Buenas tardes.
Vamos a continuar con las sesiones del curso
-detrás de Justicia de la Unión Europea,
de los procedimientos antes de la justicia teórica y práctica,
la tercera edición de la escull y bueno,
como envíe, les envíe el calendario actualizado y inicialmente
estaba previsto otra ponencia,
pero que hemos tenido que trasladar de día.
Entonces lo que nos corresponde tratar finalmente,
hoy es la, la primera parte de la aproximación
a los procedimientos ante tomando justicia
en europea y, en particular,
voy a dedicarme a la, al control del de legalidad.
Tanto de las actuaciones de la Unión Europea
como de los Estados, las dos partes del control de legalidad
en la otra cesión, que abordaré sobre otros procedimientos,
pues en realidad es la segunda parte de esta de esta,
esta temática en la que abordaré otros tipos de procedimientos.
En la sesión anterior precisamente han visto uno de los procedimientos
un procedimiento específico que requiere un tiempo más profundo,
como es el del recurso de responsabilidad extracontractual
de la Unión Europea, al que me referiré muy brevemente
y que han analizado de forma muy pormenorizada
con el profesor Fernando Vall,
el y luego tienen otra sesión dedicada de forma específica,
al a la cuestión prejudicial por parte de la profesora
Blanca Cid, que que verán también en este caso jueves.
Por tanto, lo que es los procedimientos,
los procedimientos específicos los voy a excepción de ese,
ese procedimiento de responder a estar junta actual
y del procedimiento de la cuestión prejudicial,
los vamos a analizar en dos sesiones y las dos las voy a tratar yo.
Una en esta, que es el de control de legalidad
y otra dedicada a otros tipos de procedimientos específicos.
Hemos querido dar una profundidad mayor
o un mayor detalle, a la cuestión prejudicial
ya extracontractual por las particularidades que tienen,
y por 100 estrella y por 100 de responsable
extracontractual quizá es el menos conocido de todos.
Algunos de los que voy a tratar yo esta tarde son muy conocidos
sobre en particular el control de legalidad
de las de las actuaciones de los Estados miembros.
En realidad,
como ven aquí sí; si habláramos de control, de legalidad,
tendríamos que incluir tanto el control de las violaciones
de los Estados miembros a través del recurso por incumplimiento.
El control de las violaciones
o de legalidad por parte de las instituciones y órganos
de la Unión mediante recursos de anulación,
recurso, omisión la llamada excepción de legalidad,
aunque esto es una cuestión incidental,
y luego el control de responsabilidad extracontractual,
porque al final el contrarreforma extracontractual
está vinculada de alguna manera un control de legalidad
aunque sea al margen de los contratos.
Bien, como soy han lo han visto que vamos a dedicarnos
solamente al punto uno del punto 2.
De esa aproximación del control de legalidad.
Cuando hablamos del control de las violaciones
o del control de legalidad del derecho
de la de la Unión Europea,
tenemos que tener en consideración que estamos hablando
de un control de legalidad que se ejerce sobre la actuación,
sobre la actividad o bien de los Estados miembros
o bien de la de la Unión Europea.
En el caso particular de los Estados miembros
el instrumento que prevén los tratados para realizar
o ejercer ese control de legalidad es el recurso de incumplimiento.
Está regulado en los artículos 258
a 260 del tratado de funcionamiento la Unión Europea,
y por eso se suele hacer referencia a él,
como el el recurso de incumplimiento de un Estado en cumplimiento
de que incumplimiento, obviamente, del derecho de la unidad.
Eso nos plantea que tengamos que tener en construcción,
como vimos el primer día en la sesión introductoria en mente,
que estamos hablando de un ordenamiento jurídico jurídico
de la Unión Europea
es lo que se denomina derecho de la Unión Europea,
pero por el hecho de que la expresión que se utiliza para hacer referencia
al mismo derecho de la Unión Europea,
antiguamente derecho comunitario,
no deja de ser un ordenamiento jurídico
con las características específicas de un argumento jurídico
que ya preconizar aquí ya dijera.
Sandy, Santi, romano,
desde la perspectiva ordinamental lista
saben que hay discusiones sobre si es mejor una visión ordinamental,
lista del derecho a una visión normativista,
pero la, la, la concepción ordinamental
-ayuda a explicar a comprender más
por la las relaciones que hay dentro de un ordenamiento jurídico
entre los diferentes entre las diferentes fuentes del derecho
también saben que por fuentes del derecho ya fuente,
el derecho puede tener dos sentidos.
