Hola, soy el García Cuevas profesoras del departamento
de servicios sociales y fundamentos histórico
-jurídicos en estos minutos
y como ya os adelante y además en los foros de la asignaturas,
sistema público de servicios sociales,
vamos a hablar de la discapacidad y la discriminación.
Si entre otras cosas,
por las la estrecha conexión que existe entre el artículo 49
de nuestra Constitución y el artículo 14,
principio de igualdad, pero en su vertiente
de no discriminación precisamente en esta conexión
va a ser puesta de relieve por los tribunales,
los tribunales de justicia
en el ámbito europeo y también por nuestra Tribunal Constitucional,
y eso es lo que os quiero poner de manifiesto en estos minutos
vamos a comenzar con unas diapositivas
para que lo veáis, un poquito más claro,
y vamos a comprobar que efectivamente vamos a contar
con unos instrumentos internacionales muy interesantes sobre el particular
y que tenéis, en concreto en el libro de la asignatura
y los tenéis perfectamente recalcarlos señalados.
Bueno, pues, en efecto, la Convención Internacional de Naciones Unidas
sobre los derechos de las personas.
Con discapacidad de 2006, como sabéis,
pues contiene un precepto que es el artículo 2,
que se refiere a la prescripción de los ajustes razonables,
que no van a ser más que las adaptaciones necesarias
para dejar a salvo la dignidad de las personas con discapacidad
y bueno,
la verdad es que este artículo dos de la Convención Internacional
mis desde el primer momento,
aporta una nueva visión al ámbito de la capacidad,
porque el hecho de poder exigir estos derechos
por la vía jurisdiccional la verdad es que hay fin
y la labor de interpretación de los tribunales
y también tenemos que concretar que más en el terreno
de los derechos fundamentales y precisamente va ser a la luz
y la letra de esta Convención Internacional
sobre los derechos de las personas con discapacidad
y fijaros que en las primeras sentencias
de nuestra Tribunal Constitucional o si estoy hablando de 1994
aproximadamente y dado que entonces el Código Penal Luis
antes de la reforma de 2015, utilizaba los términos incapaces
el término también minusvalía.
Bueno, pues el Tribunal Constitucional
en mis primeras sentencias todavía empleaba los términos disminuido
y psicólogos disminuidos físicos, una terminología que,
como todos sabéis y hemos comentado en los foros,
ya está superada en nuestro ordenamiento jurídico,
pero aficionados incluso antes de la Convención Internacional
y, además, que debía sustituirse por los términos
más adecuados de discapacidad o de persona con discapacidad,
necesitada de una especial protección.
Pues bien, por supuesto, se modificó el código penal
y también el código civil.
Cuando esto nos atañe a vosotros por que no estáis estudiando derecho
si bueno, pero con el paso del tiempo
y a la vista de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
y tan buena, por supuesto.
Antes la jurisprudencia de los tribunales de justicia
en el ámbito europeo sabéis que me estoy refiriendo
para quien no caiga ahora en ello al Tribunal Europeo de Derechos Humanos
fundamentalmente y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Sí?
Bueno, pues nuestra Tribunal ha confirmado.
Nuestro tribunal constitucional ha confirmado
sobre todo en sus últimas sentencias la gran trascendencia
que tiene este artículo 49 de la Constitución,
lo que también ha llevado a la necesidad
de adaptar este precepto a la realidad actual,
y recoger igualmente y ser explicable,
sentimiento de las personas con discapacidad.
Este planteamiento enlaza con mis temas, la reforma social,
que ya se comentó también en los foros gracias a la aportación
de uno de vosotros y donde, bueno, pues con ilusión vimos
que ya se está moviendo esta reforma,
puesto que el texto se redactó ya así hace tiempo bueno,
y con la actual redacción de nuestro artículo 49,
como sabe, y hasta tanto no sea la reforma,
pues no se contemplan plenamente las directrices
y los principios rectores de la política
a desarrollar en relación con las personas con discapacidad.
