Buenas tardes a todos y a todas.
Comenzamos la tercera mesa del día de hoy
del primer congreso internacional.
Privatiza Dios llamada llamado retos de la prueba.
En el proceso actual, vale?
En dicha mesa vamos a tener a tres ponentes que nos van a hablar
sobre cuestiones actuales de en este caso 2,
sobre la prueba en el proceso civil y una sobre arbitraje.
El primero de ellos es feliz al bacaladera doctor europeo en
Derecho por la Universidad de Bolonia , becario de Real colegio de España,
y está adscrita al departamento de derecho privado de la Universidad
de las islas Baleares como profesor ayudante,
doctor de derecho procesal, es autor de don monografías,
destacando que una de ellas, en coautoría como el profesor,
lo pésimo versa sobre las disposiciones generales
sobre la prueba en la ley de enjuiciamiento civil.
Hoy nos hablar del acceso a las fuentes de prueba
en el proceso civil.
Cuando quieras, tienen la palabra.
Muchas gracias por escucha.
Muchas gracias por la amable presentación
y antes de empezar me gustaría dar las gracias también por la invitación
y por la exquisita organización a los directores
de privatice iOS, assignat Pereira ya educa.
Por ya y Fernando,
a y también agradecer a la UNED para acoger este este evento,
yo les voy a hablar de el acceso a las fuentes de prueba
en el proceso civil, si bien con carácter general
son las partes las que deben procurar acceder
y obtener esas fuentes de prueba, esa información relevante
sobre las que fundamentar sus pretensiones,
después de túneles esa información y estos medios de prueba
ya propondrán los medios de pruebas correspondientes.
No obstante, en ocasiones tenemos problemas.
Por qué?
Porque es imposible,
porque las partes no disponen de un acceso,
se encuentran de pruebas ya que son fuentes de pruebas
que están a disposición de la contraparte
o incluso de terceros.
Las herramientas que tenemos en la legislación procesal española
para afrontar con carácter general ese problema de asimetría,
informativa y de acceso a fuentes de prueba son, son muy limitadas
si dejamos de lado la regla de la carga de la prueba material,
solo tenemos las diligencias preliminares, no.
Requerimiento documentales y para según qué sectores,
especiales las diligencias de comprobación de hechos
que están en leyes especiales, de patentes, secreto empresarial,
marcas y competencia desleal.
Pero todas estas instituciones tienen muchas limitaciones
para solucionar este problema que decía de asilo,
asimetría informativa entre las partes
en el proceso civil.
No obstante, desde hace ya tiempo, desde Europa nos viene un influjo
apostando por instrumentos que,
salvando las distancias con el disco bre anglosajón,
permiten a las partes acceder a fuentes de prueba que se encuentren
en disposición de la contraparte o de terceros,
eso sí; a diferencia del disco abrigo, Juan como decía,
rige un un componente judicial muy fuerte y también conforme
al principio de proporcionalidad de forma muy estricta.
La Unión Europea empezó a tratar de armonizar,
según qué sectores especiales a introducir estos mecanismos
de exhibición de pruebas a través de la directiva 2004 para 48
en materia de derechos de propiedad intelectual e industrial
y ya más recientemente en materia de acciones de daños
por infracciones del derecho a la competencia,
la directiva 2014, barra, 104.
La ley de trasposición de la directiva que comentaba,
del año 2004, para cumplir con esa exigencia
de introducir mecanismos de exhibición de prueba,
lo que se hizo fue reformar el instituto
de las diligencias preliminares y los requerimientos documentales.
Sin embargo, claro, está que la mejor regla
que tenemos ahora es las medidas de acceso
a fuentes de prueba previstas para acciones de daños
derivadas de infracciones del derecho a la competencia.
Por qué?
Porque es una medida específica y que aborda de forma completa
una solución para permitir a las partes tener acceso
a esas fuentes de pruebas de las que no disponen.
Este mecanismo se introducció en el artículo 283 bis
de la ley bis, que tienen desde al la hasta el acá,
es decir un régimen bastante exhaustivo.
