No.
Bienvenidos a otra entrevista de la serie mujeres
en la disciplina del derecho constitucional español.
Hoy contamos con Rosario Serra, Cristóbal.
Bienvenida, Rosario muchísimas gracias
por la invitación.
Rosario es catedrática de Derecho Constitucional,
de la Universidad de Valencia desde el año 2019
es miembro del Instituto de Derechos Humanos
de esa universidad, desde su fundación
hasta hasta la actualidad,
y actualmente ejerce como vicedecana de los estudios
entre el grado en derecho en la Universidad de Valencia
entre sus campos de investigación encontramos distintos distintos
temas del derecho constitucional y comunitario,
como pueden ser los derechos fundamentales,
la igualdad y no discriminación, relaciones entre las jurisdicciones
constitucional y ordinaria, Tribunal Constitucional,
Poder Judicial, también cuestiones como la trata de seres humanos,
seguridad y terrorismo o desinformación.
La primera pregunta que quería hacerle es la pregunta que hago
a todas las entrevistadas.
Para comenzar es porque decidió estudiar Derecho.
Y cuáles fueron los obstáculos,
si es que los hubo cuando comenzó la licenciatura
o, posteriormente, cuando cuando estudió el doctorado.
Bueno, pues yo decidí estudiar Derecho porque quería ser juez.
Cuando unas joven piensan ese ideal de la justicia
de alguien que dirima los conflictos y bueno es lo que quería hacer
con esas, me enrole en la Facultad de Derecho
en una facultad que entonces era bastante distinta,
ahora con aulas muy masificadas,
donde las primeras semanas incluso nos teníamos que sentar
en las ventanas porque no había espacio suficiente,
y, a pesar de ello, pues fueron unos años muy bonitos,
unos años en los que conocí a mucha gente,
conocía el que es mi marido actualmente y disfrute
mucho escuchando a los profesores que sabían, sabía mucho y disfrute
mucho del derecho constitucional.
De hecho fue una profesora de derecho constitucional
la profesora remedio Sánchez Férriz,
la que me propuso la posibilidad de estudiar los,
hacer los estudios de doctorado del doctorado,
pedir una beca al ministerio y empecé a ser becaria del departamento
de Derecho Constitucional.
Por aquel entonces se incorporaba al departamento el profesor
Joaquín García Morillo, quien asumió la dirección de mi tesis doctoral
y empezó a empecé con el hacer la tesis doctoral.
La verdad es que durante la carrera
ni durante los estudios de doctorado encontré especiales obstáculos,
todo lo contrario.
Un director de tesis, un maestro que todo universitario,
que pretende hacer carrera universitaria,
debiera tener su, su dedicación fue exquisita
y todo lo que se hoy en día lo se lo debo a él,
no todo lo que aprendí, se lo se lo debo en gran medida,
a la demanda de otros compañeros.
Por supuesto, del departamento de Derecho Constitucional
lo horrible fue que falleció al año de haber defendido yo
mi tesis doctoral, y eso,
como como puede usted imaginar, en la carrera universitaria,
quedarte sin maestro, quedarte sin tu mentor,
pues no pone las cosas fáciles, no, quizá ese fue el mayor golpe
que he tenido en el ámbito universitario
y el mayor obstáculo no se me preguntaba por esta pulos
con el cual, pues desgraciadamente me tuvo aquí encontrar, pero bueno,
aquí estamos.
Y cómo valora la la evolución de la posición de las mujeres
en el ámbito del derecho en general y concretamente,
cómo considera que ha evolucionado la posición de las profesoras
en la universidad desde el momento en que usted comenzó
la carrera académica respecto a la actualidad?
Cuál considera que son las principales diferencias
o los principales cambios?
Bueno, cuando cuando yo estudiaba derecho éramos muchos las chicas,
hoy en día siguen siéndolo, alumnas, hay como un tabú 61,
62 por 100 de alumnas que estudian derecho,
yo creo que eso se traduce también en el ámbito de la empleabilidad.
Luego hay mujeres que ocupan todo tipo de cargos jurídicos,
el acceso en materia de género entre hombres y mujeres.
Al mundo profesional jurídico a mí me parece
que no presenta grandes diferencias hoy en día
no es verdad que ha evolucionado progresivamente,
pero éramos muchas y seguimos siendo
bastantes las mujeres que acabamos siendo empleadas
bien como en el ejercicio de la profesión,
con oposiciones en las que una acceder a la condición de juez fiscal
como procuradores, como en empresas como asesoras en muchos ámbitos,
lo que yo sí que creo que es más difícil
es luego la progresión profesional, aquellas que optaron,
o que han optado por una progresión, por ejemplo,
en el ejercicio de la profesión de la abogacía.
