Buenos días, volvemos, seguimos en las sesiones
de la oit iuris, escull del curso sobre jurisdicción
de la Unión Europea de procedimientos,
y después de la sesión del profesor carlos Vidal,
sobre la confluencia en competencia y estructuras
del Tribunal de Justicia.
Tenemos a Daniel capo, di ferro también capo di, ferro,
es profesor contratado, doctor
de Derecho Constitucional de la UNED
y también es miembro del equipo del módulo
jean monnet y nos va a hablar sobre el Tribunal de Justicia
y los derechos fundamentales en la Unión Europea.
Su sesión es también una sesión ya tradicional
en esta serie de cursos de la jurisdicción
en la Unión Europea y además de la parte teórica,
también les presentará un caso práctico,
a finalizar la sesión, que es el segundo caso práctico
que tendrán que realizar para poder obtener el certificado
de aprovechamiento Muchas gracias Daniel,
por tu tiempo, por tu disponibilidad
y por estar con nosotros otra en otra ocasión.
Te agradecemos mucho, seguro que.
La actividad será muy interesante
y los estudiantes disfrutarán mucho con esta quieras.
Muchas gracias, profesor, Sarrión Buenos días a todos,
a todas.
Bien, como ha dicho, como ha dicho el director del curso
-yo ahora voy a hablar,
voy a hacer una pequeña exposición sobre lo que ha sido perspectiva,
sobre todo histórica también un poco mirando la situación actual,
la relación del Tribunal de Justicia,
en particular con los derechos fundamentales,
con los derechos fundamentales como ámbito material de aplicación,
como ámbito material de trabajo del del tribunal,
sí y por qué el.
Por tanto, vamos a empezar planteando una cierta idea general
sobre breve.
Qué ha sucedido con la cuestión de los derechos
como la Unión Europea más a ambos abordado.
Los los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Hay que tener en cuenta que los derechos,
la idea de la protección de los derechos,
los sistemas constitucionales
que tienen a los derechos como un elemento fundamental,
es un, es parte del mismo nacimiento de la Unión Europea,
no solo porque los derechos sean un elemento básico
del estado constitucional moderno, que estaban consagrados,
protegidos en todas las constituciones de todos
los Estados fundadores que a día de hoy, además,
pues ya forman parte de una manera más intensa del derecho comunitario,
que ya se protegían y se protegen a través del
Convenio Europeo de Derechos Humanos .
Por tanto, de alguna manera
cuando nacen las comunidades europeas,
en los años 50 los derechos fundamentales ya están.
Ahí ya están.
Ahí son un elemento importante del adn,
de los sistemas políticos de los Estados que las fundan,
pero, sin embargo hasta los años 90,
años 80 podríamos decir, pero sobre todo hasta los años 90
lo que prima.
La integración europea es una visión esencialmente funcionalista,
una visión funcionalista porque las comunidades europeas
al final se basaban en tres tratados.
Con la naturaleza declarada y esencialmente.
Económica.
Comunidad económica europea, tratado de la ceca,
tratado de la Comunidad Europea.
De la energía atómica.
Si en el caso del tratado de la ceca tenía una una vive,
una vocación de futuro, que era poner los cimientos
de una comunidad más amplia de una unión de los países europeos
que fuera cada vez más estrecha, en la que, bueno, parece lógico
pensar que de alguna manera tenían que tener cabida precisamente
esos esos derechos de los ciudadanos que como digo,
eran parte del patrimonio común, el patrimonio importante
de los Estados fundadores.
De alguna manera,
cuando se aprueba el tratado de la comunidad económica del carbón
y del acero, el 52 se está planteando,
no se descarta que eso pueda derivar en el tiempo que en algún tipo
de construcción constitucional?
Lo que pasa es que después del fracaso
de la comunidad política europea en el 53 ya se opta por una visión
de la integración funcional puramente económica la única posible
en aquel momento en la que, bueno, la realidad es que.
La protección que dispensa en los Estados
a través de sus sistemas constitucionales
y la que pudiera dispensar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
se entienden suficientes
o por lo menos como la única solución a esta,
a esta cuestión.
Entendemos que los derechos son importantes,
que cada país está comprometido, cada estado miembro
está comprometido con la protección de los derechos que lo van a hacer
en su sistema de constitucional y que además, bueno, pues tenemos el
Convenio Europeo de Derechos Humanos ,
pero, por otro lado, lo cierto es que desde sus propios comienzos
esas comunidades europeas,
aunque fueran un sistema de integración económico,
mercado único, regular la exportación del carbón
y del acero regularla, la producción de energía nuclear
incidían sobre toda la comunidad económica europea en derechos
de los ciudadanos.
Ya desde el primer momento estamos hablando de libertad de circulación
de libertad de establecimiento de igualdad de salario
entonces son cuestiones que tocan derechos que en las constituciones
de los fundadores están reconocidos como fundamentales,
pero que precisamente en aquel primer momento
no se abordan.
Por qué se consideró que podemos considerarlos un rasgo
federalizante, que es precisamente lo contrario a lo que se pretendía
en aquel?
En aquel momento.
Por tanto, en esta primera época que la jurisprudencia
del del Tribunal de Justicia está muy condicionada,
muy condicionada por esta circunstancia,
por la realidad de unas comunidades europeas que,
como he dicho, no pueden entrar en esta materia,
no pueden entrar, no tienen competencia material
atribuida sobre esta materia el intento de crear un sistema
político que si tuviera competencia sobre esta materia,
cuyo proyecto, por cierto hacía suyo el
Convenio Europeo de Derechos Humanos ,
fracasa por tanto la vía de integración económica no puede,
no es compatible con esta con esta cuestión,
aunque, como he dicho, se están regulando pues bueno,
ciertas cuestiones que inciden sobre los derechos aunque bueno,
son derechos, que se conciben de una manera un poco reducida,
la limitada al final principios libertades
limitada ciertas personas físicas y jurídicas
más en su condición de operador económico que de ciudadano,
pero incidían incidían en los derechos fundamentales regulación,
siempre justificada a partir de los objetivos económicos
del del mercado común,
dentro del criterio de necesidad de la regulación que hacía
que, bueno, si se regularan derechos,
se abordarán derechos pero de una manera muy limitada,
y para libertades muy concretas.
Vamos a pensar si queremos ser críticos,
que en el fondo lo que se estaba haciendo
era degradar la naturaleza de esos derechos
en el nivel supranacional justamente al servicio del objetivo económico,
pero, bueno, se pensaba que ella los Estados
se encargarían de esta de proteger los como era,
en relación a su verdadera naturaleza.
Por otro lado, también hay que tener en cuenta
que estas primeras comunidades europeas se afrontan dos problemas
a la hora de poder regular de manera efectiva
y de manera homogénea dentro de Europa
los derechos de los ciudadanos.
En primer lugar,
el marco institucional constitucional.
En aquel momento es absolutamente inadecuado.
Las las comunidades europeas
carecían de un órgano con legitimidad democrática directa.
El Parlamento era una asamblea formada por delegados
de los parlamentos nacionales y no tenía ningún tipo
de competencia efectiva, competencia consultiva,
pero no tenía competencia legislativa, y, en segundo lugar,
no había en esos primeros años instrumentos jurídicos
adecuados y hasta el año 64 la sentencia costa
en el no se declara o no se establece el principio de primacía,
un año antes en banquete.
El efecto directo, por tanto, el derecho comunitario en los años 50
carece de los rasgos, carece de los principios aplicativos
que verdaderamente pueden hacer que una regulación homogénea
armonizado de los derechos de los ciudadanos
pudiera ser eficaz, por tanto, los derechos no eran objeto
de los tratados constitutivos como tales.
Los referencias que estos hacían bien entenderse a libertades económicas
siempre estar matizados por la naturaleza económica
de las comunidades europeas, entendiéndolos como principios
no podemos descartar, tuviera otras razones.
Evidentemente, el temor a las que ciertos Estados
reaccionaran negativamente contra la integración particularmente
Francia, nunca había mostrado bastantes reticencias a ese proyecto
de comunidad política europea y que eso pudiera de alguna manera,
dificultar la la creación del mercado del mercado.
En cualquier caso, como digo,
la protección en nuestros primeros años, años, 50 años,
60 se va a confiar a lo que hagan los Estados.