Esto se ha puesto de manifiesto in numerosos foros.
Sabéis que en el ámbito internacional
y buena prueba de ellos este instrumento internacional
que tenemos en pantalla existe una gran sensibilidad
en torno a la igualdad de oportunidades y a la no
discriminación por cualquier circunstancia
o condición personal o social.
Por supuesto, entre ellas, la discapacidad y estos
estos instrumentos internacionales
están muy bien reflejados en el manual de la asignatura,
y lo que pasa es que yo voy a completar un poquito
más en unos extremos para ayudarnos a entender
por qué la jurisprudencia de los tribunales ha contribuido
a esa evolución que ha sufrido el concepto de discapacidad
en España.
El desarrollo legal de su artículo 49 adaptación,
también a una directiva de la comunidad concreto,
la directiva 2000 barras, 78 por supuesto,
a esta convención internacional dieron lugar
a una serie de leyes fijaos, sobre todo en 2007,
que han sido refundidas en el real decreto legislativo,
que ya conocéis también una barra, 2013, de 29 de noviembre,
y por el que se aprueba este texto refundido de la Ley General
de las personas con discapacidad y su inclusión social.
El texto refundido también tenéis, por supuesto, en el libro,
pero que yo voy a resaltar resaltar algunos artículos interesantes
de este texto refundido, el cual también va a recoger,
y gracias a la Convención Internacional
si ese concepto de ajustes razonables,
importantísimo para el ámbito de la discapacidad
y también hay que citar la estrategia española sobre discapacidad
en 2000 veintidos, 2030, como marca la Agenda 2030,
que también conocéis su principal eje se centra,
como es natural,
en lo que sería la ciudadanía activa y pleno ejercicio
de los derechos humanos.
Pues bien, nuestro Tribunal Constitucional
ha analizado el alcancen cada vez mayor de nuestro artículo 49
con una grande y cara esas,
pero desde una perspectiva de derechos humanos,
siguiendo, como digo, los instrumentos internacionales,
la normativa internacional y también la jurisprudencia
de los tribunales de justicia en el ámbito europeo,
conectándolo con otros preceptos.
Por eso, aquí lo conectamos con la prohibición de discriminación
del artículo 14 de la Constitución
y teniendo siempre muy presente esos instrumentos internacionales,
el Inés criminales, el Tribunal Constitucional,
pues va a corroborar la conexión del artículo
49 de nuestra Constitución con el mandato de tratamiento igual
y no discriminatorio de las personas con discapacidad.
Bueno, el artículo dos
de la Convención hace referencia, como digo,
ahí se a esa prescripción de los ajustes razonables,
que se recogiera también en el texto refundido nuestra, de la Ley General
del derecho a las personas con discapacidad,
para dejar siempre a salvo la dignidad
de las personas con capacidades diferenciadas.
Bueno, entonces vamos a ver ahora las conexiones del artículo 49
con otros preceptos,
y aquí es donde, bueno, pues, por cierto,
lo tenéis fijados en el libro,
pero reitero que yo voy a intentar matizar más algunos extremos que son
interesantes, pero más que nada aportados por la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional.
Bueno, pues, en cumplimiento de ese mandato constitucional
previsto en el artículo 49, serán las políticas públicas
-como sabemos
-las que principalmente contribuyan y determinen el goce
de una serie muy amplia de derechos por parte de las personas
-con estas capacidades diferenciadas y el objetivo primordial
-digamos-va a ser apuntar hacia políticas sociales visibles,
transparentes y específicas
que permitan salvaguardar la vigencia de los derechos constitucionales.
Es verdad que nuestro tribunal constitucional
ha contribuido a reforzar la transparencia en las políticas
de previsión de integración y amparo
de las personas con alguna discapacidad
-realizando siempre esa interpretación de este precepto,
el artículo 49, desde una perspectiva de derechos humanos
-perdonar que insista en ello.
