No.
Bienvenidos a otra entrevista de la serie mujeres
en la disciplina del derecho constitucional español.
Hoy tenemos con nosotros a Ana Carmona,
bienvenida a la carne;
Ana es catedrática de Derecho Constitucional
en la Universidad de Sevilla desde 2016 además ha sido vocal
de la junta electoral de Andalucía.
Entre 2015 2018 sus líneas de investigación
abarcan distintos ámbitos del derecho constitucional,
como los derechos fundamentales en el espacio europeo,
el estado autonómico, las relaciones entre las comunidades autónomas,
las instituciones europeas
o la configuración constitucional del decreto
-ley, que fue el tema al que dedicó precisamente su su tesis doctoral,
que fue galardonada con el premio extraordinario
en la Universidad de Sevilla
y que además fue publicada por el Centro de Estudios políticos
y constitucionales.
La primera pregunta, que es con la que inició siempre
estas entrevistas, Ana, es porque decidió estudiar Derecho,
y qué obstáculos encontró cuando realizó la licenciatura
o, posteriormente, cuando cuando cursó el doctorado.
Claro, pues yo estudié Derecho, y más bien por descartes,
porque a mí se me interesaba mucho, la política me sigue interesando,
y mi primera opción hubiera sido estudiado, Ciencias Políticas.
Pero en Sevilla
no había la universidad sevillana ofrecía esa licenciatura
y entonces, lo que era más cercano a al tema de la de la política,
no al general, estudio del fenómeno de la política era el derecho,
no quizás por por esa conexión con la teoría del Estado,
el estudio de las instituciones, la administración pública y bueno,
pues así llegué a estudiar, a estudiar Derecho
y las dificultades que yo encontré cuando llegué a la facultad,
impresión -izquierda, la misma dificultades
que encuentra una persona que inicia unos estudios
sobre los cuales no tiene ningún conocimiento previo,
porque en el Bachillerato no se estudiaban a de tema jurídico,
y yo también llegué a la carrera con una impresión del derecho
que estábamos centrada en el derecho público,
los fundamentos, el derecho y claro, lo que me encontré allí
era una cuestión bastante diferente y la dificultad
como que algo como lo que dice javier pérez, royo;
en el prólogo de su manual.
No, esto es cómo empezar a hablar un idioma extranjero,
no es una suerte de inmersión total en el mundo jurídico y al principio,
pues la verdad que tiene sus dificultades.
Pero una vez que se sintoniza la onda correcta,
no ya la cuestión era ir avanzando en el conocimiento.
Entonces, en ese sentido,
bueno, mi dificultades creo que era las propias
de cualquier persona que se enfrenta a esos estudios
y en relación con el doctorado, pues tengo que decir
que la dificultad es la dificultad objetiva
de empezar.
Estudios de posgrado en donde se presupone una madurez personal
y en donde ya uno se enfrenta a un estudio más más profundo
de la de las materias a las que se dedica el doctorado,
en donde además hay que desarrollar una capacidad analítica,
una capacidad crítica que requiere un esfuerzo considerable.
Dicho lo cual, la etapa del doctorado fue muy estimulante,
fue una etapa de crecimiento personal
y de crecimiento académico increíble.
Fui muy air fortuna, nada porque dice.
El doctorado, la primera parte,
mi doctorado en el departamento de Derecho Constitucional,
no sea de Sevilla,
con maestros como javier pérez royo, Pedro Cruella Lobón y Antonio Porra,
que fue director de tesis, y además cuando yo entré en el departamento
pues ya estaban haciendo el doctorado,
pues personas tan brillantes
y que luego han tenido una trayectoria tan, tan,
tan relevante como Manuel Medina.
Haber parado la malograda.
Iba Martínez Sampere no, lo cual, pues también fue un privilegio
porque fueron mis referentes a la hora de seguir avanzando
y muy pronto el primer año del doctorado,
es en Sevilla, pero luego me trasladé a italiano,
que fue un gran gran descubrimiento, y también ahí bueno,
pues la verdad que la experiencia fue magnífica
porque estuve primero en pisa y después en Florencia
y tuve la oportunidad de conocer a al gran maestro,
al pichón ruso.
