Buenos días.
Me llamó José Núñez Fernández.
Soy profesor del departamento de Derecho Penal,
y Criminología y director de este seminario les doy
la bienvenida a la que es la sesión número 39.
Para nosotros es una gran satisfacción
el haber sido capaces de mantener esta actividad
después de tanto tiempo
y queremos también darnos las gracias por por el interés que,
venís demostrando, sesión tras sesión,
quiero también dar las gracias muy especialmente a nuestro ponente
de hoy, el profesor, José Luis Ripollés,
uno de los penalistas sin duda más más relevantes en España
en la actualidad, que va a abordar un tema muy interesante,
como ya se puede leer en la invitación,
grupos o colectivos vulnerables como sujetos de protección penal.
Digo que se trata de un tema de muchísima actualidad
porque si uno repasa la actividad legislativa
de esta última legislatura se da cuenta
que la práctica totalidad de los cambios
introducidos en el Código Penal,
pues se pueden interpretar en esta clave de protección
de colectivos por distintos motivos.
En este caso se pone el acento en la vulnerabilidad, pero bueno,
se podrían manejar otras variables.
Sin más preámbulos, le doy la palabra a mi compañera noelia corral,
para que presente al ponente y tenga comience ya esta sesión.
Muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, José.
Muchas gracias a todos los asistentes,
tanto los que están aquí en la sala como a nivel virtual y bueno,
a mí me toca la labor de presentar hoy a nuestro ponente,
al profesor José Luis Díez Ripollés,
yo creo que es la primera vez que lo hago, por cierto, curioso y bueno,
déjeselo de personas, de las que se suele decir
que no hace falta presentación, que todo el mundo,
que todo el mundo sabe quién es, que todo el mundo
lo conoce, pero bueno, yo nunca he creído eso,
porque evidentemente nosotros hoy tenemos aquí a muchos participantes,
a muchos asistentes, ya muchos de ellos estudiantes,
de nuestra universidad o de otro, o de otro ámbito que no tienen
por qué saber exactamente quién quiere José Luis,
aunque ya digo que debería bueno,
José Luis es catedrático ahora de dáselos,
meses emérito de la, de Derecho Penal,
de la Universidad de Málaga.
Ha sido también durante muchos años director del instituto andaluz.
Interuniversitario de criminología
ha contribuido, bueno, ha contribuido a lo largo de toda su carrera
a poner en valor la criminología en España.
Bueno también, y también probablemente una de las principales
exponentes de la política criminal en nuestro país fue fundador
y ha sido miembro y sigue siendo miembro del grupo
de estudios de política criminal.
Bueno, sobre su trayectoria investigadora y científica,
la verdad es que no, no voy a detenerme demasiado.
Es una, sobre todo a nivel investigador,
publicaciones, una,
una carrera muy prolífica ha publicado innumerables obras
sobre diversos aspectos del sistema de justicia penal,
en particular sobre política criminal,
política legislativa penal,
por citar quizás dos de los ejemplos o 12,
las obras más relevantes que han tenido mayor visibilidad
en los últimos años, podríamos decir que pensara a él,
pero la política criminal en la encrucijada
y la racionalidad de las leyes penales,
la voluntad de las obras más significativas
y en los últimos años, pues yo diría que ha centrado
sus falsos investigadores en 2, en dos aspectos principales.
Por un lado, en trazar la evolución de la política criminal
en las últimas décadas en España principalmente y por otro lado,
en construir o ayudar a construir, digamos,
esa evolución a nivel teórica que ha tenido la política criminal
desde años atrás.
Que fue una tarea que quizás todavía esté pendiente
luego en la segunda cuestión,
pues sería a construir un instrumento de medición de la política criminal
a nivel comparado.
Así que, bueno, como ven ustedes,
a una persona que ha estado y sigue estando bastante ocupado
en estas lides
y por lo demás yo no tengo mucho más que añadir.
Estoy encantada de que esté aquí y estamos encantados de escucharle.
Sí muchas gracias.
Morían bueno, por mi parte.
Primero quiero dejar sentado mi agradecimiento por la invitación.
La verdad es que me resulta siempre muy gratificante
venir a la Universidad Nacional de Educación
a Distancia,
donde me encuentro con miembros de la escuela,
de la que yo procedo también, y con otras personas
con las que he tenido mucho contacto desde hace tiempo;
por tanto, en un lugar cómoda, agradable y muy satisfactorio para mí
creo además que está desempeñando en los últimos tiempos cada vez
más una actividad muy importante, el departamento en muy diferentes
ámbitos y por otro lado, obviamente,
el que como ha dicho muy bien Noelia , al que me presenté noelia corral,
pues es una gran satisfacción para mí y has dirigido la tesis doctorales
discípula procedente de Málaga.
Ahora está aquí plenamente incorporada al departamento
de superar de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia.
Aprovecho de nuevo públicamente para agradecerlo,
y también para felicitarles porque creo
que es una incorporación muy valiosa para el departamento y bueno,
los que nos están escuchando,
más allá de los que están aquí presencialmente también ellos.
Claro, ya tendrán ocasión de ver lo correcto de lo que yo digo
y la web fichaje que se ha hecho en este sentido.
Muchas gracias, Noelia, por sus palabras
y, a continuación, pues me voy a ocupar de un tema que,
como ya se ha dicho, es polémico,
y el problema no es que sea polémico.
El problema
es que no lo tengo suficientemente pensado porque es mucho peor,
es decir, voy a hacer una serie de reflexiones generales
en las que voy a estar abierto al manera
siempre lo haría a las opiniones de los demás,
pero sí que quisiera dejar claro que es un tema
sobre el que quiero trabajar más a fondo,
pero sobre el que ya quiero creo que pueden ser interesantes
plantear algunas cuestiones y, ambos, generales o previas.
Empezaré primero haciendo una una reflexión
tema de mi intervención.
Ya lo saben ustedes, son grupos colectivos vulnerables
como sujetos de protección penal
y quisiera, en primer lugar, hacer una distinción
entre las diferentes clases de bienes jurídico penales
de los que se puede ocupar el derecho penal
y podríamos decir que podemos hablar en principio eso es lo tradicional
de bienes jurídicos, bienes jurídicos individuales,
generales o estatales y además de eso y ese sería el objeto
de mi intervención hablaremos a continuación de otro tipo de bienes
jurídicos que no son individuales ni sociales ni estatales,
que serían lo que yo he llamado por el momento bienes jurídicos
de colectivos intermedios.
