Bienvenidos a un espacio más de este programa que tenemos
de jurisprudencia constitucional.
Soy el profesor Juan de Diego áreas del departamento
de Derecho Político de la Facultad de Derecho hoy estudiaremos
la sentencia seis barra 20 20 la sentencia
seis barra 20 20 de 27 de enero viene a incrementar el elenco de sentencias
que tiene por objeto el mundo penitenciario.
En este caso, se otorga al amparo a un interno reconociéndole
los derechos de expresión y de comunicación.
La sentencia contiene interesantes consideraciones
que no recuerdan la doctrina del Tribunal Constitucional
respecto del estatus de los internos y de las libertades de expresión
y de comunicación.
En esta ocasión vamos a es poner parte de su contenido,
que se corresponde con las siguientes cuestiones.
El estatus de las personas condenadas a penas privativas de libertad,
los requisitos que deben reunir las limitaciones
de los derechos fundamentales de los reclusos y la naturaleza
y configuración de las libertades de expresión y comunicación,
pero antes resulta necesario hacer una breve síntesis
de los hechos que subyacen en este recurso de amparo.
La dirección de un centro penitenciario
denegó la solicitud de un interno
engorden a mantener una comunicación como un periodista la denegación;
se basó en falta de motivación que justificase la necesidad
de la comunicación
y en la inexistencia de garantías suficientes
para asegurar el mantenimiento de la seguridad y buen orden
del establecimiento penitenciario.
El interno recurrió el acuerdo denegatorio
ante los tribunales sin obtener la satisfacción de sus intereses.
En el transcurso de la impugnación judicial
salió a la luz el hecho de que anteriormente,
a la solicitud del permiso el interno ya había realizado una entrevista
con un periodista que posteriormente fue publicada
y que, a juicio de la dirección atento al derecho
a la intimidad de otros internos, a revelar datos personales de estos,
sin su consentimiento y afecto al orden y seguridad interiores,
al verter manifestaciones falsas sobre funcionarios,
circunstancias que esgrimo, escribió la dirección
para reforzar su negativa a la comunicación solicitada,
alegando el mal uso que se había hecho
de la primera comunicación.
Nos recuerda el alto tribunal
que las personas condenadas a penas privativas de libertad
gozan de los derechos fundamentales en virtud del artículo 25,
dos de nuestra Constitución, que así lo declara solemnemente,
solemnemente al decir el condenado condenaba pena de prisión
que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales
de este capítulo.
Se refiere al capítulo dos del título 1,
a excepción de los que se vean expresamente,
limitados por el contenido del fallo condenatorio el sentido de la pena
y la ley penitenciaria.
Estas tres limitaciones contenido del fallo sentido
de la pena y ley penitenciaria
son las razones que escribe el Tribunal Constitucional
para calificar tradicionalmente la relación que vincula
a los internos con la administración penitenciaria
como una relación de sujeción especial.
Encontramos razones para criticar la utilización de esta categoría,
pero lo cierto es que el Tribunal Constitucional,
aunque con leves modificaciones en su nomenclatura
la viene aplicando incesantemente desde la primera sentencia que tuvo
por objeto el ámbito penitenciario,
allá por el año 1987, la relación de sujeción especial
se opone a la relación de sujeción general,
que es aquella que vincula a todos los ciudadanos.
Por el hecho de serlo a los poderes públicos
la relación de sujeción especial se considera más intensa
y en lo que aquí interesa puede afectar al disfrute
de los derechos fundamentales.
El artículo 25.
Dos de la Constitución española, es también garantía
de los derechos fundamentales para los reclusos,
que de esta suerte ostenta la titularidad
de cada uno de los derechos fundamentales,
tanto en virtud del correspondiente artículo
de la Constitución como de este precepto.
Hecha esta primera declaración respecto al estatus
de las personas que cumplen pena privativa de libertad,
el Tribunal Constitucional nos recuerda los requisitos
que deben cumplir las limitaciones de los derechos fundamentales
de estas personas.
Lo primero que hay que tener en cuenta
es que estas limitaciones deberán estar previstas
en la legislación penitenciaria,
lo que significa que en esta materia rige una reserva de ley formal.
En ningún caso
es posible una limitación de derechos fundamentales en sede reglamentaria,
algo que sería inconstitucional por contrario
a la previsión del artículo 25, dos de la Constitución.
El segundo requisito es que las resoluciones que limiten
los derechos de los reclusos deberán estar motivadas,
motivadas de manera suficiente.
Este requisito es el único medio para constatar que la esfera jurídica
del ciudadano interno en un centro penitenciario
no se restringe de forma innecesaria.
En tercer lugar, la limitación deberá ser proporcionada, es decir,
deberá superar los tres juicios de proporcionalidad, idoneidad,
necesidad y proporcionalidad en sentido estricto,
idoneidad o adecuación de la medida
para conseguir el fin que se pretende necesidad o subsidiariedad,
porque no hay una medida menos gravosa
para el derecho fundamental,
que se limita proporcionalidad en sentido estricto.