Trabajé con Pablo,
que Rocha con Roberto Romboli
y bueno, eso me abrió mucha muchas puertas
y insisto, fue una época muy interesante.
No solo aprendí muchísimo, sino que además el doctorado,
como, como bien sabes la la etapa en donde uno
se hace con con los mimbres de la investigación,
no la metodología, que es algo tan importante
y que luego, pues eso me ha acompañado en mi trayectoria
y me ha permitido seguir avanzando en los estudios
del Derecho Constitucional.
Y qué valoración hace de la evolución de las, de la oposición,
de las profesoras de Derecho Constitucional
en la actualidad en comparación con la que podían tener
cuando usted convertida comenzó su carrera académica?
Pues mira cuando yo comencé mi carrera académica
había catedráticas muy pocas, pero ya había algunas.
La profesoras históricas no de las constitucionalistas,
las pioneras no titulares siempre hubo muchas,
pero es cierto que en el derecho constitucional
hay una desproporción evidente entre el número de catedráticas
y el número de titulares,
y esto la verdad que es un hecho diferencial de nuestra disciplina,
porque en otras en otras las mujeres no solo accedieron antes
a las cátedras,
sino que además accedieron en un número considerable.
Sin embargo, en la actualidad es cierto que esa desproporción
entre catedráticas y catedráticos sigue existiendo,
pero hay multitud de compañeras titulares que cuentan con méritos
para ser catedráticas y que sin duda alguna esto va
a favorecer que haya una equiparación entre los colegas catedráticos
y las las mujeres no tanto es así que yo le felicito
por esta iniciativa que en la que participó encantada,
pero creo que en un futuro próximo ya hablar
de las mujeres constitucionalista como que habrá perdido interés,
porque ya digamos que será un hecho absolutamente normalizado integrado,
en el máximo nivel de la carrera
que haberme y probablemente sea así ya ha realizado estancias
de investigación en universidades
y centros de investigación de prestigio a nivel internacional,
como el Max Planck.
Dejadez del ver,
pero si tuviera que destacar una conexión esa sería con con Italia
lo que también acaba de mencionar ha sido.
Ha realizado estancia de investigación
en las universidades de pisa, de Florencia;
ha sido profesora visitante, en las universidades de Palermo,
Verona cómo?
Cuál?
Considera que ha sido la influencia que para su formación
ha tenido la doctrina italiana.
Y relacionado con esto, como cuál es el grado de importancia
que ha tenido el influjo de esa doctrina italiana
respecto a la adoctrinada española en comparación con otras europeas
como como la alemana o la francesa?
Y en qué ámbitos se deja sentir más esa esa influencia?
Efectivamente, yo la verdad es que para mí mi referente académico
en mi trayectoria ha sido siempre y sigue siendo Italia.
He ido también, ha visitado otras universidades,
pero mi foco de atención preferente
ha estado en Italia que me aportó a mí;
me aportaron mis estancias en universidades italianas
en mi periodo de formación.
Pues mira, yo empecé.
Ya lo has hecho antes, yo mi tesis doctoral la hice sobre el decreto
-ley, y cuando yo llegué a quitarle a tome conciencia
de que la doctrina italiana afronta el estudio de la fuente del derecho
desde una perspectiva más amplia de lo que yo me había encontrado
que sucedía en España, en España
cuando entra en vigor la Constitución,
los estudios de la fuente de derecho son más convencionales
están más vinculados a al análisis de la configuración
concreta de cada fuente del derecho,
y frente a esa aproximación al mundo de las fuentes
lo que encontró en Italia fue un enfoque mucho más sistémico
en donde los grandes estudios sobre la fuente de derecho abordaban
el tema desde la perspectiva de la forma de gobierno
y como una manera de explicar que una determinado hecho
aumento jurídico tiene un mayor o menor protagonismo
en el devenir del ordenamiento jurídico,
dependiendo de cuáles son las relaciones de poder que se sienta.
