Muy buenas, estimadas alumnas y alumnos
del máster de políticas de suelo y desarrollo urbano sostenible.
Bienvenidos.
Ahora no ha habido clase del bloque de participación ciudadana
en el ámbito local, ciudades y ciudadanos,
marco jurídico, organizativo y instrumental.
En este caso, vamos a hacer una villa clase,
vamos a tener una clase sobre participación.
Intervención multisectorial
para el desarrollo urbano, sostenible e integrado,
lo que venimos denominando como dusi.
Por tanto,
lo primero que tenemos que hacer es una breve descripción histórica
de cómo ha ido evolucionando este concepto
a lo largo de los distintos modelos urbanísticos que se han implantado,
que han existido siquiera en el modelo urbanístico español.
También tendremos que identificar
qué es esto del desarrollo urbano sostenible de manera aplicada,
lógicamente en este caso al urbanismo,
y, como evidentemente, tener siendo respetuosos
con la distribución competencial entre comunidades autónomas
del Estado, pero sí como desde el Estado
la regulación estatal,
España se ha producido una evolución normativa a este a ese concepto,
y vamos a ver de manera aplicada eso que señalamos
el anterior de clase.
Cuáles son esos contenidos
y que van a hacernos ver que los planes
ya no son como eran y nos permitirá alcanzar una serie de conclusiones
con los cuales daremos por finalizada esta clase?
En primer lugar, en España
quizás en los últimos 60 años ha habido una evolución normativa
que en muchas ocasiones no es aceptada por la doctrina,
pero es evidentemente, constatable o se pueden ver
distintas etapas y distintas normativas,
y cada una ha tenido una serie de determinaciones,
y, sobre todo, objetivos distintos.
Así podemos identificar el modelo denominado clásico,
que va de las ley, desde la Ley del Suelo de 1956
hasta la ley, la ley de régimen de suelo y valoraciones de 1998.
Su objetivo.
El objetivo de ese modelo, de esas regulaciones,
era la transformación de un país mediante la provisión de suelo,
fundamentalmente, de vivienda,
punto a lo que se dominaban los centros productivos,
los polos industriales,
el objetivo fundamental era la transformación física,
la obtener ese suelo sí y para ello, evidentemente,
se pusieron todos los mecanismos,
todas las determinaciones al servicio de ese objetivo,
con una perspectiva de que la valoración
de sus consecuencias debía ser a posteriori,
que son las estamos padeciendo en este mismo instante
y, por tanto, con cierto visión crítica,
pues tendríamos que poner en cierta duda,
aunque evidentemente, esos objetivos,
aunque evidentemente en la actualidad nos permiten constatar
de que el país se ha transformado.
El siguiente modelo sería el modelo de la sostenibilidad,
un modelo que nace de la Ley del Suelo de 2007,
en el cual se produce una ruptura, una ruptura que se acompaña a su vez
con la ley de economía sostenible del año 2011.
Cuál es el rasgo fundamental de este segundo modelo?
El que se produce?
Un cambio conceptual hacia la sostenibilidad,
la sostenibilidad no solo entendida
como lo aspectos medioambientales o verdes,
sino desde una perspectiva mucho más amplia también en lo económico,
lo social,
si en lo físico y por tanto se va a producir o se va a habilitar
a que aparezcan sobre los elementos urbanísticos
las distintas perspectivas transversales.
Un rasgo identificativo de este modelo
es que el plan ya no anticipa, valor
como si lo hacía el modelo clásico sí y que además sí obliga
a unas evaluación de las consecuencias
a priori esto es, anticipar cuál van a ser los resultados,
cuál va a ser los efectos y, por tanto, real,
que el plan reaccione, que instrumentos urbanísticos,
que los instrumentos de ejecución
reaccione ante esos posibles efectos.
La evolución histórica se completa con lo que se denomina el modelo
por la ciudad o el modelo dusi,
que sería el que se añade a la ley 2007.
La ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbana,
la denominada ley de las tres erres
que en la actualidad se refunde en ese texto refundido
de suelo y rehabilitación urbana del real decreto legislativo sitio
2015 que además de tener los mismos objetivos
que la Ley del Suelo 2007, se añade que era el objetivo de
la sostenibilidad.