Sin embargo, el alcance de estas materialmente es limitado.
Por qué?
Porque únicamente se puede.
Utilizan el ámbito de acciones de daños
derivados de infracciones, derecho a la competencia,
como he dicho, y también por remisión del artículo
18 de la Ley de secreto empresarial,
relaciones civiles de defensa de secretos empresariales.
Sin embargo, no podemos obviar que en general
una cuestión que condiciona enormemente los litigios de consumo
es que al fin y al cabo los consumidores
no tienen acceso a esas fuentes de prueba
porque o están en manos de un tercero o en manos del empresario demandado,
por lo que al final los consumidores también se ven
en la tesitura de iniciar un proceso sin saber muy bien cómo terminará,
cómo terminará, por qué?
Porque es muy difícil llegar a buen término
sin un acervo probatorio suficiente.
Por esta razón podemos ver
que el legislador europeo ha insistido en esta línea
y ya tenemos más sectores para los que ya prevé
o preverá mecanismos de exhibición de prueba para introducir
en los ordenamientos nacionales de los distintos estados miembros.
Un ejemplo reciente.
La directiva 2020, 1.828, relativa a las acciones de representación
para la protección de intereses colectivos
de los consumidores en su artículo 18,
prevé un mecanismo de exhibición de pruebas
y recoge un sistema muy similar al de las acciones por daños
por infracciones del derecho a la competencia.
En primer lugar, que se requiere, llevan tiene entidad
habilitada para ejercitar esa acción colectiva,
muestra los hechos y las pruebas que razonablemente,
tenga acceso para acreditar al menos la a primera vista,
una viabilidad de la pretensión que quiere ejercitar,
es decir, una, una suerte de humus bonil lliures
de la pretensión.
Para qué?
Para evitar que se utilicen estas herramientas
para rezar investigaciones prospectivas,
o como las llaman en el mundo anglosajón phising
que expediciones asimismo en solicitante debe identificar
de la forma más precisa posible las fuentes de prueba que quiere,
o las categorías de fuentes de prueba que desea,
y por último, al igual que en el régimen de 283 bis,
se establece como límite de exhibición de pruebas
el principio de proporcionalidad.
Por lo tanto, se deberá tener siempre en cuenta los intereses legítimos
y los derechos fundamentales de la contraparte
o del terse del tercero que se vea involucrado en el proceso.
Sin embargo, la previsión de esta directiva
no es tan exhaustiva como la directiva de daños.
Por qué?
Porque se remite a ordenamiento nacional
y eso conlleva unas deficiencias.
En cuanto al procedimiento deficiencias que hay que decir
que al menos para o por el prelegislador han sido solucionados,
por qué?
Porque el anteproyecto de ley de acción entre representación
para la protección de los intereses colectivos de los consumidores
lo que hace es realizar una extensión a este ámbito de todo régimen,
previsto en el 283 bis.
Así solucionamos las carencias de la directiva 2020 con soluciones
de la directiva del año 2014 decíamos que el legislador europea
ha pisado el acelerador en esta materia,
porque también en la propuesta de directiva relativa
a la adaptación de las normas de responsabilidad extracontractual
a la inteligencia artificial
también encontramos un mecanismo de exhibición de prueba por ello,
que se pretende que todas aquellas personas
que soliciten una indemnización por los daños
causados por sistemas de inteligencia artificial tengan medios eficaces,
uno para determinar las personas a quien demandar a los responsables
y luego tener las pruebas pertinentes de cara a una eventual demanda.
Así estos medios pueden servir para excluir
a posibles demandado determinados, erróneamente con los costes
que esto conlleva en la litigación.
Además, se acompaña de una presunción,
presunción de incumplimiento de un deber de inteligencia
por el operador de inteligencia artificial,
es decir, la presunción consistirá el daño,
se considera que haya un daño presunto,
cuando la entidad haya incumplido una orden judicial
de exhibición de pruebas incluida.
También prevé la directiva la propuesta directiva,
incumplimiento de órdenes de aseguramiento de prueba.