La fuente origen de la norma,
es decir, a el órgano del que emiten la prueba,
la norma del que se produce la norma,
que el órgano produce.
La norma es una fuente y el otro sentido.
En el sentido más formalista, fuente del derecho
es el instrumento en el que se plasma el derecho a sus fuentes
del derecho.
Por eso en derecho español
podríamos decir que es un fuente del derecho a las cortes generales,
porque elaboran y aprueban las leyes orgánicas
o podemos decir que también que la propia ley orgánica
es fuente del derecho.
Los reglamentos son fuentes del derecho también.
Es decir, en función de si utilizamos una perspectiva
formaliza una perspectiva materialista en cuanto al origen
de la del derecho,
hablamos de un tipo de fuentes en otros.
Lo más común, lo más habitual en derecho suele
ser que cuando hablamos de fuentes del derecho hacemos referencia
a la perspectiva formalista
y, por tanto, de expresión del derecho.
En cuanto a fuentes, cuando alguien pregunta
que cuáles son las fuentes del derecho,
pues hicimos la constitución es fuente del derecho.
La ley es fuente del derecho,
los reglamentos son fondos del derecho
y, como saben, pues los principios generales,
la jurisprudencia son fuente del derecho,
eso también es discutible,
pero cuando hablamos del derecho a la europea
hablamos de un ordenamiento jurídico y, por tanto,
hablamos de un argumento jurídico diferente,
distinto del ordenamiento jurídico español
que vimos en la primera sesión tienen grabada y accesible en Canal UNED.
Bueno, eso elemento jurídico.
Se rige una serie de principios.
Uno de ellos sería el principio de autonomía.
Por tanto, es una herramienta autónoma
y que tiene sus propias reglas;
a eso nos referimos con el derecho a la unió europea.
Ello no quita.
Uno excluye ese derecho de la Unión Europea
que esas normas que forman parte apartamento jurídico europeo
de la Unión Europea se incorporen desde la perspectiva interna
o del derecho interno al ordenamiento jurídico español.
En nuestro caso.
Por tanto, nuestro talento jurídico español
es un reto jurídico.
Con sus reglas se incorporan normas que se elaboran fuera
del ámbito jurídico español.
Por tanto,
son producidas por entidades externas al mundo jurídico español
y se incorporan al mismo como se incorporan de forma directa.
En el caso de los reglamentos europeos,
una vez se aprueban que tiene eficacia directa
o a través de una transposición en el caso una directiva,
una directiva europea se al grito jurídico española
tras una ley entonces, una ley orgánica,
en su caso a través de reglamentos, lo que sea en función del contenido
de la de la directiva en el caso del reglamento de forma directa,
aunque hay algunos reglamentos que pueden requerir de desarrollo
porque dejan mucho margen al derecho interno,
y entonces esas normas se incorporan al mundo jurídico español,
el control de legalidad que realiza el Tribunal de Justicia,
y eso es lo que por eso viene.
Esta explicación es el control de una eventual violación
que realiza en el caso del recurso incumplimiento un Estado,
o en el caso de una en el caso de los recursos de anulación
o misión, las instituciones europeas.
Por tanto, un montón de legalidad,
atendiendo a ese ornamento jurídico de la Unión,
que está basado como normas fundamentales
por los tratados actualmente tratado de la Unión Europea
y tratado.
Los funcionarios de funcionamiento, la Unión Europea,
con los diferentes protocolos, junto al resto de normativa,
es muy importante también que tengan en consideración claro
la perspectiva.
Por tanto, es tanto el derecho originario,
los tratados como el derecho derivado,
así como los actos vinculantes que existan.
Por tanto, es un control bastante bastante amplio.
Referido a ese ordenamiento jurídico,
expongo también también hay que tengo entre las normas internacionales
que obligan a la Unión
y la propia jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
Esto es importante tenerlo en cuenta,
porque desde la perspectiva del derecho de la Unión Europea
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia recuerden
que ya vimos esa triple naturaleza del Tribunal de Justicia,
y esta mañana además han de otra sesión referida a otro,
el de justicia, su naturaleza,
esa triple perspectiva del Tribunal de Justicia
como Tribunal Constitucional, como Tribunal Supremo
y como tribunal internacional.
La jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
Luego veremos cuáles son las consecuencias,
los efectos de algunas de sus sentencias que vinculan anta
en general como regla general, tiene eficacia erga omnes,
es verdad que algunos algunas sentencias no,
pero la regla general es que si tienen efectos
a daba un Lescure tanto vinculan a todos los Estados miembros
y a las instituciones de la Unión,
y, en ese sentido, si un Estado se apartara
de la jurisprudencia al Tribunal de Justicia
o una institución, se apartada de esa jurisprudencia
estaría incumpliendo el derecho de la Unión Europea
y, por tanto, en ese sentido sería susceptible de control
por parte del Tribunal de Justicia.
Por qué?
Porque en el derecho de la Unión Europea no hay duda
de que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia
es fuente de derecho.
Por tanto,
cuando hablamos de aquí de derecho de la Unión,
de qué hablamos?
Estamos hablando de todo el ordenamiento
de la Unión Europea.
Derecho originario, derecho derivado,
actos vinculantes de las instituciones, acuerdos,
normas internacionales que obliguen a la Unión
y las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea también
la jurisprudencia, excepto aquellas sentencias
que no tengan efectos.
Bien, ya entrando a diferenciar los los dos supuestos,
vamos a comenzar por el control de legalidad
de la actuación de los Estados miembros.
Por supuesto, no lo he dicho,
pero en cualquier momento pueden, por supuesto interrumpirme,
intervenir.
Si alguna cuestión no queda clara o quieren preguntar alguna cuestión
pueden hacerlo a lo largo de la exposición
o también al finalizar la misma.
Cuál es la legitimación activa para interponer
el recurso de incumplimiento contra un estado miembro.
Puedo hacerlo cualquier persona no, no lo puedo hacer.
Cualquier persona quien tiene esa legitimación activa,
la Comisión Europea,
que es la institución más protagonista de este mecanismo,
es la que habitualmente va a interponer este recurso
de incumplimiento y, de forma excepcional
el consejo de administración del banco europeo de inversiones,
el Consejo de gobierno del Banco Central Europeo,
en sus ámbitos competenciales.
Es verdad que también tienen esa esquema activa
los Estados miembros artículo 259 del tratado
de funcionamiento europea,
pero aunque con carácter general,
tanto la Comisión Europea como nosotros mismos
puedan interponer estos recursos de incumplimiento,
eso es muy excepcional en la práctica.
Un estado miembro interpone un recurso
de incumplimiento contra otro estado miembro seguramente
porque todos los Estados miembros,
por mucho que por mucho que traten de cumplir el derecho
de la Unión Europea de una forma adecuada,
pueden tener problemas en relación al derecho
de la Unión Europea.
Quizá por trasposiciones tardías,
una vez se ha cumplido el plazo de trasposición
de una directiva no se ha hecho, ya se está incumpliendo
en la práctica del derecho de la Unión,
pues son reacios a denunciarse entre sí
a través del recurso de incumplimiento.
Por tanto, esto tiene un carácter anecdótico excepcional,
es excepcional también, pero ya formalmente estén legitimados.
El Consejo de nuestros demasiado previsiones
del Consejo, habíamos Banco Central
porque solamente está referido a sus ámbitos competenciales
y porque sientan pues que alguna decisión o alguna actuación
de los Estados miembros está vulnerando sus competencias.
En ese caso puedan intervenir,
puedan plantear el recurso incumplimiento
contra los Estados los Estados miembros.
Por eso, cuando se explica el recurso de incumplimiento hacemos referencia
al recurso de incumplimiento planteado por la Comisión Europea
y no ha planteado eventualmente, por otro Estado o por otro,
de los órganos que excepcionalmente están legitimados para hacerlo.
El mecanismo de recurso de incumplimiento que puede plantear
la Comisión Europea es un mecanismo que tiene dos partes.
O fases, una prejudicial de carácter administrativo,
y una la propiamente o en sentido estricto,
judicial o jurisdiccional.
Hay una excepción, señalaré ahí
que es el caso del recurso de incumplimiento por incumplimiento
de las ayudas de estado.
En ese caso, no hay fase administrativa
y se limitan a la fase jurídica jurisdiccional,
pero eso es una excepción.
La regla general es que están las dos frases.