Hablan entre lo entre los actores institucionales y ese enfoque.
Como digo, pues me abre una puerta
al conocimiento que me me ha resultado muy enriquecedora
y que me ha permitido afrontar mis estudios.
Desde una posición digamos, más más transversal, por supuesto,
sin ignorar el análisis de la configuración jurídica,
de la fuente del derecho, de cómo vienen percibidas;
por la jurisprudencia constitucional,
de cómo se aplican en la práctica,
pero esto es algo que descubrí en Italia
y que me ha servido mucho a lo largo de mi carrera
y en relación con la aportación del sistema
Constitucional, Italiana, Aña, bueno, pues constituyen
el constituyente español.
Se miró en muchas ocasiones
a lo que establecía la Constitución de 1948 bueno,
ahí la cláusula del Estado social, el tema de los partidos políticos,
el tema del Consejo General del Poder Judicial,
que el referente inmediato es cierto,
que también hay influencia del caso francés,
pero digamos que el referente inmediato es el modelo italiano
y, por lo tanto, las conexiones entre el ámbito constitucional
español y el italiano, muy muy intensa.
Acababa de mencionar lo decía yo también
en la presentación que dedicó su tesis doctoral
al estudio de decreto
-ley, y quería preguntarle qué opinión tiene
sobre el rendimiento de esta figura, no.
Entonces, qué valoración hace de,
de el uso que han hecho los distintos gobiernos,
de este instrumento jurídico?
Qué opinión tiene también sobre la jurisprudencia
que ha desarrollado el Tribunal Constitucional
a la hora de controlar el uso de este instrumento
y también cuál es su valoración sobre la introducción
de esta figura a nivel autonómico y del uso que vienen haciendo
los gobiernos autonómicos de esta fuente del derecho?
Bueno, aquí hay muchas preguntas y voy a intentar responderlas
a todas.
En primer lugar, el instrumento del decreto
-ley, su uso muy intenso por parte de los gobiernos
no es un fenómeno nuevo.
Desde que entró en vigor la Constitución,
los ejecutivos toman conciencia de lo que de la facilidad
que supone aprobar normas que tienen rango de ley que tienen
fuerza legislativa sin pasar por el trámite parlamentario,
bien es cierto que la Constitución vincula el ejercicio
de esa potestad legislativa del Gobierno
a la concurrencia de situaciones de extraordinaria y urgente
necesidad, pero en ese en un contexto de un estado social problemático,
complejo, con reivindicaciones sociales,
económicas que están a la orden del día, bueno, pues la cláusula
de la urgente necesidad,
pues le abre al Gobierno una puerta muy,
digamos apetecible para hacer uso de los decretos
-leyes.
Es cierto que qué que con la crisis económica y financiera
que sufrimos a partir de 2008 el número de decretos
-leyes crece exponencialmente decretoley, es una figura normativa
que está que por hecho, por esta cláusula
de la extraordinaria y urgente necesidad
está vinculado a coyunturas de crisis y a partir de 4.000 8,
como digo, crece exponencialmente el número de decretos
-leyes, y no solo hay un incremento cuantitativo,
sino que vamos a observar cómo se utiliza esta figura
a excepcional.
Esta figura extraordinaria,
esta fuente del derecho que es extraordinaria
para llevar a cabo regulaciones, regulaciones estructurales
o de amplios sectores de nuestro ordenamiento,
con lo cual entramos en una dinámica en donde ya se puede hablar de abuso
del decreto-ley, porque abuso del decreto ley,
independientemente de la mayoría con la que cuenta el Gobierno,
porque insisto en que hay un autor francés que dice allí
donde se introduce el decreto -ley no hay gobierno que se resista
a utilizarlo,
pero aquí a partir de 2008 se produce este salto cualitativo
que nos muestra el decreto ley como la fuente predominante
del derecho en hecho, ordenamiento arrinconando el uso
o el recurso a la ley parlamentaria.
Cómo han funcionado los controles de del decreto
-ley en ocho ordenamiento.
Bueno, pues aquí tú hablabas de la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional.