Seguimos con otra propuesta de directiva propuesta de directiva
sobre responsabilidad con los daños causados por productos defectuosos,
aunque la responsabilidad del objetiva y o demandante debería,
en teoría, aprobar el defecto,
los daños sufridos y han hecho acausal, se acompañan
a una serie de presunciones y también de alguna regla de inversión
de la de la carga de la prueba.
Por qué?
Porque puede ser muy costoso para la víctima,
muy difícil identificar ese nexo causal,
un saber cómo funcionan productos que realmente suelen
ser muy, muy complejos.
Por lo tanto, la presunción,
la inversión de la carga a la que me refería
es que el defecto se presumirá cuando el demandado
no haya aportado pruebas de la corrección del producto.
La directiva no se queda ahí
sino que esta medida la acompaña un mecanismo de exhibición
de pruebas, mecanismo de exhibición de brevas,
cuyo incumplimiento también es otra presunción presunción
de que el producto es defectuoso en España.
Cuando teníamos que trasponer la directiva vaya a 2014.
El legislador lo que hizo es plantear un sistema general,
una reforma que no incluía limitaciones por razón de la materia
y que suprimía los institutos de diligencias preliminares
y de requerimientos documentales.
Finalmente, por cuestiones parlamentarias
eso no se nos salió así
y simplemente se aprobó un régimen en exclusiva para acciones de daños
derivados de infracciones del derecho a la competencia.
Sin embargo,
yo creo que, vista la insistencia del legislador europeo,
no ha hecho sino sino crecer, crecer en esta línea.
Creo que no nos queda otra de tomar esta insistencia del legislador
como una oportunidad, una oportunidad para hacer una reforma
generado amplia de régimen de acceso a fuentes de prueba
en nuestro sistema procesado civil,
porque, si no la solución,
cuál será simplemente introducir parches en la ley para ir cumpliendo
con los deberes que nos manda a Europa,
y la verdad que considero que eso no es,
es lo más deseable.
Como hemos dicho, el este artículo 183 bis coexiste
con las diligencias preliminares y los requerimientos documenta.
Es verdad que doctrinalmente podemos tener muy claro las diferencias,
pero yo creo que está que esta dualidad de instituciones
no es buena, crea ineficiencias, por lo tanto,
ahora con estas directivas pues tenemos que aprovechar
para iniciar una reforma en este sentido,
reforma que nos podría servir para superar limitaciones propias
de las diligencias preliminares y la exhibición de documentos
como las limitaciones temporales que tienen las diligencias preliminares
y las los requerimientos de documentos que no se pueden pedir
a lo largo del proceso, unos ante Lehman,
ante el de la demanda, otros no.
También que no se prevé en estos institutos
una audiencia del sujeto pasivo, de la medida,
y también que estos institutos prevén siempre números clausus
y creo que es en materia de fuentes de pruebas,
siempre es mejor optar por números apertus especialmente hoy en día,
que cada vez crecen y crecen más los dos fuentes
de prueba disponibles.
Además de esta generalización, yo creo que no haría falta
muchos retoques de régimen previsto en el 283 bis,
porque incluso diría que a veces un exceso de regulación
puede ser contraproducente o ineficiente,
lo que ayudaría en definitiva a que este sistema
de acceso a fuentes de prueba funcionase sería siempre igual,
siempre y claro está respetando la dialéctica propia
del proceso civil
que operase una suerte de principio de cooperación entre las partes,
una lealtad procesal, los una invención,
sino que incluso está prevista en las y uno piel.
Roads la propuesta que se hizo recientemente.
Desde unif dua aguas pequeños,
cambios que se me ocurren del régimen del 283,
sería, por ejemplo, poder adoptar medidas de acceso a fuentes de prueba
con inaudita parte.
Eso creo que sería una buena mejora.
Además, que no solo se prevea expresamente,
así como hace ahora dirías de acceso de fuente de prueba,
junto con aseguramiento,
también necesitamos meter ahí la anticipación de prueba,
y también puede ser muy interesante
introducir la posibilidad de suspender el proceso principal
antes de que se resuelva el incidente de medidas de acceso.