Es importante comprender esto de la fase previa
o fase prejudicial, o fase administrativa.
Si prefieren, pueden denominarla quieran la Comisión Europea,
que es en última instancia.
Una de las legitimadas
es la de que la que puede plantear un recurso por incumplimiento
tras detectar una violación del derecho de la Unión Europea
está esta identificación por parte de la Comisión Europea
de que es un estado miembro,
está incumpliendo el derecho de la Unión puede detectarlo bien
porque ella misma la propia comisión,
cualquiera de los miembros de la Comisión Europea,
porque el comisario o de su servicio detecta por informaciones públicas
que aparecen en televisión que aparecen en los periódicos,
que hay un Estado mismo que está incumpliendo porque pide información
respecto al grado de trasposición de las directivas
y se encuentra con que hay una serie de Estados
que no han traspuesto a tiempo,
una directiva cuyo plazo de trasposición ya pasó ya detectado
que un estado está incumpliendo, puede hacer algo, no hacer nada,
la o puede incluso recibir información por parte de ciudadanos,
asociaciones, empresas interesadas en el tema que informen,
de que ha pasado un tiempo ya desde que pasó el plazo,
el plazo de trasposición y el Estado no ha traspuesto o atrás puesto mal?
Puede ser que el incumplimiento no sea por una un retraso
en la trasposición,
sino porque la trasposición no es adecuada y vulnera el derecho
de la Unión Europea, asociaciones, organizaciones de la sociedad civil,
etc, etc. La la Comisión Europea recibe esta.
Esta información
o detecta este incumplimiento y valora si efectivamente,
pues se está produciendo una violación de derechos europea
y en el caso de que haya recibido una una información de particulares
o de organizaciones, pues les informará de su valoración
y, en su caso,
pues de las siguientes actuaciones que vaya,
que vaya a realizar.
Si las observaciones del de sí entonces, si valora
y efectivamente considera la comisión que existe una posible,
una posible violación, en su opinión,
entonces realizará un requerimiento al Estado.
Este requerimiento es importante
porque digamos que es el momento en el que se está comenzando
realmente la fase prejudicial o administrativa,
que es requisito previo para poder comenzar la fase judicial,
salvo en el caso de algunos grupos excepcionales,
como los de ayudas de Estado, como hemos señalado,
que se puede ir,
que se va directamente a la judicial.
En ese requerimiento la comisión debía identificar de forma clara
y precisa cuál es la infracción que identifica,
es decir, debe explicarle al Estado por qué entiende
que se está produciendo una violación del derecho de la Unión Europea.
Le solicita que le remita observaciones
sobre ese eventual incumplimiento.
Puede ser que la información que tenga la comisión
no esté actualizada y que ese eventual incumplimiento
que la comisión valora que existe a mejor existió en su momento,
pero ya no existe porque ya se traspuso o Estado,
entiende que no está incumpliendo porque tiene fundamentos o razones
que motivan,
o justifican ese incumplimiento, por ejemplo,
pues que se haya retrasado en la la.
La, la trasposición de las directivas.
Un caso paradigmático paradigmático ocurrió en España
precisamente con la trasposición de algunas directivas
colocas porque España incumplió el plazo de trasposición,
dado que se produjeron una sucesión de diversos gobiernos.
Nos recuerdan, y y una hubo, un momento
cuando la moción de censura contra rajoy,
que ganó el presidente Sánchez,
que se produzca ahí una sucesión de Gobierno
y posteriormente hubo una serie de motivos y y motivaron,
tuvieran un retraso y el gobierno español intento
explicar y exponer que se retrasó la comisión.
No, no acepto si la comisión no acepta las alegaciones,
observaciones, motivos que realiza el gobierno,
porque tiene que no lo justifican.
Pues la o bien el gobierno no envía ninguna.
Puede ser que el gobierno, el Gobierno del Estado de turno
pues no.
Conteste a la comisión.
En ese caso, la comisión tiene que elaborar un dictamen motivado,
con independencia de que haya habido una contestación del gobierno.
Claro, si ha habido contestación del gobierno
en comencé a la comisión,
pues la comisión puede cerrar expediente directamente dice.
Bueno, pues estaba equivocada.
