Saludos.
La sentencia del Tribunal Constitucional 124 2018
resolvió el conflicto de atribuciones planteado
por el Congreso de los Diputados por el rechazo por parte del gobierno
de una solicitud de comparecencia urgente
de un ministro, en concreto del ministro de defensa,
para informar sobre determinadas cuestiones recordemos
que acababa de celebrarse una reunión de ministros de defensa de la otra,
y la cámara solicitó dicha comparecencia
para informar de los asuntos tratados en dicha reunión
y de los acuerdos allí alcanzados.
La negativa a comparecer
se quiso justificar por parte del gobierno sobre la base
de que al encontrarse en funciones no cabían dichas iniciativas
de control y ello porque entendían que no existía vínculo fiduciario,
y por ello, no era posible tal control.
La comparecencia se solicitó en marzo de 2016
el Gobierno llevaba en funciones
desde diciembre de 2015.
En aquellas elecciones se produjo una brusca caída del bipartidismo,
el partido más votado que sostenía al gobierno,
apenas obtuvo 100 veintitres diputados,
mientras que la segunda fuerza, apenas 90, entre los dos partidos,
habían perdido en aquellas elecciones más de 80 escaños.
Entre los 2,
la formación del Gobierno era, por tanto, muy compleja,
y eso hizo que la permanencia en funciones se terminara alargando
durante mucho tiempo más.
Hasta tal punto
fue así que la imposibilidad de investir a candidato
alguno provocó provoca una nueva convocatoria electoral,
y de hecho se estuvo muy cerca de tener
que repetirse las elecciones por tercera vez,
pero, finalmente la abstención del principal partido
de la oposición.
Terminó una investidura por mayoría simple.
En esta visión clase abordaremos de manera sucinta
a los efectos de poder trabajar con ella
en los foros de la asignatura.
Esta cuestión y dos son los puntos a los que hay que prestar atención
en un primer momento.
Por un lado,
la situación de permanencia en funciones del Gobierno;
por otro, el control sobre dicho gobierno.
El cese del Gobierno puede producirse por muy diferentes cuestiones,
la más habitual por la celebración de elecciones generales,
como fue este caso, pero también puede producirse
por la dimisión del presidente del Gobierno,
como sucedió en el año 81, con la dimisión del presidente
Adolfo Suárez, por el triunfo de una moción de censura,
como sucedió en 2018 con la moción de censura que llevó
a la presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez,
la única triunfante hasta la fecha de todas las presentadas,
la última, muy recientemente, y no son los únicos casos
que provocan el cese, también provocan esta situación.
La pérdida de la cuestión de confianza,
pero no se ha producido ninguno hasta la fecha,
ya que las dos que se han presentado permitieron revalidar
la confianza del presidente y también provocaría el cese.
El fallecimiento de un presidente del Gobierno.
Afortunadamente tampoco se ha producido.
En su puesto de este tipo cesado el Gobierno
permanece en funciones hasta la toma de posesión
del nuevo gobierno.
Hemos dice el artículo 101 de la Constitución
y se evita así un vacío de gobierno, como bien apuntó el Tribunal Supremo
en una de las pocas sentencias en que ha tenido
que abordar un recurso contra decisiones tomadas
durante traspasos de poderes.
Se comprende sin dificultad,
que España no puede quedarse sin gobierno siquiera unas horas.
Se produce así una prorrogatio de funciones
para evitar un vacío de poder.
Ahora bien, es evitar una ausencia de gobierno,
no implica que el gobierno esté en plenitud competencial.
El gobierno durante estos periodos tiene una serie de limitaciones
que se establecen en la ley del Gobierno,
concretamente en su artículo 21.
La Constitución.
Ese artículo 101 que apuntaba no señalaba nada al respecto.
No entraremos ahora en su detalle,
pues eso será objeto de otra vida clase.
Lo que nos interesa aquí es abordar
si esa situación de interinidad provoca algún efecto
en la función de control que llevan a cabo las cámaras,
y la respuesta es muy sencilla.
Como bien ha señalado el Tribunal Constitucional,
no cabe negar a las cortes generales el ejercicio de la función de control
que les viene atribuida por el artículo 66
del texto constitucional en su apartado segundo.
La cuestión no es si el gobierno en funciones
está sometido al control del Parlamento, que lo está;
la clave es ver el alcance de dicho control.
El gobierno está sujeto al control parlamentario
en todo momento
y también durante este periodo de permanencia en funciones.
Las Cortes controlan la acción del gobierno
e, insistimos.