Fuentes de prueba,
y estoy pensando sobre todo cuando es el demandado
el que solicita esas medidas de acceso a fuentes de prueba,
porque esas fuentes de prueba pueden ser imprescindibles
para articular una buena contestación a la demanda.
Para terminar, y no aburrirles mucho más,
me gustaría, porque creo que sucede, que es un instrumento muy nuevo.
Tenemos por la jurisprudencia la regulación a priori creo
que no es mala, que hay que hay que hacer,
pues ver cómo se aplica la práctica de la jurisprudencia
y ver las ineficiencias que van saliendo ya.
Si hacemos un cambio, la reforma legal,
que sea con fundamento en la práctica un algunas, algunas muestras,
recientemente, tenemos una sentencia del Tribunal de Justicia
de 10 de noviembre del año 2000 veintidos,
que resolvió una cuestión prejudicial del juzgado
de lo mercantil de Barcelona.
En esencia, esta cuestión prejudicial
se solicitaba si las medidas de acceso fuentes de prueba
podían abarcar también documentos que tuviesen que ser creados
por el sujeto pasivo de la medida,
es decir, que tuviesen que requerir un trabajo de elaboración previa
y que fuese más allá de documentos preexistentes antes.
La respuesta por el Tribunal de Justicia
ha sido contundente.
La parte frente a quien se dirige la solicitud de acceso a fuentes
de prueba puede tener la obligación de crear documentos ex novo,
documentos que implicarán,
pues agregar información clasificada,
para facilitar la comprensión del solicitante de la medida.
Eso sí recuerda que los logros judiciales deberán limitar
la exhibición de pruebas a lo estrictamente necesario
y siempre teniendo en cuanto en cuenta los intereses legítimos
de las partes y de los terceros implicados,
y entre los argumentos que daba el Tribunal de Justicia
hay uno que creo que será uno de los grandes caballos
de batalla de las medidas de acceso;
fuente de prueba es la solución de sujeto pasivo de la medida,
sea otorgar, dar a la contraparte una avalancha de documentación,
una cantidad ingente de documentación para qué?
Para complicarle, es decir, no para ponerle elementos probatorios
para que articule una buena demanda.
Todo lo contrario, sino para conseguir una suerte de construcción
documentada.
Hay que ir con mucho cuidado con estas, con estos ofrecimientos,
los cargados diablo y el juez tendrá que ir, limitando,
por atendiendo a principios clásicos,
los principios de necesidad proporcionalidad,
y al final buena fe.
Otra cuestión que tampoco está regulada expresamente
y que ha surgido.
La práctica es el recurso a salas de datos,
no está previsto, ni en la directiva,
ni en la ley de enjuiciamiento civil, sin embargo,
no son pocos los jugados, que han recurrido a salvar de datos
para poner a disposición de la contraparte
esa documentación que se solicita.
Los antecedentes que tenemos son del ámbito del derecho
administrativo sancionador, inspecciones ante la comisión,
salvar de datos por infracciones del derecho a la competencia,
pero en el ámbito administrativo lo que han hecho estos juzgados
es coger las ideas de estas salas de datos.
Por qué fue también esta hablar de datos?
Ayudan a respetar las reglas de conciencia, confidencialidad
en estos ámbitos empresariales, como se ha dicho esta mañana,
cuando se hablaba de la sala de la persona jurídica,
son, son muy relevantes.
Sin embargo, simplemente yo quiero,
creo que lo que necesitamos no es que quede muy clara las reglas
que determinan el funcionamiento de esa sala de datos,
y cómo lo haremos?
Pues será el auto judicial que permita esa sala de datos.
Qué tendrá cáncer, esa auto judicial,
pues delimitar muy bien la extensión de la exhibición,
decir hasta dónde llegarán las facultades de dominio
y disposición del titular de esa información,
ver el lugar donde se va a realizar los medios técnicos,
que se podrá utilizar si se podrán utilizar
asesoramiento técnico para procesar toda esa información,
también también dejar muy claro la capacidad de reproducción
de esa información que tendrá la persona que acceda
a esa información.
