Continuamos en esta segunda parte de la mesa.
En primer lugar, disculpar a la hora Ana,
María arduo.
Esta está de baja y no ha podido acompañarnos.
Hoy, no obstante, participará en la publicación,
fruto de este de este congreso sí y en esta remodelada mesa tenemos,
en primer lugar, vamos a escuchar a Manuel Núñez Jiménez.
El es graduado en Derecho por la Universidad
de las islas Baleares.
En el año 2017, 17;
el tercero de su promoción obtuvo el premio del Consejo Social
de la universidad por su trabajo;
fin de grado, que fue dirigido por nuestro compañero
amigo ya me campañas;
en apenas tres años aprobó la;
la oposición a ubica Tura en la promoción;
es 71; durante su formación como juez en prácticas
realizó el máster en el ejercicio de la función jurisdiccional
de la UNED.
Desde 2000 veintitres es miembro de la carrera judicial
como juez de adscripción territorial de las islas Baleares,
y además se el balón más joven en la carrera,
donde claramente son mayoría las las mujeres actualmente está destinado
en el juzgado de extensión número tres de Manacor.
Agradecemos a Manuel su sensibilidad,
su predisposición para cambiar la hora de su ponencia
y, de alguna forma,
facilitarnos la organización de un congreso.
Manuel tuyas la palabra!
Gracias a ver,
ahora se me escucha lo primero de todo agradecer una presentación
y a Silvia ha contado conmigo de ambos organizadores
por una acogida general
por un congreso tan completo como como estoy,
y me han dado la oportunidad de hablar sin más dilación
vamos a empezar y yo vengo a hablar de la declaración
del investigado e imputado con causado el arrepentido
como medio de prueba, y si algo nos llevamos hoy aquí
es que quiero que cuando haya una sentencia
en la que se valore esta prueba,
se sienta que que hay hay un riesgo para el derecho de defensa
y hay un riesgo para la presunción y la opción,
y vamos a analizarlo, y yo voy a plantear directamente
un caso concreto para que ya se vea que hay una problemática,
y es el que coge el Tribunal Constitucional.
En una sentencia, 55 para 2005 se trata de un robo
con fuerza en casa habitada, en el que hay cuatro condenados,
tres de ellos confiesan, y uno de ellos defienden,
sino estos tres confesos.
No solo reconocen sus propios hechos,
sino que también implican a quien decide ejercer su defensa
y negar su participación en Tales,
hecho en ese juicio se trata de corroborar lo que ellos dicen.
Los tres incrimina antes y únicamente se llega a que la versión de descargo
que se ofrece no es no es creíble o así lo considera al juzgado
y que había efectos sustraídos en el domicilio del incriminado.
En consecuencia, entendió valorando esa declaración incriminatoria
de los tres confesos que había su viviente
para condenar.
El Tribunal Constitucional llevó al razonamiento
de que, con una declaración
y con la futilidad del relato alternativo,
la declaración de un coimputados no era suficiente para enervar
la presunción de inocencia
y vino a exigir lo que hoy día llamamos corroboración mínima
y aquí hoy vamos a intentar dar contenido valorativo
a esa corroboración mínima.
Pero antes de entrar en ello tenemos que tener en cuenta
que no toda la declaración de un imputado
o investigado incrimina ante se puede utilizar en el juicio,
porque vender respetarse una serie de garantías
derivadas del proceso debido equiparable,
con contradicción, publicidad, oralidad y en el que se ejerza
el derecho de defensa de forma efectiva
y vamos a analizar dos perspectivas distintas
siguiendo a enseñar mirando trampes.
Este distinguió por una parte las condiciones
de utiliza habilidad probatoria, es decir,
cuando esa declaración puede incorporarse al acervo probatorio
con las debidas garantías y, por otra parte,
de las condiciones de suficiencia probatoria
es cuando esa declaración es una prueba apta
para enervar la presunción de inocencia.
En este sentido, desde el punto de vista
de las condiciones de un realizabilidad probatoria,
vamos a hablar de dos doctrinas,
por una parte, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
y, por otra parte, del Tribunal Constitucional,
y, finalmente, el puente yo creo que hay entre un año.
Por una parte, el Convenio Europeo de Derechos Humanos
, en su artículo 6, punto 3,
reconoce el derecho a encargar o hacer interrogar a los testigos
que declaran en contra del investigado.