Sobre la ponderación entre los beneficios para el interés general
y los perjuicios sobre otros bienes en conflicto.
En definitiva, se trata de averiguar si las razones
esgrimidas justifican la restricción del derecho fundamental expuesto,
el estatus de la persona reclusa y las condiciones que deben reunir
las limitaciones de su derecho.
Pasamos a desarrollar los pronunciamientos del tribunal
respecto de los derechos de libertades de expresión
y comunicación.
El artículo 20, uno a y b de la Constitución
reconoce los derechos y libertades de expresión y comunicación
en el apartado a el derecho a expresar y difundir libremente
los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra,
el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
En el apartado b a comunicar
o recibir libremente información veraz
por cualquier medio de difusión gratis
la titularidad de los derechos de expresión y comunicación.
Corresponden tanto a los periodistas como a todos los ciudadanos,
ya que estos pueden difundir material noticiable,
bien directamente bien a través de su transmisión
a profesionales del periodismo.
Para su publicación el propio artículo
en su apartado cuatro señala como límites
a estas libertades el respeto a los derechos fundamentales
y especialmente en el derecho al honor y a la intimidad
en cuanto a la libertad de información y su posible colisión
con el derecho a la intimidad de terceros,
para que la emisión de una noticia o información goce
de la máxima protección del artículo 21 de la Constitución
y prevalezca sobre el derecho a la intimidad
tienen que darse dos condiciones.
La primera consiste en que lo transmitido
sean hechos veraces o, lo que es lo mismo,
hechos contrastados con la debida diligencia profesional.
De este modo los autores de la noticia
tienen un deber de diligencia en la comprobación de la veracidad
de la información.
La otra condición para que la información goce
de la protección constitucional
consiste en que recaiga sobre hechos noticiables.
Esto es sobre materias de relevancia pública
que sean de interés general ya por las materias a los que se refiere
o por las personas que en ellos intervienen,
contribuyendo en consecuencia a la formación
de la opinión pública, pero ya el Tribunal Constitucional
ha señalado desde el inicio de su actividad
la posición preferente y prevalente de los derechos de expresión
y comunicación sobre los derechos al honor y a la intimidad,
dada la importancia que los derechos de expresión y comunicación
representan para un sistema democrático al contribuir a formar
una opinión pública que propicia una participación responsable
de la ciudadanía en la cosa pública,
ese valor preferente cuando las libertades de expresión
e información acercan al conocimiento general hechos u opiniones relevantes
para la comunidad, tiene una especial manifestación
respecto a las personas que ejercen funciones públicas
o resultan implicadas en asuntos de relevancia,
pues deben soportar un mayor riesgo de interferencia en sus derechos
que las personas privadas,
en aras precisamente del conocimiento general y difusión de hechos,
situaciones u opiniones que interesan a la comunidad,
el derecho a expresar y difundir libremente
los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra,
el escrito o cualquier otro medio de reproducción tiene
por objeto la libre expresión de pensamientos, ideas y opiniones,
concepto amplio dentro del cual deben incluirse
las creencias y juicios de valor.
Este derecho comprende la crítica de la conducta de otro,
aun cuando la misma de sea desabrida y pueda molestar,
inquietar o disgustar a quien se dirige,
pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu
de apertura sin los cuales no existe sociedad democrática.
La libertad de expresión al no tener el límite interno
de la veracidad es más amplia que la libertad de información
donde sí opera este límite.
La libertad de expresión tiene por objeto
presentar ideas, opiniones o juicios de valor subjetivos que no se prestan
a una demostración de su exactitud.
El, el Tribunal Constitucional solo ha excluido del derecho
a expresar libremente opiniones, ideas y pensamientos,
las expresiones indudablemente injuriosas
sin relación con las ideas u opiniones que se expongan
y que resulten innecesarias para su exposición.
Por tanto, son expresiones que, en el contexto,
antes definido en el que las libertades de expresión
e información gozan de una protección preferente,
forman parte del derecho a la sana crítica
a las instituciones y funcionarios públicos,
los cuales, han de soportarla en el contexto
de una sociedad democrática respecto a la crítica a la pericia
profesional en el desempeño de una actividad,
no ha de confundirse sin más como atentado al honor,
solo escapa a la protección del artículo 18
uno de la Constitución.
Aquellas críticas que, dirigidas a la actividad profesional
de un individuo constituyen una descalificación personal
al repercutir directamente en su consideración
y dignidad individuales en supuestos,
en los que las fases proferidas constituyen una crítica
referida a la labor profesional de un funcionario público.
Se amplían los límites permisibles expuesta la doctrina
tanto respecto del estatus de las personas reclusas
como de los derechos de expresión y comunicación.
El tribunal procede a analizar la adecuación del acuerdo denegatorio
a la misma,
que, recordemos se fundamentó en la falta de motivación
de la solicitud, necesidad de la comunicación
y en la amenaza de la seguridad y engorde del establecimiento.
