Muchísimas gracias.
Basamos al con el de la tarde de hoy el profesor catalán
es doctor en derecho por la Universidad de David holandés,
llegue el arbitraje tributario miembro
también del grupo de investigación iurisdictio
y está acreditada.
Profesor contratado doctor aquel momento
ha publicado artículos en revistas nacionales e internacionales.
11 capítulos, en obras colectivas y una monografía,
ha invertido más de una sistema de ponencia como invitado
y he defendido la comunicación
examinen en congreso nacional e internacional
y además ha desarrollado tres instancias de investigación dos
predoctorales Enver; huyen Bolonia y una posdoctoral
en la Universidad de Brother.
Hecha tarde, el profesor caro catalán, logo.
Hablar sobre el error en la valoración de la prueba
como motivo de anulación del aula gira hubo.
Muchas gracias, Ana.
Buenas tardes a todos.
Bien antes que nada,
como de recibo agradecer no a la organización de hechas red,
debatir y en concreto a la persona de la profesora Silvia Pereira
por contar conmigo.
Estoy encantado echar aquí
y yo creo que ya también te podemos felicitar por por la organización
y para el éxito de las jornadas ha tenido poder de convocatoria.
Prueba de ello es que me ha sacado de la Feria Jerez
celebrando ahora entonces bueno bien pero pero prueba bromas
aparte todo un placer estar aquí hoy cuando me propone la profesora
sirve pedir aquí que intervenga en este congreso,
le digo que aquello de lo que sea,
de arbitraje yo por tanto hablaré de la prueba del arbitraje
porque el arbitraje al fin de cuentas
no deja de ser un proceso proceso privado,
pero un proceso que al final se nutre de alegaciones y de prueba
y que acaba con un laudo que tiene lo mismo a efectos
que una sentencia como todos sabéis, no,
y por tanto también se suscita cuestiones relativas a la prueba
y son cuestiones que no tienen por la propia esencia del arbitraje
y por su filosofía.
Tiene una regulación mínima para una regulación mínima
que en muchas ocasiones depende prioritariamente
de la autonomía de la voluntad partes, que son la protagonista
en el procedimiento arbitral, bien yo,
como planteado el tema bien,
pues el título de la intervención es el error en la valoración
de la prueba como motivo de anulación del laudo arbitral realidad.
Voy a hablar de algo un poco más amplio,
no voy a hablar y de cómo a ver si lo veo bien de cómo eficacia
tienen los derechos procesales fundamentales, relativos a la prueba
en el arbitraje, más concretamente me voy a centrar
como o que, como rige el derecho de las partes,
a tener un laudo, a obtener un laudo motivado
debidamente no vamos a ver qué alcance tiene,
cómo se controla y que dice la jurisprudencia al respecto,
porque dicha idea, esta línea o este tema se ubica en otra,
en otro tema más amplio,
en el que he venido trabajando en los últimos tiempos
y que me suscita mucho interés que es en general cuál es la la eficacia
de los derechos procesales fundamentales
en el arbitraje concreto por esta ocasión me voy a centrar
en aquellos que están vinculados a la prueba.
El tema de los derechos procesales fundamentales en el arbitraje,
como digo, me suscita interés en que vayan a echar resuelto,
está resuelto, porque si uno parte de la visión tradicional
no de como todos hemos estudiado el derecho procesal,
el derecho a la tutela judicial efectiva,
evidente que eso derecho procesales no echan pensado para la arbitraje
sino para el proceso jurisdiccional, así desde la Segunda Guerra Mundial
que se empiezan a constitucionalizar,
hechos, derechos, se ve claramente que esa era la idea.
Sin embargo está claro que dentro de los diferentes métodos
de resolución de conflictos el arbitraje es sin duda
el más similar a la jurisdicción, hecho Carnelutti
y nuestro Tribunal Constitucional
habla del equivalente jurisdiccional,
y esa similitud no que al final es un acto estris personal.
Esa similitud me hace plantearme y nos plantean cuál es,
si ese núcleo de garantías duro
del artículo 24 se aplica o no en el arbitraje.
El tema además está de actualidad porque el Tribunal Constitucional
se ha referido últimamente a esta cuestión,
y hay una discrepancia entre el Tribunal Constitucional.
El Tribunal Europeo derecho humano,
que ahora comentaré yo plantearé por si suscita algún debate.
A mí sinceramente
en un tema que me que me genera mucha curiosidad intelectual
entrando un poco más en materia lo que dice entonces en hecho
Tribunal Constitucional.