Por último, y termino con una cuestión
que creo que puede llegar a ser muy importante,
una generalización de las medidas de acceso de fuentes de prueba
creo que puede cambiar el paradigma de la carga de la prueba.
Por qué?
Porque será una regla que tal vez no sea tan necesaria,
y menos aún las consiguientes reglas de disponibilidad
y facilidad aprobatoria.
De hecho, esto lo hemos visto en acciones de daños
en el ámbito del cartel de camiones.
Ahora comentaré algún ejemplo.
Decía el artículo siete del artículo 217.
En el apartado siete del artículo 217.
Recoge estas reglas de disponibilidad y facilidad,
aprobatoria que supone que a veces,
con independencia de quién haya afirmado,
el hecho incierto,
puede tener la parte probarlo la parte que tiene mayor facilidad
o que dispone de esa fuente de prueba.
No obstante, si se generalizan esas medidas de acceso a fuentes
de prueba, a la hora de valorar esa facilidad
o disminuir aprobatoria, tendremos que introducir otra variable, que es
si la contraparte ha hecho uso de esas medidas de acceso,
fuentes de prueba, si hay,
si ha suscitado a un juez que le den acceso
esas fuentes de prueba.
Yo pasaba,
que he visto en la litigación del cartel de cabrones al inicio
de la investigación en el ámbito del cartel de camiones.
Las partes los cartelistas, se oponían.
Acceso, fuentes de prueba vieron
que esa práctica no funcionaba y ofrecieron pasaron a la contraria,
a ofrecer cantidades ingentes de documentación.
Para qué?
Para provocar en la contraparte que haga un esfuerzo adicional
probatorio.
Por otra razón, porque además,
como era muy difícil calcular el daño, la directiva del año 2014
preveía que los jueces puedan recurrir
a una estimación judicial del daño.
Cuando no hubiese elementos de pruebas suficientes
para cuantificar ese daño,
sin embargo yo creo que eso puede ser un poquito,
un poquito peligroso.
Por qué?
Porque al final esta oferta de documentación,
si se se convierte en cuasi obligatoria,
por qué?
Porque si no, la contraparte podría haber desestimadas su demanda
por no hacer un esfuerzo probatorio suficiente en cuantificar eso,
ese daño,
no obstante, creemos, queremos plantear algunas preguntas
porque estos supuestos consumidor carteristas
la asimetría informativa es muy difícil de solucionar,
es muy grande la distancia que hay entre un litigante
y otro, sin embargo, si hubiese dado generalización
de las medidas de acceso, fuentes de prueba,
el ofrecimiento del demandado no pensée de basada de datos
sería suficiente para que las reglas de la carga de la prueba
no le perjudicasen
o como en el ámbito del cartel de camiones
para que el jugador no pueda utilizar la estimación judicial del daño.
El tjue, en una sentencia muy reciente
del 16 de febrero de 2000 veintitres, tráficos Manuel Ferrer,
apunta que el concepto de asimetría informativa
no justifica por sí mismo la renuncia de la facultad judicial
de estimación del daño.
Con independencia de que los son de que la contraparte haya declinado
o no usan esas fuentes de prueba, dice que no es un factor determinante
en la decisión de si el juez puede emplear o no
esa estimación judicial al daño.
En cambio España tenemos jurisprudencia, menor contradictoria
y que dice además todo lo contrario al tjue.
Esta semana en el Tribunal Supremo
se están viendo 15 recursos de casación sobre acción
entre reclamación por daños del cartel de cap de camiones
que versan, entre otras cuestiones, prescripción, etcétera.
Sobre la estimación judicial del daño creo
y espero que cuando hablen de estimación judicial
del daño no relacionen con esa asimetría informativa
y con el acceso a fuentes de prueba,
estaremos pendientes de que hice el Supremo ya,
pero si para la publicación podemos valorar cómo se ha posicionado
por primera vez el Supremo en esta materia.
Muchas gracias.
Un placer.