Soy Elena García Cuevas, profesora del departamento
de servicios sociales, y fundamentos histórico
-jurídico, y en esta clase vamos a hablar de la protección
en el ámbito de la discapacidad y los mecanismos de protección social
de las personas de la tercera edad.
Esto nos llevara también al tema de la dependencia.
Nuestra intención va a ser presentar las referencias constitucionales
como base de los servicios sociales en estos ámbitos.
En el caso de la protección en el ámbito de la discapacidad,
como saben mis casi obligado,
considerar la misma como una cuestión de derechos humanos,
cómo se cómo vamos a ver enseguida.
Vamos a comenzar por la protección de los derechos humanos
de las personas con discapacidad,
que, como saben, sin duende, tan ni recogido,
el tema de la discapacidad,
en el artículo 49 de nuestra Constitución,
sabemos que van a ser las políticas públicas.
Incumplen el mandato constitucional de este artículo 49,
las que principalmente contribuyan y determinen el negocio
de una serie muy amplia de derechos por parte
de las personas con capacidades diferenciadas.
Si es mejor utilizar estas expresiones
antes que el término disminuidos que utiliza nuestro artículo 49,
que es lo que ha llevado, por cierto,
o a plantear una reforma social de la Constitución,
en concreto ella hay un anteproyecto de reforma de este artículo 49,
como veremos en seguida.
El objetivo primordial
desde luego va a ser apuntar hacia políticas y sociales
y educativas, visibles transparentes y específicas
que permitan salvaguardar la vigencia de los imperativos constitucionales.
La verdad es que la jurisprudencia constitucional,
como voy a poner algún ejemplo de alguna sentencia,
pues ha contribuido a reforzar la transparencia
en las políticas de previsión, de integración
y también de amparo de las personas con alguna discapacidad,
y realizando siempre una interpretación de ese precepto
desde una perspectiva de derechos humanos,
lo que también han hecho.
Por supuesto se ha hecho anteriormente
por documentos internacionales, la protección de las personas,
de la persona discapacitada.
Desde luego ha ido evolucionando con el paso del tiempo
hacia una política de integración social.
Hoy hablamos de inclusión social
y como discapacidad de la sociedad.
En este sentido, apuntan las políticas públicas
centradas desde hacía décadas en la lo
que sería la igualdad de oportunidades para todo
o los ciudadanos y la llana que vamos a insistir en la no discriminación,
una de las dimensiones del principio de igualdad de nuestro artículo 14
de la Constitución en los documentos e instrumentos internacionales
sobre derechos de los discapacitados,
que tenéis muy bien recogido en el libro de la asignatura.
Se habla de la discapacidad
entre las circunstancias de discriminación prohibidas,
ya que está en juego la propia dignidad y divertad
del discapacitado, pero también el respeto propio
y de los demás y su integridad como sujeto autónomo de derechos.
Esto también lo ha firmado y rodríguez
-piñero, que ha trabajado mucho sobre estos temas,
y estas afirmaciones, además, tendrán un reflejo en la autonomía
y también en la determinación que debe permitir al discapacitado,
pues adoptar decisiones sobre el propio curso vital,
y ese es un poco la idea que queremos transmitir, es decir,
posibilitar el libre desarrollo de la personalidad
también de las personas con discapacidad,
el hecho de con templar los derechos de los discapacitados,
desde esos valores de igualdad, dignidad humana y economía personal
y su evolución,
así como el desarrollo legislativo, por supuesto,
y la jurisprudencia constitucional en particular en estos últimos años
o y también la jurisprudencia ordinaria son factores
que han permitido confirmar la integración de la discapacidad
en los motivos de discriminación de dados del artículo 14
de la Constitución.
Desde luego, la finalidad y contenido del artículo
49 de nuestra Constitución es garantizar todo ello
y impulsando,
lógicamente una nueva lectura de este precepto.