Pues yo creo que lo han hecho con mucho esfuerzo,
porque aunque también se ha evolucionado mucho
respecto de el reparto de cargas en el ámbito doméstico,
digamos la sigue, lo han hecho con mucho esfuerzo,
o sea, sigue habiendo mucha carga en la mujer,
tanto de los hijos como personas mayores
a las a las que cuidar.
Si se tienen, se tienen que cuidar,
no en el ámbito de la, de de otros jurídicos,
donde la progresión no depende tanto de una
sino que depende más de otros.
Yo creo que sí que se ven más dificultades.
Si, por ejemplo, hablamos de los consejos de administración,
los puestos altos no suelen estar ocupa de las mujeres
y cogemos el ejemplo, por ejemplo, de la judicatura
sí un 60 por 100 o a lo mejor de los jueces y juezas
son son mujeres.
En el Tribunal Supremo solo se ha alcanzado un 21.
Creo que es ahora aproximadamente lo que estamos hablando, no.
Si luego nos movemos ya en el ámbito universitario,
porque también usted me preguntaba.
Creo que las mujeres como profesoras somos,
estamos y yo creo que vi en torno al 40 por 100 aproximadamente,
pero de ellas ya funcionarias;
es un 35 por 100 del profesorado y si luego hablamos de catedráticas,
estamos en torno al 21 catedráticas de Derecho Constitucional.
Creo que son menos del 15 por 100
de los de las cátedras de derecho constitucional que existen.
Por lo tanto, ahí se nota una dificultad yo creo
que ayudó mucho la ley de igualdad en el ámbito universitario
el que las comisiones de tesis doctorales,
comisiones de contratación, comisiones de cualquier tipo,
estén necesariamente compuestas por hombres y mujeres,
creo que nos ha beneficiado a las mujeres
y creo que nos ha beneficiado y estoy muy convencida de ello.
El sistema de acreditación con todas las críticas y mejoras
que se pueda establecer para el mismo creo que ha objetivizado.
Creo que el sistema anterior pivotaba más o la idea de que claro,
tenía que acceder o promover en la carrera académica
aquel que estuviese preparado, obviamente,
y tenía que hacer unos ejercicios bien y todos bien,
pero pivotaba más o idea a quien le toca ahora, no.
O quién está preparado y había como una concepción generalizada
de que estaba preparado, casi siempre de forma natural,
venía la idea de 1, el nombre de un hombre más que de una mujer.
Por eso, con con el nuevo proceso de acreditación por la aneca,
esto se ha cortado, no, y creo que eso se ha reflejado en cifras,
estamos en un proceso de progresión que yo creo
que debemos debemos mantener, pero con buenos resultados.
Es decir, que me quedo un poco con la idea de que quizá hoy en día
no es tanto un problema de acceso a las distintas profesiones
como un problema de progresión o de progresar
lo hacían dentro de alcanzar la base de ese famoso techo de cristal
del que hablamos siempre, en definitiva,
comentaba que por referirlo a las catedráticas.
No ustedes, la última, la última mujer que accedió a una cátedra
de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia,
y se da la circunstancia de que la actualidad son 2.
Las catedráticas de Derecho Constitucional
en el mismo departamento, Josefa Ridaura,
que además es la presidenta de la Asociación de
Constitucionalistas de España, y usted y además hay una tercera,
que es el remedio Sánchez -Férriz, que es catedrática emérita,
pero que fue la primera mujer en acceder a una cátedra
de Derecho Constitucional en la universidad española.
Hay alguna razón que explique que la Universidad de Valencia
sea una universidad donde, que es la universidad,
que sea la universidad donde más catedrática de Derecho Constitucional
hay en España y sucede también en otras disciplinas,
es una cosa específica del derecho constitucional.
La verdad es que razón razón no encuentro.
Sí que es verdad que nosotras representamos el 30 por 100
de los catedráticos catedráticas que hay
en el departamento de Derecho Constitucional,
lo cual supera un poco esa media que antes señalaba del 21 por 100
del 15 por 100, perdón, que hay en España bulo
aproximadamente o sea calculaba aproximadamente,
pero la razón no, no la encuentro en nada.
Es verdad que se comparó con el resto de departamentos;
estamos en la media por debajo, es decir,
todos los departamentos de Derecho de la fábula de Derecho de Valencia
tienen un 30 por 100 de catedráticas.