Pero es que es muy importante esta nueva perspectiva
de derechos humanos de la discapacidad
-bueno-y llanamente
-en esos documentos internacionales
-que ya hemos mencionado -uno de ellos
-sobre los derechos de las personas con discapacidad
-se recoge esta discapacidad
-ante las circunstancias de discriminación prohibida,
discriminación prohibidas.
La puesta en práctica de este precepto,
pues le ha proporcionado una gran relevancia
porque fijaros, como ya nos recuerdan
-de la curación de la puebla Pinilla,
una profesora que se ha especializado en estos temas particulariza
en un colectivo especialmente necesitado de protección
y de tutela, ese genérico deber de los poderes públicos
de garantizar una igualdad real y efectiva de todos los ciudadanos.
Bueno-como también tenéis en el libro
y tal como se puede comprobar
-a través de la jurisprudencia de los tribunales
lo que se ha denominado por parte de, por ejemplo
-Torres del Moral, el profesor Torres del Moral,
lo que se ha denominado estatuto jurídico
-constitucional de las personas con discapacidad,
puede condensarse en lo que tenéis en pantalla
y para comenzar con estas conexiones.
La estrecha vinculación de la discapacidad, artículo 49
entre los principios rectores de la crítica social y económica
y capítulo tres del título uno de nuestra institución,
de los cuales ya hemos hablado en la en los foros
-pues esa estrecha vinculación con el principio de igualdad.
El artículo 14, en su vertiente de prohibición de discriminación
explican la base.
Invoca historia los diversos pronunciamientos
del Tribunal Constitucional en este ámbito,
porque esa prohibición de discriminación se expande
a cualquier condición o circunstancia personal y también social,
entre las que sí sí sitúa la discapacidad,
desde luego como una causa real de discriminación.
Por lo tanto, en este artículo 14 se encuentra el apoyo
para las garantías procesales en el ámbito de la discapacidad,
porque la igualdad es objeto de tutela judicial.
La tutela judicial
se contempla en el artículo 24 de nuestra Constitución,
por los tribunales ordinarios y también de amparo
ante el Tribunal Constitucional.
Quizás los que no en vano en distintas sentencias
y nuestro tribunal en materia de discapacidad
se alegan por parte que los recurrentes,
sin amparo lesiones no solo del principio de igualdad
y su vertiente de prohibición de discriminación, si no también,
y normalmente en un segundo plano de tutela judicial efectiva bueno,
antes de seguir con estas conexiones,
quiero intentar explicaros el.
Por qué esta insistencia en la conexión con el artículo 14.
Por qué?
Pues porque el artículo 49 en sí y como está entre los principios
rectores de la política social y económica
no puede ser objeto de recurso amparo ante el Tribunal Constitucional
ni tampoco puede ser objeto del recurso ordinario de amparo
ante los tribunales ordinarios.
Bueno, para ello,
si me lo permitís, me voy a ir a esta a esta otra diapositiva.
Para hablaros de los niveles de protección
de los derechos en nuestra Constitución,
para que entendáis por qué lo que va a permitir
que la la discapacidad sea contemplada
por el Tribunal Constitucional no es así el artículo 49,
sino la conexión del artículo 49 con otros derechos,
que sí pueden ser objeto recusar;
paros ante el Tribunal Constitucional ; sí; en efecto,
como veis en pantalla y nuestra Constitución
optado por una catalogación de los derechos
y libertades en función de los diversos niveles de protección
entonces de menor protección a mayor protección tenemos,
en primer lugar los que menos protección
tienen son los principios rectores de la política social y económica
que está en el capítulo tercero.
Bien, entre estos, bueno, estos principios rectores
van de los artículos 39 a 52.
Pues bien, entre ellos en sí pues se encuentra la discapacidad
artículo 49 la tercera dada al artículo 50 etc
etc valen y como ya os dije y los forros también,
porque hemos habido bandos y los sobre este tema,
pues, estos principios rectores tan solo
informaran a la legislación positiva la práctica judicial,
y solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria
ojo quien no ante el Tribunal Constitucional
de acuerdo con lo que dispongan las leyes que lo desarrollen.