El objetivo de la recuperación de la ciudad,
además se parte del hecho,
del reconocimiento de que es la integralidad,
la que asegura la efectividad de la acción urbanística.
Esto es ya no solo será meramente la transformación física,
sino que si no actuamos en lo social,
en lo económico y medioambiental, de manera conjunta,
no será posible alcanzar los objetivos.
Por tanto, es un modelo abierto,
incluso desde el punto de vista normativo,
en su dicción concreta, a que se incorporen otros objetivos,
otras variables de adaptación al nuevas realidades,
a nuevas necesidades.
De ahí es acrónimo no de incorporar las variables física,
social, económica y medioambiental.
Por tanto,
qué es esto del si siquiera podemos desarrollo urbano sostenible
e integrado, partiendo siquiera de la mera definición famosa
ya por otra parte de ficción broma, que era
aquello de aquel que satisface las necesidades del presente,
sin comprometer las necesidades del las futuras generaciones
supone el reconocimiento de que la integración urbana
o es conjunta esto es global y unitaria
a través de los instrumentos, urbanísticos o no será efectiva?
Esto es.
Se reconoce que dentro de los elementos
de los deberes de las cargas van a poder ser,
va a ser posible incorporar no solo determinaciones físicas
ya clásicas en nuestro modelo jurídico,
sino aspectos sociales, económicos y medioambientales
y por tanto,
el resultado pretendidamente necesariamente va a ser distinta.
Veamos un ejemplo sí en este caso,
como la regulación en el texto refundido.
Hay de suelo y rehabilitación en su artículo tres
para describir este principio de desarrollo territorial
y urbano sostenible,
que no es meramente programático enunciativo,
sino que tiene una verdadera carga de profundidad.
En primer lugar, en términos generales,
para definir que las políticas públicas
y recordemos que los planes urbanísticos,
la acción urbanística, es parte de la política pública,
estar vinculada su regulación en su ordenación,
en su ocupación, en su transformación
y el uso del suelo a un uso, digamos, a un fin común de acuerdo,
de acuerdo con las leyes, el interés general
para alcanzar ese principio de desarrollo sostenible.
En segundo lugar, va a distinguir distintos objetivos
tanto para el medio rural como para el medio urbano.
Para nosotros formado y para hoy, ha transformado así
en el medio rural.
De acuerdo a este principio se plantea que el uso del suelo
debe ser racional, de acuerdo con la armonización
y optimización de los recursos naturales,
para garantizar el empleo, la cohesión social,
la igualdad de trato y de oportunidades,
la salud y la seguridad de las personas
y la protección del medio ambiente.
Por tanto, son objetivos muy potentes,
pero no solo en el ámbito de la nueva transformación.
El desarrollo territorial y urbano sostenible
se predica también para lo ya existente, que es va
a ser, es y va a ser el auténtico reto
donde los poderes públicos deberán formular
y desarrollar sus políticas dentro de su ámbito competencial,
lógicamente, de acuerdo con el principio de competitividad
y sostenible económica, social y ambiental,
observo cómo se incardinan como se concatena los conceptos de acuerdo
también con el principio de cohesión territorial definit energética
y de complejidad funcional,
procurando que esté suficientemente dotado,
que es uno de los grandes problemas que tenemos en la ciudad existente,
la falta de dotaciones públicas,
puesto que el objetivo del modelo clásico
era que la suelo se transformase,
no qué calidad de suelo o qué calidad de ciudad obteníamos
y, por tanto,
necesitamos que ese suelo se ocupe de manera eficiente de mañana,
de verdad que se combinen los usos de manera funcional;
pero, más allá de esta enunciación del artículo tres
del principio de desarrollo territorial urbano sostenible,
podemos ver un ejemplo concreto.
Si, por ejemplo, así se define en el artículo 2,
uno del texto refundido,
las actuaciones sobre el medio urbano fijaros en la adicción potentísima,
que tiene esta.
Definen esta definición de estas actuaciones,
son las que tienen por objeto
realizar las obras de rehabilitación edificatoria.
Aquí parecería que simplemente nos limitamos a interviniendo incluso
los edificios, dejando al margen lo que es la urbanización,
pero no cuando existan situaciones insuficiente
de degradación de requisitos básicos de la funcional,
seguridad y habitabilidad de las edificaciones,
pero sí son actuaciones sobre el medio urbano de regeneración
y renovación urbana,
es cuando afecten tanto a los edificios
como al espacio, a los tejidos urbanos,
pudiendo incluir actuaciones de nueva nueva edificación,
sustitución de munición de los edificios.