Yo entendía que se producía una evaluación,
pero parece ser que está justificado,
vayan a razones de peso para este retraso
o esto que me han indicado me ha informado por parte
de una organización o por parte de una particular
sobre una mala trasposición, una inadecuada transposición
parece ser que tienen otra interpretación precisa,
legítima, etc. No puede verse convencida,
pero si no se convence
no le convencen a observaciones del Estado o bien externos.
Las enviado, la comisión,
elabora y envía un dictamen motivado.
Ese dictamen motivado debe
estar también claramente delimitado el incumplimiento.
Además, la comisión debe dar un plazo,
es decir, dar debe dar si se fijan,
una oportuna.
Segunda, podríamos decir oportunidad.
La primera ha sido el requerimiento porque evidentemente un estado
recibe un requerimiento y sabe que está incumpliendo.
Pues puede darse prisa ya para cumplir incluso
en el transcurso del tiempo, hasta le contesta a la Comisión Europea,
no antes de que la Comisión Europea pueda elaborar
o se ocupa de elaborar el.
Bueno, se elabora el dictamen, delimitando el comienzo
y dando un plazo para que ponga fin.
Al mismo incluso puede indicarle
lo que debe de realizar su efecto.
Claro.
Podríamos plantearnos el supuesto en el cual puede ocurrir.
Nosotros estamos en un estado grande
nuestro algunos servicios jurídicos potentes,
pero piensen que haya estados pequeños.
Estados medianos, hay estados más avanzados, Estados,
menos avanzados, Estados con más recursos económicos,
estados pequeños con muchos recursos económicos
y fuerte servicios jurídicos,
y hay Estados pequeños con menos recursos económicos.
Por tanto, la situación de los diferentes
Estados es bien distinta.
Por tanto, podría ser que el Estado contesta a la comisión,
le diga que cree que está cumplido o bien cree que está cumpliendo,
en la medida en que cree y puede pedirle incluso
la comisión que le proponga las soluciones.
En cualquier caso, la comisión puede,
si lo considera oportuno, indicar además de cuál es el cumplimiento
de forma clara y precisa,
delimitar no solamente eso, sino también darle un plazo al Estado
para que cumpla, para lo que valora,
pues la contestación que se le ha hecho se la he hecho contestación
y puede también proponer al estado decir decimita.
Yo entiendo que para que tú cumplas debes hacer esto.
Por ejemplo, derogar una ley o reformarla,
o aprobar una nueva ley distinta, lo que sea es decir,
que puede incluso darle el trabajo o una orientación de cómo realizar,
lo cual no excluye que el Estado
sea soberano para tomar sus decisiones.
Pero la comisión puede, evidentemente, orientar al Estado
en aquello que tiene que debe realizar para poner fin
al incumplimiento, cumplimiento.
El Estado puede cumplir dentro del plazo facilitado por la Comisión
con los que tienen que realizar para poner fin
al incumplimiento del derecho de la Unión Europea
o puede no cumplir con el dictamen motivado
o no cumplir en plazo.
Puede cumplir fuera de plazo.
Bien, si el Estado no cumple una vez superado el plazo de gestión,
puede esperar lo que considere oportuna.
Más allá del plazo.
La comisión puede ya una vez,
ha presupuestado superado el plazo sin que se haya cumplido,
ha cumplido más o si se ha cumplido mal,
que no y no le convence el cumpliendo que ha hecho del Estado
la comisión puede interponer ya la demanda,
es decir, puede iniciar la fase la segunda fase,
la fase judicial ante el tribunal,
para iniciar la fase judicial.
El Tribunal de Justicia determinado que la comisión
no está obligada a iniciar esta segunda fase así
aunque Estado no se avenga al cumpliendo del dictamen motivado.
Esto es muy importante tenerlo en cuenta.
La comisión goza de un poder discrecional,
está esto es muy importante.
Por qué?
Porque imaginen ustedes el supuesto en el cual el Estado
o no ha contestado la comisión.
Manda el requerimiento, no contesta la comisión,
manda el dictamen motivado, estaba almacenada la comisión,
puede no plantear la demanda natural de justicia pueden plantearla,
tiene un poder discrecional no arbitrario pero sí discrecional
claro ustedes me pueden decir bueno hay si esa denuncia
la ha puesto un particular.
Tienen algún derecho en particular?
Pues tienen derecho a que se informe de por qué la comisión,
pues ha decidido de forma discrecional.
No inicial, puede ser que le hayan convencido
otras circunstancias que ya ha conocido,
al margen del procedimiento de la fase administrativa
por la situación del Estado.
