Hola, mi nombre es Isabel Caballero Pérez,
soy la coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres.
En este vídeo realizaremos unas breves reflexiones
en torno a la explotación, la violencia y el abuso
contra mujeres y niñas con discapacidad.
Se estima que en el mundo hay, aproximadamente,
1.000 millones de personas con algún tipo de discapacidad,
y aproximadamente algo más del 60% son mujeres.
Estamos hablando de una población importante,
de hecho, es la minoría mayoritaria en el planeta.
Por lo tanto, la mayor parte de las personas con discapacidad
son mujeres.
La Declaración sobre
la eliminación de la violencia contra la mujer de Naciones Unidas,
define esta violencia como todo acto de violencia
basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga,
o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico,
sexual o psicológico para las mujeres,
inclusive las amenazas de tales actos,
la coacción o la privación arbitraria de libertad,
tanto si se produce en la vida pública como en la privada.
La preocupación por la violencia contra las mujeres con discapacidad
no es nueva.
Ya en el año 2004 el Parlamento Europeo
elaboró un informe sobre la situación de las mujeres
de los grupos minoritarios en la Unión Europea,
donde señalaba que el 80% de las mujeres con discapacidad
es víctima de violencia,
y tiene, además, un riesgo cuatro veces mayor
que el resto de las mujeres, de sufrir violencia sexual.
El estudio temático sobre la cuestión de la violencia
contra las mujeres y las niñas con discapacidad,
que fue elaborado en 2012 por la oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos,
señalaba que son pocos los países
en los que existen estadísticas oficiales sobre esta realidad.
Por ejemplo, en España,
solo se recoge el último dato, y fatal,
que es el de mujeres con discapacidad
que han sido asesinadas por sus parejas y exparejas.
En el año 2018 estas mujeres fueron el 20% del total de las asesinadas.
Ante esta falta de información
es difícil diseñar políticas públicas adecuadas.
No hay que olvidar,
que cuando hablamos de violencia contra las mujeres
nos estamos refiriendo a una violencia estructural,
que es, además, un tipo de violencia
que se aparta por completo del resto de las agresiones interpersonales.
La agresión a la mujer es inmotivada,
es desproporcionada, excesiva, extendida,
y con intención de aleccionar y no tanto de lesionar,
contribuyendo a la perpetuación
de una desigualdad social entre hombres y mujeres,
que deriva hacia el control y la sumisión de éstas
y favorece la aparición y el uso de la violencia.
Junto a esta violencia patriarcal,
hay otra forma de violencia, también estructural,
que es la que se ejerce contra una persona
por el mero hecho de tener una discapacidad.
Cuando se combinan ambas discriminaciones
se generan situaciones muy concretas de exclusión
que son muy difíciles de detectar y también de abordar adecuadamente.
Si de manera general se afirma que de la violencia contra las mujeres
apenas apreciamos la punta del iceberg,
en el caso de la violencia contra las mujeres con discapacidad
esa parte que queda sumergida e invisible, es aún más grande.
Aquí entra en juego la denominada teoría de la interseccionalidad,
que se trata de un concepto acuñado por Kimberlé Crenshaw,
que es una académica estadounidense
especializada en el campo de la teoría crítica de la raza,
y es profesora de la Facultad de Derecho de Estados Unidos.
Todo esto es muy relevante a la hora de abordar la violencia
que sufren las mujeres con discapacidad,
porque no solo sufren violencia por ser mujeres
y por tener discapacidad,
sino también otras discriminaciones
cualitativamente diferentes que surgen de la intersección.
Pondré un ejemplo para ilustrar esta idea.
Puede ocurrir que una mujer en silla de ruedas
vea obstaculizado su derecho a votar,
porque el colegio electoral
no cuente con una rampa que le permita el acceso.
Esta discriminación la puede sufrir igual
un hombre que también vaya en silla de ruedas.
Es una discriminación,
que va a afectar tanto a hombres como a mujeres
usuarios de sillas de ruedas.
Por otro lado, la denominada violencia de género,
que es una forma de violencia
que solo sufren las mujeres por el mero hecho de serlo,
puede sufrirla cualquier tipo de mujer.