La puesta en práctica mi
de este artículo,
pues le ha proporcionado una gran relevancia jurídica
y, sobre todo repito, en la y las últimas décadas,
ya que particulariza en un colectivo,
en un sector especialmente necesitado de protección y tutela,
ese genérico deber de los poderes públicos,
tanto del Estado,
de garantizar una igualdad real y efectiva en todos los ciudadanos,
como ya se contempla en el artículo enemigos
de la oposición, inducción.
Eso nos lleva a hablar de unos principios generales
específicos que debería recoger nuestro artículo 49
en el ámbito internacional, si existe una gran sensibilidad
en torno a la igualdad de oportunidades
y a la no discriminación por cualquier condición o circunstancia
personal o social.
Solo mencionar ahora la carta social europea,
que también tenéis mencionada en la referencia ahora concienciada
y miembro de la asignatura si esta carta social
europea de 1961, que fue revisada por añadir nuevos derechos
y adaptarla a los cambios sociales, y en concreto se revisan,
y 996 en el marco del Consejo de Europa.
Como también sabéis que fue finalmente ratificada por España.
Recientemente, en junio de 2021, después de varios años
para garantizar la participación de las personas con discapacidad
en la vida de la unidad, se contempla lo
que sería la promoción de su acceso, por ejemplo, al empleo,
mediante todas las medidas
encaminadas a estimular a los empleadores para que contraten
y mantengan empleadas a las personas discapacitadas
en el entorno habitual de trabajo y a adaptar
las condiciones de trabajo a sus necesidades,
y esto lo podéis encontrar en la carta social europea
y, por cierto, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos.
Ya en 1993 afirmó que todos los derechos humanos,
y por supuesto,
libertades fundamentales son universales por lo que comprende
y si reservas a las personas con discapacidades,
el desarrollo legal de ese artículo 49
así como la adaptación en la directiva europea de y el año 2000,
la Directiva 2.078 también la Convención de las Naciones Unidas
dieron lugar a una serie de leyes
y, sobre todo, en 2007,
como también sabéis que han sido refundidas
en ese real decreto legislativo uno barra, 2013, de 29 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley genial y derechos
de las personas con discapacidad.
Su inclusión social es desde luego es casi obligado en este punto traer
a colación la estrategia española sobre discapacidad 2014, 2020,
para la aplicación de esa Ley General de derechos
de las personas con discapacidad así se estableció el plan de acción
de la estrategia española, con cuatro ejes.
Cuatro ejes principales.
Igualdad para todas las personas, empleo, educación, accesibilidad
y dinamización de la economía.
También en el ámbito autonómico,
como sabéis, existe una amplia normativa
desde luego el Tribunal nuestro Tribunal Constitucional,
como decía, analizado el alcance cada vez mayor de este artículo 49,
con una gran delicadeza desde una perspectiva de derechos
humanos conectándolo con otros preceptos
y teniendo siempre muy presente la Convención de las Naciones Unidas.
En líneas generales, el Tribunal Constitucional
corrobora la conexión del artículo 49 con el mandato de tratamiento igual
y no discriminatorio de las personas con discapacidad.
Siguiendo también hay mandato del artículo 14
del simple de igualdad que por cierto ha habido consultas
en los foros sobre este particular.
Con las últimas sentencias
de nuestra Tribunal Constitucional se confirma la gran trascendencia
que ha adquirido con mi paso del tiempo
este artículo 49 es muy interesante, una sentencia de 2018,
el Tribunal Constitucional donde reina
reitera este la conexión del artículo ocex con los artículos 49 el 9.
Dado,
si es habéis este último libertad, igualdad reales y efectivas
e invoque el artículo 102 de la Constitución,
que, como se ha visto visto a mí se refiere
a la aplicación de los derechos a la luz de la Convención
y también la prescripción de los ajustes razonables,
es algo que son expresiones que utiliza
nuestro Tribunal Constitucional.
