Hola a todas y todos.
Este vídeo se titula:
"El derecho a la justicia de mujeres y niñas con discapacidad".
Mi nombre es Laura Seara
y soy Consultora Social Red Talento Consultoras
y Asesora jurídica de la Fundación CERMI Mujeres.
Todas las mujeres sufren desigualdad por razón de sexo,
aunque a veces, a esta desigualdad estructural
se suman factores o rasgos que generan discriminación
y agravan exponencialmente las consecuencias de esta desigualdad.
Una mujer con discapacidad encuentra la discriminación
y los obstáculos por razón de sexo, de discapacidad o de ambas.
Algunos antecedentes internacionales de referencia:
Por ejemplo, la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
que entró vigor en 1981 como Tratado Internacional.
O la Convención Internacional
de los Derechos de Personas con Discapacidad
y su Protocolo Facultativo que entró en vigor el 3 de mayo de 2008.
La Plataforma de Acción de Pekín,
aprobada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995,
reconoce que las mujeres con discapacidad
hacen frente a barreras adicionales.
Resoluciones de la ONU,
vinculadas al desarrollo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
para las personas con discapacidad.
Pero vayamos a España, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
considera discriminación directa por razón de sexo
la situación en que se encuentra una persona que sea,
haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo,
de manera menos favorable que otra en situación comparable.
Mientras, considera discriminación indirecta por razón de sexo
la situación en la que una disposición, criterio o práctica,
aparentemente neutra,
pone a personas de un sexo en desventaja particular
con respecto a personas del otro.
Por su parte, y también en la legislación española,
el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad,
define la discriminación directa como la situación
en la que se encuentra una persona con discapacidad
cuando es tratada de manera menos favorable
que otra en situación análoga,
por motivos de o por razón de su discapacidad.
Así, define la discriminación indirecta
cuando una disposición legal o reglamentaria,
una cláusula, un pacto individual,
una decisión unilateral o un criterio o práctica,
aparentemente neutros,
pueden ocasionar una desventaja particular
a una persona respecto de otra,
por motivo de o por razón de discapacidad.
Por ejemplo:
Hay discriminación directa cuando el testimonio de una mujer
con discapacidad intelectual o psicosocial
se desestima en un procedimiento judicial
a causa de su capacidad jurídica.
Se observa discriminación indirecta, por ejemplo,
en una sentencia de la sala de lo social
del Tribunal Supremo de España de 15 de junio de 2011,
sobre una mujer con discapacidad del 66% y sin ingresos,
a la que retiran la prestación de invalidez por haberle computado,
como ingresos de la unidad económica de convivencia,
los de su marido,
del que llevaba años separada y que vivía en otro domicilio.
Se obviaron, en este caso, las circunstancias de esta mujer,
beneficiaria de prestaciones asistenciales,
con un acceso muy complicado a la información,
a la justicia y a las redes de apoyo.
¿Qué es la Discriminación por asociación?
Es aquella discriminación que sufre una persona,
normalmente una mujer, por su relación con otra persona.
Este tipo de discriminación,
habitualmente no se recoge en la legislación.
De hecho, la española fue una de las primeras en hacerlo,
concretamente en el artículo 2.e
de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad de España.
Tiene su origen en la sentencia de 17 de julio de 2008
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
el conocido "caso Coleman",
que consideró que había discriminación
en el despido de una mujer, madre de un niño con discapacidad,
y consideró que la no discriminación por discapacidad
también protegía a las personas, que sin tener una discapacidad,
sufren discriminación
por estar vinculadas a una persona con discapacidad.
¿Y qué es la Discriminación múltiple?
Pues, fíjese, según el Artículo 7.4
de la Ley General de derechos de personas con discapacidad de España,
está muy relacionada
con la situación de niñas y mujeres con discapacidad,
surge cuando concurren dos o más rasgos de discriminación
de manera simultánea o consecutiva.
En 2017, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
se pronunció en el caso Carvalho Pinto de Sousa,
reconociendo una discriminación por razón de sexo y edad,
derivada de estereotipos,
al resolver un recurso planteado por una mujer de 50 años,
que tras ser víctima de una negligencia médica
que la dejó como secuela una incontinencia urinaria
y la imposibilidad de tener relaciones sexuales,
reclamó una indemnización que el Tribunal Supremo de Portugal
redujo alegando
"que a la edad de la demandante, ésta solo debe cuidar a su esposo"
y en esa edad
"el sexo no es tan importante como en los años de juventud"
Literal.
En el acceso a la justicia se detecta,
con toda claridad, la falta de desarrollo
de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU,
así como la discriminación por denegación de ajustes razonables
en mujeres con discapacidad, por ejemplo,
vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva,
por el que todas las personas
tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los tribunales
en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos
sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.
Por ejemplo, una mujer con una discapacidad del 65%
condenada después de habérsele vulnerado su derecho
a la tutela judicial efectiva por falta de ajustes razonables.
Se obvió su discapacidad física, psíquica y sensorial
durante la fase de instrucción,
y no fue informada sobre su derecho a asistencia letrada,
convirtiéndola en la víctima de una instrucción procesal incompleta
y de un proceso que no respetó sus garantías procesales,
sin ajustes y que menoscabó el ejercicio de su derecho de defensa.
A lo largo de este video hemos abordado algunos aspectos,
quizá los más relevantes,
sobre las diferentes formas de discriminación
que sufren mujeres y niñas con discapacidad.
Además, hemos analizado brevemente
los obstáculos que se encuentran las mujeres con discapacidad
en su acceso a la justicia,
por razón de sexo, de discapacidad y de ambas a la vez
y su relación con la legislación.
Desde el derecho a la tutela judicial efectiva,
hasta el derecho a criar a los hijos e hijas.
Desde el derecho al trabajo
hasta el derecho a los ajustes y apoyos razonables
para vivir con autonomía.
Todos ellos, derechos reconocidos como fundamentales
e incluso reconocidos y desarrollados
por la legislación de algunos países como España.
Muchos, todavía pisoteados por razón de sexo y de discapacidad.