Bien, vamos a ver cada uno de ellos brevemente en rasgos fundamentales.
Empecemos por los bienes jurídicos individuales
que protegen los bienes jurídicos individuales,
pues su contenido está configurado por intereses personales,
intereses personales que además son fácilmente identificables
y fácilmente generalizables.
Estamos hablando de lo que constituye el con el núcleo
de la autodeterminación y la erradicación personal.
No hay que hablar mucho
o no hay que explicar mucho para decir lo que es proteger la vida
lo que es proteger la integridad personal,
lo que es proteger la libertad individual,
etc. Portamos por tanto, estamos ante bienes
que se identifican fácilmente que se pueden predicar
como deseados por todas las personas y que en principio son disponibles
por su titular.
Los bienes jurídico individuales son disponibles y cuando no lo son,
que en nuestro ordenamiento jurídico y ya queda muy pocos que no lo sean,
pero cuando no los lo no lo son la vida y la integridad personal,
pero en ciertas condiciones
y que lo son cuando no lo son es porque se establecen esas condiciones
es porque son bienes tan básicos tan indiscutibles
que si alguien quiere prescindir de ellos,
de su propio bien individual nos tenemos que asegurar,
tenemos que establecer una serie de cautelas para ver
si nos que está pasando algo,
porque es en principio muy sorprendente,
pero en cualquier caso quede claro que son bienes jurídicos disponibles
por su titular.
Lo que hacemos a veces buscar el aseguraron
que hay una libertad informada y libre a la hora
de tomar esa decisión.
Estos bienes jurídicos los podríamos vincular en términos sociopolíticos
al ámbito de la protección propia del estado de derecho liberal,
y podríamos decir que se identifican con los derechos
y libertades fundamentales propios de la primera generación de derechos
y libertades fundamentales.
Hay otro grupo de bienes jurídicos,
son los bienes jurídicos que protegen,
los intereses generales de una sociedad.
En este caso su identificación
y su generalización ya no es tan evidente,
tiene que basarse en el apoyo que le prestan
las mayorías sociales.
Determinar que el medio ambiente es un objeto a proteger
no es algo evidente.
La sociedad tiene
que estar dispuesta a considerar un bien suficientemente importante
como para que intervenga el Derecho Penal,
pero quien dice eso pues habla también
de determinados bienes.
Contra el orden que protege del orden socioeconómico.
Bueno, hay veces que no está tan claro,
y la prueba es la evolución que han tenido
este tipo de bienes que antes no se protegían y ahora se protegen,
es decir, son bienes cuya identificación
y la generalización de ellos está muy vinculada al cambio,
que se produce en las mayorías sociales
y necesitan, por tanto, que una mayoría social
apoye la protección de esos bienes a protección.
Estamos hablando de intereses sociales, económicos, culturales,
que son intereses que también tienen que ver con el individuo
porque digamos que sobre el presupuesto
de la autodeterminación, individual, pero bueno,
tienen una autonomía, una cada categorización propia,
estos bienes colectivos,
los que se suelen llamar bienes colectivos,
son bienes que en principio no son disponibles,
ningún individuo puede disponer de ellos, sino que en todo caso,
quien puede disponer es el conjunto de la sociedad,
que lo hará pues eliminando el bien jurídico,
restándole protección, limitando la protección, etc.
Pero no son disponibles por los individuos.
Este tipo de bienes jurídicos
podríamos calificar como propios más bien
del estado de derecho social, de derechos fundamentales,
propios de la segunda generación de derechos fundamentales,
y hay que decir también que a veces estos bienes colectivos
transcienden los límites nacionales y pueden afectar
o es a todo el planeta o a toda la humanidad,
lo cual no cambia su característica
de que se consolidan como bienes jurídicopenales protegidos,
en la medida que unas mayorías sociales,
en este caso, en un contexto más más amplio,
estén dispuestos a apoyarlos, porque proteger la especie humana,
la supervivencia de nuestro planeta, etc, y en este caso,
como es lógico, su disponibilidad individual
con más motivo excluya, estaríamos hablando quizás
de lo que en el ámbito de la ciencia política,
del derecho constitucional y de hacer social derechos,
se ha hablado a veces de derechos fundamentales de tercera generación.
Todavía hay otra serie de bienes jurídicos
que serían los que podríamos llamar bienes jurídicos estatales.
Los bienes jurídicos estatales lo que pretenden
es proteger la supervivencia de una determinada estructura política.
En ese sentido, para saber cuáles son,
hay que averiguar qué deciden los mecanismos representativos
de esas estructuras.
Hace política ya no la sociedad en general;
si son los mecanismos representativos de esa estructura política
la que decide, lo que hay que proteger,
para mantener ni más ni menos que esa estructura sociopolítica,
estamos ante intereses, por tanto que afectan
a las características básicas, funcionales y organizacionales
del Estado y no son disponibles individualmente,
y yo diría que tampoco son disponibles colectivamente;
lo son,
pero en la medida que esa disponibilidad se ejercite
a través de los procedimientos establecidos en la propia estructura
política para modificar las decisiones colectivas,
aquí por tanto estamos protegiendo al Estado
como instrumento de organización social.
Estos son los tres grandes grupos de bienes jurídicos
que generalmente se tienen en cuenta y ahora parece
que se quiere incorporar un cuarto grupo,
que serían los bienes jurídicos,
que protegen a colectivos intermedios, con eso que quiere decir
que protegen intereses comunes a grupos sociales
integrados en una sociedad o una comunidad política más amplia.
Por tanto, no se pueden identificar en principio, luego cuestionaré eso,
pero su identificación no se produce por el conjunto de la sociedad,
sino que su identificación y su generalización
parece que tiene que realizarse por determinados grupos
o determinados colectivos
que reclaman la representatividad de ese grupo,
determinados agentes diría más que grupos,
determinados agentes o élites pertenecientes
a ese grupo que reclaman la capacidad de representar ese grupo
o que por lo menos reclaman la capacidad
para identificar los rasgos comunes relevantes de ese grupo,
que tiene que ser protegido.