Incluso llevemos unos departamentos donde el porcentaje
sube en el caso de mercantil a 38, 40 por 100,
en el caso de penal de trabajo de Filosofía del Derecho,
por ejemplo, están en un 50 por 100,
se sea la mitad de las de las cátedras
son ocupadas por hombres, la mitad por mujeres.
Por lo tanto nosotros estamos en esa media baja,
incluso dentro de igual.
La la razón es en Valencia,
pero no sabría.
No sabría decirle el por qué no, no, no encuentro una,
una respuesta en si comparo o no con otras,
con otras otras facultades.
El otro día, en una entrevista como esta,
Ángela figueruelo, señalaba que quizá habría
que buscar también las diferencias entre las propias ramas
del derecho nuevo, que reflexionaba sobre la idea de que
quizá en derecho constitucional era una disciplina
donde había especialmente pocas catedráticas en comparación
con otras, como pueda ser derecho civil
o alguna derecho del trabajo.
Por ejemplo, suele haber más en Filosofía del Derecho,
es verdad, y hay determinadas disciplinas
que desde el comienzo se se mantuvieron, más ese equilibrio
no o la promoción fue más igualitaria?
Cambiando un poco de tema.
Una de sus líneas de investigación principales
tiene que ver con la prostitución y la trata sexual de mujeres.
Quería preguntarle cómo cómo valora el tratamiento que hace
el ordenamiento jurídico español de esta cuestión
y también en comparación con con otros ordenamientos de países
de nuestro, de nuestro entorno europeo,
y en su opinión, hacia dónde debería evolucionar
la regulación de esta cuestión hacia la abolición,
como sostienen algunos, o más bien en el sentido contrario
hacia una legalización de la prostitución.
Bueno, yo más que la prostitución,
yo he estudiado la trata de seres humanos,
pero es imposible estudiar la trata de seres humanos
y, en concreto yo estudiaba más la trata de mujeres
para la explotación sexual,
sin a sin desligarlo de la de la prostitución.
Evidentemente, aunque se trata de fenómenos muy distintos,
mientras la trata de seres humanos, como bien se sabe,
supone la esclavitud de unas mujeres que son tratadas
como mercancía que normalmente son transportadas.
De unos lugares a otros con el fin de explotarlas sexualmente,
y en las que existe un vínculo muy fuerte,
con el el digamos el explotador,
porque o bien les les retiran la documentación o les someten,
bajo violencia o bajo amenazas a la familia
que queda en su país de origen, y ese fenómeno
es algo que desde luego es, es terrible.
También es distinta a la prostitución forzada,
que no tiene por qué estar en el marco
de una red de explotación, pero sí que hay alguien que individualmente
explota a otra de forma lucrándose, digamos de los servicios sexuales
que presta una mujer.
Pues todo ello es es un fenómeno,
son fenómenos que han recibido su regulación internacional
y en las que por supuesto se podrían establecer mejoras,
no regulación internacional que por ejemplo, podemos encontrar en
el protocolo de Palermo o también encontramos en el marco
del Consejo de Europa con el Tratado contra la trata,
el convenio contra la trata y explotación de mujeres y niñas.
También en el ámbito nacional vamos a encontrar
que se han producido modificaciones en el ámbito del derecho penal
con protocolos para la detección de de mujeres explotadas.
La persecución, etcétera,
todo ello demuestra que es un fenómeno que se conoce,
que se persigue, pero hay cosas que hay que mejorar.
Por ejemplo, yo cambiaría el que sus regulaciones se encuentre
en la ley de extranjería.
Es verdad que la mayor parte
de las mujeres explotadas víctimas de la trata son extranjeras,
pero no creo que sea la ley, debería existir una ley específica,
transversal, que robó el fenómeno de todo tipo de explotación sexual
laboral de cualquier tipo de seres humanos, no, y,
al igual que debería haber un mejor tratamiento
para la víctima,
porque es verdad que ahora el sistema pivota sobre la necesidad
de que esa persona que es liberada colabore con la justicia
para la persecución de aquellos que la han explotado
y que pueden estar explotando a otras mujeres,
pero no podemos olvidar que en el fondo son víctimas,
y como víctimas principalmente, debieran tratarse,
no con independencia de que colaboren o no por miedo,
por falta de seguridad o por lo que fuera un fenómeno distinto a todo.
Esto es el de la prostitución voluntaria.
La prostitución voluntaria.
