Constitucional,
y entonces, ese artículo 53, tres impide considerarlos normas
sin contenido.
Por qué?
Porque obliga a los poderes públicos
a tenerlos presentes en la interpretación
tanto de las restantes normas constitucionales como de las leyes.
Es verdad que bajo esta rúbrica principios rectores,
pues, tienen cabida preceptos de muy variada naturaleza
desde auténticos derechos sociales.
Vale, como sería el derecho a la protección
de la salud o la vivienda a fines de interés general
con cuasi es la distribución equitativa de la renta,
el progreso social y económico,
incluso verdaderos mandatos a legislador.
Por ejemplo, las sanciones contrate atentados,
hay patrimonio histórico, cultural y artístico
de los pueblos de España.
España, bueno, pues los principios rectores son, por tanto,
normas constitucionales de carácter programático
que marcan una orientación a la actuación
de los poderes públicos, y ahí ese valor informador
que se les atribuye en este sentido.
Por eso dice el artículo 53, 3,
que informaran la legislación positiva.
Esto es lo que significa.
Bueno.
Ese carácter programático
del capítulo tercero se hace también patente,
y en el artículo nueve dos de nuestra Constitución, que,
como saben lo que lo que así es,
afirmar que corresponde a los poderes públicos
promover las condiciones para que la libertad
y la igualdad sean reales, efectivas y también facilitar la participación
de todos los ciudadanos en lo que sería la vida política,
económica, cultural y social.
Por lo demás, sabemos que se incluyen
en este capítulo tercero, servicios sociales
de carácter social, como se ha dicho,
porque ahí tenemos la protección de la familia,
de los hijos y de los niños en la artículo 39,
el mantenimiento de un régimen público de la Seguridad Social,
una política en favor de la discapacidad, artículo 49,
tercera edad en el artículo 50, etc. Pero junto a otros principios,
como son, por ejemplo, la promoción de las condiciones favorables
para el progreso social y económico en la distribución de la renta,
la política en el pleno empleo, en el artículo 40, por ejemplo,
la salvaguarda de los derechos de los trabajadores españoles
en el extranjero, también;
el derecho a la protección a la salud.
Como sabemos, la promoción y la tutela del acceso a la cultura,
la promoción de la ciencia y de la investigación,
el derecho también a disfrutar del medio ambiente,
como saben, la conservación y promoción
del patrimonio histórico, cultural y artístico,
derecho a una vivienda digna,
cómo no, la participación de la juventud
en el desarrollo político, social y económica y cultural,
la defensa de los consumidores y usuarios
y también la regulación de las organizaciones profesionales.
Hemos hecho como un van teniendo rápido.
Sobre estos principios rectores
hemos hablado antes de derechos prestacionales
y he dicho que me gustaría hacer una aclaración
y porque no son exactamente lo mismo y en esto insiste el profesor
Alzaga; es decir,
no se debe confundir estos principios rectores.
Con la doctrina clásica denomina derechos prestacionales,
pero por qué voy a ponerles un ejemplo que les va a ayudar
a entenderlo perfectamente.
Quizá el derecho a la educación
es uno de los derechos prestacionales más ni y 2,
entonces la diferenciación ha de realizarse en base
a la distinta protección que ofrece la Constitución.
Por lo demás, como saben, en nuestro texto constitucional,
como ya en el libro de la asignatura,
suele aparece una referencia al sistema de servicios sociales
en el artículo 50 con motivo de la tercera edad.
Pues bien, en este contexto
pasamos a hablar de los sistemas de servicios sociales
y de las leyes de servicios sociales de las comunidades autónomas,
sobre todo porque, como saben,
ha habido algunas modificaciones con el paso del tiempo,
pero también por la adaptación a la realidad
y cada momento quiero recordar cómo en esa tarea de descentralización
de nuestro estado autonómico y cobra especial interés
y ese fuerte impulso
que las distintas comunidades autónomas otorgan al bienestar social
y veremos esas competencias que tienen las comunidades autónomas,
que están recogidas en un artículo 148
las exclusivas del Estado, que están recogidas en el 149,
sabemos que las sociedades democráticas modernas
y se distinguen por una definitiva preocupación
por esa reducción de las desigualdades
de las personas que tanto preocupa y también la mejora
de las condiciones de vida,
y por eso las administraciones públicas
ponen en marcha poderosas políticas sociales.