Por tanto, ya no estamos ante bienes prácticamente evidentes
como los bienes jurídicos individuales,
cuya identificación se comparte fácilmente por todo por todos.
No estamos ante bienes jurídicos que están apoyados
en las mayorías sociales y a unas mayorías sociales;
vamos espontáneas, o sea mayorías sociales
a través del procedimiento político representativo correspondiente,
sino que son bienes que se identifican
por miembros pertenecientes a, determina a esos mismos colectivos
por el hecho de pertenecer a esos colectivos.
Esos bienes afectan a la identidad y pervivencia
de esos grupos.
No digo, por tanto, que no sean importantes
y adquieren autonomía frente a los intereses individuales
de los sujetos que integran ese grupo.
Naturalmente, esa autonomía que adquieren
respecto a los intereses individuales de los integrantes de este grupo
no quiere decir que vaya en dirección contraria.
Generalmente refuerzan esos intereses individuales,
pero en todo caso tienden a autonomizar,
se respecto a los intereses individuales de esos grupos,
y aquí nos encontramos con un problema,
volveremos luego sobre él, que es el de la disponibilidad,
que es un problema, es un tema problemático
por un lado al considerase los intereses,
intereses de un grupo dentro de la sociedad,
pareciera que la disponibilidad individual debería estar proscrita,
como sucede con los intereses generales,
los intereses estatales, pero por otro lado también es cierto
que esos grupos han tenido que autonomizar
porque parece que ha sido necesario para proteger eficazmente
a individuos concretos pertenecientes a ese grupo.
Si se ha ido autonomizado ese grupo es porque individualmente parece
que no se han podido proteger determinados intereses
suficientemente.
Por tanto, de alguna manera podríamos decir.
Bueno, si es un interés del grupo, pero esos intereses del grupo
en realidad se han creado para proteger individuos.
Por tanto, los individuos tendrían que poder decir algo.
Quizás tendrían que ser capaces
de disponer de esos intereses cada uno individualmente
y, por tanto, discrepar a veces de la protección
que individualmente a través del grupo se les está dispensando.
Bien, ese es un tema que volveremos sobre luego que es interesante.
Lo dejo aquí por el momento,
porque lo que late detrás es la idea de esos intereses grupales.
Tienen que primar sobre los intereses individuales
de los miembros pertenecientes a ese grupo, sí o no,
y, en principio hay argumentos tanto en un sentido
como en otro.
Si volvemos al planteamiento sociopolítico
diremos que este surgimiento de este tipo de intereses,
intermedios, colectivos de alguna manera,
está reflejando un enfrentamiento entre lo que podríamos llamar
el como unitarismo y el liberalismo.
A favor, naturalmente del como unitarismo,
es decir, de.
En el marco del Estado social no se abandona ese plano,
pero lo que yo en alguna ocasión
he llamado la sociedad bienestar ista, autoritaria,
es decir, una pretensión de proteger a determinados grupos
porque se les consideran muy vulnerables,
no digo que en contra de los intereses individuales,
pero más allá de los intereses individuales,
por lo menos de los pertenecientes a esos grupos.
Bien dejémoslo por el momento.
Aquí vamos a volver sobre eso más adelante.
Ahora quisiera para qué dirán ustedes que no estoy hablando muy
en abstracto y que me diga cuáles son esos colectivos que me explique
de qué está hablando.
Voy a hacerlo,
no simplemente limitándome a aludir a esos grupos,
sino que voy a hacer un análisis parcial,
porque me voy a detener a comienzos del año 2011, 2012,
no voy a continuar,
aunque a lo mejor hay alguna referencia general
a los últimos años, porque lo que quiero marcar
es como la política criminal española,
desde que se instauró la democracia hasta la actualidad ha registrado
un cambio muy significativo en este tema
y se ha producido un giro.
En fin, no quiero exagerar.
No me gusta hacer afirmaciones demasiado tajantes
pero, si me lo permiten, es un giro prácticamente de 180º grados
en la consideración de estos colectivos.
Empecemos por un primer período de la evolución político-
criminal aquel que va de 1976 a 1982.
Es el periodo de adaptación a la democracia inicialmente.
En realidad el según el segundo periodo que vamos
a ver también está en ello,
pero ahora estamos en lo que es la transición estrictos en su,
el año 1982.
Es que cuando ganó las elecciones el Partido Socialista,
por tanto, hasta entonces estamos ya en períodos de muy tempranos
de la transición muy importantes.
Por ello, y fundamentalmente bajo la gran cambio
de no completamente bajo la égida de un que vemos en la transformación
de la política criminal.
Bueno, muchas cosas, naturalmente.
Yo voy a centrarme en lo que ahora nos interesa.
En primer lugar, hay una serie de decisiones políticocriminales
que quieren emancipar a los ciudadanos frente a coerciones
morales que les privan de la libertad individual.
Se trata de devolver la libertad individual a los ciudadanos,
que se veía coartada por determinadas decisiones políticocriminales
acortada por otros muchos motivos,
pero yo estoy hablando de la política criminal;
por ejemplo, cosas que ahora pueden parecer pintorescas.
Se despenaliza parcialmente los juegos de azar
se despenalizan el uso y la venta de anticonceptivos.
Todo lo que se despenaliza quiero decir que era delito
obviamente se derogan los delitos de avance y avanzamiento;
las mujeres pueden pasar a ser sujeto activo de los delitos sexuales,
que hasta entonces no lo podían ser.
Se amplía la eficacia del consentimiento
en los delitos sexuales;
estaba en los 16 años y se rebaja a los 12 años;
era delito cualquier tipo de relación sexual
con una persona mayor de 16 años,
hasta un determinado límite que era muy ahora volveré sobre eso,
que era también alto y se rebaja;
es decir, se puede consentir a partir de los 12 hasta entonces.
Solo se podía consentir a partir de los 16.
El consentimiento viciado
en los delitos sexuales se establecía hasta los veintitres años;
la víctima era siempre la mujer;
hasta los veintitres años se rebaja de tal manera que solo hay
consentimiento y viciado a los hasta los 18 años
o hasta los 16.
En algunos otros casos el rap Tocón sentido por la mujer
no me quiero extender rato con sentido de una práctica leal.