Es un tema sobre el que hay ahora abierto un debate.
Llevamos muchos años debatiendo sobre ello
porque no tenemos una regulación.
Otros países de nuestro entorno
han hecho regulaciones de lo más diverso,
desde aquellos países que han optado por la abolición,
como pueden ser Suecia,
y y o Francia, no, incluso persiguiendo y sancionando
al que usa estos servicios sexuales hasta otros países que han optado
por regularizarla y con como una profesión en caso de alemania
de Austria de Grecia de Suiza tenemos bastantes ejemplos
bastantes ejemplos de ello no yo, si me, si me tengo que decantar,
y si me hace la pregunta, que es una,
una pregunta muy difícil sufriendo una especie de evolución personal.
Yo empecé pensando que debiera regularizarse la prostitución
y tratarse con todos sus derechos, y también con sus obligaciones,
es decir, quienes prestan estos servicios,
esas mujeres pues debieran contribuir,
también al fisco, etc. Con todo derechos y deberes,
porque un poco lo veía como contraposición a la trata.
Si la trata es lo prohibido,
lo ilegal, lo otro debía ser lo legal y lo regularizado,
pero con el paso del tiempo, los estudios, los datos y tal,
me he ido decantando más hacia una así a una posición abolicionista.
Podemos decir y digo evolucionistas
porque a mí me me falta la idea de la voluntad,
el 90 por 100 de las personas de las mujeres que son mujeres
que ejercen la prostitución son extranjeras.
Eso significa que la voluntad es muy relativa,
es decir, ahí hay una necesidad me dirá usted.
Bueno, necesidad tenemos todos de trabajar,
hacemos muchos trabajos por necesidad
y los y los que más necesitados están económicamente hacen los trabajos
digamos que menos gustan, si es verdad,
pero ningún trabajo, creo yo que se cosifica tanto
al trabajador o en este caso se cosifica tanto a la mujer
o donde la desprotección y la la el propio, digamos,
el dominio sobre la sobre una misma se de como en lo que podría llamarse
el trabajo, el ejercicio de la de la prostitución.
Por lo tanto yo me inclinaría más por una una una posición
más digamos abolicionista creo que legalizar la prostitución
supondría normalizar una situación hacer que resulte, digamos, común,
incluso que intensifique el uso de algo
en como es el uso de servicios sexuales,
del cual tenemos el deshonor, de ser uno de los países
donde los hombres utiliza,
o sea, son.
Hay mayor número de usuarios de servicios sexuales,
al igual que la pornografía,
creo que eso se traduce luego también en unas relaciones,
cuando se sale el mundo de la de, de la prestación sexual,
que no son buenas para la mujer,
porque esa esa percepción de la mujer como objeto,
como luego se traslada a relaciones fuera,
las relaciones normales se pueden tener de pareja
y no creo que sea bueno.
Creo que sería mejor
la la ilegalización incluso con la penalización,
o sea, la la penalización económica.
Me refiero de aquellos que son usuarios de la misma,
pero sobre todo creo que hace falta una educación al respecto,
una educación en la que las relaciones sexuales
y la la la compra de esas relaciones no se vea
como como algo que es tan divertido tan, tan banal,
porque en el fondo ahí hay un ser humano que es una mujer.
Quería preguntarle sobre un concepto al que dedica
varias de sus publicaciones, que es el de discriminación múltiple.
Podría explicarnos en qué consiste este este concepto
y también qué aporta esta noción para el derecho en general
y para el derecho constitucional en particular?
Bueno, pues la la múltiple refiere a todas esas situaciones
que en algunos casos se ha llamado también discriminación,
doble discriminación, interseccional.
Hay los nombres con los que ya se ha definido.
Esta realidad pueden ser muy variados.
De verdad.
Lo que estaba haciendo referencia es algo que es muy antiguo
y es la posibilidad de que una persona esté sometida
no solo a una causa de discriminación sino a más de una.
Muchas veces podemos pensar,
por ejemplo en un inmigrante gitano, por ejemplo,
o en una mujer prostituta o en un emigrante discapacitado
hay supuestos en los que en una misma persona
van a coincidir dos elementos que tradicionalmente generan
especiales dificultades en ese individuo
para alcanzar el igual ejercicio de sus derechos.
Por esas realidades ha existido siempre,
lo que es más novedoso y no tan novedoso.
En todo caso, ya diré por qué es el concepto en el ámbito
de la doctrina y en el ámbito de la normativa.
Los primeros que empezaron a hablar de ello fueron los anglosajones.