Lo hacen en todo momento una cosa bien diferentes
que por el tiempo, normalmente muy breve
de esa permanencia, el control haya sido prácticamente inexistente
a lo largo de los años,
pero el control no está limitado en ese periodo de tiempo.
Podríamos hablar de una legitimidad reorientada,
porque el objetivo es evitar el vacío de poder que antes señalaba,
pero en la que el control puede seguir ejerciéndose.
No tendría sentido ninguno.
Que un gobierno cesado tuviera mayor libertad de acción
que un gobierno en situación de normalidad.
El control no se puede coartar en ninguna de las fases
por las que un gobierno atraviesa.
El control existe, indudablemente,
y la única reflexión que podríamos verter
es la modulación del mismo a la vista de la propia situación del gobierno.
Se podrá, por tanto, pedir información al Gobierno.
Plantear preguntas parlamentarias, solicitar comparecencias.
Ninguna de estas prerrogativas queda limitada.
Durante la permanencia en funciones,
lo único que podríamos hablar es una competencia
modulada en el sentido de que habrá iniciativas de control
que quizá no tenga sentido formular en algunos términos,
pero ahí es la mesa de las cámaras quien debe hacer un diligente examen
y canalizar las iniciativas planteadas,
inadmitiendo aquellas que excedan,
el ámbito de competencia de un gobierno en este estado
o las que corresponda realizar al siguiente gobierno no es extraño,
así que en estos periodos haya iniciativas, preguntas, por ejemplo,
proposiciones no de ley, que no superen el filtro de la mesa,
por esa permanencia en funciones o que se les solicite
una reformulación, ajustándolo a las competencias del gobierno.
Otra cuestión complementaria diversa
son los instrumentos de responsabilidad política,
sanción, moción de censura o cuestión de confianza,
pues lógicamente!
El gobierno ha cesado y solo resta
que se nombre aquel que ha de sustituirle,
y el Tribunal Constitucional, siguiendo esta argumentación,
terminó dando la razón al Congreso de los Diputados,
estimando el conflicto entre órganos constitucionales
presentado frente al Gobierno.
Bien y con absoluta claridad!
Fue desmontando el criterio del gobierno.
En este punto la función de control que corresponde
a las cortes generales.
Nos decía.
El tribunal está implícita en su carácter representativo
en la forma de gobierno parlamentaria
que se establece en el artículo primero del texto constitucional.
No cabe negar a las cámaras todo ejercicio
de la función de control
y, entre ello, se control.
Las comparecencias que se solicitaron,
que fueron rechazadas por el Gobierno.
Con ese argumento de la que de que la permanencia en funciones
impide esas actuaciones, el Tribunal no aceptó por tanto,
el criterio del gobierno aceptarlo hubiera aplicado afectar
a el equilibrio de poderes previsto constitucionalmente
y como apuntó el profesor Aragón.
Es claro que el Tribunal Constitucional
ha dicho de manera inequívoca
que mientras haya actividad del gobierno en funciones
esa actividad puede ser objeto de control
y especialmente cuando puede ser amplia o intensa,
donde cobraría toda su significación.
La frase de que a mayor poder mayor responsabilidad,
a mayor abundamiento el tribunal utilizará otro argumento de peso,
la función de control se atribuye por la Constitución
a las dos cámaras.
Congreso y senado,
si fuera la relación de confianza que estaba assabentar en la que se basa
a mentar al control, el Senado carecería de ese poder,
pero no cabe alegar ello por esa situación en funciones,
y esa quiebra de vínculo fiduciario para asociarlo
a la ausencia de control.
El argumento no se sostiene.
No todos los instrumentos de control tienen como finalidad
quebrar la relación de confianza, por lo tanto,
el ejercicio es posible, aunque no exista esa relación,
el gobierno en funciones o no, está sometida al control
tanto de Congreso como del Senado,
y otra cosa es insistamos esa modulación en algunos puntos,
pero el control permanece mientras el gobierno
siga desarrollando su actuación.
En el Estado que fuere y las cámaras podrán ejercerlo,
el menoscabo de la función de control implica una limitación del derecho
a ejercer la función parlamentaria, y, con ello,
el derecho de participación ciudadana que nos consagra
el artículo veintitres de la Constitución.
Con negativa del gobierno se afectó en aquel momento.
La atribución constitucional atribuida por el artículo 66
a las Cortes.
La sentencia, no obstante, se disto en diciembre de 2018,
dos años y medio después de haberse interpuesto el conflicto
con otro gobierno, con otro presidente
y, por tanto, con una eficacia meramente declarativa.