Pero antes de hablar de la jurisprudencia
es también imprescindible
referirse a que el ejercicio de esta potestad legislativa
por el gobierno trae consigo la aprobación de leyes perdón,
de normas con rango de ley,
pero que son provisionales.
Entonces,
para que estas normas se incorporen de forma estable
al ordenamiento jurídico,
es necesario que sean convalidas por el Congreso,
y aquí la tendencia absolutamente predominante hasta 2015
fue que se los decretos leyes.
Se convalidarán sin excepción alguna, que pasa en 2015.
Bueno, pues, que sabemos que irrumpe en el Congreso nuevas fuerzas
políticas, que es el partidismo imperfecto que había funcionado
en nuestro sistema político.
No desaparece, pero va a mutar por por porque los socios habituales
de gobierno de la partidos mayoritarios,
que siguen siendo mayoritario ya no, no están en una situación
óptima para para llevar a cabo estas alianzas,
y entonces entramos en una fase de esa materia variable
de mayorías que se van forjando a vinculadas a los temas que se van
a ir aprobando, y aquí el decreto-ley va a cambiar.
Va fermentar también un cambio,
porque porque vamos a observar por un lado,
que no se convalidó un decreto -ley, sigue siendo algo extraño,
pero ya no es un elemento ausente de nuestra práctica política.
Eso por un lado, y, por otro lado,
también hay que poner de manifiesto algo que no suele.
Saliera a colación
cuando se habla de esta figura normativa,
y es que a partir de 2015 hay una parte no irrelevante de decretos
-leyes que van a ser convalidados,
pero a cambio de de que se conviertan no, y eso es también importante
subrayarlo porque ya el decreto -ley no es una figura
que mediante la que el Gobierno impone su punto de vista
la mayoría parlamentaria, sino es un punto de partida
que una vez convalidado va abrir la puerta
a una posterior conversión en ley,
hecho es a la introducción de enmiendas.
Por lo tanto, el control político del decreto
en el Congreso de los Diputados manifiesta un carácter bastante laxo
porque la tendencia insisto es a convalidar.
Hay una segunda vertiente
del control, que es el control jurídico que le corresponde
al Tribunal Constitucional, y aquí bueno,
pues hay que distinguir entre el control que hace el tribunal
del presupuesto habilitante del que lleva a cabo en relación
con los límites materiales del decreto
-ley.
Ya sabemos que el artículo 86
dice que no puede afectar un nutrido grupo
de materias en relación con la cláusula de la extraordinaria
y urgente necesidad por el Tribunal Constitucional,
en línea con su carácter legislador negativo,
desde su primera sentencia, de poner de manifiesto una actitud
de máxima deferencia frente a los sujetos políticos,
que son los que están encomendando dados por la Constitución
para apreciar cuando concurre una situación de urgente necesidad,
lo que sí que es hacer el Tribunal Constitucional,
es decir bueno, aquí el con primero el Gobierno
a continuación del Congreso
gozan de una extraordinaria discrecionalidad política,
pero esa libertad no es sinónimo de la ausencia de límites,
y al hilo de esa de ese razonamiento el Tribunal Constitucional desde muy
pronto va a introducir una serie de pautas interpretativas
mediante las cuales va a poder en el desarrollo de su función
determinar si efectivamente concurre o no la urgente necesidad.
Ahí es muy importante la cláusula, la conexión de sentido donde se dice
que la regulación que contiene el decreto
-ley tiene que guardar una relación teleológica
con la circunstancia que de la que trae causa,
y, por otro lado, está la esencia que que pende sobre sobre ejecutivo
de razonar explícitamente cuál es la urgencia
a la que está afrontando mediante el decreto
-ley.
Por lo tanto, a través de todos los instrumentos
el Tribunal Constitucional se dota de una potestad
para poder controlar que, efectivamente la urgente necesidad
concurre, y sin embargo,
estudiando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional,
lo que constatábamos
es que el tribunal no extrae toda la potencialidad que es inherente
a hechas instrumentos de fiscalización,
porque acuérdate en que la primera sentencia
del Tribunal Constitucional,
en donde se declara inconstitucional un decreto
-ley por la ausencia del presupuesto habilitante,
se produce en 2000, en 2007,
casi varias décadas después de que se apruebe
la Constitución.