Por los Tribunales Constitucionales
a lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
, por tanto, la doctrina del Tribunal de Justicia
en las pocas ocasiones y en las que les llegó una demanda,
invocando algún derecho,
algún derecho constitucional recogió en alguna constitución nacional
como posible excepción, límite o parámetro.
Para valorar la aplicación
o la validez de una norma comunitaria fue simplemente decir
que eso no era asunto suyo, que no era de su competencia;
Tribunal adopta una nueva postura estricta,
una interpretación muy literal del texto de los tratados.
Dice que su misión
se limita a asegurar el respeto del derecho comunitario a interpretar
y aplicar los tratados y el derecho derivado en su literalidad.
Por tanto, no puede pronunciarse
sobre las eventuales vulneraciones de una norma constitucional,
ni siquiera si es una norma reguladora de derechos por parte
de las normas comunitarias, porque son ordenamientos distintos.
Las constituciones no son parte de los tratados,
lo que hay en las constituciones nunca puede
ser un parámetro para enjuiciar la validez del derecho comunitario
y como los derechos no están como tales dentro de los tratados,
sencillamente no son un parámetro de validez de la norma comunitaria.
En estos casos, pues podemos encontrar las sentencias
de los asuntos estor, que es la primera vez que aparece esto.
Esto no el primer asunto, no alto,
también del 59 con tu, van del 60
o en hora sentencia del asunto, escarlata del 65,
que básicamente comparten esta doctrina.
Su aparte de estas son muy pocas más
en las que se llega a plantear esta esta cuestión.
Tribunal, en esta primera época puesta, está en otras cosas.
Sí que es verdad que en las conclusiones del abogado
general en la sentencia del año 60 sí que se habla por primera vez
de algo que sería relevante a partir del año 69.
Es esa idea de que puede haber un principio general del derecho,
que obliga a respetar en todo caso,
y condición los derechos de los ciudadanos,
aunque no estén regulados, pero en este primera época,
como digo, se parte de la premisa
de que, como eso no está en la letra del derecho comunitario,
eso no puede ser materia en la que entre el Tribunal de Justicia,
ni siquiera,
aunque sea un principio común a todos los Estados,
ni siquiera, aunque sea algo que esté regulado
de la misma manera en todos los Estados.
Por tanto, como he dicho,
punto de vista estrictamente normativista,
la interpretación del derecho comunitario
es de la letra del derecho comunitario.
Contradicciones constitucionales comunes
no las son consideradas por el tribunal,
aunque, como he dicho,
sí que ya empieza a intuirse en el año 60,
aunque no se llegaría hasta aunque no sería hasta el 69,
cuando sería adoptado por el tribunal esta idea del principio general
del derecho.
La primera época no tiene gran cosa.
Gran cosa que contra el tribunal sencillamente se desentiende
de esta cuestión, porque derechos no son asuntos.
La segunda época ya supone un cambio.
Supone un cambio y el principio de una evolución
que va a llegar hasta la actualidad en esta segunda época.
Ya en los años 60,
poco a poco las instituciones van tomando conciencia
de la necesidad de proteger también dentro del marco jurídico
de la Unión Europea, de la comunidad europeas.
Perdón, los derechos.
Una primera resolución del Parlamento Europeo,
del del año del año 73,
donde se dice que los derechos son la base filosófica política
de todos los Estados miembros.
Otro informe de la comisión del 76,
donde se habla de la importancia de los derechos como parte esencial
del ordenamiento comunitario; principios regulatorios,
gracias precisamente a lo que ya había dicho el Tribunal de Justicia,
o iremos con eso donde se entendía.
Pues bueno, que dado el estado de la integración,
la labor que llevaba a cabo ahora
explicaré del Tribunal de Justicia al respecto era más que suficiente,
porque no se podía hacer normativamente otra cosa hecho
luego del 77.
Hay un compromiso interinstitucional de respetar los derechos
de los de los ciudadanos en el ejercicio de sus competencias.
Pero de momento normativamente no se puede hacer mucho más.
Iniciativas en esos años del Parlamento
proponiendo la creación de una carta de derechos,
proponiendo la adhesión al Convenio Europeo,
distintas fórmulas, pero que no pasan de propuestas,
no pasan de documentos no vinculantes a iniciativas,
pero esto no, no se integran el derecho comunitario
de manera de manera vinculante, en ningún momento.
Claro, tenemos un pequeño problema en esta cuestión,
es que las la realidad es que el ordenamiento comunitario
en los años 60 va creciendo, se va expandiendo,
se va haciendo cada vez más invasivo,
va tocando más aspectos no solo de la regulación estatal,
de la esfera jurídica, de los propios ciudadanos
ya se ha declarado, se ha integrado el principio de primacía
y el principio de efecto directo y por tanto tenemos
un ordenamiento jurídico que ahora sí de verdad podemos considerar
vinculante y con plena eficacia, y además es un ordenamiento jurídico
que viene elaborado por nuestro futuro institucional,
como ya he dicho,
con carencias democráticas evidentes,
del que además por la propia estructura y por la configuración
de los tratados es imposible realizar cualquier tipo de control
a nivel nacional nacional.
Así pues, normas que se elaboran mediante unos procedimientos
en un entorno que no tienen las garantías democráticas,
debidas normas vinculantes,
normas sobre aspectos esenciales de la esfera de los ciudadanos,
que no pueden ser controladas por los tribunales nacionales.
La única posibilidad para ejercer un mínimo control
sobre la adecuación o no de estas normas a los derechos
de los ciudadanos era la actividad del Tribunal de Justicia,
un tribunal de justicia que en teoría no tenía ningún tipo de competencia
en atribución al respecto y que hizo el Tribunal de Justicia
en el año 69, básicamente inventarse algo que no estaba en los tratados;
inventarse la idea de los principios generales del derecho comunitario
a partir de esa mención poco tangencial
que hizo el abogado general en la sentencia.
Controlar de grande el 60 la sentencia hasta Uber
de 1969 es el inicio de la etapa proteccionista,
y el inicio de lo que sería ya la vinculación
del Tribunal de Justicia con la protección de los derechos
aquí es donde dice que los derechos fundamentales
son principios generales del derecho comunitario
que deben ser garantizados por el Tribunal de Justicia.
Esto tenía un problema de base,
es que los principios generales del derecho comunitario
no eran una fuente del derecho comunitario
y de hecho es una expresión de principios generales.
Solamente aparecía citada un de veces en los tratados,
pero para temas como la determinación de las cuantías
de las indemnizaciones,
no para nada que tuviera que ver con derechos de los ciudadanos.
Por tanto, el Tribunal de Justicia,
en estado del básicamente, se inventa una fuente del derecho,
que no está en los tratados, realiza una mutación,
una mutación enorme del contenido de los tratados,
y además establece que los derechos están en ese momento,
los derechos.
Ahora luego el, la caracterización con criterio matizándose
iría evolucionando las sentencias posteriores,
que en principio habla de que son principios generales,
que esos principios generales son parámetros de validez
de la actuación de las comunidades europeas.
Como digo, esto no estaba en los tratados
ni que los derechos fueran parámetro de validez
ni la idea de principio general,
pero además como principios generales son elementos propios,
elementos autónomos del mismo derecho comunitario
que se integran porque el tribunal lo dice,
como digo, sin ninguna base dentro del derecho comunitario.
Contenido explícito de los tratados,
pero sin tampoco precisar en aquel primer momento
ni qué derechos se van a proteger, ni cómo se va a hacer.
Es decir, lo que hace es declarar en términos generales
que va a vigilar la norma comunitaria,
respete los derechos de los ciudadanos,
ni en qué términos, ni con qué base ni con competencia.
Simplemente dice que va a hacerlo porque considera que tienen
qué tiene que hacerlo.
Esto, evidentemente, es una mutación y esto, evidentemente, es una labor,
es calificado como pretoriana,
de construcción constitucional nacional.
La la diferencia es que empieza a hacer de Tribunal Constitucional
sin tener una base normativa,
ni una base material para hacerlo.
Sí que es verdad.
Sí que es verdad que tanto.