Por tanto, no solo serán intervención sobre las edificios,
sino es sobre todo el medio urbano que no les conforma conllevar.
Ahí no es una intención meramente física,
sino que además se tipificará
se identificara como de carácter integrado,
cuando, dentro del mismo plan,
cuando se incorporen dentro de ese mismo plan urbanístico,
las medidas sociales, ambientales y económicas,
dentro de la misma estrategia global y unitaria.
Esto es cuando se a esos objetivos de manera determinante
esas deberes y cargas a esas actuaciones urbanísticas
y, por tanto, supone la definición de un nuevo escenario.
Por tanto, vista esa perspectiva
de ese principio de desarrollo sostenible,
tenemos que identificar cómo eso se plasman verdaderamente
si quieren los instrumentos de planeamiento como ejemplo.
Por tanto, vamos a analizar cómo se plasman esos contenidos tú sí
en el plan general.
En ese elemento estrella
que señalamos en la clase anterior sobre el planeamiento
significativamente su plan general con virgen,
convergen un acto en la actualidad una multiplicidad de competencias
estatales, autonómicas, provinciales,
a veces incluso europeas.
Por tanto, primero tenemos
que identificar siempre la distribución competencial,
que en España siempre se pasa por la tensión,
la identificación de los artículos,
las competencias que pueden ser adquiridas
por las comunidades autónomas, el artículo 148 de la Constitución
y las competencias exclusivas que está si están terminadas
en el 149 para en este caso el Estado,
y por tanto van a aparecer.
Toda una serie de determinaciones de unos y otros que verán
se verán volcadas deberán superpuestas en los propios planes,
a veces con carácter simplemente informativo
y preceptivo, pero otras veces con carácter vinculante,
de tal manera que da igualdad el interés de unos ciudadanos
o de un ayuntamiento,
sino que hay un interés general superior, que es supramunicipal,
que debe ser respetado de manera forzosa.
Al margen de su voluntad, veamos un ejemplo.
Un ayuntamiento no va a poder definir como es el borde de costa,
puesto que eso le corresponde al departamento ministerial
de cosas, con sus restricciones, con su normativa,
y no tendrá capacidad liberal de decidir cómo es ese borde,
porque es otra administración la que va a decidir.
Por tanto, el sobre el plan general
se van a plasmar toda esta serie de determinaciones y objetivos
que podemos identificar de naturaleza física, social,
económica o medioambiental y, como ya veíamos en la casa anterior,
eso se va a plasmar en los contenidos, en las memorias,
en los planos y, sobre todo y ahora me interesa señalar este aspecto
que hemos entrar con mayor definición en los estudios,
informes preceptivos y en muchas ocasiones vinculantes
y en las distintas etapas de tramitación por por tanto,
volviendo a nuestro esquema de tramitación,
nos vamos a centrar precisamente en esas etapas previas
del plan general,
donde vamos a identificar estos estudios que son significativos
y son descriptivos,
también de otro tipo de participación,
de otro tipo de intereses que están representados
por intereses generales, superiores en muchas ocasiones o reflexiones,
que son un mandato con naturaleza de ley
o de reglamento que debe incorporar el planeador,
que en este caso pasa por ser amenidades ocasiones,
los ayuntamientos correspondientes,
nos vamos a fijar en esas etapas iniciales y vamos a analizar
bajo ese esquema de distribución de cuatro perspectivas físicas,
social, económica y ambiental.
Qué elementos van a aparecer para que podáis vislumbrar
cómo los planes ya no son lo que era así?
Por ejemplo, desde la perspectiva física
los planes generales van a tener que crear una serie de informes
o liquidación de cumplimiento de las cuantías de vivienda?
Producción pública.
No hay una liberalidad sobre qué debe, cómo debe ser
esas reservas de suelo para bien de protección pública,
sino que haya una serie de mínimos.