Usted, la literatura de finales de diciembre
de principios del 20 para superar la oposición
de los padres al matrimonio entonces el novio,
redactaba a la novia.
La ponía en la casa amiga
y a partir de ese momento los padres no se podían oponer al matrimonio
porque la mujer y había salido de la tutela paterna
o bien el rapto con sentido era delito hasta los veintitres años
de la mujer y se rebaja hasta los 12 años
y el perdón de la mujer como víctima suárez,
se podía dar hasta los veintitres años
y se rebaja a los 18 años.
Por tanto, se está dando un ámbito mucho mayor de capacidad de decisión
a la mujer en el ámbito de los comportamientos sexuales,
que hasta entonces no tenía,
y como se hace fundamentalmente rebajando notablemente
la edad del consentimiento.
Bueno, hay otra serie de temas también importante.
Por ejemplo, deja de ser un estado peligroso,
el rufianismo,
el proxenetismo, por supuesto también la homosexualidad,
se deroga el Estado peligroso del menor rebelde,
es decir,
que había abandonado la casa familiar moralmente pervertido
y era un estado peligroso,
y si estamos únicamente en el año 1982
todavía muy tempranamente, pasemos al segundo periodo
de un segundo periodo, iría de 1982 a 1996,
es el 96,
sino el 95, que es cuando termina una determinada legislatura,
pero lo fundamental es que piensen que es el periodo que yo llamo
junto con el anterior de la transición penal.
La transición penal tienen, no termina hasta que no se aplica,
estamos aprueba el nuevo código penal de 1995.
Es un periodo desde que gobierna fundamentalmente
el Partido Socialista, no.
Funcionalmente fundamentalmente gobierna el Partido Socialista
entre 1.082 1996.
Y qué pasa en la política criminal en este tema,
que a nosotros nos interesa.
En primer lugar,
sigue vigente la idea de liberar a los ciudadanos
de coerciones morales que les privan de la libertad individual.
Por ejemplo, se introduce el consentimiento en las lesiones
como relevante para que para conductas de cirugía transexual,
de transplantes, de esterilizaciones,
que antes no se podían consentir se introduce el sistema
de indicaciones en el aborto claramente limitadamente,
pero se introduce la libertad de la embarazada
y los delitos contra la libertad sexual
se siguen ampliando en la misma dirección que antes
o regulando, reformulando de la misma manera que antes.
Por ejemplo, ya no se habla de delitos contra la honestidad,
se habla de delitos contra la libertad sexual,
se elimina el delito de escándalo público;
y todavía más importante se elimina el delito de exposición
de doctrinas contrarias a la moral pública.
Era un delito de control, de opiniones discrepantes
sobre cuál era la moral sexual desgraciadamente, en nuestro país.
Moral público se entiende por moral sexual,
lo cual ya es algo a lamentar.
En las violaciones que todavía no se ha introducido
se acepta que las mujeres pueden ser,
puedan ser sujeto activo en la prostitución de menores,
se vuelve a rebajar la edad del consentimiento,
estaba en los veintitres y se admite que haya consentimiento, no viciado;
a partir de los 18;
se despenalizan del todos los juegos ilícitos y hay además
una serie de reformas muy interesantes.
No tienen demasiada trascendencia, dicho sea la verdad,
porque se centran mucho en faltas,
aunque en algún caso no, pero determinadas reformas
que pretenden asegurar el trato penal igualitario entre los sexos
y ese trato penal igualitario
necesitan eliminar en la mayoría de los casos,
no en todos, pero la mayoría de los casos
necesita eliminar el privilegio femenino
que existía en el derecho penal.
Por ejemplo, se elimina el agravante de respeto
debido al sexo.
Eso se aplicaba cuando la mujer era la víctima.
No se aplicaba nunca,
cuando la mujer era un hombre se elimina la agravante de respeto
debido al sexo.
Se elimina,
aunque esta es una eliminación puramente nominal,
la distinción entre presidio y prisión, la prisión,
el presidio, que antiguamente era una pena de ejecución más dura
que la prisión sólo se podía imponer a los hombres,
a las mujeres solo se podía imponer prisión,
se elimina esa distinción.
Insisto, se hizo en dominar,
porque la diferencia ya había desaparecido.
Hacía algún tiempo.
Se equiparan hombres y mujeres como sujetos activos y pasivos
de la de la violación.
En algún caso también se elimina algún privilegio masculino,
por ejemplo, en las víctimas del maltrato conyugal
se protegía más cuando la víctima del hombre
que cuando la víctima, la mujer también se desaparece.
Eso estamos en el ámbito de las faltas, etc. Y por primera vez
estamos en ese periodo de 1976, 182,
aunque ciertamente se actúa en esa dinámica
de ampliar la libertad individual frente a coerciones
Morales por primera vez empiezan a parecería esos grupos
o colectivos vulnerables que necesitan más protección.
Por ejemplo, empiezan a aparecer las figuras protectoras
frente a la discriminación de personas o grupos en razón
o por motivos de raza nación, religión, sexo;
ideología.
Empieza a haber un delito de este respecto de prestación de servicios
públicos discriminatoria.
Ese establece las asociaciones ilícitas por discriminación racial
y otras cosas.
Aparece por primera vez la protección del Círculo doméstico
y de la mujer.
Dentro del círculo doméstico.
Se crea la violencia física habitual doméstica,
el maltrato de obra grabado doméstico el delito, de impago de pensiones,
y empieza a restringirse la capacidad de decisión de las mujeres.
Quiero hacer un inciso aquí porque cada vez esto va a salir más
y yo en este momento estoy enumerando las reformas.
No estoy diciendo si me parecen bien o mal,
algunas me parecen bien y otras me parece mal,
pero no estoy haciendo esa valoración en este momento,
que es lo que se cese.
Restringe el ámbito de decisión de las víctimas,
en especial de las mujeres;
por ejemplo, se restringe el perdón en los delitos sexuales.
La mujer ya no puede perdonar un delito sexual
o en casi todo se va a volver luego a se va eliminar totalmente
en ese momento todavía no se elimina del todo,
pero se elimina de una manera significativamente significativa
y se refuerza la protección de menores y discapacitados.
Por, por ejemplo, en esa eliminación de muchos delitos sexuales
con connotaciones morales se elimina la penalización de la pornografía,
se elimina la penalización de los actos exhibicionistas,
pero se mantienen respecto a los menores de 16 años.