Después de la sentencia 68.007 ha habido alguna otra pocas en donde
el tribunal apreciado la falta del presupuesto habilitante.
Es cierto que esta cláusula es muy abierta.
También es cierto que hay el Gobierno hace uso
de una discrecionalidad política indudable en su apreciación,
pero, como digo,
el Tribunal Constitucional no el Tribunal Constitucional Español,
en línea que también hace la Corte Constitucional Italiana,
no se muestra especialmente partidario
de llevar a cabo un control incisivo de la cláusula habilitante,
algo que no encontramos como contraposición
cuando a lo que tiene que enfrentarse es a determinar si se han respetado
los límites materiales en relación con los límites materiales.
Hay multitud de sentencia del tribunal constitucional
que declara la inconstitucionalidad de los decretos
-leyes que analiza porque el legislador se ha cedido
y afectado esas esas materias
vedadas a al decreto ley por parte de la Constitución,
así que vemos que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
en relación con la cláusula habilitante el resultado
es bastante pobre, mientras que en relación
con los límites materiales,
pues sí que vemos una actitud mucho más incisiva
y una determinación mayor a la hora
de trazar límites a a a la,
al uso de la protesta gubernamental.
Otro de los temas
a los que ha dedicado atención es al estado autonómico,
y quería preguntarle qué opinión tiene sobre la manera
en que las comunidades autónomas han gestionado,
desde el punto de vista jurídico,
todo lo relativo a la crisis del código 19
o por formularlo de otra manera.
No las comunidades autónomas.
El estado autonómico
ha superado ese stress que suponía la gestión de la pandemia bueno,
en relación con las comunidades autónomas
en la situación de crisis generada por por la pandemia tengo
que decir que me preguntaba antes sobre sobre también el decreto
-ley, las comunidades autónomas,
y eso no no he hecho referencia a este tema
y me gustaría decir que la introducción de la figura del decreto
-ley por parte del las reformas estatutarias
me parece jurídicamente prescindible y políticamente interesada,
porque en todo el largo recorrido del Estado Autonómico,
desde la entrada en vigor de la Constitución
hasta estas reformas estatutarias,
los sistemas de fuentes del derecho de la comunidad autónomas
no han echado en falta este instrumento normativo
y además hay otro problema en relación con el decreto
-ley autonómico que hay que poner de manifiesto,
y es que incorpore un gravísimo déficit en relación
con el control por parte de las minorías,
de los parlamentos autonómicos,
que al no estar legitimadas para presentar recurso
de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional,
quedan al mar del posible de la posible impugnación
ante el alto tribunal.
Dicho lo cual, nos vamos a la pandemia que nos encontramos
en relación con la gestión de la pandemia
en las comunidades autónomas.
Bueno, pues ahí tenemos que distinguir el primer echado.
Alarma del segundo, porque en el primer chaval
alarma lo que nos encontramos fue con una aproximación
enclave muy centralizadora por parte del ejecutivo,
en virtud de la cual,
pues una competencia como la sanidad, que es
de titularidad de las comunidades autónomas
y que forma parte del núcleo
de del Estado Autonómico de las comunidades autónomas,
pasó a ser gestionada directamente y en primera persona
por por el gobierno, por el gobierno central,
mientras que en el segundo echado de alarma
se cambió completamente la óptica,
y hay que recordar que ahí tanto el decreto que declaró la alarma
como en el que se propone Congreso en relación con la prórroga
de la misma la aproximación era el echado central.
El ejecutivo central establece una limitación
en la posibilidad de una limitación genérica
de derechos determinados derechos fundamentales,
pero introduce unas horquillas o unos topes que en ningún caso
pueden rebasar las comunidades autónomas,
pero en ese espacio,
dentro de los topes, la comunidad autónoma,
dependiendo de las circunstancias sanitarias de sus territorios,
van a decidir,
van a adoptar unas decisiones u otras, y bueno,
es esta forma de plantear la alarma.