Además,
la discriminación puede afectar a más de un hecho fundamental,
puede afectar a más de un derecho fundamental,
porque en ese caso se va a producir lo que llamamos una discriminación
múltiple.
Este concepto, por cierto,
no es que sea una novedad por parte del Tribunal Constitucional,
sino que ya se año puedan,
ya sea en la Convención de las Naciones Unidas,
en su preámbulo
y en su artículo sexto, donde se observa claramente
esa preocupación por la situación en que se encuentran
los discapacitados en cuanto víctima, las leyes
o agravadas, en formas de discriminación,
por distintos motivos.
Raza, sexo, revisión haciendo especial referencia
fijaos a las mujeres y a las niñas con discapacidad.
Esto lo podéis encontrar también en el artículo 7.
Cuatro de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad.
Recoge esta protección de personas especialmente vulnerables.
Pues bien, sabéis que en el artículo 49
se utiliza el término disminuidos lo que ha llevado
a plantear una bueno, que ha sido bastante criticado,
sobre todo teniendo en cuenta lo que dicen los documentos
e instrumentos internacionales,
y se ha llegado a una propuesta de reforma social
de la Constitución, en concreto de este artículo 49.
En efecto, este artículo 49
es un precepto que cuenta con el claro presidente
de la Constitución portuguesa y de 1976,
la cual dentro de los derechos y deberes sociales
su artículo 71 se encuadra bajo el rey,
el rótulo ciudadanos discapacitados.
Desde luego es una expresión mucho más acertada
que el término disminuidos que utiliza nuestra carta magna.
Esta terminología que emplea nuestro artículo 49
disminuidos en con ese considera, a todas luces obsoleta,
teniendo en cuenta, como he dicho anteriormente,
el uso en las últimas décadas de otros conceptos
diversidad funcional, vida independiente,
discapacidad, con la pretensión de eliminar la amistad,
civilidad en la definición de este colectivo de este sector,
pero lo más relevantes que este precepto incluye,
una protección jurídica desde un enfoque de derecho social
y no una visión meramente médica del tratamiento de la discapacidad,
y en concreto como sabéis,
este artículo que ahora os voy a intentar reproducir
es verdad que se ha, se ha confirmado que también que nuestro artículo 49
recibe influencias de la carta social europea
y que obliga a los Estados miembros a adaptar las medidas que están allí
indicadas.
Desde luego, es verdad que nuestra Constitución
se aparta en algunos extremos de esa carta social europea,
entre otras razones porque nuestra Constitución,
como bien serveis la protección del discapacitado no se encuentra,
no se encuentran que los derechos fundamentales
en el capítulo, derechos y deberes sin entre los principios rectores
de la política.
Eso Ziani económica.
Por lo tanto, gozan de una protección menor
o en un nivel inferior de protección,
dejando las políticas públicas la calidad de atención
a estos granos discapacitados a través de una acción pública
y que bueno pues que se va a corresponder lógica ambiente
con los fines de los fines sociales del Estado,
pero es verdad que utilizaron me remito a lo que dije en la otra,
vi yo clase en la anterior video,
clase que grabamos a los principios rectores,
la política social y económica.
Por lo tanto allí ya
desarrolló un poco esta cuestión,
oceans estos principios rectores de una protección menor.
Entonces lo cierto
es que con la actual redacción de nuestro artículo 49,
pues no se contemplan plenamente las directrices y principios rectores
de la política a desarrollar en relación
con las personas con discapacidad,
como ya se ha destacado por la doctrina científica.
En algún momento, en algún momento, desde luego,
con el paso de los años se ha visto que este precepto,
como he dicho antes, y su puesta en práctica
y pues adquiere una gran relevancia porque va más allá de una amiga,
de integración programática
y como suelen ser los principios rectores,
la práctica social y económica.