En respecto del arbitraje,
y en concreto respecto de la motivación del laudo.
Bueno, en general,
para nuestro Tribunal Constitucional el arbitraje es
o supone una renuncia transitoria al ejercicio del derecho
a la tutela judicial efectiva, tanto no afecta con carácter general
los arbitrajes-impuestos, los arbitrajes obligatorios
porque supone una vulneración de este derecho
y por tanto parte de la visión
de que en el arbitraje no cuando uno acude a arbitrajes,
no ejerce derecho a la tutela judicial efectiva
y por tanto en el arbitraje nos rige esa garantía del artículo 24
viene a decir que lo que últimamente ha puesto
el énfasis que esas garantías, que si existen.
Gratuita del derecho a defensa,
derecho a presentar los medios de prueba pertinente
y tal, existen porque la ley lo regula,
es decir, tienen naturaleza legal a reparar de sobres,
y entre ellos dice que tiene naturaleza legal
el derecho a tener un laudo motivado mal.
Entonces me voy a centrar en analizar
en concreto que lo que dice el Tribunal Constitucional,
que lo que ha dicho, porque hecha tira de sentencia,
que el Tribunal Constitucional habitaba desde del año 2021
la mayoría de ellas se refieren a la motivación del laudo arbitral,
porque es donde al final echa el caballo de batalla,
no es decir cómo controla el juez el arbitraje
a través de la motivación del lau.
Si se excede en ese control, se dan naturaliza al arbitraje
porque se convierte la acción de anulación del laudo
en una especie de recurso de apelación.
En lo que ha pasado
y pasó durante unos años a cuenta del tribunal superior
de justicia de Madrid y el Tribunal Constitucional
lo que ha hecho es frenar esa tendencia
a adoptar una posición muy pro arbitral
y muy de decirle al juez.
Usted no se puede meter prácticamente nada de lo que ha resuelto
la brecha, como ahora comentaré mal.
Entonces voy voy a comentar voy a centrarme en comentar
qué es lo que dice esta sentencia,
lo que dice esa sentencia porque son todas muy parecidas.
Vale?
Entonces, tiene toda idea muy comunes.
Sobre el derecho al laudo, motivado la, la primera idea,
no la primera, que exalta la bicha su fundamento de entrada dice.
El fundamento no es constitucional.
En fin, no tenemos derecho, las partes que acuden al arbitraje
no tienen derecho a un lado motivado porque lo diga el artículo 24,
sino porque lo dice la ley de arbitraje
y dice incluso que el legislador podría eliminar este derecho,
algo que yo discrepo.
Don félix dice que es un derecho de configuración legal
y eso como sabemos los procesalistas tienen tiene digamos
que trascendencia práctica también a su interpretación en su aplicación
y aparte de aparte de su origen, dice.
Bueno, aunque de configuración legal
existe y en qué consiste ese derecho al laudo,
motivado tal y como está regulado en nuestro ordenamiento?
Pues dice.
Primero no significa que el árbitro tenga que referirse
a todas las argumentos y alegaciones planteado por las partes,
no significa que los árbitros tengan que identificar las pruebas decisiva
que han utilizado
o que han tenido en cuenta para dictar la resolución.
No significa que tengan que explicar la preferencia
de una prueba respecto de otras,
sino que basta con una mera o una somera referencia,
casi una somera referencia a la valoración conjunta.
La ir es muy poquito,
pero lo que se exige es decir,
es básicamente una motivación formal que denla o hecha emotiva,
o que tenga argumentos ya sean bueno, malo o regular.
Ahora veremos un poco más sobre esto.
Entonces claro, cuál es el rol que corresponde al tribunal?
Conoce la acción de anulación del laudo, un rol muy muy elemental,
porque si sigue cree que el laudo es válido,
simplemente contener razonamiento básicamente razonamiento
que sirva para explicar la decisión ya sea eche,
como sea, pues el papel del juez cuando conoce la acción de anulación
del laudo en teoría debe ser ese simplemente
por hojearla hubo entendernos, crear tiene argumento jurídico.
Si hace alusión a la prueba sí bueno,
pues ya está, me parece bien.
Ese es en teoría, resumiendo mucho lo que el Tribunal Constitucional
dice que tienen que hacer los jueces entonces casa
con la, con la regulación de la acción de anulación del laudo,
efectivamente tiene esa esa su esencia.
No es una segunda instancia, no es un recurso de apelación,
porque en esencia,
cuando las partes que acuden al arbitraje al final quieren eso
no quiere una quieren proceso de distancia única.
Por tanto, eso tampoco se puede perder de vista.