Pero ojo,
cuando hablamos de administraciones públicas debemos tener en cuenta,
como ya destacaremos también un poquito más adelante,
y que existe una red plural de administraciones,
porque tenemos la administración central,
la autonómica y la local.
Eso va a exigir una labor de coordinación
y de cooperación interadministrativa muy intensa.
Bien sabemos que se han transferido que voy a decir
que no sepa oyente las competencias desori, competencias, funciones
y servicios del Estado a favor de las comunidades
autónomas, lo que exigirá esa labor de coordinación tan importante
que destacados, de hecho la provisión de servicios y de prestaciones
públicas ligados al estado de bienestar,
pues ha sido el principal cometido
transferido a las comunidades autónomas con arreglo
a nuestra Constitución.
Sabemos que queda muy claro que los poderes públicos
deben realizar una poderosa función de promoción del bienestar social.
Sabemos también que los servicios sociales
son uno de los sistemas del estado de bienestar conjuntamente
con la Seguridad Social, el sistema de salud,
el sistema de educación, las políticas para la ocupación,
las políticas de vivienda y otras actuaciones públicas.
En definitiva, como ya aparece en los preámbulos
de algunas de estas leyes de servicios sociales,
pues van a ser un instrumento para favorecer la autonomía
de las personas, mejorar las condiciones de vida,
eliminar situaciones de injusticia social
y favorecer la inclusión social, como digo,
en esta no es una definición que aporte yo ahora
en estos momentos, sino que se puede encontrar
en los preámbulos de algunas de las leyes de servicios sociales
y todo ello a través de las estructuras y servicios públicos
de la comodín 8.
La administración del Estado,
las comunidades autónomas y de las corporaciones locales,
el denominado sistema de servicios sociales,
que debemos tener en cuenta.
La amplitud de estos términos
se configura atendiendo a dos objetivos principales.
Como ya destaca Sauquillo, el derecho social
de los ciudadanos a la protección social
y, por otro lado, la articulación de competencias
en esta materia en el marco de las comunidades autónomas.
Puede definirse entonces
como el conjunto integrado de también coordinado,
añadimos.
Programas de recursos,
de prestaciones de y de actividades y de equipamientos,
todos ellos destinados a la atención social de la población
y gestionados por regla general.
Por las administraciones autonómicas y locales,
y eso también queda muy patente en el libro de la asignatura
puede estructurarse además en servicios sociales básicos
o primarios, como saben, y especializados o específicos,
y estos últimos requieren una especialización técnica
o la disposición de recursos determinados al amparo del artículo
148 de la Constitución,
que, como he dicho antes, recoge las competencias
de las comunidades atribuidas a las comunidades autónomas.
En concreto, en el apartado primero y la competencia,
20 ya nos dice que las comunidades autónomas
podrán asumir competencia en materia y asistencia social
allí y esto ha sido matizado por los respectivos estatutos
de autonomía y sus leyes de servicios sociales.
Sabemos que en ese proceso de descentralización se han ido,
que ha sufrido nuestro estado autonómico.
Se han ido transfiriendo las materias de servicios sociales
y asistencia social a todas las comunidades autónomas.
Con carácter de competencia casi exclusiva importe
dijimos casi exclusiva porque, como saben,
se reserva listado la regulación en las condiciones que garanticen
la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos,
pero también en el cumplimiento de sus deberes.
Esto lo pueden encontrar en el artículo 149,
apartado primero, en la competencia primera
y además también a mí me gustaría resaltar,
porque creo que la labor que realiza el Tribunal Constitucional
es de interpretación, es muy importante,
pues ha ratificado esta competencia que poseen las comunidades autónomas
en materia de asistencia social.
En concreto, en una sentencia de 2002 en donde afirma que,
dado que gozan de esta competencia,
van a poder otorgar ayudas de esta naturaleza a colectivos
de personas que aún percibiendo prestaciones asistenciales
del sistema Seguridad Social se encuentren en situación real
de necesidad, con la única exigencia de que no interfiera el reinicio
jurídico de la Seguridad Social, en consecuencia,
corresponde a las comunidades autónomas en el ejercicio
de sus competencias referidas a la asistencia social,
la potestad legislativa y reglamentaria,
como ya se pueden imaginar, pero también la función ejecutiva.