En Estado, como en internacional,
en la sentencia del 70 aparte de decir que es necesario
proteger los derechos en esta del 70 además dice
que no, los derechos no son en sí mismos el contenido
del derecho comunitario, sino que lo que en el derecho
comunitario es una obligación de respetar esos derechos que,
como digo no sabemos en este primer momento
ni cuáles son ni en qué se basan, que el principio general
es el de respeto de los derechos, no los derechos en sí mismos
y que para determinar los pues bueno ya empieza
a decir que se inspirará inspirarse,
no quiere decir que vaya a asumirlas,
tal cual, lo que denomina las tradiciones constitucionales
comunes de los Estados miembros, pero es que al mismo tiempo
al mismo tiempo que dice que él va a ser el que se encargue
de esta cuestión, dice expresamente que los Tribunales Constitucionales
Nacionales no pueden en ningún caso decidir sobre la aplicación
de las normas europeas.
Es decir, si una norma europea
vulnera o puede vulnerar algún derecho, será él quien lo diga
y será el.
Si lo puede considerar.
Por qué?
Si permite que los Tribunales Constitucionales
Nacionales hagan este juicio eso podría llevar a menoscabar la unidad
y la eficacia del derecho comunitario.
Al mismo tiempo que ya se empieza a hablar de derechos,
en la jurisprudencia del tribunal se empieza a hablar del otro elemento
que va a ser importante,
en la narración, que es la protección de la unidad y sobre todo,
de la eficacia real del derecho comunitario.
Esta es una tensión que va a existir,
que viene desde el año 69 que sigue presente a día de hoy la tensión
entre la protección del derecho y la eficacia de la norma comunitaria
y sobre la que van la, que pivota realmente todos los problemas
que tenemos actualmente.
En esta cuestión claro,
el tribunal dice voy a ser yo el que va a controlar
la validez de las normas conforme a este parámetro,
y además voy a jugar como quiera con este parámetro,
a inspirar un poco lo que digan los Estados,
pero principio
voy a ser esto es una esto es una tarea interpretativa
mía propia autónoma evidentemente como reacción
los Tribunales Constitucionales más potentes
de los Estados miembros, básicamente el italiano
y el alemán dictaron sentencias donde dijeron que esto no les parecía
una una buena idea.
En el año 73 el Tribunal Constitucional italiano,
la sentencia del asunto fronting 183, 73 luego el alemán,
la sentencia de 29 de mayo de 1974,
la sola uno que dijeron los Tribunales Constitucionales
que ellos iban a tener la última palabra,
el derecho de supervisión último sobre las normas comunitarias,
igual que lo tenían sobre las normas nacionales,
porque su obligación era proteger los derechos de sus ciudadanos,
recogidos en las constituciones nacionales, y entendían que ellos,
a través de su sistema nacional, odian ofrecer una protección mejor,
más intensa que esa vaga idea.
Qué estaba planteando el Tribunal de Justicia?
Esa idea tan tan abstracta, tan falta de referentes normativos
que estaba planteando el Tribunal de Justicia
y que, en última instancia,
si lo estoy, estos tribunales constitucionales
decidían que una norma europea vulneraba un derecho,
iban a determinar su inaplicación y lo que dijera los tratados
les vendrían dando básicamente igual.
Por tanto, ya en el año 73,
74, 10 años después de banquer y de costa en el Tribunal,
hay órganos jurisdiccionales nacionales
que están poniendo en duda ese principio de eficacia
y ese principio de efecto directo, y lo están poniendo en duda en nombre
de la protección de los valores máximos de sus sistemas
constitucionales, que son los derechos que tuvo
que hacer el Tribunal de Justicia,
pues de alguna manera adecuar su jurisprudencia,
concretar un poquito más su su jurisprudencia
para transmitir la idea de que luego su tarea
como protector de los derechos y va a ser como poco igual de buena
que la que llevaron a cabo los Tribunales Constitucionales
Nacionales o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
, sí tendríamos la sentencia del segundo asunto
no, y también los asuntos reutiliza 74, 75 79.
Los años, como digo, donde ya las instituciones estaban empezando
a hablar un poco más en serio sobre cómo integrar
o cómo respetar los derechos en el ámbito europeo,
no.
Lo que hizo el Tribunal de Justicia básicamente fue concretar
qué era eso de las tradiciones constitucionales comunes.
Los derechos reconocidos por las constituciones
de los Estados miembros y los que pudieran derivarse
de los tratados internacionales timing
Joubert, dice o viene a decir que un derecho,
la composición del contenido del derecho puede estar basada
o estará basada en lo que dice el Convenio Europeo de Derechos Humanos
,
que más o menos se acabará inspirando tanto en las lo
que dicen las constituciones y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos
, es decir, el parámetro común para todos
los Estados miembros, a fin de cuentas en la materia
a la hora de determinar la noción de un derecho,
el alcance de un derecho, el nivel de protección de un derecho,
pero no dejan de también lanzar su pequeña puya
a los tribunales italiano y alemán,
diciendo que las normas constitucionales,
por mucho que compran una función integradora
de este concepto comunitario de derechos,
por mucho que se utilicen como parámetro de referencia,
que no vinculante sino referencia de su tarea.
Ningún caso las va a convertir en derecho comunitario
y, por tanto, en ningún caso.
El Tribunal de Justicia va a estar vinculado por lo que dijeran
ni los Tribunales Constitucionales
Nacionales ni el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
en última instancia,
por tanto si se van a inspirar en ellas,
pero el tribunal sigue siendo autónomo y libre
para definir la protección de cada derecho,
esto parece que le sirve por lo menos al Tribunal Constitucional alemán,
porque ya en el año 86 en solo dos vino a decir
que bien bueno en la medida en que el sistema comunitario
de protección de derechos permitiera una protección suficiente equiparable
de los derechos a la que realizamos
los Tribunales Constitucionales Nacionales y el en concreto,
pues bueno, lo aceptaría, aceptaría no entrar a valorar la aplicabilidad
o no de las normas comunitarias en función de los propios parámetros,
pero en la misma sentencia del Tribunal
dice que si en algún momento detecta que el Tribunal de Justicia
está aplicando un estándar de protección menor,
volverá a considerarse capacitado para inaplicar o valorar por lo menos
las normas comunitarias conforme a los propios principios
y derechos constitucionales.
El Tribunal Constitucional italiano también respondió más
con el sentido de.
Si aceptamos esto, aceptamos la solución,
aceptamos de lo que propone,
es tal y como lo has explicado ahora,
pero nos mantenemos siempre.
Nos vamos a seguir manteniendo alerta.
La realidad es que ya con todo esto, como digo,
es pura construcción jurisprudencial del Tribunal de Justicia.
Sin ningún tipo de base normativa.
Lo que hizo el tribunal es incorporar a a su repertorio argumental
una materia, estaba tradicionalmente reservada a las normas nacionales
y lo hace pues bueno, como ya he dicho,
atribuyéndose asimismo, no solo la competencia,
sino la determinación del alcance de la propia competencia,
a falta de norma escrita.
Es el propio tribunal que va a decidir,
que protege cuando lo protege y cómo lo protege,
en función de que en función de las necesidades del caso,
con lo cual aquí ya tenemos seguimos.
Esa ya empieza a esas dudas.
Ya pueden empezar a plantear nuestras dudas.
Las necesidades del ordenamiento europeo.
Lo prioritarios.
Protege el derecho, lo prioritario
es proteger la eficacia del ordenamiento europeo.
Ya en aquel momento podíamos dudarlo y, como digo,
es algo que podemos debatir o que es una cosa un debatido,
incluso había a diario porque ya ha dicho el tribunal
se iba a inspirar las tradiciones constitucionales comunes
se va a inspirar el Convenio Europeo de Derechos Humanos
, pero inspirarse, no es estar vinculado,
no es estar obligados un uso referencial,
uso referencia al que además era ajeno
a cualquier tipo de fiscalización.
Si los Tribunales Constitucionales Nacionales no podían va red
enjuiciar el, el examen del Tribunal de Justicia
de las comunidades europeas.
La Europeo de Derechos Humanos tampoco,
si este determinaba determinaba una de una cierta solución
para un conflicto entre una norma comunitaria
y un derecho
y entendía que el derecho debía ceder nadie en ningún Estado.