En este caso,
entendemos que el investigado, otro investigado también
es un testigo, se entiende como cualquier declaración de cargos
y al respecto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
ya se posicionó en nuca contra Edictal
y a 27 de mayo del año 2001,
vino a entender que en el caso
de que se declare en instrucción sin contradicción,
tiene el acto de juicio oral,
se acojan al derecho a no declarar el hecho
de que no haya habido esa contradicción en relación
con la declaración y esa declaración prestada en instrucción.
Se introduzca en el plenario,
y sea la prueba básica en determinante, en una condena,
restringía los derechos del convenio,
hasta un punto en el que no podía amparar esa condena
a la vez encontramos otro caso a mencionar que es
Francisco Javier Mínguez pillar de.
contra España.
En este caso se produce también una declaración incriminatoria
en el imputado en instrucción, luego nos vamos a juicio oral
y el incriminar antes.
Que claro.
Sin la contradicción.
Sin la presencia del investigado,
incriminado no puede declarar en juicio oral.
Por qué tiene una enfermedad mental que así se le impide,
y en este caso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
lo que hace es que valora a quien les achacable
la falta de contradicción y entiende que en este caso
fue condenado quien se sustrajo de reacción de la justicia,
quien impidió que pueda ser válidamente llamaba el proceso
llamado al proceso y en consecuencia, no tuvo
esa posibilidad de contradecir la declaración en instrucción
y además incorpora la valoración de hasta qué punto es determinante
esa declaración para configurar la condena,
y en este caso entendió que no había vulneración
de los derechos reconocidos en el convenio.
Posteriormente vamos a hablar de la sentencia de Alcalá
cuaja y traer y contra el contra el Reino Unido.
Pero antes vamos a hablar de las posiciones
del Tribunal Constitucional, del Tribunal Constitucional.
Valora dos posibilidades que son la ausencia del incriminan
y el caso de que declare incriminando,
pero cuando tenemos la posibilidad de contradecir esa declaración,
un juicio oral se acoja a su derecho
a no declarar y, en consecuencia, la declaración en instrucción,
que carece de contradicción, porque existen muy múltiples razones
por las que en muchas ocasiones no se contradice.
Se incorpora con la unidad del 730 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
se lee y así forma parte de esa acervo probatorio
que fundamenta la condena.
El Tribunal Constitucional
lo que hace es atender también
a quien les achacable la falta de contradicción,
y en este caso podemos encontrarnos con que lo que valora
es que si le es achacable al órgano jurisdiccional,
es decir, puede institución, nos no cito a la defensa, viciando,
resultó incriminado, el día que le incriminan que declaró
esa falta de contradicción sí que se le puede reprochar
al órgano jurisdiccional.
En consecuencia, no se pueden fundar una condena en base
de su declaración sin contradicción, mientras tanto,
que cuando citado indebida forma deciden
o comparecer debe de pechar con esas consecuencias.
Ante esta situación nos encontramos
con que el canon que emplea Tribunal Europeo de Derechos Humanos
es que les sea reprochable ampliando su plan condenado,
mientras que el Cuba constitucional entiende el desear reprochable
al órgano jurisdiccional, generándose una situación,
una amalgama de crisis, pongamos, por ejemplo, una causa secreta
en la que incriminaba no conoce la existencia de la causa.
En consecuencia, no le podemos achacar a él
ni a la órgano jurisdiccional esa falta de contradicción
en la que el Constitucional permite que esa declaración se incorpore
y sea una prueba de cargo,
mientras que el Europeo de Derechos Humanos
propugna, por defender ese derecho a la contradicción,
y ese proceso equitat.
El puente se genera con la sentencia que hemos dicho acá cuaja
y traer, y contra el Reino Unido
ni en este caso se viene a abandonar la concepción de entender
que hay que prohibir o no prohibir la valoración,
sino que hay que ofrecer una serie de garantías
para formar una convicción inculpatoria o exculpatoria.
Basándose en la totalidad de la prueba que hay
en el procedimiento, es de casos,
se ofrecen un triple fin, y es que primero se ofrezca un motivo
justificado para que falte esa contradicción; segundo,
que la prueba sea única o fundamental,
o que sea un razonamiento obiter dicta y, finalmente,
que existan elementos de compensación para contrarrestar las dificultades
de la falta de contradicción ya respecto.
Les recomiendo la lectura de la sentencia del Tribunal Supremo.