Tengo que decir que es más respetuosa con el principio de descentralización
territorial del poder.
Lo que sucedió en la práctica fue que muchos meses después
el Tribunal Constitucional la declaró inconstitucional.
Precisamente por eso, por ese carácter genérico
a la hora de diseñar el marco de la excepcionalidad,
de tal manera que las comunidades autónomas,
pues se vieron con un poder de decisión que no,
no le correspondía, según el Tribunal Constitucional
y con este problema que al que nos referíamos antes de la falta
de control parlamentario de las Echelon,
de la pandemia por parte de los ejecutivos autonómicos
porque en el diseño del estado de alarma diseño
de la excepcionalidad sabemos que el artículo 116, muy centrado,
está centrado en el, en el poder del Estado del ejecutivo
y el Congreso de los Diputados,
dejando al mar en las comunidades autónomas
y con la pandemia esto y con el segundo estado de alarma.
Esto se ha puesto clarísimamente de manifiesto.
Ha superado el estado autonómico
el estrés de la crisis del coronavirus.
Bueno, pues ahí yo tengo que decir que desde el punto de vista
de la gestión práctica lo ha superado la superada,
hemos salido de la pandemia, pero, sin embargo,
desde el punto de vista de, del principio de seguridad jurídica
y del respeto del estado de derecho, las echándola pandemia nos ha situado
en un contexto en el que tanto el estado derecho
como la seguridad jurídica han sufrido una importante erosión
por esta ausencia de una ley, de un marco normativo adecuado,
de una ley epidemias o de infecciones sanitarias,
que ha traído consigo un protagonismo
de medido por parte del Poder Judicial,
algo que también el Tribunal Constitucional
ha declarado contrario a la Constitución.
La pandemia también ha puesto de manifiesto,
desde la perspectiva del Estado Autonómico,
como nos siguen faltando foros de integración
de los entes autonómicos en la definición
de la voluntad general del Estado.
Es cierto que en la primera fase de la pandemia
en el primer estado de alarma la conferencia de presidentes,
resurgió más con un valor simbólico
que efectivo, porque todos recordamos esas reuniones por vía telemática
que se celebraban todos los domingos,
en donde no se decía nada, pero sí que se ponía en común información
y con ese valor simbólico, la verdad,
es muy importante, algo que debería ser normal,
no que visualizáramos al presidente del gobierno de la nación,
junto con todos los presidentes autonómicos.
En la segunda fase del alarma, la conferencia de presidentes
pasó a un segundo plano.
Y quién no adquirió un protagonismo muy destacado.
Fue el consejo territorial del Consejo nacional de salud,
que es un órgano de coordinación,
cuya regulación fue fue fue modificada en sede legislativa
y que, como digo, ahí se discutieron y se pusieron en común
mucha buena parte de las decisiones,
afrontar el hecho de la crisis sanitaria
aunando contando en su seno con el titular
de la cartera de sanidad del Estado y también a los consejeros
de las comunidades autónomas.
Por lo tanto, vemos que se han producido avances,
que el sistema ha reaccionado,
pero aquí digamos que la valoración es ambivalente.
Cambiando un poco de tercio, otro de sus ámbitos de interés
ha sido el de los derechos fundamentales en el ámbito europeo,
en el espacio europeo.
Quería preguntarle qué opinión tiene o qué papel cree que han jugado
los derechos fundamentales en el proceso de integración europea
y ante las perspectivas internacionales de las relaciones
internacionales.
En la actualidad, la no sé si cree que va,
van a producirse modificaciones sustanciales
en el actual paradigma de tutela multinivel de los derechos humanos
que tenemos en Europa.
No sé qué perspectivas cree que tenemos para este paradigma
con el que estamos manejando en los últimos años.
Bueno, los derechos fundamentales ansió esenciales
en el proceso de integración de las comunidades originaria,
comunidades económicas europeas,
a la actual Unión Europea.