La comunidad autónoma va a ser entonces,
como también destaca Sahuquillo, el ámbito propio de la acción
de los servicios sociales,
tanto a nivel de planificación regional,
gestión de centros especializados, prestación de asistencia técnica,
como no a las corporaciones locales,
como también de coordinación y supervisión.
En su territorio la labor desde luego es de una envergadura considerable.
De esta manera se da cumplimiento vamos
a otros artículos de la Constitución que están estrechamente vinculados
con esto que acabo de decir.
Por ejemplo, el artículo 9,
que, como hemos dicho antes, se refiere a promover las condiciones
para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas,
pero también el artículo 10, 1,
que se refiere a la dignidad de la persona,
que también está estrechamente vinculado con estos sectores
específicos, con los derechos o servicios sociales
de estos sectores específicos, pero también el artículo 14,
el principio de igualdad que, como saben,
tiene distintas dimensiones.
También el artículo 39, que ya hemos citado,
sobre la familia, los hijos y el artículo 40 al pleno empleo,
el 49, que efectivamente se refiere a la discapacidad;
y el 50 la tercera edad a su vez.
También debemos tener en cuenta el artículo 149
las competencias exclusivas del Estado.
En el apartado primero, la competencia 17
dispone que la ejecución de los servicios de la Seguridad Social
siga asimismo competencia de las comunidades autónomas,
pero no podemos dejar en el tintero la ley de 1985, que es la ley,
7.185, reguladora de las bases de régimen local.
Por qué?
Porque esta ley asigna a los municipios competencias,
y además muy importantes
en materia de prestación de los servicios sociales,
también de promoción y reinserción social,
siempre dentro del marco de la legislación del Estado
y de las comunidades autónomas.
Las leyes de servicios sociales,
pues lo que van a pretender es potenciar el avance de ese modelo
de Estado social que hemos descrito en los primeros minutos
y que consagra nuestra Constitución, buscando siempre ese compromiso
de los poderes públicos para obtener los recursos necesarios
que precisa un sistema universal, garantista y, por supuesto,
de calidad de los servicios sociales.
De este modo, y fíjense,
la Constitución incorpora los principios contenidos
en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas de 1948,
al situar los derechos sociales y económicos al mismo nivel
de importancia que los derechos civiles y políticos.
Yo creo que esto es muy importante y, además,
los principios que informan las leyes de servicios sociales,
también han tenido en cuenta la carta social europea de 1961.
De hecho, se puede encontrar esta carta referenciada
en los preámbulos y exposiciones de motivos de algunos,
estas leyes de servicios sociales de las comunidades autónomas,
la mayoría de las cuales, como saben,
pues han sufrido modificaciones, como también el resaltado
al principio como consecuencia no solo del paso del tiempo,
sino también de las nuevas realidades que vive la sociedad.
En cada comunidad y en cada momento.
Podíamos hablar distintos factores
como el envejecimiento de la población,
el riesgo de desigualdades personales o colectivas,
las situaciones también de dependencia,
cambios en el mercado laboral y otras, en cambio,
se han creado ex novo y son nuevas promoviendo una red
de equipamientos y servicios que han hecho posible la implantación
y el desarrollo de los servicios sociales
con distinto alcance en todo el territorio del Estado,
como también destaca Alfonso Utrilla.
También debo decir,
aunque lo vamos a destacar con más detalle
en unos minutos que también estas modificaciones de las leyes
y servicios sociales han tenido lugar para adaptarse a la a
-lo que ha dictado la Unión Europea,
en concreto, unas directivas de la Unión Europea
que se aprobaron en 2014.
Hablaremos de ello.
Bueno, se observan todas estas leyes de servicios sociales,
la presencia de unos principios inspiradores
que también tiene el alumno reflejado en el libro de la asignatura lluvia.
