Estimados alumnos, bienvenidos, de nuevo
vamos a cerrar la tercera parte de este primer módulo
en el que estamos estudiando el marco normativo,
en la esfera internacional, en la esfera europea
y en la escena nacional con una visión de la participación
precisamente en este ámbito en el ámbito estatal,
y para ello vamos a hacer una incursión
en el ordenamiento jurídico español no porque sea un ejemplo a seguir,
sino simplemente como una referencia,
como para poder luego abordar un estudio comparado y ver
precisamente los pros y los contras de cada ordenamiento jurídico.
Vamos a estructurar esta materia del estudio del marco normativo
en el ámbito nacional, en dos brillo clases,
una primera referida a la Constitución española
y otra segunda, en la que nos adentraremos en la ley
y veremos el procedimiento de participación de los ciudadanos
en la elaboración de disposiciones normativas.
Comenzamos, por tanto, con el estudio de la Carta Magna,
del ordenamiento jurídico español,
y tenemos que decir que el fundamento último de la participación
se encuentra en la configuración del Estado
como estado social y democrático de derecho.
En este sentido, el artículo 9.
Dos de la Constitución española
dispone que corresponde a los poderes públicos,
entre otras cosas,
facilitar la participación de todos los ciudadanos
en la vida política, económica, cultural y social,
y en este marco el artículo veintitres
de la Constitución viene a plasmar un verdadero derecho fundamental
a la participación ciudadana, dispone expresamente los ciudadanos,
tienen derecho a participar en los asuntos públicos directamente
o por medio de representantes,
señala libremente elegidos en elecciones periódicas
por sufragio universal.
Como ven,
es una redacción muy semejante a la de los textos internacionales
que estudiamos en otras vídeo clases.
Pues bien, este artículo se encuentra situado
en la sección primera del capítulo segundo
de la Constitución Española, entre los derechos fundamentales
y está protegido con las máximas garantías,
tanto de tipo normativo como jurisdiccional,
y, como ven, se establece aquí un derecho a la participación
en los asuntos públicos, con dos modalidades de ejercicio,
por una parte, la participación por medio de representantes
libremente elegidos en elecciones periódicas,
pero además instaura una participación directa,
pues dice la participación directa en la vida pública
a través de los cauces.
Que la Constitución y las leyes habilitan al efecto,
sin embargo,
tenemos que hacer una precisión sobre este sobre esta regulación,
pues el Tribunal Constitucional,
que, como saben,
es el intérprete-intérprete supremo de la Constitución,
ha venido a establecer una jurisprudencia,
algo restrictiva ha mantenido una posición restrictiva
de esta participación directa en su a través de su jurisprudencia
que luego los tribunales ordinarios la continúan.
Señala que existe un predominio
o señala que el pilar en el que se funda
nuestra democracia constitucional es el de la democracia representativa,
es decir, las elecciones a través de representantes;
por tanto, viene a otorgar un predominio claro
de las formas de democracia representativa
sobre otras formas de democracia participativa o directa;
por tanto,
considera que los mecanismos de democracia directa
solamente pueden ser un complemento a la democracia representativa,
o sea, son un conjunto de instrumentos que vienen a garantizar
y a reforzar precisamente la democracia representativa.
Por tanto, las formas reconocidas y amparadas de democracia directa
se circunscriben a las expresamente reconocidas en la Constitución,
y estas son, o sea, cuál es el reconocido
que de qué forma se hace la Constitución
un reconocimiento explícito.
Pues bien, de la intervención del pueblo,
como titular de la soberanía,
las la soberanía popular en la iniciativa legislativa popular
y en el marco ejecutivo,
en el referéndum consultivo sobre decisiones
de especial trascendencia.
Más allá de estas manifestaciones de participación política,
la Constitución recoge otras exigencias
de participación que las circunscribe a determinados colectivos,
como pueden ser la juventud y los consumidores,
o a determinados ámbitos materiales,
como el ámbito educativo de Administración de Justicia,
la Seguridad Social, empresa, planificación económica,
etcétera.
Hemos dicho que las formas expresamente reconocidas
de participación son el referéndum y la iniciativa legislativa popular.
Vamos a estudiar brevemente cada una de ellas.