En el origen no existían los derechos fundamentales.
La comunidad económica europea nació con la vocación de crear un mercado
o como un espacio exento de fronteras interiores
en donde la libertad de circulación de capitales servicios
trabajadores etcétera no tuviera obstáculos
y por lo tanto la introducción de los derechos fundamentales
supuso un elemento que permitió la apertura progresiva
de esta comunidad económica hacia terrenos de carácter
más político.
Tanto es así que gracias a esta jurisprudencia
creativa del Tribunal de Luxemburbo los derechos fundamentales semana,
ir incorporando a los tratados de la Unión
hasta llegar a la etapa actual,
en donde ya tenemos una carta de derechos fundamentales
en el ordenamiento en el ordenamiento europeo,
pero no es sólo la Carta,
no es sólo la Carta de los derechos fundamentales,
es que cuando en un ordenamiento como el de la Comunidad Europea
se van introduciendo los derechos fundamentales,
esto abre el espectro de la integración,
hacia la asunción de la dignidad humana,
hacia el reconocimiento de la democracia
como un valor esencial de la Unión.
El hecho de derecho, la independencia judicial
nos podemos quedar solo en que, por supuesto es algo esencial
la existencia de la carta,
sino todo lo que es todo el universo jurídico,
que la afirmación de esta dimensión iusfundamental la Unión Europea
ha traído consigo en la actual fase de las relaciones internacionales
cómo se posición a la Unión Europea
y qué futuro pueden tener este espacio
de derechos fundamentales.
Bueno, estamos en una situación
en donde vemos las relaciones multilaterales,
han entrado en una fase de estancamiento,
tenemos grandes actores estatales, que son los que dominan
la esfera internacional y, sin embargo,
tengo que decir que la tragedia de la guerra en Ucrania
está suponiendo una oportunidad para para la Unión Europea
precisamente para profundizar en la la integración
en un ámbito tan sensible como es el de la defensa.
La Unión Europea está demostrando una voluntad de aunar esfuerzos
y de definir estrategias comunes que va a traer consigo
otros otros elementos colaterales que van a sumar
y que van a suponer un un incremento del proceso de integración.
La guerra de Ucrania no solo exige una respuesta en clave de defensa.
También estamos viendo el problema derivado de la preeminencia de Rusia
como prestador de energía, sobre todo en materia de gas.
También la Unión Europea
se está replanteando la política energética,
por lo tanto, vemos que en ese mundo internacional
polarizado por los grandes agentes estatales que están ahí
la Unión Europea se está reforzando y en ese reforzamiento,
qué papel pueden jugar los derechos fundamentales.
Bueno, pues la Unión Europea antes de la guerra de Ucrania,
pero ahora también,
aunque está quedando, digamos en plano,
no tan no tan evidente para los medios de comunicación.
La Unión Europea sigue reivindicando la conexión
entre el estado de derecho y los derechos fundamentales
y la independencia judicial.
Ayer o hace unos días el Parlamento Europeo
ha aprobado una resolución en la que insta a la Comisión Europea
que congele los fondos de recuperación a Hungría,
por vulneración del principio de independencia judicial
y sin independencia judicial no hay tutela de derechos fundamentales.
Por lo tanto, yo creo que ahí ese paradigma les hace echarse
está llamado a experimentar una ulterior modificación
y un reforzamiento,
y quiero decir también que la Unión Europea,
del ordenamiento de la Unión Europea,
a los derechos fundamentales de la Unión
se miran en el espejo del Convenio Europeo de Derechos Humanos
y la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo.
El Tratado de la Unión manifiesta expresamente
que la Unión se adherirá al Convenio en 2013.
El Tribunal de Justicia, de una forma un poco desenfocada
y, ciertamente, en algunos puntos excesiva
cerró la puerta a la adhesión, pero no tengo ninguna duda
de que esta adhesión se terminará produciendo
y traerá consigo un efecto de formalización de unas relaciones
entre el Tribunal de Luxemburgo y el Tribunal de Estrasburgo,
que ya existen, que ya son, que son fluida
pero que necesitan de ajustes normativos.