Sin embargo, el hecho de que
una casa de acogida para víctimas de violencia de género no cuente
con rampas de acceso,
es una barrera que solamente van a percibir
aquellas mujeres que sean víctimas de violencia
y que tengan movilidad reducida.
Ningún hombre va a percatarse de esa barrera, porque
ellos no pueden ser víctimas de violencia de género
y, al mismo tiempo, ninguna mujer sin discapacidad
va a percatarse de la falta de accesibilidad.
Así de sencillo.
También tenemos que tener presente
que hay muchas formas de violencia que no son consideradas como tal,
y llegan a ser aceptadas por la sociedad como formas de protección.
Ahí encontramos la esterilización forzada,
que estuvo vigente en nuestro país hasta el año 2020,
y que existía una previa autorización judicial
para su práctica.
Países como Suecia o España
han conseguido erradicar de sus respectivos ordenamientos jurídicos
la esterilización forzada o no consentida
de personas con discapacidad, incapacitadas judicialmente.
De esta manera, estos dos países,
han dado cumplimiento a la recomendación
del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
de Naciones Unidas
y, en el caso concreto de España, también,
a la recomendación del Grupo de Expertas
en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer
y Violencia Doméstica, que es el Cómite GREVIO.
Por otro lado, la violencia contra las mujeres con discapacidad
en el ámbito de la pareja o expareja,
ha sido también un fenómeno invisibilizado,
ya que en el imaginario colectivo
existe la idea de que las mujeres con discapacidad
no forman pareja o no tienen una vida sentimental
que las sitúe como potenciales víctimas de este tipo de violencia.
Esta invisibilidad,
ha hecho que gran parte de las políticas públicas
hayan ignorado sistemáticamente
a las mujeres con discapacidad en este ámbito,
de tal manera que ni la información,
ni las campañas de prevención, ni los servicios ni los recursos,
hayan estado plenamente disponibles para ellas.
No es extraño el caso en el que una mujer con discapacidad,
víctima de violencia de género,
a la que debería ofrecérsele una casa de acogida,
es derivada a recursos especializados en discapacidad,
por ejemplo, una alternativa habitacional accesible,
y no a recursos especializados en violencia contra las mujeres,
por lo que acaban, por no recibir atención adecuada.
Además, seguimos encontrando comisarías inaccesibles,
donde no llegan muchas mujeres con discapacidad,
así como numerosos obstáculos a la hora de denunciar,
que impiden su real y efectivo acceso a la justicia.
También la sociedad duda de sus testimonios,
y muy especialmente en el caso
de las mujeres con discapacidad intelectual o psicosocial.
La imposibilidad de que en todo momento
mantengan un testimonio coherente y libre de contradicciones,
las hace poco creíbles
y, por lo tanto, sus denuncias no son tomadas en cuenta.
Esto, unido a la falta de protocolos
y de formación de todos los agentes implicados;
policiales, sanitarios, judiciales, de servicios sociales,
hace que la revictimización
esté totalmente asegurada en este itinerario de denuncia.
En este vídeo,
hemos definido la violencia contra la mujer
y contra las mujeres con discapacidad.
Hemos constatado su carácter estructural,
y cómo existe una interacción de violencias estructurales,
por ser mujer y por tener discapacidad.
También se trata de un fenómeno invisibilizado
contra el que no se dispone de los recursos adecuados.
Y, la violencia contra las mujeres con discapacidad es una realidad
aún invisible, pero que gracias a las propias reivindicaciones
de las mujeres con discapacidad organizadas,
está permeando poco a poco las políticas públicas de muchos países.
Sigue siendo necesario contar con estadísticas oficiales
que permitan conocer esta realidad
y ofrecer información, recursos y servicios
plenamente accesibles e inclusivos,
con el objetivo de no dejar a ninguna mujer atrás.
También es preciso desterrar
formas de violencia como la esterilización forzada,
considerada aún, en muchas partes del planeta,
como una forma de protección
y no como una flagrante violación de los derechos humanos
de las mujeres con discapacidad.