182 barracón, 17 de veintidos de marzo,
donde el Tribunal Supremo
indaga en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
para pronunciarse sobre cuándo y cómo valorar
esta serie de contrapesos y, por una parte,
entra en las buenas razones para no comparecer y concitó
de distintas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
.
Entiende que son buenas razones, problemas de salud,
problemas mentales, problemas de muerte
o la imposible localización del incrimina antes
y después de un esfuerzo razonable por parte
de el órgano que debía llamarlo al proceso.
También nos encontramos con informes periciales
en caso de menores o incapaces que así avalen.
La repetición de esa declaración tiene más perjuicios
que generar a la persona que va a declarar
que los beneficios que puede reportar.
En cuanto al fundamento único determinante, no me voy a extender,
por motivos de tiempo, ya que el imperio suficiente,
la expresión, y mayor interés despierta
el hecho de que existan suficientes elementos de compensación
para contrabalanceada las dificultades
de la falta de contradicción,
es decir que el tribunal, primero de todo,
demostrarse consciente de que hay un defecto de contradicción,
se está incorporando a acervo probatorio;
una prueba que no se ha podido contradecir,
y las razones que amparan esa falta de contradicción
debe ser sensible a que hay esa falta de contradicción; debe razona
por que, a pesar de que la defensa
no haya tenido esa efectividad de la contradicción,
tiene medios adecuados para contradecir
cuáles son los medios adecuados; otras curvas,
y en estas pruebas puede apoyarse como corroboración
es de aquellas declaraciones, otras declaraciones testificales
si contradichas pruebas nadie tiene periciales,
incluso la forma de producirse vivas y avales.
Lo declarado por la falta de con falta de contradicción
también valora cómo se ha tramitado un procedimiento en instrucción
porque no es lo mismo que haya un defecto de contradicción?
Y se haya ofrecido a la defensa posibilidades?
Repetir?
Esa?
Declaración o posibilidad de formular preguntas?
Por escrito a que se haya rechazado una petición de repetición
de esa declaración por otro lado?
También valora que se ofrezca una identificación
de la persona a declarar es decir que se puedan saber
cuáles son los motivos que pueden llevar a esa persona
a ofrecer la versión que está dando en el juicio
y por otro lado?
También?
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos
?
Se muestra sensible
a valorar las circunstancias del caso concreto?
Entendiendo en una sentencia que habiendo 18 acusados
y 20 testigos debe?
Les civilizarse la exigencia en instrucción?
Todos haya encontrado decidido todas las declaraciones
con estos cánones?
Podemos?
Analizar?
Si las declaraciones pueden incorporarse al procedimiento?
El paso siguiente?
Cuando esas declaraciones pueden enervarlas presunción de inocencia?
Puesto que estamos ante una persona contra la que se dirige acusación
en consecuencia tiene derecho a modo declarar
a no declarar contra sí mismo
a no confesarse culpable a la docencia
y tiene el derecho de defensa como instrumental para evitar
una sentencia condenatoria.
En consecuencia, el Tribunal Constitucional
ha ofrecido a lo largo de su evolución
tres etapas, que son acumulativas ya que se van dando pasitos
hasta alcanzar una serie de garantías mínimas.
Inicialmente se valora la declaración del investigado,
como si estuviéramos ante lo que valoramos ahora.
La declaración de la víctima, es decir, el estándar,
es la verificación intrínseca de la declaración.
En en este caso se se valora en la sentencia
del Tribunal Constitucional 137.988, que la coparticipación del declarante
es simplemente un dato a tener en cuenta por el tribunal
para ponderar la credibilidad que merezca,
es decir, entendía el Tribunal Constitucional
quiéranlo órgano o a través de la inmediación
y ve el triple filtro.
Quien debía formarse,
esa convicción, inculpatoria o no, en consecuencia,
como el Tribunal Constitucional no puede valorar, ruegos,
no entraba a valorar el contenido propio.
De esa declaración
incriminados los dos parámetros son los que tenemos en pantalla,
la cual también durísimo.
Virtud subjetiva que sobre este nuevo mágica que dentro del Estado
la falta de un móviles cubrió o una razón que venga a justificar
esa declaración fuera de o que avale una una intención tendenciosa
que esto es valorable a la hora de configurar precisamente
la credibilidad que merece esa declaración.