Me gustaría terminar la entrevista preguntándole acerca de su labor
como creadora de opinión pública o, mejor dicho,
quizás como como divulgadora en los últimos años,
ha escrito bastantes tribunas, en el diario El País
o algún pongo este en el blog de actualidad jurídico,
política, agenda pública, y quería preguntarle.
Quiere cómo concibe la tarea de los profesores universitarios
o los expertos que tratan de abordar temas
y de acercar ciertos temas complejos o difíciles de entender
a aquellas personas que estén interesadas y conectado con esto,
que le diría a los profesores que profesores universitarios,
fundamentalmente, que prefieren centrar sus esfuerzos
simplemente en la docencia y en la investigación,
que han sido digámoslo los pilares tradicionales
de su actividad universitaria,
empezando por hecho último, desde luego,
aunque en la docencia y en la investigación,
se ha es la columna vertebral de nuestro trabajo y el tema
de la transferencia o la divulgación es algo complementario.
Es más, sin un buen bagaje investigador,
sin tener experiencia docente,
es muy difícil llevar a cabo una tarea de divulgación
de cara a la sociedad.
Yo desde luego animo a a que esta tarea se lleve a cabo.
Por qué?
Pues porque mira, yo de verdad que llevo años
publicando en el diario El País antes en agenda pública,
pero desde el año 2000
colaboré con.
Con el grupo editorial Yoli, que es el grupo que vende más periódicos
en la Comunidad Autónoma de Andalucía y bueno,
pues ahí la verdad que tuve la oportunidad de precisamente
de tomar conciencia de lo necesario que es explicar temas
muy complejos, que tienen una fundamentación jurídica
y que la sociedad, la ciudadanía,
aquellas personas que no tienen unos mínimos conocimientos jurídicos
no entiende para centrarnos en un caso actual de estos días.
Cómo entiende la ciudadanía que una ley como la ley del,
si ese que se aprobó para reforzar la protección
de las mujeres frente a delitos sexuales
pueda traer consigo la rebaja de las condenas de personas
que ya han sido condenadas por la comisión de tales delitos
es algo sencillamente incomprensible para la ciudadanía, y ahí bueno,
pues la labor de cierto profesores universitarios,
pero también de los operadores jurídicos,
es intentar ayudar
a la sociedad a comprender estos mecanismos del derecho,
que tan lejos le queda a tan lejos, le quedan a las,
y esto exige un esfuerzo, un declare de claridad.
Exige un esfuerzo de,
por supuesto lo hemos hecho antes de solvencia académica
y también de rigor a la hora de transmitir estos conocimientos,
no, y también te digo que realizar ese esfuerzo no siempre es fácil,
porque en este mundo
donde las redes sociales ya forman parte de nuestra vida,
donde se tiende a golpe de tuit a determinar
determinados determinados ciertos ámbitos de la actualidad
que una persona se le ha o esas 800 o 1.000,
un artículo de 800 o 1.000 palabras
no no no es fácil pero pero es necesario necesario
contribuyera a la conversación pública aportando sensatez.
Claridad y rigor ya es gratificante, porque yo puedo decir
que la gente yo recibo mucha, mucho,
mucho reconocimiento y agradecimiento por esa modesta labor
que llevaba a cabo y también muchas críticas.
Participar, la conversación pública te sitúa en un terreno
en donde las críticas son feroces,
y lo mismo que digo que hay reconocimiento
también hay incomprensión,
pero, bueno, eso forma parte de la tarea
y por supuesto animo a que este tipo de de actividad
se lleve a cabo por parte de nuestros y nuestras colegas.
Bueno, pues me quedo con esa idea
de no de tratar de mantener la claridad,
la sensatez y el rigor a la hora de hacer divulgación
de académica por parte de los profesores universitarios
para tratar de enriquecer esa conversación pública.
Pues nada de esto ha sido todo.
Muchísimas gracias.
Ha sido un placer.
Muchas gracias a ti
-Carlos, la oportunidad.
No No.