Sobre la prueba en concreto trae aquí
traigo una cita de la sentencia muy reciente,
181, 4.000, veintidos dice el debate sobre el contenido de las pruebas,
practicadas en el arbitraje, su eficacia
y su eficacia aprobatoria, no está o, mejor dicho,
está vedado, del control judicial.
En principio está vedado el control judicial,
es decir, el juez no puede controlar cómo el árbitro ha valorado
la prueba, salvo de ahí el título de mi intervención,
salvo un error a 20.
Tienen que ser una cosa que llama la atención de cualquiera.
Por tanto, no es cualquier discrepancia.
Cualquier discrepancia.
Aquí hace un una y una idea del hizo ni idea interesante
el Tribunal Constitucional, y es que dice que la labor del juez,
que conoce de la acción de anulación es similar o es análoga
a la que realiza el Tribunal Constitucional
cuando conoce del recurso de amparo ante resoluciones jurisdiccionales.
Por favor, por falta de motivación, por motivación errónea,
es decir, en el control de la, de la arbitrariedad,
de controlar que la decisión no sea arbitraria.
Pero, como dice el profesor Ormazabal o Ormazabal Sánchez,
que tiene una monografía sobre este tema,
sobre el control judicial sobre el fondo, el laudo,
hecha bien es decir ese ese texto,
está bien lo que pasa, que es muy difícil también diferenciar
lo que es irrazonable de lo que es discutible
o muy discutible, no decir el grado tampoco,
pero al final tenemos que asumir que el derecho
no son matemáticas, no, pero en fin, no, no viene a resolver el problema,
pero desde luego tampoco tampoco lo veja.
Resuelto.
Entonces,
conclusiones sobre lo que dice el Tribunal Constitucional,
el juez puede controlar,
puede controlar el laudo y la motivación de la prueba
a través de la acción de anulación,
pero solo cuando estemos casos de mera
de una arbitrariedad patente, de un error que sea muy claro,
es decir, su puesto muy, muy excepcional
y otra idea que es la que enlaza con la segunda parte
de la intervención, es que una infracción
de este tipo no tiene ningún caso relevancia constitucional,
porque al ser un derecho de naturaleza legal,
si se infringe, no tiene relevancia constitucional.
Hecho es lo que choca.
El punto de vista con la jurisprudencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos ,
el Tribunal Europeo de derecho humano,
como sabéis, viene a aplicar el Convenio Europeo de Derechos Humanos
, en concreto el artículo 6, que incluye el proceso,
el derecho a un proceso equitativo, artículo equivalente
no al artículo 24, el derecho a tutela judicial efectiva
y el Tribunal Europeo derecho humano habitado, una serie de resoluciones
desde su creación en materia de arbitraje,
que han llegado a la Corte y e interesante
y muy poco conocida, que cuál ha sido la posición tradicional del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos ,
una muy similar de la de nuestro tribunal constitucional,
con matices admitido, siempre el arbitraje voluntario
diciendo que es compatible con el artículo 6,
siempre que sea un arbitraje voluntario,
y respecto del arbitraje obligatorio lo ha admitido siempre que en el rige
las garantías del artículo 6, con una posición poco articular,
pero esta posición se ha dicho alterada en los últimos años
a raíz de varios casos, en principio uno de lo principal,
el caso mutuo contra Suiza, arbitraje deportivo,
y especialmente el caso b, es es para contratar alia,
que es muy supuesto,
donde hay donde es un arbitraje voluntario,
un arbitraje comercial ante la cámara de comercio de Roma,
y una de las partes desde el principio denuncia la falta
de imparcialidad del arbitrio, lo hace en vía arbitral,
lo hace luego en sede jurisdiccional e incluso a la Corte casación;
se lo desestima y ya, por último,
acuda incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
que sorprendentemente estima,
estima la pretensión y considera que en ese arbitraje voluntario
se ha vulnerado el artículo 6, el artículo a un proceso equitativo
hecho.
Para mí es algo nuevo porque es un arbitraje voluntaria
y está aplicando el artículo sexto.
Nuestro tribunal constitucional dice que el artículo 24
nos aplica al arbitraje estofa, hecho desde un punto de vista
de los derechos fundamentales.
Planta problema
porque, como sabéis, el Convenio Europeo de Derechos Humanos
lo que hace al hacer el mínimo el mínimo de protección
de los derechos,
entonces si no ha hecho el Tribunal Constitucional,
adopta una posición más restrictiva.