En ese caso se dice que tiene que seguirse,
protegiendo frente a la pornografía,
y tiene que seguirse protegiendo frente a actos exhibicionistas
o obscenos,
si empiezan a proteger a los menores cada vez más intensamente.
Por ejemplo, se utiliza, se introduce el delito de utilización y tráfico
de menores para la mendicidad, que no existía,
y otra serie de delitos que afectan a menores que no tengo tiempo ahora
de detenerme en ellos somos el tercer periodo.
El tercer periodo va de 1996 a 2011.
Es un periodo en el que se produce la alternancia política.
En prácticamente la mitad del período gobierna el partido popular
y en la otra mitad del Partido Socialista.
Eso nos da una una perspectiva interesante.
No voy a distinguir.
Se puede distinguir hecho lo tengo distinguido,
pero ahora mismo no merece la pena,
fundamentalmente porque esto habría que fundamentarlo más
y ahora lo tengo tiempo porque las distinciones
no son muy relevantes en política criminal.
Entre los períodos en los que habían el Partido Popular
y en los que gobierna el Partido Socialista
algunas distinciones hay pero no son demasiado relevantes.
Por tanto, lo voy a analizar de manera conjunta.
Todavía persiste esa tendencia
a liberar a los ciudadanos de coerciones morales
y de facilitar la libertad individual.
Por ejemplo, el caso del aborto se pasa del sistema de indicaciones
al sistema del plazo.
Obviamente, eso no es algo impulsado por el Partido Popular,
pero no solo es importante
que se pase del sistema de indicaciones al sistema de plazo,
sino que a la mujer se le da una libertad que antes no tenía,
por ejemplo, suban su voluntad favorable a la labor;
en los abortos no permitidos, le atenúa a la mujer la pena,
y en los abortos lícitos
pero que no cumplen, las condiciones formales
eximen de pena a la mujer o le atenúa, en algunos otros casos.
Por tanto, la voluntad de la mujer tiene una presencia importante
y, por supuesto se introduce.
Inicialmente ya saben que luego hay idas
y venidas sobre eso.
No voy a hablar ahora que es válido el consentimiento de la embarazada
desde los 16 años a la hora de la práctica del agua,
pero, por ejemplo y se dice expresamente
en las exposiciones de motivos,
se acaba la tendencia de valorar cada vez más la libertad
en el ámbito de los delitos contra la libertad sexual.
Aquí se produce un cambio en el que todavía estamos penetra
claramente la ideología de los colectivos vulnerables
y sobre todo eso empieza a notarse notablemente a la hora
de proteger a los menores.
En el ámbito de los delitos sexuales se pasa a protegernos,
no la libertad sexual, sino también la indemnidad sexual.
Podríamos hablar en qué consiste ese programa, lo vamos a hacer,
se eleva la edad del consentimiento.
Inicialmente a los 13 años se agrava la prostitución de menores
cuando se utilizan medios de comisión propios
de la prostitución de adultos,
de manera que cualquier relación sexual en la que medie remuneración
cualquier nace con un menor hasta 18 años.
En la que medie remuneración o promesa de ella
no tiene por qué ser en un contexto de prostitución,
el consentimiento del menor es inválido a todos.
Los efectos sigue siendo delito, aunque haya consentimiento del menor
se agravan todos los mitos de prostitución.
Si la víctima es menor de 13 años,
la utilización de menores en espectáculos exhibicionistas
o pornográficos se amplía en varias reformas que ahora
no puedo detener cada vez más.
Se crea el delito de pornografía infantil virtual
y alude a que el menor no es
utilizado para realizar la conducta pornográfica,
sino que se hace a través de ciertas representaciones.
Se reintroduce que había desaparecido del Código Penal de 1995,
el delito de corrupción de menores
y posteriormente avanzado ya el período se acaba creando
un capítulo específico de protección,
de la indemnidad sexual de menores de 13 años,
donde al parecer además se introducen agravaciones
como la de que el menor sea tenga una edad inferior a cuatro años.
Se introduce el delito de embaucamiento, de menores,
etcétera, más cosas además sí consolidan previsiones fundadas
en que la víctima adulta estoy hablando de menores.
La víctima adulta de delitos sexuales es vulnerable,
es decir, empiezan a aparecer por diferentes delitos sexuales
agravaciones porque la víctima adulta reúnas reúne unas cualidades
en virtud de las cuales se le puede considerar vulnerable y,
por consiguiente, en esos casos hay que imponer una pena más alta.
Aparece el concepto de víctima adulta de delitos sexuales,
que es vulnerable y que lleva
a agravaciones importantes el consentimiento de la víctima.
En sentido contrario al que había pasado hasta entonces,
empieza a ser cada vez menos relevante,
es irrelevante el consentimiento de la víctima en el rufianismo
y en el proxenetismo,
luego se va a volver a cambiar y va a volver a cambiar otra vez,
pero se cuestiona que tenga que darse importancia al consentimiento,
relevancia al consentimiento en el reduccionismo del presentismo.
Se castiga la posesión para el consumo propio
en la pornografía infantil, como he dicho,
es invalida el consentimiento de menores hasta los 18 años,
o incapaces para tener cualquier relación sexual
si media cualquier tipo de remuneración o promesa,
y empiezan a aparecer además otros colectivos vulnerables.
No solo los menores, no solo las víctimas vulnerables,
muy frecuente 20 vinculadas a la mujer,
sino que aparecen primero los colectivos
discriminados por razón de raza, etnia, religión, etcétera.
Se van continuamente ampliando cada vez la agravante amplia,
más colectivos.
Se refuerza la protección del colectivo doméstico,
como pues ya amplia en reiteradamente los conceptos,
las clases, las víctimas de violencia doméstica,
las faltas de violencia doméstica, lo de violencia doméstica habitual,
sino otro tipo de violencia doméstica relacionadas con los malos tratos,
etc. Primero se amplían y luego pasan a ser delito
menos grave de lesiones.
Se crean tipos autónomos más grave.
Si la víctima conviviente es especialmente vulnerable.
