Buenas tardes.
Retomamos las dos últimas mesas de nuestra jornada
dedicada a los doctorandos de nuestro programa de doctorado.
Básicamente, al igual que esta mañana vamos a cumplir,
vamos a procurar cumplir el horario, lo mismo que esta mañana ya creo
que tienen las directrices oportunas un poco de los tiempos,
etc, etc. Vale, y les rogamos como esta mañana
que cumplamos vienen horario porque así podremos cumplir
con todas las mesas
y, bueno, pues el nombre del del director del instituto
veo algunas caras como un de esta mañana,
pero veo otras nuevas,
con lo cual el nombre del director del Instituto,
el profesor Gustavo Palomares,
pues me enorgullece darles la bienvenida a esta última sesión
de la última jornada, agradecerle su asistencia bueno,
por el tiempo, el esfuerzo que supone venir aquí por supuesto
a los a los que a los ponentes,
a los doctorandos que exponen esta tarde
y también damos la bienvenida a aquellas personas
que nos están escuchando a través del entorno virtual
y sin más preámbulo le voy a dar el paso al.
Le voy a dar paso y la palabra a Alicia Arnáez,
como ya la he presentado esta mañana,
una de nuestras doctorandos en formación del instituto
que la que va a pasar a presentar a los diferentes ponentes
adelante al iniciar.
Bueno, buenas tardes Muchas gracias.
Pues vamos a comenzar esta tercera mesa
de la jornada de hoy y vamos a presentar
a la primera ponente de esta tarde.
Ya es Ana Carmen estará mata, existencia de en derecho,
funcionaría la administración local,
posgrado en contabilidad y auditoría de la Administración Pública,
máster en Práctica Jurídica por la Universidad de Zaragoza;
máster de investigación de gestión de contratos y programas
por esta casa y docencia en escuela, práctica jurídica de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Zaragoza y también ha practicado
la docencia incursos del Ayuntamiento de Zaragoza
y otras entidades públicas y privadas.
Así que va a dar comienzo ya su presentación,
que lleva por título.
Análisis del principio de buena administración
como parámetro de buenas prácticas en materia de contratación
del sector público.
Muy bien, muchas gracias.
Buenas tardes.
Mi comunicación en ese panel.
Claro, mal vaya el planteamiento, voy a comenzar explicando
que se trata de analizar ese principio de buena administración
como parámetro para analizar si nos serviría para detectar
buenas prácticas en materia de contratación,
y el acercamiento que he hecho como planteamiento al trabajo
es analizar el concepto de lo que se considera buena administración,
cuál es su contenido y, después de ese análisis general,
proceder a un análisis más específico en lo que sería el ámbito
de la contratación del sector público,
teniendo en cuenta que el trabajo que he realizado
es de naturaleza jurídica
y que, por lo tanto, la aproximación a lo que voy
a explicar a continuación es desde el derecho administrativo,
teniendo en cuenta que existe una dualidad en considerar
la buena administración tanto como un principio general
del derecho que ha sido creado y perfilado
por la jurisprudencia europea,
como en un momento posterior.
Se considera un derecho subjetivo en determinados casos,
que luego explicaré que fue introducido en la Carta
de derechos fundamentales de la Unión Europea,
concretamente en su artículo 41, en el tratado de niza en el dos
en el año 2000, que en la actualidad
la carta se considera con el mismo valor jurídico
que los tratados.
Por lo tanto, partiendo de esas, de esos, de esa explicación,
se produce una transición, como digo, del principio general
del derecho a un derecho subjetivo por el hecho de que la Unión Europea
se considera como una comunidad de derecho.
Ahí tenemos lo que son los apartados uno dos del artículo 41,
que ha analizado, y como resumen,
para que veamos un poco el catálogo de principios
que integran ese derecho subjetivo, podemos hablar del derecho
a que los asuntos se resuelvan con imparcialidad y equitativamente,
a que sean resueltos en un plazo razonable,
a que si se va a adoptar alguna medida individual
que sea desfavorable siempre se debe al interesado
audiencia previa, el derecho a acceder al expediente,
si somos interesados o este, que es tan importante y que ya veremos
que se da también en nuestro ordenamiento,
que es la motivación de las decisiones administrativas
en el ordenamiento jurídico español
y de manera general también encontramos
todos los principios de buena administración,
ya la jurisprudencia de la sala tercera de nuestro Tribunal Supremo
siempre ancló ese principio a esos artículos,
al 1.206 de nuestra Constitución,
y como principios constitucionales todos ellos pivotan tanto
en la ley de procedimiento administrativo en la 39 de 2015,
como en la de régimen jurídico del sector público.
Una vez que he analizado esos principios
desde un punto de vista digamos, general,
si vamos a lo que es la materia que nos interesa
o me interesa en este caso, que es la contratación del sector público
y teniendo en cuenta esas tres libertades de los tratados,
he analizado por materias de por cuestión,
de tiempo y de extensión del trabajo,
la directiva de contratos la 2014, 24 la Unión Europea
y la ley, vicente de contratos, la de 2017,
también encontramos ahí toda esa pléyade de principios
que luego los podemos ir como de hecho rastreando
en lo que son las distintas fases de los procedimientos de contratación,
sobre todo en la fase de adjudicación,
pero también en la ejecución, por ejemplo, por no citar todos
porque si no no me dará tiempo de respetar los cinco minutos;
por ejemplo, ese esa obligación de la Administración
de motivar sus decisiones, que todos conocemos.
En el ámbito del derecho administrativo
la podemos rastrear como parte de ese derecho subjetivo
de buena administración, pues por ejemplo,
imaginemos en los informes de valoración de las ofertas
o antes de resolver un contrato.
Es decir, o cuando en la fase de adjudicación
tengamos que excluir algún licitador.
Pero todo esto que estoy diciendo siempre teniendo en cuenta
que el ámbito de aplicación de la Carta de Derechos Fundamentales,
según el propio artículo 51 de esta de la parta,
se aplica únicamente al actuación de los órganos e instituciones
de la Unión Europea y también a los Estados miembros,
pero únicamente cuando apliquen derecho de la Unión.
De acuerdo?
Entonces, si esto lo queremos analizar ya,
específicamente en el ámbito de la contratación
tendremos que ver la pregunta sería.
Podemos considerar un derecho subjetivo a una buena administración
en todos los procedimientos?
La respuesta en principio
y teóricamente es no, porque con ese artículo
51 del apartado lo que nos dice es que solo
cuando estemos aplicando derecho a la Unión en materia de contratación
será cuando la directiva específicamente nos dice
que los procedimientos superen unos umbrales económicos,
que la propia norma indica.
Estamos hablando de contratos sujetos a regulación armonizada.
Entonces, para el resto de contratos
no podíamos hablar estrictamente de un derecho subjetivo,
pero sí podríamos utilizar todos esos principios
que también conforman el principio general, que fue creado
por la jurisprudencia europea.
Sin embargo, en España se ha producido una extensión
de la aplicabilidad de ese artículo 41.
Tenemos ahí esas dos sentencias.
Ya vale los buenos, vaya finalizando.
Bueno, pues simplemente las sentencias
y como conclusión que sí que yo entiendo
que se puede utilizar como una herramienta,
como una, como un estudio de ese catálogo de derechos,
de principios y de técnicas para encontrar buenas prácticas
y resuelven problemas concretos.
Gracias y muchas gracias.
Ahí.