Imaginen que el Estado
ha sufrido, pues, unas circunstancias especiales.
Este institucional situación que vive en algunos Estados,
algunos países, durante la pandemia del codi,
podría haber originado que la comisión decidiera
no interponer recursos por incumpliendo,
dado los momentos especiales, que es que se vivían en algunos casos
que podía explicar que un Estado,
pues no lo conteste, o porque está ocupado en adoptar
medidas en relación a otros temas y a lo mejor no en relación a un tema
de incumplimiento muy específico sobre un tema muy particular
que no tiene que ver con la emergencia
que está enfrentando el Estado y que puede haber motivos
que justifiquen que la comisión no inicia la fase judicial.
Pueden ser también que la comisión no iniciará fase judicial,
porque, aunque no le convenció la contestación al requerimiento
frente al dictamen frente al dictamen motivado,
el Estado tampoco cumple,
pero la comisión, pues vuelve a leer las contestaciones
y, pues cambian de opinión o pueden ocurrir incluso
que la comisión esté valorando iniciar el procedimiento
en la fase judicial del procedimiento y el Estado
cumpla fuera del plazo que dio el dictamen,
la comisión interna que está cumplido,
para que va a comenzar ahora la fase judicial
si al final se estaba cumplido
y lo que quería la comisión en última instancia era
esa visión funcional del derecho, no de que el Estado,
pues ponga fin, incumpliendo con el derecho
a la Unión y y no tenga sentido ese, pero es discrecionalmente libre,
tanto es libre para no iniciar la fase judicial,
aunque el Estado incumpla o incumpla tarde,
o incumpla o no cumpla bien, como está bien libre
discrecionalmente de valorar iniciar la fase judicial,
aunque el estado cumpla.
Si él estaba cumplido fuera, fuera de plazo.
La la fase judicial una vez inicia la fase judicial,
la comisión también es libre de ponerle fin.
Tengan en cuenta que es quien inicia esta segunda fase,
presenta la demanda, incumpliendo y aporta
a los elementos constitutivos de la prueba,
tienen que acreditar incumpliendo ante el tribunal justicia
a la comisión.
Puede tener su opinión,
puede considerar que existe una violación,
pero el estado entiende que no ha incumplido,
y quien tiene razón es el que no siempre la comisión
va a tener razón.
La comisión está interpretando el derecho de la Unión Europea,
también los Estados miembros,
y quien tiene al final la última palabra es el tribunal.
El tribunal, es decir,
no va a ser la Comisión quien tiene a que tengan la última palabra,
tiene la decisión de valorar,
llevar al tribunal llevar al Estado ante el Tribunal,
pero no la última palabra sobre si hay
o no incumplimiento debe, por tanto, acreditar.
Es un requisito, que es que la comisión acredite
que ha existido el dictamen motivado y su relación con la demanda
e cumpliendo tanto con los elementos de hecho
como de derecho.
Por tanto, si si ha habido un dictamen
de incumple dictamen de incumplimiento,
pero no está bien relacionado con lo que ahora la comisión
acusa al Estado.
Es decir, no puede.
La Comisión acusa al Estado de un incumplimiento distinto,
sustancialmente diferente del que fue objeto del dictamen
en la fase administrativa,
porque entonces, lógicamente no sería coherente.
Por tanto, tiene que acreditar que se planteó el dictamen motivado
y su relación con la demanda de incumplimiento.
Estableciendo los elementos de hecho y de derechos que motivan
o acreditan que el incumplimiento puede ser que, una vez inicial,
además la fase de judicial interpuesta,
la demanda por parte de la Comisión Europea,
el Estado haya cumplido, estaba mejor, ha intentado cumplir,
ha cumplido tarde, no ha llevado al dictamen motivado,
no ha cumplido dentro del plazo que se le dio al dictamen motivado,
pero su intención ha sido siempre cumplir y cumple finalmente,
antes de que hayas de que haya sentencia del tribunal
cubriendo por el Estado,
no supone per se el fin del procedimiento,
sino que la comisión puede valorar si él estaba cumplido desistir
del procedimiento y de esta fase.
Por tanto, tiene también berta discrecional,
de valorar si cede o no procede.
Por tanto, puede llevar
a las últimas consecuencias el procedimiento.