Por otro lado, la persistencia en la incriminación
y la verosimilitud del testimonio
y, como ya han sido desarrollado las conferencias anteriores,
más bien con la víctima de violencia de género
y son prácticamente asimilables, no nos vamos a extender al respecto.
El siguiente paso que da el Tribunal Constitucional
es cuando se da cuenta
que con la mera valoración del nuevo órgano jurisdiccional
está permitiendo configurar una condena en base a la declaración
de una persona que no necesariamente tiene que decir la verdad,
es decir, el hecho de que un investigado cuanto
a la verdad no le suponen ninguna consecuencia negativa
no le podemos reprochar y, en consecuencia,
entienden que necesita una segunda prueba.
La declaración del como investigado no puede ser prueba única,
necesita corroboración y esa corroboración debe ser mínima,
más tarde en su tercera trampa.
Habla de la corroboración periférica, objetiva y reforzado,
y lo que viene a ser es que no basta con que se corroboren
lo que eviten incriminan, sino que debe corroborársela,
y en lo que vivió incriminan es cierto,
en relación con los hechos punibles, los hechos que se declaran probados,
no otros elementos accesorios o periféricos,
y en ese sentido traigo la sentencia del Tribunal Constitucional 233
barra 2012 como un ejemplo de la fase 2.
Vulnerar corroboración mínima era la exigible
en cuanto a la declaración, no a la participación
del investigado, y el incrimina ante;
relata un intercambio de joyas por dinero
y aporta cantidad de datos periféricos objetivos,
el mote del incriminados, su domicilio, número de teléfono,
el coche, que conducía marca un modelo y color.
Todo esto se comprueba, y el tribunal acaba convencido
de que esa declaración es creíble y condena.
Pero, si habláramos este estando, lo que se generaría
es que el hecho de conocer al incriminado le permitiría
a un criminalmente lograr condenar en cuanto a la corroboración mínima
o corroboración externa como concepto jurídico
indeterminado.
Debemos tener en cuenta que esta es mínima y no plena.
Porque de ser plena o absoluta estaríamos exigiendo
que el Tribunal Constitucional valorara prueba,
lo cual no es su competencia,
sino que debe valorar que esa prueba se ha obtenido con las garantías
suficientes para enervar la presunción de inocencia,
y esa garantía es que sin corrobore mínimamente,
la participación del incriminado en los hechos punibles.
También había traído una serie de ejemplos
en cuanto a lo que es corroboración mínima
y lo que no ha sido y sus distintas fases,
si se quieren preguntar, adelante, pero por motivos de tiempo
vamos a pasar a la problemática que entraña la regulación
o la jurisprudencia a la que hemos hecho referencia.
El principal problema es el principio acusatorio.
El juez o tribunal no puede imponer una pena mayo en la que se solicite
por las acusaciones en todo el procedimiento
en el que el ministerio fiscal ejerce la acusación en solitario.
Es este quien determina el límite penológico
para cada uno de los investigados.
En consecuencia, tiene el margen de acudir a las pilas
de los investigados.
Sean busca un arrepentido que a cambio de su declaración,
esté dispuesto o acepte una rebaja en la pena
o algún tipo de beneficio que le interese.
En consecuencia, esto puede incluso desnaturalizar la instrucción,
porque si hubo una declaración incriminatoria
y una corroboración mínima,
el juzgador tiene elementos suficientes para dar una condena.
La investigación se reduce a es esos elementos esenciales.
En consecuencia, el el incriminado
no tiene que defenderse de la verdad material,
y me quedo.
Defenderse del relato incriminado y la corroboración mínima
que obra en la causa.
En consecuencia, la instrucción concluirá con premura.
Seguirá juicio y la defensa se verá perjudicada en esta situación.
Otra situación que también me parece curiosa que podemos traer
es el caso de tramitación separada de procedimientos,
y es habitual en este tipo de casos que uno de los investigados
se sustraiga de las funciones justicia
algún otro resulte condenado,
y el que se sustrajo se ha localizado, años después,
cuando se trae a la persona que ha sido condenada
por los mismos hechos al procedimiento
de quienes está siendo enjuiciado por ellos,
han declara, lo hacen bajo la figura del testigo
o la figura del investigador.
Pregunta que planteó y se planteó ya la Fiscalía General del Estado
donde el año 2000, con sus tabú
o barrado, humil y entendió que debía ser amparado por la condición
de investigado,
si bien la sala segunda no lo tuvo tan claro,
ya que tiene un pleno 16 de diciembre de 2008,
donde vino a emprender una concepción formal.