Evidentemente, pueden ser mejorados por las,
por las administraciones locales,
pero tienen que guardar una serie de estándares mínimos
o la memoria justificación de cumplimiento de estándares,
edificabilidad, desconocimiento residencial de espacios verdes
dotaciones públicas de colegios, de aspectos sanitarios,
etc. O en aquellos casos de que se produzca transferencias
de edificabilidad entre ámbitos deben guardar
unas ciertas proporcionalidades?
Si además dentro del plano físico
podemos señalar todo un conjunto de informes necesarios
y obligatorios informes de carreteras dispares dudas farragosas
ferroviarias de aeropuertos de puertos de movilidad pública
o defensa vaginal,
decisiones de seguridad de protección civil,
o todo un conjunto de determinaciones vinculadas
a las redes de telecomunicaciones
u otra naturaleza de suministros energéticos,
no informes de telecomunicaciones de gas, hidrocarburos,
infraestructuras eléctrica de recursos hídricos,
muy importante de infraestructuras de saneamiento y tratamiento
de infraestructuras de residuos o también a cuestiones urbanísticas,
como cuáles son las hipótesis de cálculo para el mantenimiento
de la población o cuál es el umbral, la certificación del padrón
que debe existir porque las previsiones tienen
que hacerse de manera coherente a las previsiones estadísticas
lógicas de crecimiento, porque si no es,
digamos impensable que cualquier hubiese una discrecionalidad absoluta
en el plano social, pues avidez a su vez.
El plan tiene que recoger toda una serie
determinaciones que se plasman en muy distintas perspectivas.
Por ejemplo, tiene que ver un resumen ejecutivo
con extremos tales como donde cambia la ordenación.
Donde se suspende la ordenación,
de tal manera que la ciudadanía sepa o pueda saber que se va a proveer,
que se va a planificar qué actos tiene,
y además debe hacerse de acuerdo con los principios
de buena regulación,
justificando los principios de necesidad, eficacia,
propiedades jurídica y transparencia.
Para que esa información sea comprensible, accesible ya sabéis
que los técnicos y urbanistas hablamos en una jerga,
a veces de difícil comprensión
y por tanto tenemos que hacer factible que ese lenguaje,
que esas determinaciones sean accesibles, comprensibles
por la ciudadanía además tiene que incorporarse la certificación.
Las aseguración es la acreditación de que se ha seguido un proceso
de participación ciudadana.
Los acuerdos de inicio de formulación.
Los informes del consejo asesor de planeamiento tienen
que incorporarse las impactos,
o los informes o las perspectivas de impacto de género,
no solo porque sea necesario,
sino porque además la ley así lo exige
o en aquellas comunidades que quieran o estas determinaciones
puede exigirse informes de impacto lingüístico.
Adicionalmente tendrán que haber toda una serie de informes sectoriales.
Desde patrimonio cultural, de vivienda.
Necesidades educativas,
informes sobre salud informe asistencial de tercera edad
infraestructuras deportivas acciones económicas comercio interior ojos
y espectáculos que en ocasiones determinan el tiempo de regulación
posible para determinar qué usos se pueden establecer
o qué criterios ordenadores existen en nuestro municipio.
Desde la perspectiva económica muy interesante.
También interesa resaltar cuatro aspectos fundamentales.
En primer lugar, el estudio de viabilidad económico
-financiera proveniente del texto refundido del 76, que es la garantía
de que las actuaciones son económicamente posibles.
El informe o memoria de sostenibles económica,
donde se analiza el impacto sobre las haciendas públicas
y la suficiencia y adecuación de los usos productivos;
en aquellas acto planes
que incorporen actuaciones sobre el medio urbano;
existe una memoria de viabilidad económica especial,
así como en aquellos casos donde sea necesario acreditar la existencia
de recursos públicos
porque se van a utilizar mecanismos, por ejemplo,
expropiatorios la certificación de la intervención de que existe
dispositivos disponibles económica para afrontarlos,
que no sean meramente una carta los Reyes Magos.
Además, desde el de vista del punto de vista económico,
tenemos informes sectoriales sobre la implantación
o no de grandes espacios comerciales,
en funcionaron antiautonómica.
Muchos casos o la preceptividad del informe
a otras administraciones públicas, esto es cuando nuestro municipio
tenemos una infraestructura del Estado.
Evidentemente tenemos que advertirle,
porque no se puede llegar a condicionar en muchos casos,
desde la competencia urbanística, las determinaciones sectoriales,
sobre esos bienes,
puesto que rige el principio de especialidad
y de competencia superior
desde el punto de vista medioambiental.
