Les voy a explicar brevemente una sentencia que entendemos
que es relevante.
Se trata de la sentencia 76 barra, 2019, de veintidos de mayo;
es una sentencia la que va a tratar los temas
de la propaganda de los partidos y la posible segmentación
de los mensajes electorales en las campañas;
es una cuestión que vamos a tratar de alguna manera, estableciendo
una pequeñísima introducción,
algunas cuestiones relativas a la sentencia más relevantes
y finalmente algunas ideas que les dejó como cuestiones a debatir
o, al menos a replantearse de manera crítica.
Para comenzar a hablar y a mencionar cuáles son los aspectos relevantes
de esta sentencia resulta importante, a mi juicio,
establecer unos pequeños vectores que se interrelacionan
y que me parecen esenciales para contextualizar esta sentencia 76
barra 2019.
En primer lugar,
hay que circunscribir la cuestión a las campañas electorales
y a todo lo que acontece a nivel comunicativo en las mismas,
de tal manera que en relación a esto tenemos la cuestión
de la información,
de la publicidad y la propaganda y la difícil delimitación.
Como toda esta cuestión relativa a la comunicación en general
electoral incide directamente y de manera muy importante
en la participación política y, sobre todo en la respuesta
y, sobre todo, en el devenir de la propia democracia.
En este contexto de, digamos, cierta sensibilidad a la hora
de recibir y emitir mensajes, porque todos los ciudadanos
somos o tenemos esa doble condición de emisores y receptores
de la comunicación electoral.
Observamos que hay una cuestión clave
en todo este proceso que ha sufrido un profundo e importantísimo cambio.
Estoy haciendo referencia a los medios de comunicación,
como pueden observar,
y los medios tradicionales han sufrido un importante cambio,
de tal manera que a día de hoy tenemos un nuevo ecosistema mediático
con nuevas herramientas en las cuales el mensaje ha tratado
de adaptarse a las mismas con escaso o a veces cuestionable éxito.
Todo ello ha hecho o ha conformado el que tengamos al menos
la conciencia general de que existen riesgos.
Existen desafíos en toda la cuestión de la comunicación electoral.
Si me preguntaran cuál es el principal desafío,
les diría que sin duda, la desinformación y,
fruto de ello, fruto de esa preocupación latente y expresa
en ocasiones por muchos miembros de nuestra comunidad
y nuestro digamos doctrina específica,
observamos que se han llevado a cabo acciones y propuestas
muy interesantes.
Esa preocupación está presente en muchos países,
sobre todo cuando hablamos de cuestiones relativas
a la seguridad nacional y sobre todo a cuestiones políticas
y que afectan en esencial la democracia.
En la Unión Europea,
por ejemplo, se ha llevado a cabo un reglamento de servicios digitales
también ahora hay una propuesta muy muy interesante sobre la trasparencia
y la segmentación de los anuncios y la propaganda electoral
y política, pero ya antes muestra esa preocupación de la comunidad
y del conjunto de los ciudadanos en general.
Es que en muchos países han sentido y han sido sensibles
a este proceso de desinformación y sobre todo,
de los peligros y riesgos para la democracia.
Esos países les pongo aquí algunos ejemplos son Alemania,
Francia y Reino Unido.
Mientras tanto, qué ha pasado en España?
Pues básicamente en España tenemos una normativa,
una ley orgánica de 1985,
la loreg, que básicamente lo que ha hecho
es regular no solo todo el proceso electoral,
sino específicamente la comunicación electoral en los artículos 50 a 70.
Es interesante observar algunas de las reformas que se han operado
durante todo este tiempo, pero sin embargo quisiera destacar
que esas reformas no han sido sustanciales
en el ámbito de las denominadas nuevas tecnologías,
que ya no lo son tanto, es decir, cómo han sido capaces de incorporar
esas nuevas herramientas comunicativas a nuestra normativa.
Es escasamente exitoso porque digamos que nuestra normativa
está anclada en lo analógico tan solo;
tenemos una instrucción de cuatro instrucción
de la junta electoral central de cuatro la cuarta barra,
2007, de 12 de abril,
que si se fijan ustedes sigue hablando menciona
páginas web foros chats correos electrónicos incluso mensajería
ese ministerio sin embargo una una incidencia notable
y sustancial en el ámbito de las nuevas tecnologías
y en el ámbito de la comunicación política y electoral fue,
sin embargo, la reforma de siete de diciembre de 2018.
Básicamente estamos hablando de la ley de protección de datos
de 2018 que acabe desde una disposición.
Establecía una modificación de la loreg del artículo 58.
Inicialmente, el artículo 58 de la loreg de nuestra ley,
de nuestra normativa electoral mostraba básicamente esa posibilidad
de realizar publicidad en prensa periódica en emisoras de radio
con una limitación, no solo de gastos,
sino que además, relativo a los sujetos.
Pues bien, a través de esta modificación
de que opera a raíz de la ley 2018, se introduce el artículo 58 bis.
Si se fijan ustedes, este artículo,
con cinco puntos ha sido un artículo bastante criticado,
sobre todo en el primero de los puntos,
lo tienen en rojo.
Y por qué?
Porque la sentencia afecta directamente a este primer punto.
En el primer punto se menciona la posibilidad de recopilar
datos personales relativos a las opiniones políticas
de las personas que lleven a cabo los partidos políticos
en el marco de sus actividades electorales,
y dice que se encontrarán amparadas en el interés público,
únicamente cuando se ofrezcan garantías adecuadas.
