Hola, soy Esther Castellanos Torres,
socióloga, agente de igualdad
y doctora en Ciencias de la Salud por la Universidad de Alicante.
Y mi rol hoy en este video es en calidad
de consultora investigadora de la Fundación CERMI Mujeres.
Este video se titula:
"Reflexiones acerca de los derechos sexuales
y reproductivos de las mujeres con discapacidad"
En el tiempo que tengo de intervención
quiero reflexionar con vosotras sobre las siguientes cuestiones:
En primer lugar,
es necesario saber desde dónde miramos la realidad,
cómo la observamos,
y ver cómo se ha construido
y reconocido los derechos de las mujeres.
Así, desde una mirada crítica feminista,
vemos que el reconocimiento formal de la igualdad de derechos
se ha revelado insuficiente para garantizar
el disfrute efectivo de todos los derechos por parte de las mujeres.
Por los siguientes motivos:
El primero de ellos,
porque tradicionalmente los derechos humanos,
se han contado desde un punto de vista de los hombres,
ocultando las realidades, voces y necesidades de las mujeres.
En segundo lugar,
porque la concepción y aplicación de los derechos humanos
se forjó desde sus inicios en clave masculina:
el hombre como parámetro de lo "humano",
con derechos que se ejercen en la esfera pública,
en esa relación de ciudadano y Estado,
invisibilizando que hay vulnerabilidades
de los derechos de las mujeres que se dan en el ámbito privado,
y se deben, principalmente,
a las desigualdades de poder que definen las relaciones de género.
Y, en tercer lugar, porque, además,
los derechos vinculados a la igualdad y a la no discriminación,
las mujeres tienen derechos específicos relacionados
con la protección de la maternidad y con los derechos reproductivos.
Ahora bien, en esta construcción de los conceptos,
la Organización Mundial de la Salud
definió la salud sexual como un estado de bienestar
físico, mental y social en relación con la sexualidad,
y no solamente la ausencia de enfermedad, disfunción o malestar.
La salud sexual requiere un enfoque positivo
y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales,
así como la posibilidad de tener experiencias sexuales
placenteras y seguras,
libres de toda coacción, discriminación y violencia.
Para que todas las personas alcancen y mantengan
una buena salud sexual,
se deben respetar, proteger y satisfacer sus derechos sexuales.
Entonces, ¿dónde están las mujeres con discapacidad?
¿Se garantizan los derechos sexuales
de las mujeres con discapacidad?
¿Están libres de violencia y discriminación?
¿Cómo las propias mujeres con discapacidad
toman conciencia de sus derechos sexuales y reproductivos?
Veamos a continuación la construcción, en este caso,
de las políticas y de las normativas.
Desde una concepción feminista de los Derechos Humanos,
se entiende que los derechos sexuales y reproductivos
exceden el sentido material y biológico de sus definiciones,
siendo imprescindible incluir elementos de bienestar
y subjetivos relacionados con un proyecto de vida individual.
Así, desde una mirada feminista
de los derechos sexuales y reproductivos,
se desprenden los siguientes principios éticos,
justamente para el ejercicio de los derechos reproductivos.
El primero de ellos tiene que ver con la integridad corporal,
en tanto que el derecho de las mujeres
a no perder su identidad ni su personalidad
en cuanto a su capacidad sexual o reproductiva.
Por ejemplo, ya sea a través
de la esterilización forzada o de la mutilación genital femenina,
y en cuanto a su derecho
a la integridad como persona y como física.
Por ejemplo, intervenciones médicas indeseadas
o sometimiento a la violencia sexual.
El siguiente principio ético es el de la autonomía personal,
en tanto que las mujeres sean capaces de tomar sus decisiones
y el derecho a la autodeterminación.
El siguiente principio es la igualdad entre mujeres y hombres
en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva.
El siguiente es la diversidad y la interseccionalidad,
considerando la heterogeneidad de las mujeres
en cuanto a los sistemas culturales,
contextos familiares, sociales y personales,
ya sea por la edad, la discapacidad o la orientación sexual, entre otros.
Así, los derechos sexuales y reproductivos
deben definirse en función de dos elementos clave.
Por un lado, el poder y, por otro lado, los recursos.
El poder para tomar decisiones informadas
acerca de la propia fecundidad, la crianza de hijos y de hijas,
la salud ginecológica y la vivencia de la sexualidad.
Y los recursos, precisamente,
para poder llevar adelante esas decisiones,
ese poder tomar decisiones en condiciones seguras y efectivas.
Importante tener en cuenta
que el ejercicio en sí de estos derechos
no es un derecho, exclusivamente, una decisión individual aislada,
sino que existen factores que condicionan dicho ejercicio,
tales como la situación socioeconómica,
la formulación de las políticas,
cómo han sido formuladas las políticas,
las legitimaciones sociales y culturales
asociadas a la sexualidad y a la salud sexual,
asociadas a la reproducción,
las formas legales y jurídicas relativas
a la salud sexual y reproductiva, es decir,
que sin poder y sin recursos,
los derechos entendidos cómo elecciones individuales,
carecen de significado
para quienes se encuentran en condiciones habilitantes,
a través de las cuales puedan ejercer estos derechos.
Esta perspectiva es clave,
es clave para poder entender
las situaciones de las mujeres con discapacidad.