Podía oponerse, en principio por los precisamente
por aplicación de la primacía.
El efecto directo la realidad es que el tribunal
estaba estaba auto atribuyéndose de una competencia muy invasiva,
como digo, incontrolable incontrolable permanente,
conflictos, donde sí se decía que el Convenio Europeo de Derechos Humanos
sería una fuente de inspiración
para determinar el alcance de los derechos que eso no suponía.
Integrar el Convenio Europeo de Derechos Humanos
ni vincularse al Convenio Europeo de Derechos Humanos
.
Por tanto, esa relación con las comunidades europeas,
con el convenio de Roma,
no se nos resolvía a quién no se pudo vincular de manera efectiva
en el proyecto de construcción política,
no se resolvía tampoco en este momento.
La realidad es que, como ya he dicho,
este esta labor pretoriana.
La doctrina llama pretoriana implicaba que el tribunal
estaba asumiendo una tarea propia de un Tribunal Constitucional
tal y como se configuran en la posguerra,
pero la realidad es que no lo era.
Era un tribunal pensado para resolver conflictos de competencia,
quita y resolver que asuntos con naturaleza más administrativa,
que constitucional.
Por tanto, un tribunal que no estaba configurado
para resolver esta clase de cuestiones,
ni por procedimiento ni por sistema de organización
y aun así lo hizo y así estuvo haciéndolo
mediante este sistema que, como digo,
consiste básicamente en voy a hacer lo que considere
cuando considere como considere hasta los años 90 hasta los años 90,
cuando en 1992
Tratado de la Unión Europea, pues ya se proclama,
se consagra la idea de ciudadanía de la unidad.
Quién añade la unión que implica ya ciertos derechos?
Habrá menos ya de libertad de circulación,
libertad de residencia, los derechos de lector
y elegible en las elecciones municipales,
la protección diplomática, el derecho de petición,
hecho de acudir al defensor del pueblo
y, sobre todo, porque el artículo f dos del tratado de la Unión,
la proclamava, el respeto de los derechos,
tal y como se garantizaban el Convenio Europeo de Derechos Humanos
y como resultaran de las tradiciones constitucionales
de los Estados miembros como principios generales
del derecho comunitario.
Es decir, el artículo.
F dos del tratado de la Unión Europea,
tal y como se firma 1992.
Lo que está haciendo
es positivizar la doctrina del Tribunal de Justicia,
la protección de los derechos es un principio general
del derecho comunitario.
Ahora ya si existe a partir del año 92
la idea de principio general del derecho comunitario
como fuente es un principio cuyo contenido
se va a integrar conforme a esto, que es exactamente
lo que dicen esas sentencias del Tribunal de Justicia
posteriores a 1969, ya está positivizado.
El método Pretoria no ya tiene una base normativa
a partir del año 92,
pero claro, esto no alteraba la base competencial.
Las la ya Unión Europea, seguía sin tener competencia material
para regular los derechos de los ciudadanos.
No estaba dentro de las competencias,
no estaba atribuido por los Estados.
El principio de atribución obligaba a entender
que no podía abordar esta cuestión en todo caso,
y aunque el Tribunal de Justicia ya ya tuviera base normativa
ya no fuera todo una invención
sino que eso está ya en el derecho originario,
si yo una jurisprudencia básicamente continuista,
principio general,
determina el contenido del derecho a partir de,
sobre todo en una época posterior.
Las tradiciones constitucionales comunes
se va olvidando un poco del Convenio Europeo de Derechos Humanos
y del, y de otros tratados internacionales,
que en las sentencias iniciales todavía mencionaba empieza
a reconocer eso sí la existencia
de que pueda existir alguien por la eventual existencia
de conflictos indirectos entre una libertad económica
y un derecho fundamental, pero conflicto indirecto,
es decir,
tiene que haber algún principio de derecho comunitario
que permita invocar al derecho para entender
que eso existe y para poder enjuiciar el el alcance
de la obligación comunitaria.
Esto sobre esto ahondaría más más tarde el tribunal,
y, sobre todo, en el año 96.
Ante la primera iniciativa seria de adhesión
de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos
, el Tribunal de Justicia realiza un dictamen en el 2, 94,
donde básicamente dice que la adhesión
no es posible porque la Unión Europea no tiene competencia específica
sobre la materia.
No se puede firmar,
no podían firmarse el tratado, el Convenio Europeo de Derechos Humanos
.
Por qué no se puede regular la materia?
No hay competencia.
Claro, esto no deja de ser un poco paradójico.
La Unión Europea no tiene competencia.
Sobre la materia, derechos fundamentales,
pero, sin embargo tú llevas desde el año 69
dictando sentencias utilizando esta competencia.
Es decir, las instituciones políticas
no pueden hacer lo que tú has venido haciendo,
no pueden usar la competencia que tuvo.
Te has estado autoatribuí huyendo desde el año 69
desde una lectura estrictamente literal
de los tratados, es verdad, la Unión Europea ni tenía
ni tiene competencias sobre la materia,
pero entonces eso habría sido implicaba en el fondo,
discutir su propia su propia doctrina,
pero, como ya he dicho, no hay nada por encima del Tribunal de Justicia;
a veces el Tribunal de Justicia se parece que está incluso por encima
del derecho.
En algunas, en algunas cuestiones o con algunas interpretaciones.
Con el tratado de Ámsterdam ya nos vamos unos años
después se habla ya no de principios generales
sino del respeto de los derechos como un principio de funcionamiento
de la Unión y sobre todo, que el artículo 46.
B del tratado de la Unión tras Auster reconoce expresamente
que los derechos son un parámetro de validez
de la actividad de las instituciones.
Ahora sí ya se reconoce, ya no solo son un principio general
cuyo respeto debe garantizarse;
ahora son un parámetro de validez,
pero siempre y cuando exista una competencia material
para que el tribunal pueda intervenir sobre la materia,
no puede ponerse a enjuiciar a partir de derechos
cualquier cosas,
simplemente cuando exista una base material,
de alguna manera se puede ver que el derecho originario,
poco a poco, va recogiendo, consolidando y positivizando
lo que ya hacía el el tribunal.
Pero, claro, evidentemente,
después de que el Tribunal de Justicia
dijera que no se podía firmar el Convenio Europeo de Derechos Humanos
, ya de alguna manera explota una cuestión que estaba de fondo,
que es la adecuación de la norma comunitaria
a las obligaciones del convenio de Roma,
porque si los Estados están obligados a cumplir el derecho comunitario,
pero también están obligados en relación al Consejo de Europa
a cumplir con el Convenio Europeo de Derechos Humanos
y con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
.
Evidentemente que había un punto de conflicto, punto de conflicto
que de alguna manera destapa el Tribunal de Estrasburgo
no el Tribunal de Justicia, con el primero la sentencia más,
y luego lo recoge lo incidiría en ello.
En vos, foros y en la sentencia emisión de 2012 la sentencia más iba
sobre la aplicación de la normativa al lección
la normativa electoral al Parlamento Europeo
lo que viene a decir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
es que el protocolo número uno del Convenio Europeo de Derechos Humanos
era aplicable a las elecciones,
al Parlamento Europeo y, por tanto,
al ser aplicable a las elecciones al Parlamento Europeo.
tenía capacidad para controlar la adecuación del derecho comunitario
a través no directamente como norma comunitaria,
sino a través de la aplicación que hacían los Estados,
porque, claro, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
no puede controlar la aplicación que hacen
las instituciones comunitarias,
pero sí que puede controlar toda actividad que realizan
los Estados aplicando normas nacionales
o aplicando normas europeas.
Por tanto, resulta que el Tribunal de Estrasburgo
proclama que puede controlar el derecho comunitario en el momento
en que los Estados lo lleven a la práctica,
porque entonces es una actuación nacional,
incluso incluso esto es algo que se vivía ya en miso cuando los Estados
carezcan de cualquier margen de apreciación
o cualquier capacidad de modulación de esa norma comunitaria.
Por tanto, si bien en principio
solamente podría entrar, dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
que solamente entrará a analizar la la idoneidad
de la norma comunitaria.
Cuando entienda que la Unión Europea,
el sistema de protección de la Unión Europea,
no otorga una protección equivalente a la suya equivalente,
no igual equivalentes.