Por qué pueden pensar ustedes
qué razón puede tener la Comisión Europea
para decidir continuar con el procedimiento,
a pesar de que el Estado ha cumplido?
Eso no sería funcional, pero mejor tiene interés la Comisión Europea
en que quede claro que se estaba incumplido,
porque hay otros Estados que están en la misma situación
contra los que no ha interpuesto aún el recurso incumplimiento,
para que para que vean que ellos también están incumpliendo,
y si hay una sentencia del Tribunal de Justicia
que declaran en cumplimiento
los otros que están en una situación,
saben que en el caso
de que llegue un recurso incumplimiento contra ellos
el resultado será el mismo se están en una situación mutatis mutandis,
similar a la de Estado, eventualmente incumplidor,
por tanto puede interesarle por muchas razones políticas
y jurídicas la continuación del procedimiento,
mejor por cuestiones ajenas a ese Estado que ha cumplido tarde.
Puede ser incluso que la Comisión Europea
valore que el cumplimiento del Estado no es el más adecuado.
Es una opción, pero mejor no es la más adecuada
y quiere seguir con el procedimiento cualquier caso.
El Tribunal de Justicia.
Si sigue con el procedimiento,
no existe el Tribunal dictara sentencia.
Una vez valore las pruebas presentadas por la Comisión
la contestación del Estado
y declarado o no la existencia del incumplimiento.
Si no existe incumplimiento,
Estado podrá seguir como estaba y ahora ha perdido la comisión,
pero en caso de existir
incumplimiento se declara el incluyendo parte del Estado
y se está condenando al Estado Estado,
estaba obligado a adoptar las medidas necesarias para ejecutar la sentencia
y eliminar dicho incumplimiento.
Es la declaración de un incumplimiento
por parte del Estado del derecho a la Unión Europea
además de obligarles a ejecutar la sentencia, que puede ser objeto,
además de condena a multas económicas,
e incluso las la comisión puede pedir multas coercitivas
para obligar a esa ejecución, multas altas
incluso por día de incumplir, que no se ejecute la sentencia,
de tal manera que obligue,
aunque sea por una cuestión meramente económica,
al Estado a poner fin al incumplimiento.
Además de eso, hay que tener en cuenta
que los particulares pueden reclamar daños y perjuicios
por la eventual violación de derechos europea por parte
del del Estado, conforme a la jurisprudencia franco,
a este procedimiento de reclamación contra el Estado.
Es un procedimiento interno
y que se regula en el marco del derecho interno.
Hay una remisión del derecho en europea y en principio
esto queda en el ámbito del principio de autonomía procedimental
de los Estados miembros, y cada Estado lo regulaba de manera.
Lo que pasa es que,
como también vimos en la primera sesión introductoria,
conocimos referencia al principio de autonomía
institucional y procedimental
y se lo relaciones con el principio de equivalencia y efectividad,
también les comenté que lo que no pueda hacer un Estado
es a regular un procedimiento que haga difícil o imposible
la efectividad del derecho de la Unión Europea,
de tal manera que si el procedimiento que regula el Estado
para reclamar los daños y perjuicios contra ese Estado
por incumpliendo el derecho de la Unión Europea es difícil,
hace difícil o prácticamente imposible esa esas reclamaciones,
pues el Estado estaría también incumpliendo
doblemente el derecho a la Unión.
De hecho, España ha sido.
Ha sido condenada precisamente por la inadecuada regulación
de este procedimiento a nivel de derecho interno
por parte del Tribunal de Justicia.
Por tanto, nuestro procedimiento no era muy.
No es muy adecuado para para para esto,
porque lo hace, era estaba regulado de una forma que lo hacía difícil.
Hacía bastante difícil amar estos daños,
perjuicios por la violación del derecho de la Unión Europea.
Claro, además de la condena y de los particulares,
pueden.
Solicitar esa reclamación de daños y perjuicios.
La propia comisión
puede solicitar que haya una una una suma a tanto alzado,
en caso de incumplimiento de la ejecución,
en caso de no ejecución de la sentencia o una multa coercitiva
que les he comentado tanto una suma de tanto alzado como ambas, cosas,
una multa coercitiva.
Las multas pueden ser altísimas, pueden ser multas muy altas,
cada vez dependen de la capacidad económica del Estado,
pero la comisión puede pedirlas,
el tribunal valorará la capacidad económica del Estado.