Las mujeres constituimos un grupo que, históricamente,
se nos ha suprimido o negado permanentemente
el acceso al poder y a la toma de decisiones,
sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra sexualidad.
Construyendo, así, un modelo hegemónico de sexualidad
que dejaba excluida la perspectiva de las mujeres.
Ahora bien ¿cuál es entonces el marco normativo
de los derechos sexuales y reproductivos?
La premisa es que los derechos sexuales y reproductivos
son considerados como derechos humanos irrenunciables,
porque incluyen, entre otros derechos humanos básicos,
reconocidos y aceptados por la mayoría de los estados
que forman parte de las Naciones Unidas.
Existen tratados internacionales
de derechos humanos que garantizan la salud
y los derechos en materia de salud sexual y reproductiva
de las niñas y de las jóvenes con discapacidad,
y que protegen su derecho
a no ser sometidas por ningún tipo de violencia por razón de género,
tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
el Pacto Internacional
de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
la Convención sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación contra la mujer,
la Convención contra la Tortura
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,
la Convención sobre los Derechos de la Infancia
y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En suma, todos estos tratados permitieron, de alguna manera,
que en 1994, en el informe de Naciones Unidas
de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo,
se definiese la salud reproductiva,
cohesionándose con la salud sexual definida en 1975.
Es así, cuando en la Cuarta Conferencia Mundial de las Mujeres,
en el año 1995, a través de su Plataforma de Acción,
que afirma que los derechos humanos de las mujeres incluyen
su derecho a ejercer el control
y decidir libre y responsablemente
sobre los asuntos relacionados con la sexualidad,
incluyendo la salud sexual y reproductiva,
libres de coerción, discriminación y violencia.
Los derechos sexuales,
que se desprenden de los derechos humanos incluyen:
el derecho a la libertad, la privacidad, la autonomía,
la integridad, la equidad, la información y la educación sexual.
Asimismo, contemplan el derecho al placer
y al cuidado de la salud sexual.
Llegados a este punto,
¿dónde están los derechos de las mujeres con discapacidad?
Esa parte de la Conferencia de Beijing, de 1995,
del Manifiesto de las Mujeres con Discapacidad en Europa, en el 1997,
la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, del año 2006,
y el Segundo Manifiesto
de los Derechos de las Mujeres y Niñas con Discapacidad
de la Unión Europea.
Una herramienta para activistas y responsables políticas del año 2011,
cuando las organizaciones de Mujeres con Discapacidad
denuncian su invisibilidad como mujeres.
Hacen una crítica al modelo hegemónico de mujer.
Quieren superar la discapacidad como eje central de la identidad,
y poner en evidencia
las desigualdades que existen entre mujeres y hombres,
y no ser consideradas como objetos de cuidados.
Y así llegamos
a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Es el marco de referencia
de los Derechos Humanos para las Mujeres con Discapacidad,
ya que contiene un artículo específicamente referido
a las mujeres con discapacidad, el número 6;
el 7 está dedicado a las niñas y niños con discapacidad;
el 16 recoge la protección contra la explotación,
la violencia y el abuso;
el 23 también recoge y prohíbe las prácticas nocivas
y discriminatorias contra las personas con discapacidad,
en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio,
la familia, la paternidad, las relaciones personales,
incluido el derecho a mantener su fertilidad
y decidir el número de hijas o de hijos que quieren tener,
y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro;
el 25, por su parte, promueve el acceso a programas de atención
a la salud sexual y reproductiva, asequibles y de calidad.
Y llegamos al 2017, con el Informe de la Relatora Especial,
Catalina Devandas, en ese momento,
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
específicamente derechos en materia sexual y reproductiva
de las niñas y las jóvenes con discapacidad.
En él se vuelve a incidir,
que la salud y los derechos en materia sexual y reproductiva,
son derechos humanos.
Son parte integrante del derecho a la salud y, además,
son necesarios para el goce de muchos de los otros derechos humanos,
entre ellos, el derecho a decidir autónomamente
sobre la sexualidad y la reproducción,
sin discriminación, coacción ni violencia,
y, por su parte, el derecho a acceder
a toda una serie de establecimientos,
servicios, bienes e información
relacionados con la salud sexual y reproductiva.
Ahora bien, la salud y los derechos sexuales y reproductivos
de las mujeres y niñas con discapacidad,
a pesar de que hay todo un marco normativo, sin embargo,
queda pendiente toda la tarea de visibilizar, en muchos casos,
dar respuestas a las demandas de las mujeres con discapacidad,
porque no es suficiente que haya un reconocimiento formal,
que se reconozcan los derechos en este campo, sino también,
es primordial que los recursos sanitarios destinados
a atender a esas mujeres con discapacidad,
tengan en cuenta las necesidades específicas
y se destierren prejuicios trasnochados,
entorno a la sexualidad y a la reproducción
de las mujeres con discapacidad.
Por lo tanto, en este video habéis podido ver:
que es importante desde dónde se construyen los conceptos
con los que nombramos el mundo y dónde nos coloca a las mujeres,
que necesitamos poder y recursos para ejercer nuestros derechos,
que es fundamental una lectura crítica de los derechos humanos
y los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos,
y que hay toda una fundamentación normativa al respecto.
Llegadas a este punto,
os invito a reflexionar con la siguiente cuestión:
¿Qué tipo de obstáculos
pueden encontrar las mujeres con discapacidad,
para acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva?
Gracias por vuestra atención.