En realidad la doctrina norteamericana canadiense y británica
fue sobre todo el denso quien, la primera,
que hablaba de las mujeres negras en Estados Unidos.
Luego, más Quino
y y luego en España, por ejemplo en Derecho Constitucional, Fernando Rey
ha sido uno de los que más ha trabajado esta esta cuestión.
En la legislación.
Su incorporación se producen más a inicios del siglo xxi y nosotros,
por ejemplo lo introducimos con la ley de igualdad
en el año 2017, donde se habla de la doble discriminación
que aporta, que esa cuestión que hace que me hacía usted
no pues aporta una red,
primero el, el hacer conocedor al aplicador del derecho
de la existencia de esa realidad, el hacer conocedor,
además de que esa realidad supone que aquellas personas
que se cuentan sometidas a una doble o a una múltiple discriminación
realmente se encuentran en una situación de desventaja
mucho mayor que la suma de las factores de discriminación
a los cuales está sometido.
Supone también pensar en cómo se va a producir la práctica de la prueba,
porque, claro no se puede hacer que el afectado
por esa múltiple discriminación tenga que demostrar que es.
Digamos que está discriminado.
Por cada una de las causas por la que está siéndolo
no sería una prueba diabólica.
No se todavía más.
Tenemos que tener en cuenta, y es reforzar esa idea
de la inversión, de la carga de la de la prueba,
y sobre todo necesitamos que eso Calde como concepto en los jueces.
No hay muy poca jurisprudencia relativa a esa doble discriminación.
Existe en la norma no sólo en España,
sino también en el ámbito internacional,
pero aún no ha acabado de ser recogida en la jurisprudencia
de los tribunales,
ni siquiera en la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
, que hay una sentencia hay un también
en la la jurisprudencia de la corte interamericana,
pero estamos todavía en unos momentos muy, muy iniciales,
no a pesar de ser, como decía al comienzo,
una realidad tan antigua y una realidad tal tan palpable,
muchos ámbitos claro habla de precisamente de tribunales,
y quería preguntarle sobre el poder judicial,
que ha sido otro de los ámbitos uno de sus ámbitos de investigación.
Desde su punto de vista, cuáles son los principales problemas
que hoy en día afectan a nuestro Poder Judicial
en España y cuáles serían, en su opinión,
las reformas constitucionales o legales
para reforzar su independencia y mejorar su funcionamiento.
Un buen aun jal al poder judicial.
Yo creo que le la le achacando los grandes problemas
que tienen naturaleza muy distinta
no uno de ellos sería el que hace alusión
a la administración de la Administración de Justicia
es decir a los medios materiales y personales que hacen falta
y que no son suficientes y por los que podemos decir
que contamos con una justicia muy lenta
hemos sido sancionados por organismos internacionales
en más de una ocasión por dilaciones indebidas en el proceso
y todos somos conscientes de esa realidad
que perjudican a todos nosotros a los a los justiciables no en definitiva
eso necesita pues de más medios como decía económicos
y y que que digamos refuercen los medios materiales
y los medios personales y necesitan de un proceso
también de tecnificación que desde luego ha empezado a darse
pero que todavía está en proceso
no necesitamos aplicar las nuevas tecnologías
y que el ligante digamos actúe más en ese ámbito el otro gran problema
de la justicia es la imagen de politización de la misma
digamos que qué que tienen y creo que sobre todo una imagen
porque decir que la justicia o que la el ejercicio
de la función jurisdiccional está politizada me parecía me parece
que no sería hacer justicia en su mayoría
o en la gran mayoría de las decisiones que toman
los órganos jurisdiccionales no tienen un cariz político,
sí que hay una cierta, y creo que palpable.
Politización en el órgano de gobierno del Poder Judicial
en el Consejo General del Poder Judicial,
no el propio sistema de nombramiento del
Consejo General del Poder Judicial, que ha pasado por muchas fases,
demuestra que hay una politización,
y se ha convertido casi como en un reparto de la tarta,
no de los miembros que deben conformarlo entre la, antes eran
entre los dos grandes partidos PP, y soy ahora,
pues, entre otros más que quieren también su porción
de la carta, no que digo yo una de las cuestiones
que más se debate hoy en día es quien debe nombrarlos,
no sirve; todo es quien debe nombrar a los 12 miembros del
Consejo General del Poder Judicial, que nos que son jueces.
Los ocho está claro, porque la Constitución
dice que deben nombrarlos el Congreso de los Diputados
y el Senado,
pero los otros 12 nos no se ha establecido.