Como ustedes sabrán, porque la mayoría
de los ordenamientos constitucionales de los países de Latinoamérica
y de los países de Europa está reconocido en referéndum,
constituye un mecanismo de participación ciudadana
en el que los ciudadanos se pronuncian
sobre la aprobación o derogación de un texto legislativo,
y se diferencia del plebiscito en que en este lo que se somete
a la consideración de la ciudadanía es una decisión política.
En la Constitución española
se incluye bajo exclusivamente la denominación de referéndum,
y bajo esta denominación se incorporan distintas formas.
Algunas de las cuales encajarían más bien técnicamente
en la consideración de plebiscito.
Pero la única denominación que encontramos en la Constitución
es la de referéndum y así se recoge en el artículo 92,
que señala que las decisiones políticas de especial trascendencia
deben ser sometidas a referéndum consultivo
de todos los ciudadanos.
Esto lo recoge en el párrafo primero y en los párrafos segundo y tercero,
regula las condiciones para el ejercicio
y su convoca su regulación a través de ley orgánica.
Pues bien, la característica de este referéndum,
que más bien podría ser un plebiscito,
es su carácter consultivo, es decir,
el gobierno no va a estar jurídicamente vinculado
a los resultados de las decisión que ha tomado la ciudadanía.
Esto no significa que no tengan que puede apartarse
de lo acordado por los ciudadanos.
Por tanto, la repercusión o el impacto político
de este referéndum es especialmente relevante.
Tenemos también otros supuestos en los que la Constitución española
exige la convocatoria de referéndum.
En este caso sí que sería vinculante,
no vamos a entrar en ellos, pero, bueno,
simplemente mencionarlos.
Los supuestos serían el de la reforma de la Constitución en el artículo 168
el de la aprobación y reforma de los estatutos de autonomía,
en algunos de los supuestos previstos hasta aquí el referéndum
y en cuanto a la iniciativa legislativa popular.
Pues bien, la iniciativa constituye otro de los supuestos que integran
el contenido del artículo veintitres, que hemos visto
en cuanto a la modalidad de participación directa,
el derecho de todos los ciudadanos a participar directamente
en los asuntos públicos,
y en este caso se trata de uno de un mecanismo
en el que los ciudadanos pueden participar
en la producción normativa.
Su finalidad es que aquellas demandas de los ciudadanos,
aquellas cuestiones que interesan a los ciudadanos,
que de alguna forma quedan fuera del debate político
puedan llegar a la deliberación en sede parlamentaria,
se encuentra regulada en el artículo 87.
Tres de la Constitución con carácter no vinculante
y fue desarrollada en su momento por la ley orgánica de 1984.
Esta ley posteriormente fue objeto de una modificación importante
en el año 2006.
Cuáles son los requisitos para presentar una proposición
de ley?
Pues se requieren 500.000 firmas de ciudadanos españoles,
mayores de edad inscritos en el censo electoral.
Esta este exigencia excesiva de firmas
ha tenido lógicamente un efecto disuasorio en la práctica
y además se separa en cierta medida de los modelos
o de las tendencias de otros países del ámbito europeo
de otros países cercanos.
Si bien la iniciativa legislativa popular no es un instrumento
especialmente eficaz en casi ningún ordenamiento jurídico,
sí que tenemos que resaltar algunos modelos
en los que su funcionamiento es eficiente.
Este es el caso, por ejemplo, de Suiza, en el que para la reforma
de la cuestión de una constitución parcial o total
se exigen exclusivamente 100.000 firmas de ciudadanos suizos
y el caso de Austria
en el que también se puede presentar un se puede proponer
al gobierno que convoque un referéndum con 100.000 firmas,
otros casos en los que la exigencia de firmarse es menor
pueden ser los de hungría lituania eslovenia Portugal etcétera
a la exigencia de un número elevado de firmas.
Se une también la intensa limitación del ámbito material.
Por qué no se puede presentar una iniciativa legislativa popular
sobre cualquier ámbito material.
Tenemos una serie de materias excluidas
y algunas están excluidas por la expresa disposición
del artículo 83, 3, 87, tres de la Constitución
y otras por las establecidas en la ley orgánica.
Cuáles serían las materias excluidas por disposición de la Constitución?
Bueno, pues aquellas que son propias de ley orgánica,
es decir, las que deben regular los derechos fundamentales
y libertades públicas, también aquellas de carácter tributario
o de carácter internacional, o la prerrogativa de gracia,
a esta según en las que incorpora la ley orgánica,
como son las de presupuestos generales del Estado
o la planificación en la actividad administrativa,
y por último, tenemos algunas materias
cuya iniciativa queda reservada a otros órganos del Estado,
como es el supuesto de la reforma constitucional.