En consecuencia, y de alguna manera, como una recuerda también rodríguez
-piñero, se puede hablar de un reconocimiento constitucional
de derechos de las personas con discapacidad
y llegando incluso a servir de base de un llamado derecho
de la discapacidad.
Desde luego, el artículo 49
implica reconocer un derecho de ciudadanía igual
para las personas con discapacidad, tanto en sus derechos,
podríamos decir cínicos con sus derechos sociales.
Bueno, entonces todo esto que estamos diciendo,
pues ha llevado a la necesidad de dar nuestro artículo 49
a la realidad actual y recoger igualmente
ese sentimiento tan respetable de las personas con discapacidad.
Desde luego, sería la primera reforma social de nuestra Constitución,
una reforma más acorde con el mode lo social y de derechos,
y acabamos de describir esa propuesta inscribe a las personas
con discapacidad.
En un enfoque exigente de derechos y aborda el cambio de terminología,
ya consagrando constitucionalmente la expresión personas
con discapacidad, en lugar del término disminuidos
que encontramos actualmente persona con discapacidad, como corresponde,
y según los compromisos internacionales de derechos humanos
asumidos por España,
sabemos que el anterior texto perdón el texto vigente,
el texto vigente del artículo 49, pues reza de la siguiente forma.
Los poderes públicos realizarán una política de previsión,
tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos,
y si yo tacharía esta palabra sensoriales y psíquicos,
a los que presentaran la atención especializada que requieren
y los ampararán especialmente para el disfrute
de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos?
No cabe duda que este artículo actual,
que les constituyente dejó en el año 78
plasmado en este precepto,
ha quedado obsoleto a todas luces teniendo en cuenta, como digo,
estos documentos, instrumentos internacionales
y también la postura del Tribunal Constitucional,
y sobre todo hay que evitar esa palabra disminuidos.
Pues bien, en efecto ya contamos con una buena texto
propuesto y han hecho 50, hace meses que contamos
con un anteproyecto de reforma, pues este nuevo texto
recoge un conjunto de principios específicos,
a la luz de la Convención de las Naciones Unidas,
a través de cuatro apartados, cuatro apartados,
cada uno de los cuales reflejan una dimensión diferente
de la protección de las personas con discapacidad
y que, desde luego, a nuestro sistema de servicios sociales cumple muy bien
o cumpliría muy bien lo que este es esta nueva redacción
del artículo 49, que dice esta nueva redacción que reitero,
todavía no se ha aprobado esta reforma social,
pues en cuatro apartados dice lo siguiente.
Las personas con discapacidad son titulares
de los que habla de personas con discapacidad,
no de disminuidos.
Son titulares de los derechos y deberes
previstos en este título.
En condiciones de igualdad real y efectiva.
Ya está cumpliendo también el artículo 49.
Perdón, nueve 2.
La artículo 9, 2,
sin que pueda producirse discriminación ya está haciendo
una referencia al artículo 14 de la Constitución.
Añade en el párrafo 2.
Los poderes públicos realizarán las prácticas necesarias
para garantizar la plena autonomía personal, se incluye
y se incluye en estos términos a su autonomía personal,
algo también muy positivo e inclusión social
de las personas con discapacidad.
Estas políticas respetaran su libertad de elección y precedencia
si serán adoptadas con la participación
de las organizaciones representativas de personas con discapacidad
se atenderán particularmente a las necesidades específicas
de las mujeres y niños con discapacidad.
Por cierto, esta es una idea que o se reflejan hace unos minutos
y que como veis, queda recogida en el párrafo dos
de la nueva redacción, en el párrafo 3,
que dice que se regulará la protección reforzada
de las personas con discapacidad para que no ejercicio sus derechos.
Ya se habla de una protección reforzada
y en el párrafo cuarto pues se encuentra algo muy interesa,
y es que hace alusión a los acuerdos internacionales,
al convenio de las Naciones Unidas,
porque dice.
Las personas con discapacidad gozan de la protección prevista
en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.