El término también es el propio Tribunal de Estrasburgo
el que va a decidir cuando esa protección
es equivalente,
y cuando no les leo lo que es lo mismo,
el decidir libremente cuando entra o no
a enjuiciar una norma comunitaria en el momento de ser aplicada
por los Estados.
Evidentemente, las posibilidades de conflicto entre tribunales
eran, eran muy altas.
Ese conflicto todavía no ha explotado,
no ha explotado con toda su intensidad,
pero la realidad es que puede hacerlo.
En cualquier momento, el momento en el que el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea decida o interprete que quieren reducir,
la o en un derecho, tiene que tener una producto,
una protección menor en nombre de lo que sea.
Pues bien, podemos entender que esta época
en la que básicamente la jurisprudencia es continuista,
se va positivizando poco a poco.
La doctrina del tribunal llega hasta 2001
llega hasta el de hasta que se aprueba la carta,
la carta de derechos fundamentales de la Unión
en aquel momento sin eficacia vinculante,
con lo cual es simplemente un texto de referencia,
pero ya el Tribunal de Justicia
poco a poco empieza a ver en la carta,
incluso antes de que entre en vigor una base normativa
en la que apoyase.
Ya se olvida de las tribus, de las tradiciones,
nos olvidan, pero deja un poco de lado
las tradiciones constitucionales comunes,
la jurisprudencia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
, y ya cuando habla de derechos habla de los derechos,
de la carga y de cómo interpreta los derechos
de la carta que se inspirarán otras cosas con otra.
Pero ya son ya su declaración de derechos
y en su actividad de interpretación de su declaración de derechos.
Eso se llama en esta época y sobre todo a partir de 2008
una fase de activismo constitucional.
En principio no se habla mucho, sí que ya en el año 2002
entiendo del ver en el tribunal
entiende por primera vez que puede haber un conflicto
entre una libertad económica y ciertos derechos,
y hay una vez una ponderación.
Además no ponderación muy curiosa, porque en esta sentencia del Tribunal
viene a decir que puede haber dos niveles de derechos fundamentales,
unos que tienen que estar protegidos al máximo nivel
y de manera incondicional
y otros que pueden ceder en función de la libertad económica
o de la obligación comunitaria concreta.
Tampoco es que se especifique mucho cuáles son unos
o cuáles son otros, como muchos me la jurisprudencia del tribunal
todo está un poco en el aire.
No todo parece un poco ambiguo.
En esta sentencia de 2006
por primera vez se menciona la carta en la fundamentación de una
de una norma.
La fundamentación de una sentencia donde se establece debatía la nulidad
de una de una norma europea no de manera vinculante,
simplemente de manera tangencial
no es determinante a la hora del modelo del fallo,
pero sí que por lo menos es la primera sentencia
donde el tribunal dice.
Hay una carta de derechos fundamentales
de la unión que hay que hay que por lo menos hay que tener
la saber que está ahí y no sería hasta las sentencias
de los asuntos Viking Lavall en 2007,
donde por primera vez se invocan preceptos concretos
de la Carta 2007.
Todavía no tiene eficacia vinculante,
pero no, no se invocan para hablar de derechos y para hablar
de la protección de derechos,
sino que se invocan precisamente para recurrir al artículo 28
hacer valer los límites,
que la carta recoge expresamente a el derecho
a adoptar medidas de conflicto colectivo
como forma de justificar precisamente la limitación de esos derechos
a partir de ciertas necesidades económicas.
Por tanto, el hecho de contar con una carta no implicó ya de inicio
ni una salvaguarda incondicionada de los derechos,
ni una priorización absoluta de los derechos.
En los juicios de ponderación cuando entran en conflicto
con otros principios otros objetivos del derecho comunitario,
es decir la carta se tiene en cuenta la única vez antes de 2008,
que la carta se tiene en cuenta de una manera más más fehaciente
y más efectiva es justamente para hacer valer las limitaciones
y no la protección del derecho hasta que llegamos a sentencia.
La sentencia cada uno es que se tiene como el gran hito,
donde el tribunal utiliza por primera vez esa el lenguaje,
ese simbolismo constitucional,
porque habla de garantía constitucional
y utiliza este término garantía constitucional
a través de la protección de los derechos.
El tribunal dice que es competente
para controlar la legalidad de todo acto comunitario
desde el punto de vista de los derechos,
que forman parte integrante de los principios generales
del derecho comunitario;
por tanto va a controlarlo todo.
Ya no necesita una competencia material,
ya no necesita vincular la protección del derecho a una base material,
a partir de ahora toda actuación de las instituciones europeas
va a ser enjuiciada desde el punto de vista de su compatibilidad
con los derechos.
Por tanto, son un criterio de validez y como tales,
como ya he dicho, una garantía constitucional claro,
esto justificado justificaron la esa idea precisamente de autonomía
del derecho comunitario y de protección de esos bienes
de determinados bienes, que son los derechos que conforman el acervo
como, por tanto, el Tribunal de Justicia
en la sentencia Cadí se erige se autoriza autoproclaman ya,
como el principal encargado de valorar la compatibilidad
del derecho de la unión con los derechos fundamentales,
con los derechos de la Carta 2008 todavía no está en vigor.
La Carta no está en vigor con eficacia vinculante,
porque el tratado de lisboa
todavía no está en vigor cuando se dicta la sentencia,
a partir de aquí podríamos pensar que el Tribunal de Justicia
ha asumido que los derechos son una prioridad.
Ha asumido un compromiso claro con la protección
incondicionado de los derechos y que, por tanto,
ofrece ciertas garantías de que no ya formales,
no ya jurídicas, que más o menos las va teniendo,
sino un compromiso desde el punto de vista subjetivo
con la importancia de los derechos.
Eso es lo que se podría pensar.
Haciendo una lectura benevolente.
Una lectura optimista de la sentencia cal
y ahora veremos que quizá las cosas hayan ido por otro lado,
que no está tan claro que vayan por este ya
con de con el tratado de lisboa,
y ya con la carta en vigor, con fuerza vinculante,
los derechos ya quedan plenamente garantizados al al orden,
quedan plenamente integrados en el derecho comunitario,
en principio solamente cuando se aplique derecho comunitario
o esas en teoría, el alcance inicial de la carta,
pero al mismo tiempo se consolida el método de trabajo del tribunal
y se consolida el amplio margen controlado,
margen de actuación de actuación que tiene,
porque, claro, el tribunal, todo esto plantea
una un marco de relación nuevo y diferente
entre el Tribunal de Justicia y los sistemas nacionales.
Es un marco de relación
en el que existe una gran conflictividad en potencia
y en el que va a hacer que el principio de primacía
porque, no olvidemos el Tribunal de Justicia
declara su compromiso con los derechos.
Declara que quiere defender los derechos que va a vigilar
los derechos, pero también declara,
al mismo tiempo que él se tiene que encargar de asegurar la primacía
y la eficacia real del derecho comunitario,
con lo cual se está siempre esa doble,
esa doble dicotomía, lo cual, pero con esa dicotomía,
cuál de estas 2, cuál de estos dos principios
va a ser prioritario, cuál va a ceder ante cuál y en qué momento
el Tribunal Constitucional Nacional en teoría lo tendría
que tener claro.
Los derechos son normas constitucionales.
Por tanto,
ante la duda siempre prima el derecho ante la eficacia de la norma,
pero otra cosa es que el Tribunal de Justicia,
pues lo tenga no tenga en cuenta, sobre todo teniendo en cuenta
que no está claro cuando el tribunal se pone a interpretar derechos
o a determinar el alcance de derechos juicio normas comunitarias,
cuáles españoles se les cuál es su espacio
y cuál es el espacio de los Tribunales Constitucionales
Nacionales.
Puede haber o no contra límites?
Tendría algún sentido plantear contra límites,
porque al final nos estamos moviendo en el terreno
de un exceso competencia, y ahora veremos.
Ahora veremos por qué el la realidad
es que justamente a partir de todo esto
es cuando se empieza a hablar del diálogo entre tribunales,
del diálogo entre tribunales para conformar el alcance
de los derechos del derecho comunitario.
Seamos realistas.