El concepto de vulnerabilidad de la víctima
se va cada vez potenciando, más, se agravan las faltas contra el honor
y contra la libertad de las víctimas domésticas
que terminarán siendo terminan siendo delitos amenazas coacciones leves
terminan siendo delitos de amenazas o coacciones
cuando la víctima primero es especialmente vulnerable
y luego es simplemente domésticas.
Un proceso que tiene lugar a través de diferentes reformas.
Ha sido obligatoria la aplicación de penas restrictivas
de la libertad,
alejamiento que tienen que ver con el alejamiento en general,
siempre que estemos ante víctimas domésticas, etcétera.
Por tanto, en el ámbito doméstico se avanza cada vez más.
La mujer, pareja se desgaja del ámbito doméstico
y pasa a ser un colectivo vulnerable, específico
diferenciado de los domésticos o del ámbito doméstico,
de tal manera que se crean delitos autónomos, que eran faltas
antes de malos tratos, lesiones, amenazas, coacciones
siempre que estemos ante una mujer, pareja, aunque no haya convivencia.
Se agrava las lesiones genéricas.
Si la víctima es mujer, pareja se reserva solo
para la violencia de género, es decir,
para la mujer, pareja, la obligatoria de las penas restrictivas
de libertad, etcétera.
También se refuerza otro colectivo.
El colectivo de los menores, por ejemplo,
se aplaza el inicio del cómputo de prescripción de los delitos
hasta que son mayores de edad.
Los menores se recupera el delito de sustracción de menores.
Repito, a mí hay cosas que me parecen bien
y otras no, y estoy no pretendo ahora hacer ese
enjuicio.
La mera presencia de menores,
la mera presencia de menores en conductas de violencia doméstica,
habitual al graba las penas,
se crean agravaciones por utilización de menores.
En delitos muy diversos se crea la pena grave
de privación de la patria potestad en el ámbito de los colectivos,
de los incapaces también se avanza mucho,
los incapaces en muchos supuestos se vinculan en su protección
a la vinculación que se pretende que se hacia los menores,
cosa que no siempre se hacía antes y agradezca siempre ahora,
cada vez más los incapaces van, junto a los menores,
en esa protección específica se crea grabaciones,
cuando la víctima es incapaces del delito de tráfico ilegal
de personas,
y en otros aparece un nuevo colectivo muy importante,
el de las personas traficadas, las personas traficadas,
primero, son perseguidas como trata de personas con fines
de explotación sexual.
Solo en ese sentido luego se incluyera un delito más amplio
de trata de seres humanos en donde el consentimiento del mayor de edad
es irrelevante.
En determinados medios comisivos fundamentalmente abuso de necesidad
y vulnerabilidad,
se amplían los tipos de tráfico ilegal de mano de obra
y finalmente se crea el delito de tráfico internacional
de personas.
Aparece un nuevo colectivo
más, que es el de las minorías culturales o sociales
a no confundir con la discriminación por razón de razas, etc.
Minorías culturales.
Por ejemplo, se crea el delito de mutilación genital.
Aquí estamos todavía en el inicio de esta protección
de las minorías culturales último periodo
y no me voy a que no me voy a referir sobre eso.
Se ha avanzado mucho más
y si castiga la obtención o tráfico de órganos humanos ajenos,
aunque conste el consentimiento y quién dona al órgano
en determinadas condiciones,
se protege otro colectivo que es el de los animales domésticos.
Primero el maltrato de animales domésticos,
luego los animales amansados,
y ya sabemos que eso ha seguido y sigue avanzando.
Se protege por primera vez el colectivo lgtbi en esta época
cuando se agrava.
Se amplía el agravante de discriminación
introduciendo la discriminación por identidad sexual.
Hay un colectivo me gustaría destacarlo;
sin embargo, está sometido a un régimen totalmente distinto.
Durante todo este periodo,
a ese colectivo no se le protege más,
sino que se le protege menos, y ese colectivo son los extranjeros.
Primero, los extranjeros residentes ilegales
y, finalmente, tanto los extranjeros residentes ilegales
como los extranjeros residentes legales.
Ese colectivo vivo van perdiendo protección penal
a lo largo de todo el período.
Sería interesante también profundizar en eso,
pero ahora no tenemos cierto.
La protección de la víctima sigue ganando protagonismo cada vez más.
Por ejemplo, en la gestión de las medidas de seguridad
se da audiencia a las víctimas,
no faltan faltan pocos años para que la ley del estatuto
de la víctima, de un amplio alcance,
las actuaciones de la víctima en el ámbito procesal,
pero ese ámbito, ese periodo no lo voy a analizar ahora,
es decir, me quedo en el año 2011.
Hay otro periodo del año 2011 hasta la actualidad.
En dónde todo esto, ese incremento en la protección de colectivos
se hace especialmente evidente precisamente
porque se hace especialmente evidente.
No me quiero detener en el primero, porque todos lo tenemos en mente
y en segundo lugar,
porque si no esto la exposición sería demasiado larga
y todos más o menos sabemos de qué estamos hablando.
Por tanto, me quedo aquí
pero esta evolución no es que haya seguido avanzando,
sino que se ha profundizado notablemente hasta la actualidad.
Con esto creo haber demostrado si analizando el cuarto período
todavía más que efectivamente estamos en una dinámica política criminal,
que obedece a otros rasgos también, pero que un rasgo muy significativo
de la evolución de la política criminal contemporánea española
es el surgimiento de estos colectivos intermedios,
como sujetos de protección penal, y volvamos de nuevo, por tanto,
al planteamiento general.
Ahora que ya tenemos en la cabeza de que es a lo que me estoy refiriendo.
En primer lugar, nadie, nadie cuestiona,
o por lo menos yo no cuestiono que se precise intervención penal
para consolidar consolidar la tutela de personas vulnerables es,
no cuestiono en absoluto.
Eso que hay personas vulnerables en nuestra sociedad
que exigen una protección penal adicional,
ni cuestiono tampoco que para identificar cómo tenemos
que protegerles, haya que acudir a unos rasgos comunes
que poseen esas personas vulnerables.
Por tanto, que tenemos que identificar
lo que es común a todas esas personas vulnerables.
Los problemas a mi juicio comienzan
cuando esos rasgos que son comunes a determinadas personas vulnerables
o a muchas personas vulnerables se utilizan para construir
y categorizar un grupo homogéneo de personas vulnerables,
que pasa a ser objeto directo de protección penal
como tal colectivo.