Vemos, por tanto, que el la exigencia de un elevado número de firmas,
junto con la restricción del ámbito material,
han determinado y explican el escaso uso
de este instrumento por parte de la ciudadanía.
En cuanto al procedimiento, la ley establece un procedimiento sencillo
que no fue especialmente reformado por la.
En el año 2006 que se circunscribe a tres fases
en una fase de admisión a trámite, una recogida de firmas
y la tramitación parlamentaria como proposición de ley
no vamos a entrar al estudio del procedimiento,
lo tienen los materiales y quieren profundizar un poco más,
simplemente señalar que el procedimiento comienza presentando
a la mesa del congreso un texto de una proposición de ley
y además indicando quiénes son los componentes de la comisión
promotora, a partir de ahí solamente señalar
que con la reforma de 2006 el plazo de recogida
de firmase, ampliado de seis meses a nueve meses,
con posibilidad de prórroga, además, que se ha incorporado también
para la recogida el uso de las nuevas tecnologías,
lógicamente instrumentando los mecanismos que garanticen
la fiabilidad, en la autenticidad de las firmas,
y, por último, que se han aclarado también los supuestos
de resarcimiento de gastos en los gastos
en los que incurren los promotores de la iniciativa,
los gastos de difusión y los gastos de recogida de firmas,
estableciendo un límite máximo de 300.000 euros.
No obstante, en toda esta regulación existen también algunas deficiencias
o puntos débiles que nos interesa destacar precisamente
para dar pie a la comparación de unos modelos con otros.
Estos son por, por una parte,
el hecho de que tenga que tomarse la proposición de ley,
tenga que tomarse en consideración por el Congreso esto puede hacer
que todo el esfuerzo realizado por los promotores
para la recogida de firmas finalmente resulte infructuoso
y la proposición de ley
no sea debatida en la comisión correspondiente y además,
se achacado también la desvinculación que existe entre la iniciativa
y la ciudadanía que propone, es decir,
la comisión promotora de la proposición de ley,
en la medida en que esta comisión no puede participar
en los debates parlamentarios, se genera una posición de indefensión
en cuanto a los posibles cambios materiales.
Por último,
vamos a hacer una breve referencia al derecho de petición,
que también está regulado en la Constitución española,
en el artículo 29.
1, que señala que todos los españoles
tendrán derecho de petición individual o colectiva
por escrito en la forma y con los efectos que determine
la ley.
El derecho de petición fue desarrollado
mediante ley orgánica del año 2001, reguladora del derecho de petición
y de acuerdo con lo establecido en la Constitución
y en la ley orgánica.
Estará legitimado cualquier persona natural o jurídica,
ya sea a título individual
o a título colectivo los destinatarios del derecho
de petición puede ser cualquier institución pública,
cualquier administración o cualquier autoridad,
y así como los organismos vinculados o dependientes de las mismas
en los ámbitos de su competencia.
En cuanto al objeto se puede plantear a través de este derecho
cualquier asunto de interés general colectivo particular,
siempre que sea competencia de la institución
o del órgano al que se dirige.
Por último, señalar que el procedimiento
se caracteriza por su flexibilidad y antiformalismo exige,
porque lo dice la Constitución la presentación por escrito,
pero cualquier por cualquier medio que permita identificar
que permita acreditar su autenticidad y ante cualquier dependencia
administrativa el procedimiento muy brevemente bueno
el órgano que lo reciba tendrá que comprobar
que se cumplen los requisitos y en caso de que no se cumpla lo in
admitirá o dará un trámite para la subsanación de 15 días
y no se subsanan.
Se archivará la petición y, en caso contrario,
se procederá a la tramitación.
El órgano tendrá que dar una contestación
motivada en el plazo de tres meses los supuestos de inadmisión.
Bueno, pues son siempre aquellos, cuando se plantea una petición
que sea ajena al ámbito de competencia de la institución,
órgano al que se dirige o que el órgano considere
que es que requiere un procedimiento de tramitación parlamentaria,
de tramitación administrativa o de tramitación judicial.
Hasta aquí hemos visto un poco el marco normativo
desde el punto de vista de la Constitución española.
Muchas gracias por su atención.