Forma específica.
Se han experimentado dos varias fórmulas
y en la actualidad son nombrados también por el Congreso
y por el Senado, pero lo son entre una lista
que presentan las asociaciones de jueces y tribunales,
que eso no es realmente los jueces y tribunales,
porque todos sabemos el cariz ideológico
que las asociaciones profesionales de jueces y magistrados tienen
y es pública y notoria,
y al fin y al cabo siguen siendo escogidos por por las Cortes.
Por lo tanto, la la política edad de ese nombramiento,
pues se da si queremos.
Yo desde hace muchos años me he manifestado
a favor de una selección mixta no en la que los ochos
sean elegidos por Congreso y por el Senado,
los los que son los que no son jueces y los togados,
que fuesen elegidos por los propios directamente por jueces
y magistrados,
como así sucedió además en todos los consejos
del adjudicó, hubiera de nuestro entorno,
de los cuales nosotros nos hemos copiado,
no son los consejos de la judicatura que nosotros hemos tomado como modelo
y luego otra cuestión que también incide un poco en la política edad
de la justicia es la selección de los magistrados
de las instancias jurisdiccionales superiores,
no nombramientos de magistrados del tribunal supremo
de los presidentes de los tribunales superiores de justicia, en fin,
de todas esas instancias que o bien sientan jurisprudencia
o bien son los órganos que acaban tomando decisión
sobre las cuestiones más importantes o más relevantes
o que mayor repercusión tienen.
En definitiva,
no ese nombramiento corresponde al Consejo General del Poder Judicial
y ahí también se ha producido una evolución,
porque de esos que se han llamado
y se siguen llamando nombramientos discrecionales,
al principio eran quizás excesivamente discrecionales,
incluso en algunos casos,
rozando no digo la arbitrariedad,
pero, pero sí que han sido corregidos por el Tribunal Supremo,
no porque algo fallaban sea en eso también se ha evolucionado
y cada vez se ha objetivizado modificando el reglamento
para que esos esos nombramientos atiendan cada vez más alas
a los criterios de mérito y capacidad y no tanto a otras cuestiones
que podrían sembrar assemblar perdón, mayor duda de politice,
edad de los mismos.
Cambiando un poco de tema decía al inicio que ustedes vicedecano
de estudios del grado de Derecho en la Universidad de Valencia,
y quería preguntarle por los planes de estudio.
Qué valoración hace del Espacio Europeo de Educación Superior
ahora que ya tenemos cierta perspectiva,
no dos décadas desde su implantación,
y considera que el plan de estudios del grado en derecho
en la actualidad aporta ventajas,
aporta mejoras respecto a la antigua antigua licenciatura?
Bueno, el plan de Bolonia era un plan bonito.
En el papel,
pero se digamos que se se decidió implantarlo así de golpe
y sin los medios.
Yo creo, materiales y personales que el plan es un inicio,
exigían el plan de Bolonia,
piensa mucho en las competencias y en el trabajo
de esas competencias de forma más práctica en grupos pequeños
y no creo que hayamos tenido esa realidad.
En la universidad todos hemos hecho lo que hemos podido.
En cuanto al cambio de metodología,
evidentemente hemos evolucionado de aquella clase magistral,
que parecía ser un poco la principal,
pues hemos evolucionado a con la aplicación
de muchísimas técnicas metodológicas mucho más innovadoras, desde luego,
pero seguimos teniendo teniendo aulas con número de alumnos
muy considerables donde el plan.
Bolonia sentido puro y duro, es difícil hacerlo de positivo,
es verdad que Bolonia ha permitido mucha movilidad de estudiantes,
movilidad de estudia de estudiantes en el ámbito de Erasmus
y también movilidad de profesorado, aunque es mucho más residual
esa esa esa movilidad que sea que se ha producido.
Si lo comparo con la licenciatura de entonces,
la que yo estudié pues aunque aquella también tendría
que haberse actualizado, a mí me gustaba.
Me gustaba y quizá me gustaba más
que la de ahora, yo creo que era esas asignaturas más largas,
más pensadas, cómo, sin tanto fraccionamiento por grupos,
sin tanto fraccionamiento por por asignaturas,
cortas que al final general un poco inevitablemente,
pues una descoordinación o una repetición de contenidos tal
pues yo creo que que funcionaba mejor y también permitía
la especialización.