Bueno, no cabe duda, como hay.
Si os he dicho que con este último inciso,
pues está aludiendo a la Convención de las Naciones Unidas,
con con esta referencia, que no existía hasta ahora,
y las críticas hacia la expresión disminuidos,
insisto en ello,
pues han sido muy recurrentes por este motivo
y en aras de un trato digno hacia es de colectivos
de ese sector.
En la propuesta de reforma integral del artículo 49
suprime esta expresión disminuidos,
para dar paso a los vocablos empleados,
en los documentos e instrumentos internacionales que he mencionado.
En páginas.
Otros nuestros primeros minutos es personas con discapacidad,
pero o fijaros que el cambio va más allá de la terminología,
como puede observarse, con esta norma;
redacción en cuatro párrafos que se acabó extinguir
porque se pretende reformar la propia estructura del artículo.
Transforman igualmente el espíritu o visión anterior,
porque meramente asistencial o vírica y su tratamiento;
rehabilitación, atención especializada
que no encuentra ya encaje en la Convención de las Naciones Unidas,
incluyendo ahora ese concepto de autonomía personal
que encamina Estado, cuando se reproducido el arte;
y la propuesta de reforma de este artículo 49,
en concreto ya para terminar con la discapacidad,
y pasar a las decenas edats.
Este precepto, el artículo 49, como sabéis,
pues da pie para ofrecer a las personas con discapacidad
unos servicios sociales de atención primaria
y especializada que tenéis perfectamente descritos en el libro,
pasando ya a lo que sería la protección social
de las personas de la tercera edad.
Ese contempla, como sabéis, en el artículo 51 artículo 50,
que reza si los poderes públicos garantizarán mediante pensiones
adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica
a los ciudadanos durante la tercera edad
y también con independencia de las obligaciones familiares
promoverán a los que se utiliza el verbo promover su bienestar
mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas
específicos de salud, vivienda, cultura y ocio,
fijarnos que se habla ya de unas actividades específicas.
Bueno, en realidad este artículo 50
contempla el problema del envejecimiento
a través de dos medios o dos técnicas o mecanismos de cobertura
como una exigencia, por supuesto, del propio sistema de bienestar.
Impone a los poderes públicos la obligación de garantizar
a estos ciudadanos la suficiencia económica
a través de pensiones contributivas y asistenciales, por supuesto,
adecuadas y periódicamente actualizadas;
es decir, el aseguramiento de un nivel de vida
o de un nivel de subsistencia económica que les permita
una vida digna.
Si esto quiere decir
que se está exigiendo un elemento cuantitativo y cualitativo
y por supuesto, deberá tenerse en cuenta
el sistema de pensiones que se prende del artículo 41 de la Constitución.
El otro mecanismo es que pretende promover por eso destacados de verbo
promover su bienestar social mediante un sistema
de servicios sociales que atiendan los problemas específicos de salud,
vivienda, cultura y ocio.
Se trata de acciones específicas tendentes a garantizar
a los mayores una vida digna y decente,
y todo ello para dar cumple mientras lo establecido
en la artículo 9, dos verdad, e igualdad reales y efectivas.
Nos olvidéis.
Este último mecanismo amplía y complementa la acción protectora
del sistema en seguridad social,
como también habréis visto en el libro
y en y nos vamos a centrar en este último mecanismo que nos va
a ocupar estos últimos minutos de la vídeo clase,
pero antes desea hacer algunas aclaraciones porque,
fijaros no todas las personas mayores son dependientes,
ojo y pero debemos tener en cuenta este último aspecto.
Este modo, el objetivo del bienestar social
para los mayores no debe centrarse solo en la debilidad económica
y en el deterioro físico o psíquico,
sino que debe ampliarse a una serie de acciones
destinadas a eliminar las situaciones de exclusión
y promover una mayor integración social de las personas mayores.