Diálogo entre los tribunales, tribunales ha demostrado
ser un monólogo del Tribunal de Justicia,
que los demás se ven obligados a escuchar, y punto si es
el Tribunal Constitucional Español escucha y más o menos acata, si son
los Tribunales Constitucionales italiano o alemán
a lo mejor no acatan tanto.
En cualquier caso, ahora ya con la carta
lo que tenemos son es que el Tribunal de Justicia
ha desarrollado una labor constitucionalizada ahondado
en su tendencia a realizar mutaciones constitucionales
utilizando claro ahora sí ya la carta como parámetro,
y a través de los procedimientos normales de control
de los actos de las instituciones,
sí que, sin haber un procedimiento específico de garantía de derechos
de los ciudadanos ante el Tribunal de Justicia,
su método de análisis sigue siendo casuístico.
Las sentencias siguen siendo impredecibles,
pero ha ahondado o ha aumentado su jurisprudencia al respecto.
Por ejemplo, en algunos casos hay casos importantes.
Las sentencias que en 2010,
donde se utiliza la carta para valorar
estos estos dos reglamentos visitar recaer,
lleva a que se utiliza.
También se hizo como parámetros de validez.
En este caso.
La conservación de datos.
El error constitucionaliza ante alcanzó también un luego
una cuota particularmente alta en la célebre google spain.
El Tribunal de Justicia no es que interprete lo el derecho
a la privacidad de la carta, es que se inventa un derecho nuevo.
Tenemos un tribunal administrativo, inventándose un derecho fundamental,
con efecto vinculante para toda Europa,
que tener en cuenta lo que significa.
Esto lo crea ese derecho al olvido en internet que luego han ido
a acogido tanto cogiendo luego las normas nacionales.
Bueno, son distintas sentencias en los que ya utiliza la carta
como parámetro de validez, incluso muy en muchas ocasiones
para anular normas por vulnerar derechos fundamentales,
aunque no siempre el asunto le advierta,
y sin de 2016.
Es un ejemplo de la paradoja en la que puede,
en la que puede incurrir el tribunal,
porque aquí por una parte dice.
La carta es también un parámetro de validez
de los actos de las instituciones de la Unión
que estén ajenos al marco jurídico comunitario.
En este caso se trataba de las normas
sobre el mecanismo de estabilidad financiera,
por tanto, dice también lo que hagan las instituciones fuera del marco
del derecho comunitario basándose en otros instrumentos.
También tienen que cumplir con los derechos de los ciudadanos,
pero al mismo tiempo dice la norma.
El.
El restricción operada en este caso concreto
fue sobre el derecho de propiedad.
Es legítima porque sirve para un objetivo que prima
sobre la garantía del derecho de propiedad,
que en este caso era la estabilidad del sistema bancario de la eurozona.
Todo tiene que respetar los derechos,
pero luego yo veré a ver si el derecho
es lo suficientemente fuerte o lo más fuertes.
El otro principio me voy a basar en los derechos
todo lo voy a argumentar a partir de derechos,
pero luego ya veré qué alcance en concreto le doy a cada derecho,
y luego tenemos el segundo dictamen, los 13 del año
2014 sobre la eventual adhesión al Convenio Europeo de Derechos Humanos
.
En este caso, diferencia de lo que pasaba en los años 90
tenemos que el artículo sexto, seis punto dos
del tratado de la Unión, obliga a la Unión Europea
a adherirse al Convenio de Roma.
La propuesta se le somete al tribunal que tener en cuenta los años 90
no se le planteó una propuesta formalizada,
sino simplemente una.
Se hizo una consulta sobre la posible.
Aquí se le pide que valore una propuesta concreta y bueno,
más allá de diversos diversos, diversas pegas de tipo formal
o de dudas,
que plantea sobre articulación de algunas cuestiones,
lo que viene a decir que es que reconocer
cualquier tipo de competencia a sobre las actuaciones comunitarias
a un ente externo a la Unión Europea,
Tribunal Europeo de Derechos Humanos iría en detrimento
de la posición de privilegio que el propio tribunal
ha construido para asimismo.
Y qué considera evidentemente un ámbito exclusivo de jurisdicción?
Porque viene a decir que cualquier intervención
del Tribunal de Estrasburgo sobre los asuntos
en los que se aplique derecho comunitario
afectaría a la preservación de las características específicas
del derecho de la Unión y, sobre todo,
no lo disimula sometería a sus decisiones jurisdiccionales.
A un mecanismo de control externo eso incluiría,
evidentemente cualquier sentencia en la que interprete el alcance
de un derecho, porque esto lo considera una competencia propia,
es decir, Tribunal de Justicia.
La Unión Europea se considera a día de hoy el juez Supremo de Europa
en materia de derechos.
Otra cosa es que no pueda ejercer lo siempre que considera,
pero cada vez que tiene ocasión lo hace
y desde luego se considera que aquí no quiere.
Lo último que quiere es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
revise su jurisprudencia, porque si en algún momento
el Tribunal de Justicia de la Unión entiende que un derecho
tiene que ceder ante una obligación comunitaria
para garantizar la eficacia del derecho comunitario,
lo último que quiere es que luego venga el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos para decir que eso no puede ser,
así que lo que hay que hacer es proteger el derecho,
como muy probablemente concluiría el Tribunal Europeo
si entrar a valorar sentencias como las que vamos a ver ahora.
Por tanto, como ya he dicho,
una situación conflictiva no solo con el Tribunal de Estrasburgo,
también con los Tribunales Constitucionales Nacionales,
una situación en la que en cualquier momento
podemos volver a doctrinarios contra límites de fronting,
de Solans, sorprendente es que no hayamos vuelto ya hecha,
precisamente a partir de tres sentencias que son esenciales.
Por una parte me lo ni lo ni, ya que son del mismo vía,
muy importantes, pero, sobre todo,
estas dos puestas en relación con la tercera sentencia
y con la que es verdaderamente perturbadora, que está Arico,
vamos primero con menor en la sentencia
me lo ni pero, sobre todo, en aquel ver, porque al final las famosas
me lo ni pero el la afirmación verdaderamente extraña,
o la afirmación verdaderamente compleja
está en la sentencia que ver dónde.
El mismo vía, sobre el tema más bueno asimila,
lo que viene a decir es que el estándar
de protección nacional, como un Tribunal Constitucional Nacional
intérprete que es un derecho que protege un derecho,
y cuando tiene que ceder un derecho, no puede afectar al nivel
de protección previsto por la carta bueno
vale teoría hay un principio de mejor estándar pero bueno
entender si entendemos que la carta a proteger igual,
esto tendría lógica,
pero no puede afectar al nivel de protección de la carta,
según su interpretación por el Tribunal de Justicia.
Es decir, no es que un tribunal constitucional
no pueda proteger menos un derecho de lo que lo protege la carta obvio,
sino que no puede protegerlo de manera diferente
a como el tribunal.
Entienda que tiene que ser interpretar
o lo que es lo mismo.
Yo soy Tribunal de Justicia, la Unión Europea,
que dice que es cada derecho, y en eso voy a tener en cuenta
no solo el contenido del derecho, no solo lo que significa el derecho,
sino que lo voy a hacer.
En relación a la primacía,
la unidad y la efectividad del derecho de la Unión,
la efectividad de la norma en ningún sistema constitucional
es un parámetro para reducir la eficacia de un derecho.
En principio la carta solo
se aplica cuando se aplica derecho comunitario,
con lo cual esta doctrina la podemos reducir a los casos
en los que se aplica derecho comunitario.
Todavía podríamos justificar en la interpretación
del Tribunal de Justicia pueda ser vincule,
necesariamente vinculante y deba anteponerse
a la a la que hagan los tribunales nacionales,
los Tribunales Constitucionales conflictivo, dudoso delicado,
pero todavía podríamos sostenerlo.
El problema es lo que dice la sentencia,
que al ver que esta idea
de que los derechos de la carta los va a interpretar el Tribunal
y que esto va a ser el nivel de protección de allí da igual
que sea mayor igual o menor que el de los Tribunales Constitucionales
porque, si es mayor, no hay problema.
El problema es cuando sea menor.
También se tiene que tener en cuenta cuando la acción de los Estados
no esté totalmente determinada por el derecho de la Unión.
