Vamos a dar ya la palabra al tercero de los ponentes.
Esta está online, perfecto.
Pues entonces vamos a ello,
tenemos ya el tercero de los ponentes de manera online,
el es Manuel cerrada
Moreno, es doctor en derecho por la Universidad Complutense de Madrid
y doctorando en seguridad internacional
por el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado;
profesionalmente, ejerce como juez sustituto,
principalmente en juzgados de órdenes jurisdiccionales, civil y penal,
y es profesor universitario de materias jurídicas
y seguridad internacional.
La comunicación que nos va a presentar lleva por título
la protección penal del orden público
a propósito de la ley orgánica orgánica 14
va a 2000 veintidos, de veintidos de diciembre,
y la derogación del delito de sedición buenas tardes,
gracias al Instituto Universitario.
Me llamaron a los organizadores de estas jornadas
por darme la oportunidad de exponer aquí mi trabajo
además telemáticamente.
Gracias a mi director del tesis, catedrático don rafael puestos
por subdirección, indicaciones.
Gracias a todos los asistentes
y espero que mi intervención sea de su interés.
Como saben, recientemente a finales de diciembre
del año pasado la ley orgánica, 14 de 2000 veintidos,
de veintidos de diciembre, de modificación del Código Penal,
vino a, entre otras cosas, a suprimir el delito de sedición
a este delito de sedición, se referían a ella derogado artículo
544 del Código Penal, que castigaba como reos de delito de sedición
a los que sí están comprendidos en el delito de rebelión
se hacen pública y tumultuariamente para impedir
por la fuerza fuera de las vías legales,
la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad,
corporación oficial, funcionario público,
el legítimo ejercicio de sus funciones
o el cumplimiento de sus acuerdos
o de las resoluciones administrativas o judiciales,
es decir, si no junto con otros, el Tribunal Supremo,
en la conocida sentencia 4, nueve de 2019,
que decidió el popularmente conocido como juicio del procés
y yo basaba sobre los graves hechos acaecidos en Cataluña en otoño
de 2017.
El Tribunal Supremo en su sentencia ha entendido
que los hechos enjuiciados constitutivos del delito de sedición
y no de rebelión,
como por su parte entendían el ministerio fiscal
y la acusación popular.
Debemos recordar que en nuestro ordenamiento jurídico
el derecho penal
se configura como un sistema de protección de bienes jurídicos;
el bien jurídico protegido por la norma penal
viene a cumplir una serie de funciones,
al menos la función sistemática,
una interpretativa y una política criminal.
Pues bien, el bien jurídico protegido en el delito de sedición era,
decimos era porque ya está derogado este delito,
el orden público ya respecto hay que señalar que el orden público
es un concepto jurídico indeterminado de origen francés,
que no obstante goza de gran tradición
en nuestro derecho, prometiéndonos contornos imprecisos
en un sentido amplio;
suma el Tribunal Supremo.
El orden público está constituido por los principios jurídicos,
públicos y privados, políticos, morales y económicos,
que son absolutamente obligatorios para la conservación
del orden social.
También viene constituido por principios generales
que limitan la autonomía privada,
fundamentalmente en materia de contratos y básicamente
en nuestro sistema constitucional,
o integran el orden público los derechos fundamentales
reconocidos en la Constitución, en sentido estricto,
quienes a priori que emplean nuestro código penal de 1995,
el orden público,
alude a un deseable estado de armonía en las calles y espacios públicos
que se considera necesario para el normal funcionamiento
de la vida, sociedad.
No obstante, al ámbito penal el concepto de orden público,
como bien jurídicamente protegido,
ya había demostrado una escasa utilidad
tanto por la falta de limitación de sus contornos,
como también, quizá sin relación con ello,
por la pluralidad y heterogeneidad de delitos
que el Código Penal acoge bajo la rúbrica de delitos
contra el orden público.