Es verdad que algunas cosas se tenían que haber mejorado,
como decía, y sigo sin verlas mejoradas,
como es por ejemplo, el aumento de prácticas
en los estudios de derecho, no lo ideal,
sería que las prácticas se empezasen a realizar prácticas de verdad,
es decir, en despachos en órganos jurisdiccionales,
en empresas, etcétera,
que si empezase unas recetas decía de forma más temprana,
como sucede por ejemplo en enfermería o en medicina,
donde primeros cursos ya empiezan a asistir a hospitales.
Ojalá fuese así pero, claro, eso necesita cambios
de los planes, necesita organización y necesita dinero, y, como sabemos,
la universidad no está entre las prioridades económicas,
no en los últimos años, con además todas las crisis
que hemos tenido, y creo que también se necesitaría,
incluir en los planes de estudios más cuestiones de ligantes,
más cuestiones relacionadas con las habilidades
que la profesión se necesita, la tradicional oratoria,
por ejemplo, o cuestiones relacionadas con datos,
y por qué no también incluso con el tema del idioma de inglés,
jurídico, por ejemplo, u otros idiomas no,
pero que se han convertido, creo hoy en día en una herramienta
indispensable sobre todo las tecnologías y lo
que ello supone para el ámbito del derecho.
Creo que es ahí una una asignatura pendiente.
Para terminar, quería preguntarle
sobre un problema que enfrentan nuestras sociedades contemporáneos,
como es el de los de la desinformación
y las las noticias falsas no las las.
En un artículo reciente,
la revista que publicaba ustedes la revista Teoría
y Realidad Constitucional.
Reflexionar sobre lo cito literalmente,
porque me ha gustado la manera en la que está
la que está planteado.
En qué medidas son admisibles.
Las afirmaciones realizadas,
con desprecio absoluto al rigor informativo
o con intención manifiesta de engañar,
cuáles serían desde su punto de vista, los límites o las cómo,
podríamos trazar esos límites a la libertad de información
y de expresión en nuestras democracias
pluralistas actuales?
Bueno, es un tema muy complejo,
pero al mismo tiempo muy importante en nuestros días,
no el tema de la desinformación y cómo esa una una determinada
falsedad pueda ser utilizada para generar un cambio
en la opinión pública.
Es algo, es algo antiguo, o sea, esto ha sucedido siempre.
Lo que es nuevo hoy en día es como la tecnología.
Puede hacer que un tweet enviado un falso enviado
hoy aquí en unos segundos
pueda llegar a millones de, digamos de oyentes, no o de lectores
de esos tweet en cualquier parte del mundo.
Eso es lo que ha,
digamos, dado un valor exponencial a los medios de difusión de noticias
y, por lo tanto también al instrumento
de la de las noticias falsas,
digamos como como algo que puede ser perverso.
No tenemos muchos ejemplos de ello.
No tenemos ejemplos.
Durante la pandemia que acabamos de pasar,
las noticias falsas que se han publicado en torno a ella
desde pasando por el uso de las mismas
por los discursos populistas hasta en el pasado,
cuando un gobierno ha pretendido utilizarlo como arma
e incluso como arma de guerra o arma de intromisión en otros estados
no ejemplos están en el.
El brexit, en la victoria de don
o lo hemos visto ahora, no con las mentiras de Rusia
respecto de la guerra de Ucrania, la invasión de Ucrania,
pero está todo ello, todo ello a de a de a de analizasen oye,
en el marco y en el contexto de un estado democrático.
Es verdad que en un estado democrático
todo tiene que ser admisible;
buen principio; todo,
toda la libertad de expresión debiera ser admisible;
incluso aquellas opiniones que pudiesen molestar a un gobierno
que pudiesen molestar a un colectivo pudiesen molestar a al otro;
sentir; eso en democracia tiene que ser,
tiene que ser posible.
La pregunta es.
Hasta cuándo no, hasta cuándo o cuando podemos llegar a pasar
ese límite, en el que esa mentira deviene en algo perjudicial
para la sociedad?
Porque la libertad de opinión y la libertad de opción
se basa precisamente en una libertad,
en una libertad ejercida cuando uno está informado,
cuando uno está informado correctamente,
si esa información que une recibes falsa,
se vuelve banan, la, la, el ejercicio de de una opción,
una opción electoral, una opción de consumo,
una opción de cualquier tipo, no?
