Hemos visto en otra de las vídeo clases
que el Senado no tiene un número fijo de senadores
en cada legislatura depende de criterios poblacionales.
Hay un número fijo de senadores elegidos
por la ciudadanía en las elecciones,
un total de 108 al que se le une un número de senadores 17
que designan las comunidades autónomas,
y un número variable, que actualmente es 40, que también se designan
por las comunidades autónomas.
Es variable, porque depende de criterios poblacionales,
por lo que hace referencia a los senadores directamente elegidos
por los ciudadanos, hay que partir de que en cada provincia peninsular
se eligen cuatro senadores, 47 por 4, nos da un total de 188,
pero a ello hay que sumarles los que son elegidas
en las provincias insulares, que son 16, nueve lo son las islas mayores.
Tres senadores por cada isla, mayor.
Gran canaria.
Mallorca.
Tenerife tres en cada una de ellas y luego siete en el resto de islas,
bien de forma autónoma, bien como agrupación,
y así eligen autónomamente a un senador
las islas de mallorca fuerteventura Gomera Hierro Lanzarote y Palma
y luego un senador de forma conjunta entre ibiza y formentera,
a esta cifra se unen cuatro senadores más,
que son elegidos por las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla,
dos senadores, por cada una de ellas,
y a estos 208 se tienen que sumar;
los que hemos dicho se fijó de 17 senadores elegidos
por las comunidades autónomas,
uno por cada una de ellas y luego un número variable
por cada 1.000.000 de habitantes, y con estas cifras actuales
son 40 los senadores que se rigen por esta vía,
y es sobre estos senadores los denominados senadores autonómicos,
sobre los que os hablaré en esta sesión.
Al hilo de la sentencia del Tribunal Constitucional 100
veintitres barra, 2017, siete recordemos el caso concreto.
En 2016 se modificó la ley valenciana,
de designación de senadores de representación de dicha comunidad
y se introdujeron varios cambios.
Por un lado, se estableció la posibilidad de revocación
de los senadores designados por las cortes valencianas,
una revocación que se conectaría con una presunta pérdida de confianza
fundamentada en el incumplimiento
de las obligaciones del cargo de senador o por el desarrollo
de actuaciones que a juicio de la Cámara
pudieran suponer un desprestigio de las instituciones.
La ley se tramitó en un momento no olvidemos
en que se estaban conociendo posibles casos de corrupción
que podían afectar a una de las entonces senadoras autonómicas
por dicha comunidad y que antes había sido alcaldesa
de la capital de la comunidad.
Junto a esta posible revocación se introdujo también la necesidad
de introducir comparecencias preceptivas por parte
de los senadores ante la cámara autonómica.
Comparecencias para rendir cuentas del trabajo realizado en el senado,
una comparecencia mínima
al año en una de las comisiones de la Cámara,
pero con la posibilidad de pedir nuevas comparecencias en el caso
de que fuera solicitado por los grupos parlamentarios,
comparecencias preceptivas.
Insisto en este punto, la ley
fue recurrida por más de 50 senadores del grupo parlamentario popular,
y el Tribunal Constitucional terminó estimando dicho recurso
y como recuerda y el propio tribunal constitucional.
No hay mandato imperativo para los senadores.
La construcción es clara.
Cuando lo establece en el párrafo segundo de su artículo 67
ni lo tienen los senadores elegidos directamente por los ciudadanos,
ni lo tienen los designados por las comunidades autónomas,
los denominados senadores autonómicos,
aunque estos segundos cuenten con una propia especificidad,
como así lo señaló, lo destacó también el propio tribunal.
Esto debe conciliarse con una igualdad de estatus;
cualquiera que sea su origen integran todos por igual.
Las cortes generales, y en todos ellos concurre por igual
la representación general del pueblo español,
a que hace referencia el artículo 66 de la Constitución,
una vez elegidos la cámara autonómica.
No puede proceder a revocarlos, como señala el tribunal;
no pueden imponerse deberes por parte de la cámara autonómica
a que ya es miembro de un órgano constitucional del Estado
sustraído por entero a las competencias
de las comunidades.
Los senadores autonómicos no están subordinados a la asamblea.
No tienen una dependencia política
por haber sido elegidos por esa asamblea
como la que sí que tendría el presidente autonómico
cuando es elegido por esa misma asamblea.
En este segundo caso el presidente autonómico
hay un vínculo fiduciario,
que se puede ver quebrado, por ejemplo,
por una moción de censura triunfante,
pero este esquema no se reproduce con los senadores autonómicos,
los estatutos de autonomía o las leyes de desarrollo
que pueden aprobarse y poder establecer previsiones
de legibilidad cláusulas adicionales de incompatibilidad,
pero en ningún caso cabe proceder a su revocación,
o exigirles determinadas actuaciones,
como si fueran dependientes de la cámara autonómica.
Insisto, no hay mandato imperativo alguno.
Por lo que hace referencia a las comparecencias,
el tribunal destaca que las normas autonómicas
pueden prever la posibilidad de solicitar la presencia
a efectos informativos de los senadores,
pero no imponer deberes tipo alguno en ningún caso
con carácter preceptivo.
No cabe imponer sus deberes a estos senadores
elegidos por la cámara,
son miembros de un órgano constitucional del Estado
y están, por tanto, sustraídos de las competencias autonómicas.
La Cámara les eligió pero a partir de ese momento
son senadores en iguales condiciones
que los selectivos.
Así destacó el Tribunal Constitucional
que los senadores a que se refiere el artículo 69,
cinco del texto constitucional,
no son designados por las asambleas legislativas autonómicas
en calidad de mandatarios.
La ley recurrida vulnerará también a juicio el Tribunal
el artículo veintitres.
Dos del texto constitucional,
que reconoce el acceso en condiciones de igualdad a los cargos públicos
y proteger su mantenimiento y ejercicio
sin privaciones ilegítimas.
Las previsiones de la ley recurrida perturbarían ilegítimamente
el ejercicio del cargo de senador.
El Tribunal Constitucional destacó que este tipo de senadores designados
por las comunidades autónomas representan de la misma manera
que los electivos al conjunto del pueblo,
como una unidad ideal de imputación, y, de esta manera a unos, a otros,
a todos les es aplicable el principio de mandato libre del artículo 67
de la Constitución,
que nos señala que los miembros de las cortes generales
no estarán ligadas por mandato imperativo.