Respecto del primer motivo se parte de que la denegación
de las comunicaciones con profesionales acreditados
de la prensa en cuanto supone una limitación
de los derechos de expresión e información
de los presos precisa de un presupuesto habilitante,
la denegación debe tener una previsión clara y terminante
en la legislación penitenciaria.
Las comunicaciones de los internos se regulan en el artículo 51
de la ley orgánica general penitenciaria,
precepto distingue varias modalidades de comunicación que son
de muy distinta naturaleza,
y por ello, sometidas a regímenes legales diferenciados,
el apartado primero del artículo 51, se refiere a las comunicaciones
con familiares, amigos y representantes,
acreditados de organismos internacionales e instituciones
de cooperación penitenciaria,
apartado segundo hace mención a las comunicaciones con el abogado
de sol y con el procurador que les represente.
Por último, y en lo que aquí interesa,
el apartado tercero, establece
que los mismos departamentos se refiere a departamentos
apropiados.
Podrán ser autorizados los internos a comunicar confesional,
con profesionales acreditados en lo relacionado con su actividad,
con los asistentes sociales
y con sacerdotes o ministros de su religión,
cuya presencia haya sido reclamada previamente.
Ninguna mención se realiza acerca de las condiciones
en las que se pueden denegar estas comunicaciones,
refiriéndose únicamente el precepto a su eventual intervención,
señalando que podrá producirse en la forma que se establezca
reglamentariamente.
Pues bien, el reglamento penitenciario
se refiere a este tipo de comunicaciones en el artículo 49,
en términos similares a los recogidos en la ley orgánica
bajo la rúbrica comunicaciones con autoridades o profesionales.
Nada se dice en este artículo acerca de su posible denegación
suspensión o intervención de lo anterior.
Resulta que la regulación referida a las comunicaciones con profesionales
acreditados es de entre todas las referidas a las comunicaciones
de los internos, la menos garantista,
es decir, son las comunicaciones menos limitadas de todas,
pues ninguna limitación se contiene en la ley que no prevé ni los casos
ni las formas en que pueden ser denegadas,
con lo cual el acuerdo denegatorio resulta falto de motivación.
En consecuencia, ha de concluirse que la regulación legal
de las comunicaciones controvertidas no ofrece cobertura
que pueda considerarse bastante para la denegación recurrida,
ya que no cumple con los requisitos expuestos.
Pues recordemos que esta denegación se basó en la falta de motivación
que justificase la necesidad de la comunicación.
El otro motivo de denegación de la comunicación
fue la inexistencia de garantías suficientes
para asegurar el mantenimiento de la seguridad y buen orden
del establecimiento penitenciario.
La garantía y salvaguarda del buen orden
y a la seguridad del centro constituyen una obligación esencial
de la institución penitenciaria recogida en su legislación.
Constituyen un límite a los derechos de los reclusos,
no solo constitucionalmente legítimo,
sino incluso justificado en el contexto de la relación especial
de sujeción que preside la actuación de la administración penitenciaria.
Pero la apelación a un interés general,
como el menor de la seguridad del establecimiento penitenciario
no puede por sí sola legitimar una medida limitativa de derechos,
sino que precisa la existencia de motivos específicos
que justifiquen ni el caso concreto que el interés general
se hallaba en peligro, es decir,
que existe un conflicto real de intereses entre el ejercicio
del derecho por parte del preso y la seguridad del centro.
Lo que no concurre en la resolución recurrida
pues en ella no se explican motivos relevantes y suficientes
por los cuales se considera que la seguridad
y el buen orden del centro,
penitenciari penitenciario se pondrían en peligro
de realizarse una nueva comunicación por parte del interno
como un profesional de la prensa se alude, en definitiva,
a genéricos motivos de seguridad y engorden que no se concretan
en relación con las circunstancias particulares del recluso.
En conclusión, esta razón se alegó de manera general
cuando se requiere una justificación concreta y específica,
por lo que la causa de vino y justifica, por último,
queremos finalizar esta exposición
como un pronunciamiento del Tribunal Constitucional
que consideramos especialmente relevante,
y es la sustancial incidencia
que el ejercicio de los derechos de expresión
y comunicación puede tener en el desarrollo de la personalidad
de los internos destacada en el artículo 25 dos
de la Constitución, y adquiere.
Suma relevancia engorden al cumplimiento
de la finalidad de reinserción social de las penas privativas de libertad
mediante la externalización más allá de los muros del centro
penitenciario de sus pensamientos, ideas y opiniones,
así como la recepción y comunicación de información.
El preso no queda reducido exclusivamente al mundo carcelario
que ello le permite mantenerse en contacto con el exterior
y, en definitiva, prepararse para su futura vida
en el seno de la sociedad.
Hasta aquí llega este comentario a esta exposición
de una sentencia que consideramos muy interesante,
porque de alguna manera amplía y va a favor de derechos de las personas
que por estar internas en un centro penitenciario,
ya ven, ya tienen límites suficientes en sus derechos.
Esperamos que les haya gustado
y quedamos vernos pronto con con otro tema de interés constitucional.