Destacar solvay algunos rapidísimamente como saben
la universalidad la responsabilidad pública
la coordinación la descentralización la solidaridad la igualdad
la globalidad la calidad vamos a tener no solo en algunas de ellas,
en concreto al principio de universalidad,
como saben, evoluciona hacia una nueva
consignación de los servicios sociales como derechos subjetivos
de las personas, el principio de igualdad,
que yo siempre diciendo muchísimo por por la las dimensiones que tiene
el mismo,
pues, como saben, se proyecta hacia el objetivo
de garantizar algo muy importante, que es un nivel mínimo
de prestaciones homogéneas, y, por último,
el principio de globalidad que va a permitir integrar la acción social
en una dimensión global de que hacer colectivo,
y, es decir, se trata de una política o un proyecto global,
todo ello, pues conduce a considerar los servicios sociales,
como sabemos, como los instrumentos necesarios
en orden a conseguir mayores cotas de bienestar social
de los ciudadanos, como también aparece reflejando
en los preámbulos de algunas de estas leyes de servicios sociales.
Por lo demás, la idea de coordinación y de cooperación interadministrativa
está muy clara,
pero en la respectiva comunidad autónoma también ha sido
incorporada.
Y en sus leyes servicios sociales, siempre con esa intención
de garantizar unas prestaciones mínimas homogéneas
en todo el territorio de la comunidad
y además también obtener la máxima eficacia
en el funcionamiento del sistema de servicios sociales.
Por este motivo,
es importante la regulación de las fuentes de financiación.
Como saben, un tema bastante complejo
y y también los principios generales de coordinación y cooperación
que han de informar la actuación administrativa
de estas leyes autonómicas.
También se infieren los objetivos fundamentales
de los servicios sociales,
que también destaca Alfonso Utrilla.
En primer lugar, el desarrollo pleno y libre
de los derechos de las personas y los grupos;
en segundo lugar, la garantía en la cobertura
de las necesidades sociales; y, por último, la prevención
de las circunstancias que originan la marginación;
un problema muy delicado dicho de otro modo,
pues se trata de garantizar la igualdad,
adaptar el sistema a los procesos de cambio de la realidad social
y promover la plena inserción de las personas y grupos
en la vida comunitaria.
Pero lo más importante a mi juicio es que las leyes de servicios sociales
han sido el resultado de un gran esfuerzo de integración,
de las aportaciones realizadas por los distintos agentes implicados,
buscando siempre ese consenso político y social,
pero también la cohesión y la justicia sociales,
lo que desde luego,
a la vista de todas las leyes de servicios sociales,
pueden afirmar con orgullo las estas comunidades autónomas,
sobre todo a raíz de las últimas modificaciones.
Queda claro que las leyes de servicios sociales
establecen las competencias que los distintos
los distintos estatutos de autonomía recogen sobre esta materia.
Además, poseen el carácter de la informal dictada por lo tanto
por la correspondiente cámara legislativa autonómica
y también ha sido objeto de abundante legislación
de desarrollo.
Sabremos que se incluye expresamente el concepto de cartera,
que no nos vamos a tener en ello, porque creo que todos
sabemos en qué consisten la cartera de servicios sociales,
solo recordar que se trata de un instrumento que determina
el conjunto de prestaciones económicas y tecnológicas
de la red de servicios sociales de atención pública.
Se puede encontrar sin Cataluña a título de ejemplo nada más
y las Baleares Cantabria, Navarra, La Rioja a partir de la publicación
en el diario oficial de la Unión Europea
en 2014 de las nuevas directivas de contratación pública
que se aprobaron en 2014.
En concreto fueron tres directivas antiquísima
24, 25 veintitres de 2014.
Ha tenido lugar un importante movimiento legislativo
autonómico.
Digo esto porque se han tenido que adaptar lógicamente estas leyes,
servicios sociales de las comunidades autónomas
a lo establecido por estas directivas de hecho,
será a partir de 2017 con una ley de 2017
precisamente de contratación del sector público
cuando se produce el acta la trasposición de esas directivas
a nuestro ordenamiento jurídico español.
Pues bien,
efectivamente esas directivas a partir de esas directivas
de contratación pública se produce ese movimiento legislativo importante
porque va a estar encaminado a redefinir
lo que serían las fórmulas de prestación
de los servicios sociales, el cambio significativo y afecta
de lleno a una figura tradicional de colaboración privada.
Podíamos decir con mi sistema público de servicios sociales.
