Vamos a dar paso a la segunda ponencia
de de esta mesa, Carlos Aguado, en casa mayores.
Doctorando de esta casa del Instituto Gutiérrez
-mirada de la UNED,
abogado del ilustre colegio de la abogacía de Madrid,
y anteriormente secretario
de la mesa de contratación del Ayuntamiento de Zaragoza,
y con anterioridad interventor del ayuntamiento de jaca,
nos va a presentar su comunicación el concepto de temeridad,
en la interposición del recurso especial de materia de contratación
a los efectos de la imposición de multas,
los requisitos según el tribunal administrativo
central de recursos contractuales y los órganos competentes
de las comunidades autónomas y su revisión
por los órganos jurisdiccionales.
Muchas gracias doña alicia gracias a todos por por escucharme.
Comienzo la exposición.
Con un permiso y bueno, en esta materia
evidentemente hay que partir de las directivas europeas,
que fueron las que introdujeron tanto
ese recurso especial en materia de contratación,
sustituyendo a los a los tradicionales recursos
administrativos de alzada
y de reposición que venían siendo aplicables en esta materia.
Son única y exclusivamente para los los casos
en los que se trata de contratos armonizados,
y a las distintas directivas han ido introduciendo
no solamente el recurso especial,
sino un órgano específico, que son los tribunales administrativos
de recursos contractuales,
que van solos unos órganos de naturaleza administrativa,
aunque también se ha discutido su naturaleza, cuasi jurisdiccional,
en el sentido de que son estos órganos
los que resuelven
estos estos recursos especiales en materia de contratación,
entonces las en el planteamiento de la cuestión,
las de la propia propia ley de contratos y las directivas,
prevén la posibilidad no solamente de resolver ese recurso
al que están obligados dichos tribunales,
sino que establecen la posibilidad de imponer una multa
cuando así se estime temeridad o mala fe
en la interposición de ese recurso especial.
No obstante, esto es un recurso de naturaleza administrativa
que posteriormente es recurrible ante la jurisdicción contencioso
-administrativa.
La comparativa de las empresas, que tras una licitación,
deciden recurrirla o recurrir, los pliegos recorrer la adjudicación
o cualquiera de las cuestiones derivadas,
y los resultados posteriores, cuando se ante una resolución desfavorable
se impugna ante la jubilación contexto administrativa
permite analizar tanto el fondo del asunto
como en estos casos en los que, además de inadmitir o desestimar
el recurso, se les impone esa, esa multa por temeridad
y aquí sí que se observa
que por parte de los tribunales de justicia
se han establecido una serie de de supuestos.
En el primero de los supuestos se trata de intrasistema,
es que decidió recurrir dos ocasiones,
un la licitación del mantenimiento de la torre
de con del carro de combate leopardo 12.
En el primero de los casos contra los pliegos,
y se vio su, se vio desestimada su su solicitud.
Posteriormente participaron la licitación no resultó adjudicataria,
y volvió a recurrirlo.
Volvió a desestimar al Tribunal y además de impuso 15.000 euros.
El tribunal, en este caso lo que hizo fue decir
que, efectivamente, no tenía esa exclusividad en los derechos,
pero le que le quitó esa multa por la temeridad.
En este otro supuesto de fomento de construcciones y contratas,
aquí había habido una serie de recursos
de una serie varios recursos contra distintas fases del pliego.
Al final interpuso 15.500 euros y nuevamente el Tribunal Supremo de
Justicia de Aragón se lo quito por falta de motivación,
es decir, se obliga al Tribunal a que lo motive
y el último de los supuestos.
Aquí fue contra una sociedad pública que la que recurrente
le pusieron de también les sancionan.
En este caso fueron 5.000 euros,
si bien en esta ocasión además el tribunal dijo que debía un trámite
de audiencia al tratarse de un recurso administrativo
y procedimiento administrativo
y que antes de la imposición de la sanción
debía haberse impuesto dicha dicho trámite de audiencia.
Como conclusiones existe la posibilidad de imponer
la multa por temeridad; debe darse audiencia previa
a la imposición de multa por el derecho de defensa
y en estas ocasiones además se impone las costas a la Administración
de la que depende.
Muchas gracias por su atención y nada más.