Ese paso directamente a presentar a la segunda de nuestros ponentes
ya es Irene Torrijos, Rodríguez,
es máster en gestión de contratos y programas en el sector público
con especial aplicación al ámbito de la defensa
por el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado de la UNED,
es funcionaría por oposición del cuerpo superior,
de interventores y auditores del Estado y su destino actuales.
La agencia estatal de administración tributaria,
más concretamente en la subdirección general
de adquisiciones y contratación,
y la comunicación que va a presentar,
lleva por título, auditoría y control de los principios constitucionales
de eficacia de las administraciones públicas y eficiencia
en la gestión del gasto público muchísimas gracias buenas tardes
entonces como ha comentado Alicia bueno pues ponencia versa
sobre la auditoría y el control de dos principios constitucionales.
Uno de ellos es el principio de eficiencia
en la asignación de recursos públicos favor los nuevos.
Junto a un poquito más al micrófono no la van a escuchar vale ahora mejor
chico vale mejor bueno comentaba que mi ponencia versa sobre bueno
pues la auditoría y el control de dos principios constitucionales.
El principio de eficiencia en la gestión del gasto público
y el principio de eficacia que debe presidir las actuaciones
de las entidades que conforman el sector público.
La Constitución Española del año 1978 establece estos dos principios.
En primer lugar, tenemos que citar que el artículo 31,
un todos esos apartados segundo, vamos a 31.
Punto 2, establece que el gasto público
realizará una asignación equitativa de los recursos públicos
y que la programación y ejecución,
bueno, pues tiene que atender a los principios de eficiencia
y economía.
Este principio hay un sector importante
de la doctrina que considera que viene a conquistar la obligación
que establezca el apartado primero de ese mismo artículo que establece.
Bueno, pues que todos tenemos que contribuir al sostenimiento
de los gastos públicos de acuerdo con nuestra capacidad económica,
el nuevo que menos que si el Estado nos obliga a contribuir
al sostenimiento de los gastos públicos,
que podamos exigir que se esa gestión del gasto público
se realice de la forma más eficiente posible
y, por otro lado.
Bueno, el artículo 200 tres
de la Constitución establece que la administración pública
sirve con objetividad a los intereses generales
y actúa de acuerdo los principios de eficacia,
jerarquía, desconcentración de descentralización, coordinación
y con pleno sometimiento a la ley.
Al derecho entonces pone, bueno,
pone de manifiesto este artículo que las administraciones públicas
tienen que ser eficientes en el ejercicio de sus funciones,
donde se establecen ser eficiente.
Bueno, los conceptos de eficacia y eficiencia.
Si analizamos el ordenamiento jurídico vigente,
no hay una definición como tal en ninguna de las normas.
Nosotros tenemos que acudir, bueno, pues, a las normas fiscalizadoras
o las normas de auditoría que tienen la intervención general,
o bien el tribunal de cuentas,
pues para buscar las definiciones de estos dos conceptos.
No obstante, estos conceptos, lo que sí que están muy desarrollados
es por parte de la doctrina con respecto a la eficacia,
todas las el propio artículo 103, como he indicado, bueno,
pues se establece que las administraciones públicas
sirven con objetividad en los intereses generales.
Entonces, estos intereses tienen que estar definidos por parte
de las las normativas de cada uno de los entes
que conforman el sector público.
Así la ley de régimen jurídico del sector público
establece que los planes de actuación que tienen
que ser aprobados por parte de los departamentos ministeriales
y cada entidad del sector público institucional
tiene que tener un plan de actuación,
tiene que contener sus objetivos.
Los objetivos no solamente son de las instituciones en términos generales,
sino que son objetivos que se pueden concretar
en programas.
Una actuación es mucho más concretas por parte de, o sea,
el sector público institucional, como comento,
tiene que fijar sus objetivos a través de estos planes
de actuación.
Ahora bien,
hay que tener en cuenta que la parte de los departamentos ministeriales,
o sea, lo que conforme al sector público administrativo,
sus objetivos no vienen definidos por la obligatoriedad
de la ley de régimen jurídico,
sino que sus objetivos vienen definidos en la ley general
presupuestaria.
Por qué?