Cuando escaso, en el que los tribunales nacionales
podrán aplicar estándares nacionales,
siempre y cuando no afecten a la privacidad,
la unidad a la efectividad y a la interpretación
que el Tribunal de Justicia haga de la carta,
es decir, no solo cuando apliquen normas comunitarias
en cualquier aspecto de tu vida,
cuando si tú decides Tribunal Constitucional
tiene un determinado derecho, tiene una determinada esfera de protección
y esa esfera de protección afecta de alguna manera
aunque sea tangencial, a la eficacia de una norma comunitaria,
y aunque lo que estáis tratando
no sea el desarrollo de la norma comunitaria,
y yo decido que eso no es así; yo decido Tribunal de Justicia,
aunque eso no es así; Tribunal de Justicia tiene
que adaptar su doctrina a lo que yo diga,
y esto no es diálogo, esto es jerarquía
entre Tribunal de Justicia en me lo ni en aquel ver,
estaba declarando su jerarquía absoluta
sobre los Tribunales Constitucionales Nacionales en materia de derechos
y no solo en el momento de valorar o enjuiciar desarrollos
de derecho comunitario sino en cualquier caso
y en cualquier condición volvemos a relevantes
si la protección dispensada por el ordenamiento comunitario
es igual o superior o la interpretación que hace
el Tribunal de Justicia.
Un derecho de la carta viene a ser la misma que haga
el Tribunal Constitucional de turno.
En cuanto al alcance o el nivel de protección del derecho,
no hay problema,
pues lo que dijo el final última Constitución alemana;
solo 2; mientras sea igual, el problema
es cuando el Tribunal de Justicia
decide que un derecho tiene que ser más restrictivo
que lo que dice un tribunal constitucional, que es lo que sucedió
en la sentencia tan ico en relación al principio de legalidad
de la potestad sancionadora.
Ahora especia tan ico lo que vino a decir
es que mi interpretación como Tribunal de Justicia
de la norma, del este principio de legalidad
afectaba evidentemente al derecho; es más reducida, claro;
un Tribunal Constitucional en este caso el italiano
y por tanto la que se aplica es la mía,
es lesivo para el derecho.
Si protege menos, el derecho sí;
pero es que si no lo hago así no garantizo la eficacia
del derecho comunitario y la eficacia del derecho comunitario
es más importante que la protección del derecho.
Esta es la conclusión de tarifó.
Evidentemente, esto hacía saltar por los aires
toda la toda la presunción que se tiene de protección
en la Unión Europea y justamente lo que hacía era exaltar
era hacer saltar también todas las alarmas sobre el hecho
de que tenemos un tribunal que sea autoatribuí de esta competencia,
que la está ejerciendo por encima de la literalidad
de la carta, que ha reinterpretado su conveniencia,
el la cláusula de mejor estándar,
y que no tiene nadie, por encima que lo corrija.
Con lo cual, si mañana el tribunal decide que un determinado derecho
no protege una cosa y los Tribunales Constitucionales
o las propias constituciones lo han estado haciendo,
cómo podemos reaccionar?
Cómo protegemos a los ciudadanos?
Al final, si aquí lo único importante es
la eficacia de la norma comunitaria, diga lo que diga
y sea cual sea su consecuencia, evidentemente, con Arico,
ofrecía un panorama bastante desalentador
y hacía saltar dudas al final sobre cuál era la verdad,
no habló cuál era, lo cual seguía siendo la verdadera intención
del Tribunal de Justicia, es decir,
por qué entró a entro a considerar los derechos como parte
del acervo comunitario simplemente para cubrirse las espaldas,
simplemente para mantener las apariencias
o porque verdaderamente quería proteger.
Los editores era una maniobra
para justificar la eficacia del derecho comunitario
y esa es su única prioridad,
o verdaderamente hay un compromiso real
en esas estamos quienes estábamos en esas estamos realmente
porque si bien es cierto que la sentencia emea ese mueve tan
dos como hace como momento 2017
parece que matiza, matiza un poquito esto
y viene a decir bueno, a ver si si cabe las excepciones nacionales
y no aceptar que sí que se podía invocables cláusulas nacionales,
las decepción nacional, la cláusula constitucional
que protege un derecho frente a la eficacia,
la norma si sería posible invocarla evidentemente
si no el se abría, evidentemente, el Tribunal Constitucional italiano
ya estaba, ya estaba poniéndose en alerta,
ya iba a volver a traerlos contra límites a colación.
Digamos que al reconduce la doctrina la matiza,
pero de una manera con la boca pequeña.
Es decir, si efectivamente aceptó la excepción nacional,
aceptó la regulación constitucional de este derecho.
Pero por qué está igual en la carta?
Qué pasaría si no estuviera igual en la carta?
Qué pasaría si no coincidiera con su interpretación?
Es decir, si una garantía constitucional
puede servir puntualmente para no cumplir una norma europea,
pero qué pasará cuando esa garantía
de construir lo que no ha sucedido hasta ahora,
qué pasará si esa garantía constitucional no coincide
con la garantía de la carta o no coincide con la lectura
el Tribunal de Justicia haga de ese derecho de la carta?
Bueno, lo sabemos, no lo sabemos, pero no podemos aventurar realmente
creo cuál puede ser la línea del Tribunal,
se aplica la doctrina tarifó tal cual volverá
a primar la eficacia del derecho si evolucionan esta línea,
en la línea de tarifó 2,
pues a lo mejor asume o a lo mejor es el propio tribunal
el que empieza a interpretar los derechos ya apegados
o sigue interpretando, los derechos de una manera
más apegada a lo que han dicho los Tribunales Constitucionales
Nacionales y la sentencia tan rico,
que era como una excepción en la que simplemente el tribunal se pasó
de frenada o quiso o quiso ser demasiado innovador.
Las sentencias posteriores sí que se puede apreciar a lo mejor
una cierta flexibilización,
pero, como digo, no del todo concluyente,
porque las la doctrina,
la jurisprudencia sigue estando demasiado vinculada
al caso concreto.
Por ejemplo, la sentencia coman de 2018 eso sí que utiliza la carta
y habla del la protección de los derechos de la carta
y utiliza los derechos de la carta,
precisamente como parámetro para decir
que un Estado no puede adoptar una determinada medida, por tanto,
en este caso utilizar los derechos de la carta
para hacerlos valer frente a la actuación del Estado,
que sería lesiva.
Lo que pasa es que sí que es verdad, es que en este caso
los derechos están alineados con un principio comunitario,
que es el de la libre circulación.
En este caso el derecho, el derecho sirve
a la realización del principio de libre circulación
frente a lo que pretendía el estado demandado, que era obstaculizar
esa libre circulación por una razón, discriminatoria.
Por tanto, aquí sí que es verdad que bueno, los derechos
no sirven cuando son un apoyo y van a ser utilizados
como un refuerzo, como un refuerzo material fuerte
de las obligaciones comunitarias de los principios comunitarios.
No sabemos qué pasará en contrario,
y en esta otra sentencia en la Liga de los Derechos Humanos
de 2000 veintidos viene a reconocer lo que sería un poco la doctrina
taric o 2,
que un Estado podría establecer limitaciones
a un derecho contemplado en la carta.
Ya no los establece, sino que admite en sentido contrario,
pero, en última instancia esas limitaciones
van a ser evaluadas por el Tribunal de Justicia.
Bueno, tu Estado pueden plantear un poco lo que quieras,
pero que sepa es que yo voy a venir a enjuiciar cosa
que puede tener sentido, porque estamos hablando de la carta.
La cuestión es si esa limitación afecta a un derecho de la carta,
pero no, no tienen relación con un ámbito material de acción
de la Unión Europea.
Si es así entonces es sentencia hágamelo ni doctrina meló
ni el tribunal.
Podría igualmente seguir valorándolo, con lo cual ahondaría
de alguna manera en esta sentencia en la Liga de los Derechos Humanos
ahondaría un poco también en esta idea
de de jerarquía y de imposición de su doctrina
en la materia en todo caso y condición,
o lo que es lo mismo.