En su título
veintidos del libro segundo, incluso el Tribunal Supremo,
en su reciente informe a los indultos de los prezos de los presos,
del procés, llegó a afirmar que el delito de sedición
es algo más que un delito contra el orden público,
y criticaba el Tribunal Supremo el empleo de,
lo que consideraba un reduccionista criterio sistemático
por parte de alguna de las defensas.
Pues bien,
la ley orgánica 14.000 veintidos a la que nos referimos al principio
ha suprimido directamente el delito de sedición
y, no obstante, ha incluido un nuevo artículo 557
que contiene un tipo básico de desórdenes públicos
en su apartado 1, que castiga a los que,
actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública,
ejecuten actos de violencia o intimidación sobre las personas
o las cosas,
o, hasta agilizando las vías públicas,
ocasionando un peligro para la vida o la salud de las personas
o invadiendo instalaciones o edificios alterando gravemente
el funcionamiento efectivo de servicios esenciales.
En esos lugares hay también un tipo cualificado
y una serie de grabaciones que castigan.
Asimismo, los actos preparatorios y otras conductas,
como son provocar avalanchas o estampidas con peligro para la vida
y la salud de las personas en cualquier caso ha seguido acción
de política criminal que considera que actos como los del procés
o que pudieran producirse en el futuro similares
o con otras finalidades,
mientras no implican violencia o intimidación,
no deben recibir una respuesta penal.
Esto suma advertido ya el propio tribunal supremo
en su reciente auto de 13 de febrero de 2000 veintitres
sobre revisión de las condenas impuestas a los presos del procés,
comporta espacios carentes de protección.
El delito de sedición protegía el orden público
en un espacio que no está contemplado en el nuevo precepto.
Por tanto, desde un punto de vista
de la dogmática penal podemos decir que el concepto de orden público
como objeto de protección penal ha sido de algún modo recortado,
dejando determinados espacios de impunidad penal
respecto de lo que era la regulación anterior.
El legislador ha llevado a cabo una nueva ponderación
de los bienes jurídicos en conflicto, orden público,
por un lado, y derechos de participación política
por otro resolviéndolo, en el sentido de favorecer el ejercicio
de los derechos fundamentales y las libertades públicas,
siempre y cuando no se incurra en violencia o intimidación;
por tanto, se ha visto limitada la posibilidad del Estado
de reaccionar mediante el derecho penal,
que no mediante otros instrumentos políticos y constitucionales,
como podría ser el artículo 155 de la Constitución,
y esto, pues desde algunos sectores puede criticarse,
dado que en caso de producirse y sus similares
a los del proceso o movimiento sus manifestaciones sociales
por otras causas, las posibilidades de actuación de fuerzas
y cuerpos de seguridad del Estado.
Ciertamente quedan de algún modo mermadas,
pues mientras no haya violencia o intimidación no hay delito.
Ciertamente, en este escenario
las funciones de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
quedaría limitada por tanto a la prevención de la violencia,
pero no a la ejecución de un delito de sedición,
que ya no existe.
Se ven mermadas,
incluso la posibilidad de reacción judicial,
pues pensemos en el ámbito penal la posibilidad de adopción de medidas
cautelares tiene como presupuesto la existencia de indicios de delito,
pero también podemos valorar que esta reforma,
en cuanto que favorece el ejercicio
de determinados derechos fundamentales y libertades públicas,
es progresista y coherente
con el carácter de última ratio que debe inspirar el derecho penal.
Se ha clarificado el objeto de protección penal
favoreciendo la seguridad jurídica y se mantiene en cualquier caso
la existencia de una reacción penal justa y proporcionada,
siempre y cuando se den casos de violencia o intimidación,
lo que puede considerarse también más coherente
con el pretendido concepto de orden público
en nuestro sistema constitucional de derechos y libertades,
y planteaba así el debate, pues termino mi expositiva,
agradeciéndoles su interés y quedando a su disposición
para posibles preguntas.
Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias por su, por su intervención.