Bueno, entonces, como veis,
pues tienen un nivel de protección muy bajo.
De acuerdo, después tendríamos un segundo nivel,
que son los derechos y deberes de los ciudadanos
recogidos en la sección segunda en este caso del capítulo
dos valents bueno esto van estos derechos y deberes
van del artículo 30 al 38, ahí que encontramos,
pues, por ejemplo, el derecho al matrimonio.
Derecha, fundación libertad de empresas.
Bueno, tienen tres garantías que otros no nos importa
porque ya os digo.
No, no vais a ser juristas pero únicamente deciros
que la reserva de ley se tendrá que regular por ley
y que esa ley tendrá que respetar el contenido esencial
del derecho que es el contenido esencial del derecho
pues simplemente aquel nutrió que de no respetarse, por legislador
pues quedaría completamente desfigurado el derecho,
bien y después tendremos ya los derechos que sí gozan
de una protección reforzada en la Constitución
que son precisamente los de las primeras capítulo segundo
que van del artículo 15 al 29 valets y también el 14 aunque 14
no están en esa sección bueno,
pues cuál es ese ese nivel de protección tan elevado?
Bueno, pues ahí tenemos la reserva de ley orgánica bueno,
que vosotros pueden reitero, no nos vais a dedicar al derecho
pero una ley orgánica necesita para su aprobación o modificación
una mayoría reforzada en la en el Parlamento,
en la cámara luego un procedimiento de reforma constitucional
más rígido que otros derechos y dos recursos específicos
de amparo.
Uno ante los tribunales ordinarios y recusa amparo propiamente dicho
ante el Tribunal Constitucional.
Bueno, en el caso de los tribunales ordinarios
ya sabéis que me estoy refiriendo porque alguna vez han ido preguntas
en los foros sobre ello.
La jurisdicción contencioso
-administrativa y penal buena,
pero lo más importante en el caso recursos, variantes,
Tribunal Constitucional, vale, si es que es un recurso subsidiario,
qué quiere decir esto?
Que solo cabe su interposición
una vez que se haya agotado la vía judicial,
se precedente y bueno con esto lo que se quería demostrar
y por eso me he desplazado otra diapositiva
si es que el hecho de que algunos asuntos,
algunas materias relacionadas con la discapacidad,
lleguen al Tribunal Constitucional no es por ese artículo 49,
sino por su conexión con otros derechos,
sobre todo con el artículo 14, prohibición de discriminación,
pero también con otros artículos, como iremos viendo,
como 9, 2, que se refiere a la libertad,
igualdad reales y efectivas, y con otros,
con otros preceptos que vamos a ver ahora en seguida.
Bueno, volvemos a la diapositiva en la que estábamos,
donde veíamos esas conexiones.
Bueno la siguiente conexión
y que está así que la tenéis reflejadas en el libro
es con el 9, dos que como digo es que este artículo
se refiere precisamente a lo que también se en pantalla.
Libertad encuentra reales y efectivas
y también la remoción de obstáculos que impidan
o dificulten esta libertad para una participación efectiva
de todos los sujetos,
y ese este artículo nueve dos ha sido referenciado,
fijaros como mandato general en diversas sentencias
del Tribunal Constitucional, junto al artículo 49
de la discapacidad como mandato específico
desde el punto de vista de los servicios sociales,
pues debe insistirse además en la relación del artículo 49
si es con la protección de la salud en el artículo 43
también con la extensión de la Seguridad Social
a todos los ciudadanos que como sabéis,
tenerse en el artículo 41.
Además, también sabemos que las políticas de atención
especializada y de amparo en el disfrute de los derechos
de las personas con alguna discapacidad previstas
en el artículo 49 bis constituyen una de las manifestaciones
de nuestro estado social en el que nos encontramos
y luego por último y no por ello menos importante,
otra conexiones con el artículo 10, que también lo tenéis citado,
inaem, libro en numerosas ocasiones.