Entonces,
si si ello es así tendremos que ver en qué momento cabe poner límite
a una libertad de expresión y a una libertad informativa
que en principio nos permitiría todo,
incluso la mentira, yo puedo decir que la tierra es plana
o puedo decir que no me gusta la monarquía,
puedo decir muchas cosas en un estado democrático,
incluso aunque puedan ofenderlo, aunque sean no sean ciertas,
pero qué sucede cuando, por ejemplo, eso puede dañar el honor
de unas personas
o cuando esa mentira puede generar un rechazo,
una discriminación o una violencia hacia un determinado colectivo,
por ejemplo, no o cuando puede generar un, digamos,
una reacción social de desobediencia a la norma o de actuación
de un determinado que ponga en riesgo la seguridad,
bien la seguridad sanitaria o la seguridad de cualquier tipo.
Me refiero que ponga en riesgo en un nivel elevado,
obviamente no o cuando puede desprestigiar en exceso
a un colectivo, a un gobierno,
a un partido de la oposición, a quien sea,
porque, si le achacan a ese colectivo o a ese gobierno tal cosas que son
radicalmente falsas, no.
En esos casos yo creo que cabe un límite.
Cabe un límite por dos cosas, no, porque en muchas ocasiones
en realidad no se está ejerciendo la libertad informativa
y si no se ejerce un derecho fundamental y además daña a otros,
pues no se puede ejercer.
Por ejemplo, los bulos, por su definición,
son intencionadamente falsos;
si son intencionadamente falsos no, no aluden a la verdad veracidad,
no están cumpliendo con ese requisito que exige la libertad informativa.
Por lo tanto, no están ejerciendo un derecho fundamental
y tienen que ceder,
y luego, cuando en otras ocasiones se ejerce la libertad de expresión
todos sabemos que ningún derecho es absoluto
y que la libertad expresión tiene sus límites precisamente
muchas de las causas que antes he señalado, no.
Por eso creo
que cuando esos valores fundamentales del ordenamiento jurídico
y cuando determinadas derechos de los ciudadanos
pueden quedar limitados, es necesario limitar
el pretendido ejercicio de esa libertad de expresión
o de información,
porque si no, la democracia se vuelve,
líquida no, no, no, no es verdadera porque no está alimentada,
y el ciudadano al final no sabe entre que elegir
y entonces suceden dos cosas, o bien el ciudadano le genera
inseguridad en las, en aquellos casos, en la suerte
que el ciudadano se pare, a pensar si esto es verdadero
o no y se crea sin saber qué escoger y en otras ocasiones
puede crear esclavitud ideológica porque acaba siguiendo
a pies juntillas un mensaje que se repite,
se repite y pueden no tener ningún fundamento.
Quizá la dificultad mayor están determinar.
Bueno, y esto cómo lo controlamos?
No, esa es lo mayor porque tecnológicamente es complejo,
no se puede,
no es fácil utilizar algoritmos para decidir dónde está esa línea,
entre qué podría permitirse o que no,
si ya es difícil haciendo hacerlo,
doctrinalmente como un alcoholismo a través de palabras a descubrir
que es que es que es verdadero, que no hay.
Por lo tanto, esto debe eliminarse o no,
cosa que no sucede por ejemplo para para otro control de mensajes
como son los mensajes violentos o los mensajes terroristas,
donde sí que se pueden utilizar palabras concretas
que localizan phasin fácilmente
mensajes que pueden tener esos contenidos.
No.
Entonces, por un lado está esa dificultad tecnológica
y por otro lado, está la dificultad que tiene
que ver con con la democracia.
Y con quién hace esos esos controles?
No.
Quién se va a erigir en en el valedor
de la verdad, no, que es verdad que no,
que eliminó porque es o porque no lo es y lo deben
ser aquellos grandes prestadores de servicios tecnológicos.
Si es así les estamos dando un poder que vamos increíble además
del que ya tienen hoy en día no.
Yo creo que siempre debiera ser
con un sistema de control que ahora se hace por, por los unos cheques,
unos sea gente, unos especialistas en la la cuestión,
pero tiene que ser siempre con un sistema muy transparente
lo más objetivo posible, y, si es posible,
con intervención judicial, mucho mejor.
No aun así entiendo que es un problema complejo
y vamos a más.
Es un problema complejísimo
y, desde luego, el reto es quien puede trazar los límites
y de qué manera y cuál es el control democrático que se ejerce
sobre quién establece esos 10.000.
Bueno, pues esos
todo Rosario muchísimas gracias por por compartir este este rato
con nosotros, y le emplazo a que al resto de entrevistas
de esta serie muchísimas gracias.
Ha sido un placer estar aquí y sin ninguna duda las veré todas;
todas ellas.
Me gustará mucho gracias no solo.