El tribunal está atribuyéndole a la Unión Europea
la competencia material sobre la determinación del contenido
y alcance de los derechos de los derechos fundamentales
de los ciudadanos de la Unión, cuando eso ni está en los tratados
ni a día de hoy puede estar en los tratados,
con lo cual se está inventando una nueva mutación constitucional
más intensa aún si cabe que la que hizo el 69 en la materia,
cosa que no se termina de percibir, a lo mejor
quizá con la gravedad que tiene, con lo cual, o o los Estados
modifican los tratados o vamos a acabar teniendo
verdaderamente conflictos.
Conflictos considerables, porque antes o después el tribunal
volverá a priorizar una libertad económica o la simple eficacia,
la norma comunitaria sobre un derecho
de unos ciudadanos y entonces veremos a ver veremos a ver qué pasa.
La solución, evidentemente, sería constitución europea,
declaración de derechos, atribución al Tribunal de Justicia
de la capacidad para establecer doctrina vinculante
y fuera.
Otra cosa es que queramos que el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea establezca esa doctrina y cómo es compatible eso con el hecho
de tener otro tribunal que hace exactamente lo mismo,
que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
.
Por tanto,
tenemos un problema de compatibilidad entre sistemas jurídicos enorme,
que nadie se decide a abordar.
No hay ninguna intención de abordar, como bien sabemos,
desde Lisboa la integración está parada
y nadie está dispuesto a hacer ningún paso en ninguna
en ninguna dirección.
Dirección.
Reflexiones finales sobre todo esto,
si es que podemos sacar alguna reflexión de justicia
de la Unión Europea, a mi modo de ver personalmente
esta semana con alguna una conclusión
no del todo compartida por otros ponentes.
Se consigue autoatribuye.
Asimismo, la noción del Tribunal Constitucional
se considera asimismo el Tribunal Constitucional de Europa
ha construido, ha realizado una labor de construcción constitucional,
destinada a atribuirse asimismo la competencia sobre la materia.
Derechos fundamentales,
pero no tenemos claro cuál es su objetivo,
cuál es su verdadera intención al respecto,
al menos yo no lo tengo claro.
Qué quiere el tribunal, al atribuirse esta competencia,
garantizar los derechos de los ciudadanos
o asegurar que los derechos de los ciudadanos no van a interferir
en la aplicación efectiva de la norma comunitaria;
normas comunitarias que,
por otro lado y tampoco está mal de más decirlo, se elaboran
mediante un proceso decisorio que sí que ahora tiene ciertos
cierta legitimidad democrática a través del Parlamento,
pero no deja de ser un procedimiento decisorio opaco,
extraño, donde nadie sabe muy bien que quien pone
que cuando en cada norma, en fin,
sobre el que a ese hay bastantes dudas de encuentro,
la elaboración y, en última instancia en cuanto a la legitimidad
y si tenemos dudas sobre cómo se elabora la norma
y por qué se regula ciertas cosas de ciertas maneras
o cuáles son las prioridades reales de la Unión Europea.
Decir que los derechos fundamentales,
que son nuestro último bastión como ciudadanos,
no van a servir del límite ante esas normas
es poco menos que destruir.
Todo lo que ha sido la construcción constitucional
desde la segunda es después de la Segunda Guerra Mundial.
Por tanto, en esas estamos en una situación
cuya gravedad probablemente, como digo nos esté percibiendo
con la importancia adecuada dudas preguntas cuestiones inquietudes.
Podéis plantear lo que quiera.
Nada no nos asusta.
Esto los acabo de contar porque a mí me asustaría.
Sobre todo si lo ponemos en,
como he dicho en relación con otras, con otras cosas,
porque si analizamos la labor del tribunal de una manera aislada,
como un órgano aislado y demás,
pero, claro, si lo conectamos con otras, con otras cuestiones,
todas estas dudas, como digo,
de legitimidad que hay en la elaboración
y la actuación del derecho comunitario en la actuación
de las instituciones, esta duda permanente
que hay.
Pues la cosa se pone un poco, un poco turbia.
Bueno entonces creo que puedo explicar un poco
el caso práctico del caso práctico y no tiene mucha complicación.
De hecho, en el caso práctico
no, no voy a entrar en las últimas en las últimas sentencias sobre melón
y sobre tan ico botánico;
dos ahí escritos las páginas y y páginas
es muy curioso.
Cuando uno lee la doctrina sobre todas estas sentencias
de los últimos 10, 15 años del Tribunal de Justicia,
no hay dos personas que hayan entendido
lo mismo de la misma sentencia,
lo cual da ya da idea de la, de la ambigüedad
y de lo a veces tortuoso, que es leer estas estas cosas.
Cada uno interpretamos una cosa cada 1,
entendemos una cosa de la misma sentencia
y muy pocas, muy pocas veces
la doctrina coincide en teóricos y que había más
o menos coincidencias del riesgo que había todavía
y quién defendía que aquello no era así?
Pero bueno, el caso práctico lo que tienen básicamente
lo que se os pide es analizar pequeño comentario máximo dos caras,
una cosa breve también sino Román interina de uno medio.
12.
Comparar los argumentos que utiliza el Tribunal de Justicia
en en unas sentencias concretas que he mencionado
en el en el la exposición.
Por una parte, la sentencia del asunto,
no el del año 74 sentencia
o esos del 89.
Y luego cadi?
dos la sentencia, el asunto no digo uno sino cándidos
en el caso de Caídos, pues bueno,
pues a sentencia extensísima comparar el fiem, en concreto,
lo que dice entre los apartados 98 a 134,
con lo cual sería de lo que se trataría
es de bueno.
Comparar cómo intérprete, cómo aborda el con la cuestión
de los derechos, cómo los interpretan como los utiliza,
en qué se basa para poder utilizarlos.
Cuál es su argumento para poder emplearlos en tres sentencias?
Una de la primera época, una muy inicial,
otra dentro de la etapa proteccionista.
Claro, otra ya después del acta única,
pero antes del tratado de la Unión y ya caídos en de 2013,
ya con la Carta de los derechos fundamentales
en vigor sea simplemente por eso
tiene un comentario extraerlos argumentos,
buscar el el anclaje que utiliza el Tribunal
para poder recurrir a los derechos en cada caso
y comparar un poco la.
La solución.
Atrevéis el grado de protección, también compromiso con los derechos
que se puedan deducir de unas y de unas.
No.
Evidentemente, no voy a entrar en melón
y no voy a entrar en tariqa,
porque eso ya es entrar en una una complejidad
como digo como digo considerable.
Preguntas al respecto.
Comentarios de ese tiempo.
Aunque sea la hora de la crítica.
Bueno, pues entonces, si no hay ninguna pregunta,
entonces lo dejamos aquí poco más.
Entonces, por mi parte.
Muchas gracias por vuestra asistencia.
Muchas gracias por vuestra paciencia.
Espero que no resulte demasiado laborioso.
Entre el caso práctico y hasta la próxima ya luego
esta tarde, a partir de las partidas de las cuatro seguís
con el siguiente para siempre.
Muchas.
Muchas gracias a todos.
Quiénes.
Bueno, preocupante no, preocupante, no tiene por qué,
pero sí que sí que sí que os diría
que cuando aborde es el la Unión Europea
como tema del derecho comunitario.
En general se hay su un poco críticos, no, no,
aceptéis esta idea de la Unión Europea o el caos,
y es lo que sea, como sea,
con tal de que sea la Unión Europea.
Creo que también tenemos que ser exigentes
con cómo funciona la unión,
con cómo se hace el derecho comunitario
y cómo actúan las instituciones en general,
porque si no verdaderamente lo que podemos tener justamente
es un retroceso en lo que tendría que ser Juvé un una integración
pensada para el avance, que idealmente,
en sus orígenes se pensó como una forma de avanzar.
Justamente tenemos que evitar eso,
que sea un retroceso en los derechos,
en los derechos de que tenemos como ciudadanos,
que al final es lo único que nos queda frente
al poder.
Los derechos surgen como una forma de limitar al poder.
No tiene mucho sentido que el ejercicio del poder,
la norma pueda estar por encima de un derecho.
No sabemos muy bien por qué.
Por tanto, eso es lo que os diría, que seáis siempre críticos
cuando tengáis la Unión Europea adelante, no, para mal,
no para decir que la Unión Europea no merece la pena
o o la integración europea.
No es una buena idea, es una buena idea.
La cuestión es cómo se sea.