Y por qué?
Porque la existencia
de esos diversos instrumentos internacionales o normativos,
tanto provenientes de las Naciones Unidas
como de la Unión Europea pone en marcha
este artículo 10, dos nuestro, de modo que los derechos y libertades
se interpretarán de conformidad con todos aquellos acuerdos
y tratados ratificados por España y, como os he dicho antes,
pues a la luz y a la letra conforme a la luz
y la letra de esa Convención Internacional de
Derechos de las Personas con Discapacidad.
Bueno, a pasar de encontrarse, por lo tanto, y el artículo 49,
los principios rectores de la política social y económica,
ese capítulo tercero, el título primero
que os he mencionado antes.
Ese precepto este precepto en realidad
no posee un carácter meramente programático
como se ha firmado en de los principios rectores
en general,
porque la protección de los derechos de los discapacitados
y en general de las personas vulnerables
a través de esos instrumentos internacionales
y también las indudables conexiones que hemos visto
en con con otros derechos de protección reforzada,
véase el artículo 14 de la Constitución
y con valores o principios de naturaleza supraconstitucional,
como puede ser la libertad y la justicia,
pues ha permitido cambiar ese enfoque tradicional
que ponía en la y el acento en esa escasa fuerza normativa del artículo
49 de nuestra Constitución.
Quizá los esta idea es la que me ha llevado
a querer grabar esta clase sobre discapacidad y discriminación
para que veáis la evolución que ha sufrido el concepto de discapacidad,
bien, efectivamente, bueno, esa idea que puesto hay de la discapacidad,
concepto que evoluciona aparece incluso en el propio preámbulo de esa
Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad
y es muy importante porque esa Convención es de 2006.
Con lo cual fijaros si sigue evolucionando.
Gracias también a la labor de interpretación por parte
de los tribunales en el ámbito de los derechos.
Bueno, estas conexiones con otros preceptos,
pues va a quedar plasmada por la jurisprudencia constitucional
y nuestro Tribunal Constitucional vuelva a corroborar esa conexión
del artículo 49 con ese mandato del trato igual
y no discriminatorio de las personas con discapacidad.
Desde luego,
con las últimas sentencias sí que es verdad,
pero sobre todo de estas, de a partir de 2014,
pues lo que sí vamos a ver es que se confirman
la gran trascendencia que adquirido con el paso del tiempo este precepto
y además en distintas materias
que van más allá del empleo de la ocupación
o las jubilaciones anticipadas.
Sabéis que hay varias sentencias del Tribunal Constitucional
sobre la jubilación anticipada de las personas
con alguna discapacidad.
Si bien en las sentencias
se pueden apreciar esas medidas de acción positiva,
una acción afirma animales y también esa prescripción
de los ajustes razonables.
Lógicamente, el Tribunal Constitucional
se va a basar en lo que ya establecen,
entre otros instrumentos internacionales,
la Convención Internacional de derechos
para las personas con discapacidad.
Bueno, que entendemos por acción positiva.
Acción afirmativa, quise, por cierto,
se puede encontrar en el artículo 27
uno en el apartado h de la Convención Internacional
y también en el artículo dos de nuestra ley general de derechos
de las personas con discapacidad y su inclusión social.
Pues bien, estas acciones positivas están destinadas a evitar
o compensar las desventajas derivadas de la discapacidad,
y los ajustes razonables
en qué consisten bueno, ya lo tiene Issai esas adaptaciones necesarias
y adecuadas que nos pongan una carga desproporcionada o indebida
y que van a tener por finalidad o por objeto
el dejar a salvo la dignidad de las personas,
con capacidades diferenciadas.