Como tal grupo no estoy afirmando
que a veces no sea necesario proteger de manera autónoma a ese grupo,
que responde a esos rasgos comunes,
pero advierto sobre los riesgos que eso conlleva.
Eso es lo que quiero destacar, porque si damos por bueno
y quizás en algunos casos haya que dar por bueno
que tengamos que proteger a determinados grupos
como tales grupos vulnerables
como objeto autónomo de protección penal,
es preciso que la determinación de su ámbito de tutela,
la determinación de qué es lo que tenemos que proteger
respecto a ese grupo tenga que determinarse de la misma manera
que se determina con los otros bienes jurídicos,
con los bienes jurídicos individuales,
con los bienes jurídicos colectivos de toda la sociedad
y con los bienes jurídicos estatales
y cómo se hace.
Pues se alza, se hace participando bueno,
la sociedad de una manera o de otra, en el debate público
sobre lo que el derecho penal tiene que establecer,
como el ámbito objetivo es los daños que se quieren proteger
y el ámbito subjetivo,
las personas a las que se quiere proteger de esos colectivos,
es decir,
puede ser que tengamos que proteger a determinados grupos autónomamente,
pero el ámbito de protección, objetivo y subjetivo
lo tiene que determinar, como sucede en el resto de bienes jurídicos,
de una manera u otra.
El conjunto de la sociedad son las mayorías sociales
los que tienen que las que tienen que decir lo que se tiene
que proteger y sin embargo y eso creo que hay algunas experiencias
en las que podemos mencionar existe el serio riesgo
de que ciertos grupos de interés,
opresión quieran sustituir las preferencias sociales
por las preferencias grupales, determinados grupos de interés
o de presión que se arrogan a veces con razón la representatividad
de esos colectivos.
Exijan que son ellos los que tienen que determinar a quién se protege
y lo que se protege, cerrando el paso a las opiniones del resto
de la sociedad al respecto o a atribuyendo oye,
atribuyéndose ellos.
La decisión de quiere decisiones en el conjunto de la sociedad.
Sobre si lema son legítimas.
O no son legítimas.
Merecen la atención o no?
Merece una atención, y ello me gustaría destacar.
No se atenúa por el hecho de que no solo hay un grupo
de interés que se esté arrogando la capacidad de decidir
lo que hay que proteger en esos colectivos.
Si hay varios grupos de interés, incluso en conflicto entre ellos,
como sucede por ejemplo.
En estos momentos en el ámbito del feminismo,
aunque haya grupos de interés en conflicto entre ellos,
eso no quiere decir ellos,
tienen que decidir lo que se tiene proteger,
ni unos ni otros.
Ellos tienen que participar en el debate público
que tiene que tener lugar en el conjunto de la sociedad.
No nos vale el debate dentro del feminismo no nos vale,
tiene que ser el debate dentro del conjunto de la sociedad
para determinar los ámbitos de protección,
para determinar los niveles de responsabilidad,
en virtud de los cuales hay que exigir una persecución penal
para determinar las sanciones, imponer, etcétera.
Para todo esta es una primera idea que quería destacar.
Una segunda es el riesgo que la autonomía,
la autonomía que se pueda dar como sujeto de protección penal
a esos grupos, tiene en relación con la protección del individuo
en nuestra sociedad o podríamos decir,
el riesgo de suplantación del individuo por el grupo.
Además, estoy hablando de que esas élites que representan
a esos grupos no pueden arrogarse la decisión colectiva,
en lugar del conjunto de la sociedad.
No es que haya otro problema adicional
aparte de ese y es que esas élites que se arrogan la representación
de esos grupos vulnerables pueden pretender sacar adelante
el contenido de protección en contra de los intereses
de los individuos que forman parte de esos grupos,
que suplanten la voluntad del individuo
a favor de la voluntad del grupo que ellos son los que la expresan
y la que las representan.
Porque, claro, la categorización de esos grupos vulnerables
implica necesariamente que alguien que los representa tiene
que determinar cuáles son los intereses
de estas personas vulnerables.
No podemos preguntar una a una
a todas esas personas vulnerables si tenemos,
si aceptamos que ese grupo sea autonomizado
como sujeto de protección, alguien luego el conjunto
de las sociedades ya si les parece mal o mal malo, bien,
pero alguien tendrá que decir cuáles son los intereses
de esos grupos y entonces aquí se produce el riesgo
de que se intenten identificar los intereses individuales,
con los intereses grupales de una manera
que sea incorrecta, de tal manera,
de tal manera que se terminen protegiendo intereses grupales,
en contra de los intereses
manifestados por las personas vulnerables individuales,
que forman parte de ese grupo.
Es cierto qué para argumentar eso?
Se habla?
Bueno, es que los las personas individuales del grupo
debido a su situación problemática que tienen en la sociedad
pues ignoran cuáles son sus verdaderos intereses
o tienen un escaso conocimiento o viven engañadas y por tanto
nosotros que representamos sus intereses del grupo,
que nos hemos emancipado de esa situación de opresión
que tenemos por formar parte de su,
por por tener esas características propias
del grupo?
Nosotros somos los que somos capaces de identificar los intereses,
que las personas individuales no son capaces.
Lo cual en más de una ocasión
en muchas ocasiones será cierto, no digo que no lo sea,
simplemente el riesgo que eso implica,
porque estamos entrando en una dinámica
de que el colegio, el los las élites que representen al colectivo
saben mejor que tú lo que te interesa,
y probablemente será cierto en muchos casos.
Yo solo digo que a eso llegamos.
A qué te dicen lo que te interesa,
porque lo saben mejor que todo esto plantea
la cuestión de si es legítimo que el derecho penal
intervenga en los casos en los que la persona vulnerable perteneciente
a ese grupo no comparte la corrección o la necesidad de la protección
que se les está ofreciendo, no la quiere
y qué se hace en ese caso?
Insisto, es muy posible que esa persona esté alienada,
que esa persona no sepa lo que verdaderamente le interés
muy bien.