Es evidente que con el paso de los años
se ha producido un incremento notable de las exigencias.
Ya no nos conformamos con cualquier cosa,
así no solo lo que ya señalábamos anteriormente.
El plan tiene
que tener una tramitación ambiental estratégica,
de acuerdo con la ley de evaluación ambiental,
más un resumen no técnico,
de tal manera que, como decíamos antes de acuerdo también
con la perspectiva social,
sea comprensible de los efectos medioambientales,
de las actuaciones transformación tiene que haber un estudio
sostenibles en energética.
Imaginemos en imaginémonos la necesidad de este documento
en el escenario actual,
un estudio sobre soleamiento de las viviendas de acuerdo
en nuestro caso con la normativa autonómica;
un estudio sobre los impactos sobre el cambio climático,
de la reducción de riesgos y el tránsito
hacia un territorio neutro en carbono, las medidas de adaptación
y mitigación según los efectos del cambio climático, que es
una determinación que está recogida en una ley,
y que los planes adores los planes tienen que recoger,
o los estudios e informes de riesgos naturales
y accidentes graves.
Esto es, no ocupar suelos que tienen esa serie de riesgos
o si están ocupados, qué medidas es posible
adoptar para minimizar o trasladar esos esos riesgos;
por tanto riesgos marinos, riesgos de eventos meteorológicos,
de mortalidad,
de morbilidad o de pérdida de ecosistemas o biodiversidad,
o incluso riesgos de incendios,
pero también tenemos que verlo desde las perspectivas,
de qué medidas de protección civil y emergencias
o que decir desde el punto de vista de los mapas de ruido,
puesto que va a ser una cuestión determinante
en función del desarrollo de infraestructuras de transporte
y su cuadra estación con los desarrollos urbanísticos.
Por tanto, va a haber todo un conjunto de informes
que se complementa además con informes de protección,
dominio hidráulico de costas,
espacios naturales de cambio climático, de política energética,
de montes de agricultura,
si o de suelos contaminados, y residuos,
o uno muy interesante,
como es el informe sobre suelos de alto valor agrológico
que nos habla de la sostenibilidad, digamos, de producción alimentaria.
Esto es, la sociedad alimentaria.
Yendo ya, como hemos visto,
hay toda una serie de determinaciones en informes que deben
ser incorporados ya a los a los instrumentos
de planeamiento, como reflejo de este nuevo concepto
del y, por tanto, nos permite alcanzar una serie de conclusiones
que me permito enunciar.
En primer lugar, la regulación urbanística española,
de los 60 últimos años ha migrado de un modelo físico
a un modelo basado en el desarrollo urbano sostenible,
integrado, que, si no solos
únicamente se basa a recoger seriamente determinaciones
meramente informativas sean físicas sociales económicas
ambientales sino que afecta a la ordenación a la regulación
de todo el ámbito espacial, sea público o privado,
puesto que la ordenación del suelo es parte del interés general,
el si afecta tanto al medio natural como al medio urbano,
a lo no transformado y a la ciudad existente
en los planes de se concitan múltiples determinaciones
y competencias que señalábamos anteriormente,
las cuales se deben obligatoriamente incorporar y el plan general
en su tramitación tiene que incorporar
y verse expuesto al juicio de múltiples agentes.
Los ciudadanos, los propietarios, las asociaciones,
las distintas administraciones e incluso a los jueces,
al poder judicial,
puesto que muchos, como existe, la tutela judicial efectiva
y la posibilidad de,
como veremos más adelante la acción pública,
es posible impugnar estas determinaciones,
y es lo son los jueces los que en un momento
dado están llamados a analizar si verdaderamente
se cumplen estas determinaciones -legales, y en su caso,
si no se cumplen, como señalaba la primera clase,
a declarar la nulidad de pleno derecho y,
consecuentemente, la expulsión del ordenamiento jurídico.
Todas estas perspectivas están llamar y agentes
están llamados a participar de una manera
jerarquizada organizada, accesible y comprensible,
de tal manera que se puedan cohonestar todo,
el juego de derechos y deberes a lo largo del proceso.
Con estas reflexiones damos por concluida esta clase
y os esperamos en la siguiente.
Hasta pronto.