Bueno, en concreto,
ejemplos de sentencias que en que se haga una alusión
o invoquen las medidas de acción positiva,
pues tenemos, por ejemplo, una sentencia de 1994
que consiste en una reserva de empleo una reserva de empleo
donde el tribunal dice que está claro que la queda muy claro,
que la reserva de un porcentaje de plazas
en una oferta de empleo destinadas a un colectivo con graves problemas
de acceso al trabajo no vulnera en absoluto el artículo 14
de la Constitución.
Antes bien, todo lo contrario,
constituye un cumplimiento de ese mandato contenido
en el artículo 9.
Dos de nuestra Constitución.
Libertad, igualdad reales y efectivas en consonancia con el carácter social
y democrático de nuestro estado.
Bueno, luego también hay una sentencia de 2014
en la que se ha aprecian los ajustes razonables
y creo que lo vais a entender enseguida,
porque es una sentencia relativa al derecho a la educación
e integración de discapacitados en centros especiales.
Aquí el tribunal lo que hace
es que se centra en el derecho a la educación de humano
que requería una escolarización especial o diferenciada,
porque de otro modo hubiera sido perjudicial para el menor,
lo que no vulnera en absoluto otros preceptos de la Constitución
como cuasi el artículo 27,
que se refiere al derecho de todos a la educación,
y tampoco vulnera el artículo 14 el principio de igualdad
o no discriminación,
porque la convención pone de relieve estos términos y ajustes razonables,
vale en función de las necesidades individuales.
Pues bien, en esta sentencia de dos 2014,
pues además el tribunal declara que el artículo 49
fijarnos la importancia que le da la discapacidad,
pues sin reconocer derechos fundamentales.
Si ordena a los poderes públicos realizar una política de integración
de los discapacitados, yo creo que esto es fundamental,
que pueda dar mucho a entender la materia.
Bueno, luego hay otra sentencia de 2017 donde de nuevo
volvemos a encontrar medidas de acción positiva
en beneficio de las personas y los grupos más desfavorecidos
en la sociedad de carácter básicamente prestacional.
Bien, se trata de las facilidades
para el estacionamiento de vih y culos y reserva de empleo,
se justifica y la competencia estatal para hacer esto
en materia de tarjetas de estacionamiento,
en favor de las personas con discapacidad,
por unas razones obvias
que va a ser las dificultades de desplazamiento de estas personas,
y para ello se invoca, se invoca de nuevo
el artículo 9, dos también el artículo 49.
La verdad es que una de las fórmulas más eficaces
para hacer efectivos los derechos de las de los discapacitados
es la adopción de lo que se llaman medidas de discriminación positiva.
Estas medidas de discriminación positiva en puesta,
bien están de forma implícita en la Convención Internacional de Derechos
para las personas.
Con discapacidad bueno, luego también una sentencia de 2021,
donde se contempla una vez más los ajustes razonables
en materia en el ámbito de empleo,
o sea que, como veis, hay nutrida jurisprudencia
donde podemos apreciar estas prescripciones,
estas medidas de adaptación para dejar a salvo la dignidad
de las personas discapacitadas y luego hay una sentencia
que voy a entrar que por separado.
Porque aparte de hacer referencia a los ajustes razonables,
que, por cierto,
pues la autoridad competente, pues no respeta,
y por eso llega la cuestión al Tribunal Constitucional.
Aparte de eso, se se trata este tema
y del concepto de discriminación múltiple,
que por supuesto no es nuevo, de alguna manera,
pues ya, por supuesto, los tribunales de justicia
en el ámbito europeo ya trataron este concepto.
Pero, vamos a ver,
es sobre en qué de que se trata en esta sentencia.
Bueno, esta sentencia conoce de un caso de exclusión
de un programa individual de atención
a una persona de 60 años de 67 años con discapacidad intelectual
por por tener más de 60 años en aplicación
de una orden de la consejería de sanidad y servicios sociales
de la Comunidad de Madrid.