Porque la ley general presupuestaria
establece que nuestro presupuesto es un presupuesto por programas
donde quedan definidos los objetivos que se tienen conseguir,
así como los créditos que se asignan para la consecución
de los objetivos.
Por tanto, bueno, pues, analizado esta esta parte,
pasamos al punto siguiente, que sería bueno,
pues, qué órganos tienen competencia para realizar la auditoría
y el control y ambos principios constitucionales.
Tenemos tres órganos de control en estos momentos
que están reconocidos por la normativa actual.
En primer lugar, el tribunal de cuentas;
en segundo lugar,
la intervención general de la Administración del Estado
y, en tercer lugar, las inspecciones de los servicios.
Con respecto a los dos primeros,
a los dos primeros que he citado, el tribunal de cuentas
y la intervención general de la administración del Estado,
ambos tienen funciones de control en el ámbito de la gestión económico
-financiera.
Entonces, para personas que tengan que sean ajenas al ámbito
de la gestión económico
-financiera, se pueden plantear,
porque es necesario tener dos órganos de control,
y la diferencia fundamental es que el tribunal de cuentas
es un órgano de control externo,
mientras que la intervención general es un órgano de control interno.
Así podemos establecer cuatro diferencias o tres diferencias
para separar las características a definir las características
de un ente y de otro, el tribunal de cuentas,
de acuerdo con el artículo 136 de la Constitución,
es un órgano supremo órgano fiscalizador de las cuentas
y de la gestión económica del sector público
y extiende sus competencias a todo el sector público.
Sector público estatal,
comunidades autónomas y entidades locales.
Por el contrario, la intervención general
de la Administración del Estado no es un órgano constitucional,
es un órgano que viene definido en la ley general presupuestaria
y tiene contenido exclusivamente competencias
exclusivamente para lo que es el sector público estatal.
Es decir, la intervención general
no tiene competencia sobre comunidades autónomas
ni entidades locales.
Las comunidades autónomas
y las entidades locales tendrán sus propias intervenciones generales
o sus propios órganos de control interno.
Con respecto a las funciones, hay que tener en cuenta
que el tribunal de cuentas tiene funciones tanto de control
como la función de enjuiciamiento contable
y la intervención general de la Administración del Estado
tiene funciones de control,
es el órgano directivo y gestor contabilidad pública
y, al mismo tiempo tiene competencias relacionadas con la informática
presupuestaria del sector público estatal,
y, por último, tenemos que tener en cuenta
que en las actuaciones que llevaba el tribunal de cuentas
siempre tiene un carácter posterior, es decir,
una vez que las actuaciones están hechas, sin embargo,
la intervención general de la Administración del Estado
tiene unas competencias que están vinculadas,
lo que se denomina fiscalización previa,
es decir antes que el acto administrativo se ha aprobado
y luego tiene funciones de control posterior.
Estas son las principales diferencias de un ente y otro,
y ante la ley orgánica del tribunal de cuentas
y su ley de funcionamiento, se reconocen competencias
para llevar a cabo los controles de eficacia y eficiencia.
Al mismo tiempo, la ley general presupuestaria
establece en uno de sus artículos que la intervención general
puede llevar a cabo lo que se denominan
auditorías operativas, y dentro de las auditorías operativas
quedan definidas en los que son auditorías de eficacia,
eficiencia y economía.
Por tanto, tenemos órganos que pueden llevar a cabo este tipo de auditorías
y, al mismo tiempo he citado también
en las las inspecciones de los servicios.
Las inspecciones de los servicios están,
son órganos que se están incluidos en cada uno
de los departamentos ministeriales
y en concreto la ley de régimen jurídico del sector público,
la 40 del año 2015, les establece o se les asigna
las competencias con respecto al control
de los objetivos que se establezcan en los planes de actuación.
Por tanto, bueno, tenemos órganos suficientes
para llevar a cabo este tipo de control,
que es tan necesario simbolismo para determinar solamente dos cosas.
La fundamentación para realizar este tipo de auditorías
solamente digo dos cifras, España en estos momentos
tiene un volumen de deuda pública en torno a un 1.000.300.000 euros,
y los presupuestos generales del Estado
últimamente estaban cantando alcanzando cifras
de medio 1.000.000.000 de euros que creo que es motivo suficiente
para potenciar este tipo de auditorías.
Muchísimas gracias.