De ahí la trascendencia que tiene para nuestra asignatura
que ese concierto social y los puntos más relevantes,
a mi juicio, yo también es que irrumpe
como elemento clave esa idea de sin fines del lucro,
y el segundo punto relevante,
pues sería que se acuñado esa nueva denominación,
concierto social, que en otros países,
pues se habla de acreditación o de licencia,
y es una expresión que casi todos los legisladores autonómicos
han hecho suya.
Bueno, esa remodelación, pues ha exigido la reforma
de las correspondientes leyes autonómicas de servicios sociales
y, teniendo en cuenta que es una nueva fórmula
para gestionar estos servicios,
que se entiende entonces por concierto social,
pues va a ser el instrumento por medio
del cual se produce la prestación de servicios sociales
de responsabilidad pública a través de entidades acreditadas.
Vale.
Cuya financiación acceso y control,
pues sean públicos.
Como he dicho antes, eran 2017 cuando se produce esa transposición
de las directivas a nuestro ordenamiento,
y será a través de la Ley 9.
Va a 2017, de ocho de noviembre, de contratos del sector público,
a través de esta ley, pues se transponen
a nuestro ordenamiento esas directivas,
donde se reconoce ya las competencias de las comunidades autónomas
para la prestación de servicios de carácter social, muy reciente,
porque es de.
Hace pocos meses se aprobó el decreto,
en mi caso, de CastillaLa Mancha.
El decreto 52, barra 2021, de cuatro de mayo,
por el que se regula concierto social para la gestión de servicios sociales
y atención a las personas en situación de dependencia,
y precisamente en ese decreto
ya se regula la naturaleza jurídica de estas prestaciones concertadas,
y ahí se dice que estas prestaciones concentradas tendrán
la consideración de sistema público de servicios sociales
y de atención a la dependencia con anterioridad,
pues también se aprobó el decreto en Cataluña,
el decreto 69 en 2020, 14 de julio de acreditación.
Ahí sí se utiliza este término de acreditación,
conciertos sociales y gestión delegada.
En la red de servicios sociales de atención pública se observa
y ya vamos terminando que la legislación autonómica
en sus leyes servicios sociales
se han tenido que adaptar a lo dictado por la Unión Europea,
concierto social.
La compleja estructura territorial del estado español
hoy se ha traducido no también,
como ha resaltado al principio en una plural plural,
red de administraciones públicas central, autonómica y local.
Reitero, y de esta manera se impone la exigencia
de establecer mecanismos muy ágiles de cooperación.
Yo añadiría voluntaria una cooperación interadministrativa
en la aplicación de las políticas sociales,
la cual debe conseguirse entre la comunidad autónoma
y las entidades locales
y ambas administraciones con la Administración General del Estado,
por supuesto en aquellas materias en que este ostente competencia.
Asimismo, las administraciones públicas
deberán fijar en los mecanismos de coordinación
que permitan dotar al sistema público de servicios sociales
de la coherencia y eficacia necesarias.
Cuando hablo de coherencia me refiero de la acción pública
en el territorio y también obtener un desarrollo
equilibrado de las prestaciones que garanticen esa homogeneidad
en lo que serían las oportunidades de acceso a estos servicios
y quizá lo más relevante y lo más preocupante.
En este sentido, creo que han hecho una labor muy importante
o han actuado los servicios, los conciertos sociales.
Quiero terminar recordando una frase de Jordi Sevilla,
un ciudadano, tres administraciones.
Por este motivo son tan importantes los conciertos sociales,
la oferta de servicios sociales y con ello ya concluyo,
adolece todavía, como saben,
de una interior trinidad bastante acusada por comunidades autónomas,
pero todo ello tiene una razón o una justificación.
Sabemos que estas comunidades autónomas,
pues han realizado esfuerzos económicos
muy diferentes en el ámbito de las actuaciones
encaminadas a prevenir la exclusión social
y combatirla por la pobreza, lo que desde luego, como he dicho,
se puede encontrar cierta justificación
en la desigual presencia de estos sectores específicos
en algunos territorios.
Bueno, confío en que con estas aclaraciones
en torno a los principios rectores, la política social y económica
en el marco de esos de esas referencias constitucionales
que aparecen en el libro de la asignatura
y que quizá cueste un poquito más al alumno y este recordatorio
de la los principales rasgos de estas leyes y servicios sociales
hayamos podido ayudar al alumno en el estudio
de todos los temas posteriores.
Muchas gracias por su atención.