En ese acto no se dice acusación contra el investigado
y, en consecuencia, su condición era de testing.
La diferencia es sustancial,
ya que ante una persona que ha participado
en los hechos siendo testigo le estamos reconociendo capacidad
de fundamental.
Una sentencia condenatoria por sí solo con su declaración;
en cambio, si se hubieran juzgado conjuntamente
necesitaríamos esa corroboración mínima al respecto,
se pronunció al Tribunal Constitucional
en sentencias 111 marra 3.100 veintiseis para 2011,
efectivamente, aplicando el sentido común y la inmensa similitud humana
de que en un procedimiento posterior se obligue a una persona
a reconocer suprema del falso testimonio;
hechos que en su día tuvo derecho negat
y cuyo reconocimiento le puede reportar consecuencias
desfavorables.
En cuanto a su sentencia diéramos el tratamiento de el investigado
con todos los derechos inherentes a esta condición,
como otra disfunción a comentar.
La sentencia de la audiencia provincial de las islas Baleares,
68 barra, 2012, de 16 de julio.
Este es un caso en el que hay una política.
María antonia angular y el número dos era Miguel Nadal.
Además había ocho investigador más, pero lo esencial
está en que el número 2, es decir, la persona que había participado
en los mismos hechos la investigadora principal,
decide colaborar con la justicia y ofrece una declaración llana
en el acto de juicio oral
e pero incriminatoria en la que no asume hechos propios,
pero sí expone los hechos que habían cometido
una de las partidas a raíz de esto el ministerio fiscal
interesa la mitad de la pena interesaba.
Respecto a la primera, acusaba en relación
con el segundo siendo aplicable el mismo delito,
y a mayores el ministerio fiscal
aprecia la atenuante muy cualificada de confesión,
a pesar de que esta tiene lugar tras una instrucción de dos
en conclusiones definitivas.
La defensa del investigado confeso propugna por su libre absolución,
en lugar de la condena interesada por el ministerio fiscal;
el tribunal asume el planteamiento y una sentencia bastante cercana
a los términos de la acusación,
y esto nos permite poner de manifiesto la, la,
la problemática que hay,
y es que cómo podemos encajar la declaración incriminatoria
de un investigado en el concepto de confesión,
dando un paso más allá cómo podemos valorar esta declaración
si precisamente la inexistencia de un móvil espurio
es uno de los elementos determinantes de la credibilidad de esa declaración
al mismo tiempo esta persona se puede decir que tiene derecho
a mentir; en consecuencia estaríamos premiando
comportamientos que no necesariamente aportarían la la realidad material,
que es la búsqueda final que hay en el procedimiento penal.
Por otra parte, nos encontraríamos con que cómo podemos sostener
una atenuación muy cualificada de confusión de una persona
que propugna, por su libre absolución,
y en este punto yo o voy a dar mis ideas o los parámetros que yo pienso
que debería tenerse en cuenta ante este tipo de situación,
y es que como mayor sea la tengo, acción a la que se enfrenta.
El confeso, más exigente y tendría
que ser el órgano en relación con esa corroboración mínima
y si para avalar lo hará por otra parte,
el hecho de propugnar por la libre absolución
debería haber perjudicar el beneficio que se espera obtener
a través de ese acuerdo alcanzado,
porque al menos debería exigirse la asunción de hechos a la hora
de premiar esa declaración y, por otra parte,
deberíamos valorar si el hecho de beneficiar este tipo de actitudes
no está pervirtiendo la investigación,
facilitando o buscando facilitar una condena en base
a una declaración y su corroboración,
y aquí nos encontramos como propuestas de resolución.
Podemos mencionar la ideal.
Sería una regulación normativa,
y, ya que estamos con compañeros italianos en Italia,
se dieron cuenta de este problema
e incorporaron en el código procesal penal italiano
la previsión de que para valorar la declaración de un investigado
se necesita la presencia de elementos objetivos
de corroboración obtenidos de otras pruebas autónomas,
lo que viene a ser que la declaración no puede valorarse
sino cuando está avalada por otros elementos objetivos
en el caso español,
que en la regulación positiva está alejada
o es difícil.
Lo exigible de sentido común
y tener en cuenta todas estas variables
a la hora de valorar esa declaración,
los motivos y las consecuencias a las que y hasta aquí
mi intervención.
Muchas gracias.