Aceptemos eso, y si no lo está al menos,
y en la medida en la que lo conducta lesiva no afecte a terceros,
debería de existir en estos casos una cláusula de libertad informada,
una cláusula de libertad informada que permitiera
a la persona vulnerable a la que se le quiere proteger,
en contra de sus deseos, renunciar a esa protección que le otorga
el colectivo, naturalmente, siempre que mostrada un conocimiento
y una capacidad de decisión suficientes.
Esto implica ni más ni menos que afirmar la disponibilidad por parte
de la víctima de los bienes.
Estos bienes jurídicos.
Sin duda, estos bienes jurídicos intermedios
no pueden ser sometidos al régimen de indisponibilidad propio
de los intereses generales porque no está,
no están implicados.
Los intereses del conjunto de la sociedad están implicados.
Los intereses de unos grupos frente a otros grupos
es una situación distinta y deben de además de una disponibilidad mayor
que la de los bienes jurídicos individuales,
porque los bienes jurídicos individuales
la regla es la disponibilidad, y solo cuando nos choca mucho
adoptamos una serie de cautelas sobre todo en bienes
como la vida o la integridad personal,
y dice cómo es posible que quiera estar disponiendo de eso.
Bueno, bueno,
desconfiamos y vemos verificamos si realmente tiene capacidad,
pero en estos ya no estamos en estos bienes intermedios
y ya no estamos ante esos bienes tan básicos,
tan fundamentales y, por tanto no tenemos
porque tener tantas cautelas,
lo cual no quiere decir que no podamos tener.
En consecuencia, hay que razonar muy bien,
porque renunciamos a la disponibilidad en estos casos,
por qué no les damos la disponibilidad a la persona
en esos casos?
No son bienes colectivos, no son bienes individuales
tan básicos en los que establecemos a veces ciertas cautelas.
Entonces, por qué no les podemos dar disponibilidad en estos casos?
.
Cierra el paso la disponibilidad y sobre esto podríamos hablar más.
Supone introducir una mediación en la gestión
de los intereses individuales a mi juicio,
sociopolítica mente injustificada.
Dos ideas más ya brevemente.
En primer lugar, no me he ocupado del último periodo político
criminal donde, sobre todo los que se dedican al derecho penal
saben de sobra que este fenómeno se ha acrecentado notablemente,
pero me gustaría destacar que el especial protagonismo
atribuido al derecho penal a la hora de proteger a los colectivos
vulnerables tiene un efecto negativo,
lo cual no quiere decir que el derecho penal
no tenga que intervenir en ciertos casos,
por supuesto que tiene que intervenir pero darle excesivo protagonismo,
termina desplazando la atención y los esfuerzos sociales
que hay que prestar a la prevención social frente a la prevención penal,
o queda no deja en segundo plano a los instrumentos
propios del estado de derecho social,
del estado de derecho bienestar, lista que precisamente por eso
no necesitan necesariamente al derecho penal
para conseguir objetivos sociales?
Eso es el Estado de derechos social,
un Estado que consigue objetivos sociales
a través de medidas sociales,
no necesariamente a través del Castillo.
Las diversas leyes integrales que se han hecho en nuestro país
se conocen fundamentalmente por sus previsiones penales.
Eso es lamentable
porque tienen muchas muchas previsiones que no son penales,
pero lo cierto es que el derecho penal adquiere el protagonismo.
Piensen ustedes en la ley de género del 2004.
Piense ustedes en la ley de la libertad sexual
o conocidas Daisie
si punto de vista lo ha hecho muy mal en el ámbito del derecho penal,
pero lo hace bastante bien en la mayor parte de la ley,
que no tiene nada que ver con el derecho penal,
pero nadie lo conoce eso porque solo se habla
el protagonismo del derecho penal, es decir,
en el mejor de los casos se logra la prevención social
a través de la prevención penal,
y eso déjenme que los díe que les diga es ilegítimo,
las tareas de promoción social.
No son tarea del derecho penal, eso es tarea
de otros mecanismos social.
Si lo hacemos a través del derecho penal
estamos dando lugar a una sociedad de sustrato autoritario,
por llamarlo de alguna manera, y finalmente, me gustaría destacar
también que esta continua aparición de bienes jurídicos intermedios
muestra el progresivo arraigo en nuestra sociedad,
de ciertas tendencias comunitarias.
Ya he dicho que los colectivos intermedios
se vinculan más al com unitarismo que al liberalismo.
Pero, fíjese, ustedes es un como unitarismo,
que, a diferencia del como unitarismo
-político, el que se conoce en la ciencia política
aunque también se conoce este claro, es un comunidad abismo
que no pretende crear lazos de solidaridad en el conjunto
de la sociedad, pretende crear lazos de solidaridad entre grupos aislados
los cuales se cierran sobre sí mismos.
Se hacen muy solidarios entre sí
pero eso es lo que se puede llamar utilizando una terminología
que utilizó Habermas.
En otro contexto, un como unitarismo superpuesto
no es hacer a la sociedad más solidarias entre sí
es crear grupos que generan solidaridad dentro de sí mismos,
pero que entran en conflicto con otros grupos.
Se crea, por tanto, una integración,
si me permiten, otro concepto también de la sociología jurídica.
Una integración sistémica, es decir,
cada grupo se cierra sobre sí mismo y va a lo suyo
y no hay ninguna corresponsabilidad respecto a ese comunitari social
que podría parecernos o a muchos les parece deseable.
Desde mi punto de vista,
toda esta evolución política se contrapone a la consolidación
del estado de derecho liberal que toma como medida
de toda intervención social a los individuos,
a los individuos adultos a los individuos,
capaces de tomar decisiones y que si no son adultos
y no tienen capacidad de tomar decisiones
hay que adoptar intervenciones sociales para lograr que sean adultos
y sean capaces de tomar decisiones sociales,
abandona el estado de derecho liberal
y le quita protagonismo al individuo que es sustituido
por unos grupos que le dicen al individuo, que es lo que le conviene
y lo que le conviene.
Eso sin ninguna duda, aunque no se ha intentado aunque no se pretenda
por quienes fomentan cada vez más ese tipo
de comunicar mismo conduce
necesariamente a una sociedad más autoritaria,
porque es una sociedad en la que unos pocas, elites,
las representativas de cada grupo, toman las decisiones colectivas
y le privan de ellos a los individuos que son
en último término, el fundamento de nuestra democracia.
Bueno, muchas gracias por su atención.
Estos todos requerirían.