Así nos lo destaca un profesor de derecho al trabajo
y seguridad social.
Es Goñi y el artículo 50, lo mismo que el artículo 49.
Recuerde, o recuerdo que se encuentra entre los principios rectores
de práctica social y económica.
Por lo tanto, gozarán de esa menor protección.
Con respecto a los derechos ambientales, el artículo 50
no contiene derechos subjetivos,
pero impone a los poderes públicos unas tareas con el fin de garantizar
el y en silicio de derechos sociales de las personas de la tercera edad,
aunque a simple vista los sujetos protegidos
o destinatario y dos de estos mecanismos
son las personas mayores.
La suficiencia económica queda garantizada a los distintos sujetos,
el sistema de pensiones,
porque no hay que olvidar el primer inciso de esta 50 que os he leído.
Vale?
Es entrando ya la atención en el servicio de servicio social
a la tercera edad en el momento en que se aprobó la Constitución,
pues este creciente un sistema articulado
como organización.
Por eso el precepto utiliza el verbo promover.
Ojo, por lo tanto, no se desprende de este artículo
51 modelo de sistema de servicios sociales.
Si bien debe pensarse, por supuesto,
en un sistema unitario con elementos generales
lo que debe corresponder en principio al Estado.
Ahora bien, sabemos que las comunidades autónomas
que os voy a decir que no sepa y es es corresponde completar
el sistema de desarrollos normativos en virtud de ese artículo
148 en primera, 20 de la Constitución,
recordar que en la anterior 1.000.000.000 clase asamblea
de 149 148, 149 en competencias exclusivas
del Estado,
y en 148 competencias de las comunidades autónomas.
Sabemos que una parte importante del modelo de servicios sociales
ha quedado configurado en esa ley, que también con hacéis 39 barra,
2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal
y atención a las personas en situación de dependencia,
y entonces, a juicio del Tribunal Constitucional,
en una sentencia de 2017,
que también conocéis pues esta ley configura el sistema
de de autonomía y atención a la dependencia,
pues como un sistema universal, público, de prestaciones económicas
y de servicios.
Para hacer efectivo ese derecho subjetivo
de todo ciudadano basados en los artículos
49 50 de la Constitución,
lógicamente a la promoción de la autonomía personal
y a ser atendido, situación de dependencia
y, como sabéis también el legislador estatal
ha previsto mecanismo asistencial y de servicios sociales
llamado sistema para la autonomía y atención a la dependencia,
el conocido como sap, el cual constituye un subsistema
del sistema de servicios sociales,
y uno de los núcleos fundamentales del mismo,
junto a los servicios sociales de base, también llamados,
como sabéis, de atención primaria, generales o comunitarios
en las comunidades autónomas tienen asumidas competencias
en materia, asistencia de asistencia social,
como ya dijimos también en la tramitación
clase que sin duda interfieren en este ámbito,
y el Tribunal Constitucional ha considerado la asistencia social
como una técnica de protección fuera del sistema
a la Seguridad Social con caracteres propios que la separan de otras;
afines proporcionada, por supuesto,
ponentes públicos o por organismos dependientes de públicos.
Del artículo 50 fijaros
se infiere no solo una alusión al sistema tradicional
de atención a los mayores, basado en el apoyo familiar,
sino también a un sistema asistencial de cuidados formales suministrados
por los poderes públicos,
pero se ha observado que de alguna manera
este precepto viene a propiciar
y esto último, es decir, una atención o una actuación preeminente
de las instituciones públicas a favor de las personas mayores,
en detrimento del papel tradicional
de los mecanismos sociales informales,
que sería el apoyo familiar.
En consecuencia, para conseguir ese objetivo bienestar social
y también queda reflejado en el artículo 50
es necesario crear instrumentos de protección que aseguren
a las personas de la tercera edad la plena participación
en la vida social y el ejercicio de los derechos y libertades
o como un ciudadano más.