Bueno, pero lo que a mí me interesa es bueno recalcarlos a otros,
es que en esta sentencia
confluyen dos criterios venados de discriminación,
en este caso la edad y la discapacidad de acuerdo,
la discapacidad,
y la verdad es que se trata de una discriminación
que tienen lugar por diversos motivos que intervienen por separado,
como tenéis ahí pero aunque la demanda,
si insiste más en el criterio de la edat,
el Tribunal Constitucional se muestra muy sensible con el tema
de la discapacidad, porque le dedica a ni más ni menos
que todo un fundamento jurídico completo.
Lo cierto y como ya ha afirmado algún autor, por ejemplo, rey Martínez,
la discriminación múltiple es una realidad antigua,
pero sí que es verdad que es un concepto nuevo
de contornos imprecisos; desde luego en concreto
en la experiencia de la discriminación múltiple,
lamentablemente no es infrecuente en el ámbito
de las personas con discapacidad.
La discriminación,
como sabéis pues puede afectar a más de un derecho fundamental.
Este concepto puede hallarse también en la Convención Internacional de
Derechos de las Personas con Discapacidad,
en concreto en el preámbulo y en el artículo 6.
Decía.
Y no es un concepto nuevo para nosotros,
pero que sí es importante esta sentencia,
porque el tribunal lo recalca y hace referencia
a toda la doctrina anterior existente y sobre ello y es verdad
que se observa la preocupación por la situación
en la que se encuentran estas personas, los discapacitados,
en cuanto víctimas de múltiples o agravadas
formas de discriminación por distintos motivos
pues raza sexo religión haciendo especial referencia fijaros
a las mujeres y a las niñas con discapacidad.
La verdad es que la protección frente a esta discriminación múltiple
incluye la, las, pues la adopción de medidas de acción positiva,
como hemos visto con anterioridad, para estas personas más sensibles,
por razón Edad de sexo, exclusión social o incluso fijaos,
por por vivir en el medio rural.
La verdad es que las administraciones públicas deberán proteger
de forma especialmente intensa los derechos de estas personas.
Además, sabéis también
que el concepto de discriminación múltiple
y ha entrado con fuerza para mí esto es muy positivo
en la agenda de las instituciones comunitarias europeas.
Bueno, en esta sentencia, por supuesto también el tribunal
reitera la conexión del artículo 49 con otros preceptos,
con el artículo 9, dos con el artículo 14,
también invoca alguien dos es distinta esas conexiones
que hemos visto en la diapositiva al anterior y y bueno,
porque el 10 o después la interpretación,
a la luz de la Convención Internacional de
Derechos de las Personas con Discapacidad.
Además,
esta comisión internacional, fijaros -y yo quiero insistir en ello,
impide a los Estados denegar de forma discriminatoria servicios de salud
o de atención de salud por motivos de discapacidad,
lo que ha sido recogido en también en el artículo
10 de nuestra Ley General de las personas.
Bueno, la visión general
de los derechos de las personas con discapacidad
y la aplicará automáticamente la autoridad competente y bueno,
pues ya sabemos la Consejería de la Comunidad de Madrid
.
La norma que impedía el acceso a servicios residenciales
para discapacitat los a-mayores de 60 años,
pues se estaba destinando doblemente a recurrente
desde el momento en que se impide acceder a la atención que necesita,
que es una atención más especializada,
tanto para su salud como para su integración social,
frente a quienes en su misma situación,
por cierto, discapacidad, si disponían de esa asistencia
por no tener la edad de 60 años.
Por lo tanto, creo que veis, claro, aquí los dos factores edad
y distinguir capacidad en este sentido.
La víctima
acumula diversas experiencias de discriminación diversas
por el momento en que se sufren y por la causa,
un factor que las motiva, por lo que también,
pues podría ya más y a esta forma de discriminación,
como teníais en pantalla, discriminación, acumulativa o doble
o triple.
Bueno, en cualquier caso, el tribunal reprocha a esa autoridad
competen que no haber adoptado esos ajustes razonables.