En realidad estamos haciendo mención
a la utilización de medios tecnológicos y datos personales
en las actividades electorales, pero si se fijan, este primer párrafo
va mucho más allá porque habla efectivamente
de recabar datos personales por parte de los partidos políticos.
habla de un interés público no interés público, esencial,
como menciona expresamente la normativa europea,
sino simplemente interés público, y habla de garantías adecuadas.
Este marco de los procesos electorales
y actividades electorales, que es mucho más amplio
que las propias campañas electorales hace,
nos hace ver que efectivamente estamos ante un espacio que se abrió
en su momento complejo,
complicado y que sin duda generó un intenso debate.
El resto de los apartados hablaba sin duda de algunas
otras cuestiones interesantes,
como por ejemplo, la posibilidad de los partidos políticos,
coaliciones y agrupaciones electorales de utilizar
datos personales obtenidos en páginas web,
otras fuentes de acceso público para realizar actividades políticas
durante el periodo electoral, el envío de esa propaganda
electoral, siempre teniendo en cuenta que debe de identificarse
como una propaganda de naturaleza electoral
y, sin duda, la posibilidad de forma sencilla y gratuita
de ejercer el derecho de oposición a la recepción de esa propaganda.
Pues bien, centrándonos en el primero de los apartados,
observamos que la sentencia es relevante por lo siguiente.
Se trata de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto
por el defensor del pueblo por nulidad del precepto legal
que posibilita la recopilación por los partidos políticos
de datos personales relativos a las opiniones políticas
de los ciudadanos.
Se estaban de alguna manera
estableciendo que el artículo 58 bis de la loreg en su apartado
primero vulneraba una serie de preceptos constitucionales.
Los tienen aquí indicada.
En primer lugar, el 9, tres principios de seguridad jurídica.
El artículo 16,
libertad ideológica y religiosa.
El artículo 18, punto cuarto, protección de datos
de autodeterminación informativa, veintitres participación política
y, sin duda conectado con los anteriores,
el de reserva de ley 53, punto 1, porque es interesante
esta sentencia, como les he indicado antes,
no solo por el momento procesal en el que opera esta posibilidad
de recabar datos sensibles, como son las cuestiones relativas
a nuestra ideología y opiniones políticas,
sino también por los sujetos que tenían esta posibilidad
y además, sobre todo porque vamos a tener en cuenta dos cosas.
Una, que utiliza conceptos jurídicos ciertamente; algo indeterminados,
como interés;
un interés que hemos visto que determina que es público
y, además entendemos también que cuando habla de garantías
adecuadas no establece claramente a qué se refiere
ni los instrumentos ni medios para hacerlas efectivas.
Todo ello nos lleva a entender que hay dos fundamentos jurídicos
de esta sentencia muy relevantes.
Les he indicado aquí que, efectivamente,
la impugnación central se circunscribe a resolver
si el legislador ha vulnerado la reserva de ley
y el contenido esencial del derecho fundamental
a la protección de datos por renunciar a establecer el marco
en el que se debe de habilitar este tratamiento.
La finalidad del mismo y las garantías adecuadas,
como también la impugnación, fundamento jurídico 5,
tiene por objeto un precepto legal cuya doble singularidad
estriba en quién es el destinatario y cuál es el objeto
de la habilitación?
Evidentemente, los datos personales
que pueden recopilarse integran una categoría especial,
como pueden ser también la información relativa a la salud.
Son datos especialmente sensibles y, por tanto dignos
de una protección relativa a la garantía
de los derechos fundamentales.
Eso nos lleva a ver
y observar que el núcleo central de esta sentencia
es la cuestión relativa a las garantías adecuadas.
La ley no ha identificado,
y sobre todo este precepto en este apartado en concreto
no ha identificado la finalidad de la injerencia
para cuya realización se habilita a los partidos políticos
ni ha delimitado en los presupuestos ni las condiciones de esa injerencia
ni ha establecido las garantías adecuadas,
que para la debida protección de este derecho fundamental
a la protección de datos personales reclaman nuestra doctrina.
Por lo que se refiere a la recopilación de datos personales
relativo a las opiniones políticas por los partidos políticos
y sobre todo enmarcadas en las actividades electorales.
Por esta falta de garantías adecuadas es por lo que efectivamente
este primer párrafo quedó declarado inconstitucional.
Por tanto, y para finalizar,
esto nos lleva a plantearnos algunas cuestiones que a mi juicio
pudieran ser interesantes.
En primer lugar, las distintas fases
en las que se lleva a cabo esa preparación
de esa comunicación electoral y ese ejercicio
de la comunicación electoral nos hacen ver que la delimitación,
entre opinión, información y propaganda
es una delimitación compleja frágil,
sostenida a veces en la obtención de datos,
como pueden ser las opiniones políticas o la libertad ideológica,
que son datos sensibles y con esos datos a veces
generar ese contenido para esa propaganda.
Esa publicidad nos tienen que hacer ver si hay unos límites,
cuál es la compleja delimitación temporal del proceso electoral,
porque en la en la tanto en la norma como la sentencia,
hablan de esa actividad electoral de los partidos,
pero esa actividad electoral se puede enmarcar
en un en un espacio temporal muy amplio,
y aquí hemos observado que se regula específicamente
las campañas electorales y, sobre todo,
quiénes son esos sujetos.
Se hablan de la posibilidad de los partidos políticos de recoger
o recabar esa información,
pero, ojo, porque uno de los principales problemas
que tenemos en la actualidad con la comunicación electoral
son los terceros, esos sujetos que no están establecidos
o estipulados en nuestra normativa
y que sin duda, inciden, y cada vez lo van a hacer más
en todos los procesos electorales.
Por todo ello, muchas gracias por su atención.