La interpretación de los derechos fundamentales
se produce un déficit de protección y eso,
al menos en términos teóricos,
plantea problemas y puede llegar a plantear problemas
en el futuro.
Mal.
Entonces, por concluir, porque yo creo que lo más interesante
que se pueda generar quizá algo de debate respecto
intento dar opiniones
para que sea así respecto de la relación
entre las garantías procesales fundamentales
y queremos llamarla así y el arbitraje,
como decía, yo creo que hay un problema de fondo
de una concepción errónea, a mi juicio
de lo que es el arbitraje,
porque se está imponiendo la visión contractual,
lista a un contrato a lista de asimilar el arbitraje,
a un contrato cuando a mi juicio
como ha dicho al principio de mi intervención,
el arbitraje es un proceso, un proceso privado,
gracias o privado.
Con efectos idénticos a los ve el proceso jurisdiccional,
en cuanto a que el laudo tiene eficacia de cosa juzgada,
eficacia ejecutiva, entonce, partiendo de esa visión
de poder mayor, es decir,
el jurisdiccional del arbitraje es más fácil entender la visión del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos , que efectivamente lo entiende así
y bueno, no deja de ser un proceso,
aunque sea un proceso privado.
Por tanto, en el tienen que regir unas garantías mínimas
y yo esa idea la comparto sin el arbitraje,
aunque sea voluntario,
aunque las partes quieran acudir a él no puede suponer nunca
un salto al vacío que puede suponer un salto vacío,
y aunque la ley de arbitraje reconozca estas garantías básicas
como el derecho a un lado motivado,
eso no significa que el legislador, según nuestro Tribunal Constitucional
en cualquier momento pudiera desprenderse de esas garantías.
Eso para mí sería una aberración
la aberración que según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
podría ser incluso contrario al artículo,
si no.
Por tanto, el tema hecha,
y yo creo que es muy interesante desde el punto de vista práctico,
pero eso sobre todo desde el punto de vista dogmático,
porque digamos que chocan aquí María ideas y se ponen a prueba
concepto fundamentales del derecho procesal.
Derecho de acción, el derecho al al proceso.
En fin,
conceptos que al aplicarse al arbitraje se se ponen a prueba.
Entonces, la solución de ese problema compleja,
porque lo cierto es que el Tribunal Constitucional
lo tiene complicado para interpretar
que el artículo 24 se aplicará arbitraxe.
Porque, claro, el artículo 24
habla del derecho a la tutela judicial efectiva,
la del proceso jurisdiccional de jueces.
En fin no, no ha hecho, ha pensado claramente para el arbitraje.
Entonces, cómo lo hacemos?
Todo lo ideal sería, a mi juicio, una reforma constitucional
donde se incluyera, ya sea en el mismo artículo 24
o en otro el derecho al arbitraje y qué garantías deberían regir
en el hecho?
Puede parecer algo exótico,
pero la constitución de cádiz de 1.812
reconocía el derecho del ciudadano a someterse, a juicio.
Dar dicho.
Por tanto, no sería tampoco no se hay precedente al respecto,
no?
Pero, bueno, lo dejo ahí en el aire,
porque las posibilidades son esa enseñanza,
y respecto a la valoración de la prueba en concreto,
a mí me parece buena parte de este problema,
de los derechos fundamentales, y tal, a mí me parece que la posición
que adopta finalmente el Tribunal Constitucional,
en la correcta, en el sentido de que efectivamente
había que parar los pies al la línea jurisprudencial
que se había abierto en el tribunal superior de justicia,
de Madrid, de permitir que los jueces,
a través de la acción de anulación del laudo,
pudiera revisar y discrepar de los árbitros
y anular la sentencia del laudo, cuando no tuviera,
no estuvieran de acuerdo con el que, a lo que afectó práctico, Gurría.
Claro, eso supone cargarse el arbitraje, cargarse al arbitraje
porque como decía que quiere las partes
porque él aparte manga decidir y eso como como con la sanidad,
no porque quiere ir al médico privado en vez de a la Seguridad Social,
bueno, porque más rápido pretende una serie de ventajas,
si no, va uno a la Seguridad Social,
donde por qué va la parte a la árbitras?
Que porque tiene una serie de ventajas la rapidez,
la seguridad jurídica y sobre todo pues que es un proceso
de chanza única.
Entonces, si se permite que luego el juez
revise anulen laudo y se vaya todo atractor,
evidentemente la institución queda en entredicho.
En fin, yo lo dejo aquí.
Si alguno quiere o tiene interés en hacer alguna duda
o plantear una cuestión, espero que haya resultado interés.
Muchas gracias.