Es decir,
es esa hacían acciones adecuadas que hubieran asegurando la prestación
del servicio asistencial adaptado a sus necesidades de discapacidad,
máxime cuando la propia administración
pues había reconocido que sí disponía de centros para cumplir adecuadamente
con esta finalidad.
Bueno, lo voy a y simplemente deciros que hay una sentencia muy reciente,
de 2000 veintidos que además hace una revista y una remisión
a una sentencia de 2021 por.
Y por qué te remisión?
Bueno, porque las dos se refieren a la misma cuestión a materias
es un supuesto jubilación anticipada por razón de discapacidad,
se donde se realiza una interpretación
de la normativa correspondiente en este caso
por supuesto de la Ley General de la Seguridad Social,
y aquí pues en las dos sentencias ya digo
que como hay sobre la misma materia, pues el tribunal reconociendo y nuevo
la vulneración del derecho fundamental a no sufrir
discriminación por razón de la discapacidad de los recurrían
que serán paro, como veis insisto en esa conexión entre discapacidad
y y discriminación, de ahí el título de esta de esta visión
que la así bueno,
en ambos pronunciamientos, la de estas dos últimas,
en aquellas que os he dicho, de dos de 2021 2000 veintidos,
pues y la sentencia suponían en la práctica
una restricción al derecho de la jubilación.
Vamos las sentencia recurridas ante el Tribunal Constitucional
y que habían agotado la vía judicial previa,
pues suponía una restricción al derecho a la jubilación anticipada
de un colectivo que, como sabéis y como se señalan
en esas resoluciones, superan las 30.000 personas.
Bueno, y entonces ahora sí me gustaría haceros
algunas algunas aclaraciones, a modo de cierre de esta villa
clase que yo creo que os puede resultar interesante,
porque, qué conclusiones podemos sacar de todo esto?
Buena para empezar.
Que la Convención Internacional de
Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce su preámbulo,
lo que os he dicho antes, que la discapacidad
es un concepto que evoluciona creo que lo hemos demostrado
y gracias también la jurisprudencia de los tribunales,
y bajo este prisma, frente a ese modelo médico
rehabilitador que se centraba en el tratamiento y atención
especializada del individuo,
y es además lo la lectura que se pueda hacer del actual artículo 49
mientras no se modifique.
Destaca ahora en modelos sociales la discapacidad,
y ahí que efectivamente se esté ya preparando la reforma del artículo 49
reitero, el nuevo texto está ya redactado desde hace tiempo.
Hará ese tiene, tiene que pasar por la aprobación correspondiente
en el congreso al senador.
Bueno, por lo tanto,
se debe dar debido cumplimiento a esta convención internacional
y, por lo tanto, a la legislación interna
de adaptación a estas lo que hay en esencia
y que, como sabéis, en nuestra ley general de derechos
de las personas con discapacidad, lo que en esencia
se traduce en analizar los asuntos que versan sobre discapacidad,
con la debida sensibilidad, siguiendo la convención internacional,
y esa prescripción de los ajustes razonables,
esas adaptaciones necesarias
a la hora de determinar el sentido de los derechos constitucionales,
y si me gustaría acabar diciendo que se ha dado un gran paso
en esa tarea de exigir estos derechos por la vía jurisdiccional,
es decir, el poder acudir a los tribunales,
a eso me refiero solo así esa jurisprudencia de los tribunales
podrá ser más especializada,
podrá conocer mejor la realidad y además también ser
esa realidad y también ajustar todo ello a la discapacidad
y sus necesidades,
y esto ha sido, pues una de las principales
contribuciones de nuestro tribunal constitucional,
que hasta ahora ha demostrado una gran sensibilidad
con el tema de la discapacidad.
Bueno, confío en que os haya ayudado un poquito a entender el.
Por qué esta de por qué la los asuntos relacionados
con la discapacidad han podido llegar al Tribunal Constitucional
y reitero que no ha sido porque el artículo 49,
sino por su conexión con otros derechos fundamentales.
Muchas gracias y espero que os ayude en el estudio.