Esta interpretación, además resulta lógica,
teniendo en cuenta las limitadas posibilidades en la actualidad
del sistema de apoyo informal, sea familiar y si terceros,
de hacerse cargo de la atención plena de los mayores.
Por este motivo esta tarea se asumida cada vez más por mi Estado
ante la insuficiente cobertura de ese sector informal.
Entonces, el Estado, los poderes públicos,
se están viendo obligados a desempeñar desde hace ya tiempo
una función sustitutiva o complementaria,
y ya vamos a dejarlo en complementaria de la familia,
y también es cierto
que el sistema público no puede prever
todos los instrumentos de servicios sociales necesarios
para una atención personalizada y directa de las personas mayores
y su mencionar todos los costes personales, de ahí
que se complemente con la actuación o la función de la familia,
porque además ya sabéis que no cabe duda
y muchos los habéis por experiencia.
No cabe duda en que la atención en el entorno habitual
es el deseo de la gran mayoría de las personas mayores,
y el resultado de estas actuaciones es el bienestar social
y una vida digna, decorosa y participativa
de los mayores en completo.
La oferta más requerida por estas personas
es la ayuda para desenvolverse en su vida cotidiana.
La acción pública,
pues puede manifestarse a través de diversas medidas
prestes de residencias o centros de día a servicios de proximidad,
sociales y sanitarios para la atención a la dependencia,
pasando por supuesto por el apoyo institucional a las familias;
cuidar horas encargadas de cuidado informal,
como también nos destaca el proceso harvoni,
y lo ideal sería integrar el sistema de apoyo informal
en un sistema de protección social global,
buscando esa complementariedad, no has mencionado en su momento solo
en caso de no ser posible la atención mediante el apoyo familiar
o el servicio de ayuda a domicilio.
Tendría entonces sentido plantear el alojamiento
en un centro residencial.
Por último, para ir acabando ya, en cuanto al contenido
de los servicios sociales de las personas mayores,
también el artículo 50 se infiere un abanico de servicios,
distinguiendo entre los servicios de salud, vivienda, dura y ocio,
y eso se desprende del artículo 50.
Se trata entonces, como veis, de una serie de servicios sociales
vinculados a las distintas necesidades,
a los distintos contexto,
a los distintos factores ambientales en los que las personas envejece,
y con ello se intenta superar esa idea tradicional del tratamiento
de las personas mayores limitado al ámbito sanitario
o a cuidados específicos propios de situaciones de dependencia,
ya que este precepto
Ambía ese tratamiento a otro tipo de atenciones
más enfocadas a satisfacer necesidades sociales o culturales.
Incluso, dicho de otro modo,
el sistema público de servicios sociales
denigrar suministrar además a una buena atención primaria
y especializada y, por supuesto, en el caso
de los enfermos en situación de dependencia,
los cuidados necesarios para facilitar su autonomía,
pues un dos de presta acciones para mejorar su calidad de vida insisto,
ni su calidad de vida.
Si cerramos esta intervención recordando lo que ya tenéis
en el libros de la asignatura relativo
al documento de la oms, de la Organización Mundial de la Salud
y envejecimiento activo,
un marco político, por cierto,
esta segunda asamblea mundial sobre el envejecimiento 2002
porque allí en el libro tenéis reflejado que entendemos
por envejecimiento activo el proceso de optimización de las oportunidades
de salud, participación y seguridad, con el fin de mejorar la calidad,
dignidad a medida que las personas envejeciendo.
Confío en que con estas pinceladas, timos da al artículo 49
50 aquí también y nos lleva a hablar de la dependencia
y os haya podido ayudar en el repaso, en el estudio
de estos temas tan interesantes de nuestra asignatura
y sobre todo sobre todo que veáis la importancia
de las referencias constitucionales como base de esos servicios sociales
que se ofrecen en estos ámbitos de la discapacidad
y de la tercera edad.
Muchas gracias.