No es lo mismo que hablemos de un Estado como Alemania,
que hablamos de un Estado pequeño y con menos recursos económicos,
como pueden ser bulgaria.
Rumanía.
La sección sea distinta
y la necesidad del importe de la de la multa coercitiva distinta
porque, si no, no tendría ese carácter coercitivo.
Cabe la multa en la propia sentencia antes de que se haya tiempo al Estado
para ejecutar si en el caso de incumpliendo la relación
de informar sobre las medidas de incorporación de una directiva.
Si la comisionada solicitaba al Estado que informe,
el Estado no ha informado sobre la incorporación de directivas
sobre su trasposición, pues pueden solicitar
en el propio recurso incumplimiento en la fase judicial,
que se imponga ya directamente la multa.
En la sentencia,
sinceridad puede ya imponer una molta por ese incumplimiento
y además no se ejecuta la sentencia,
pues la comisión pueden solicitar la multa coercitiva posteriormente.
Tienen alguna duda o alguna cuestión?
Es interesante que valoren el recurso por incumplimiento
también ahí la Comisión Europea
suele salir, suelen sacar anualmente en unos informes que realiza
como como gestiona.
Sobre todo ha sido muy se discutió mucho el tema,
el trato a los particulares, a participar particular.
Me refiero en general, tanto personas físicas
como jurídicas, que interactúan con la comisión,
porque es verdad que no hay, no hay en los tratados,
no hay mucho en los tratados.
Entonces, la comisión ha establecido diferentes mecanismos
y ha intentado el Defensor del Pueblo europeo
porque hubo varias reclamaciones ante la defensora
del pueblo europeo, porque incluso hubo,
hubo en algunos casos tiempo en los cuales la comisión
ni siquiera informaba a los particulares sobre las consecuencias
de las denuncias que habían interpuesto ante la Comisión Europea
por eventuales incumplimientos de un estado miembro,
y los particulares fueron ante el defensor del pueblo
y se quejan.
Es verdad que la Comisión Europea es discrecionalmente libre de decidir
si valora que haya una violación del derecho en Europa por parte
de un estado miembro y realiza el requerimiento,
sino realiza el régimen del Estado miembro.
Si las contestaciones no le no no le convencen si interpone
o no el dictamen motivado, y, en su caso,
y después del dictamen motivado si interponerlo al recurso,
por tanto, y después posteriormente puede existir etc.
De manera que digamos que la comisión
es bastante por decirlo así su dueño,
señora del el procedimiento no lo más claro.
Si ha tenido conocimiento a la comisión de ese incumplimiento
por una información que ha llegado,
una denuncia que me ha llegado por parte de los particulares,
pues pareciera que habría que dar información a esos particulares,
de cómo ha ido y cuáles han sido las consecuencias,
etc. Y finalmente,
después de este de varios informes del del Defensor del Pueblo europeo
llamando la atención sobre esta cuestión,
la Comisión Europea ha aprobado diferentes mecanismos
para garantizar que haya una serie de derechos mínimos
por parte de los particulares, cuando se afectan
a este procedimiento y ya se informa adecuadamente
de los diferentes pasos,
y se informa adecuadamente por parte de los particulares por parte
de la comisión.
Si alguna vez ustedes tienen interés y denuncian ante la Comisión Europea
un eventual incumplimiento del derecho de la Unión por parte
de un Estado mismo, casi sea español
a otro país donde el cual puedan estar residiendo,
pues verán que actualmente hay una comunicación fluida
y atenta por parte de la de la Comisión,
además de que puede ser en cualquier idioma oficial
de la unión, con lo cual no hay.
No hay problema.
En ese dios nos podamos dirigir a la Comisión Europea en español
y se nos contesta en España.
Bien, si no hay ninguna duda que creo que no pasamos al recurso
de anulación, hemos visto el control de legalidad.
Por parte contra la legalidad,
sobre las actuaciones de los Estados miembros que.
Pueden ser actuaciones positivas o negativas,
no omisiones o actuaciones positivas puede ser una puede ser una clave
antes de entrar en un recurso de anulación.
La violación del derecho europea por parte de los Estados por parte
de los Estados miembros piensen que.
Puede ser ese.
Ese incumplimiento del derecho de la Unión
puede derivarse no solamente de la falta de trasposición
de una directiva o falta de acomodo, del derecho interno.
Puede ser incluso una práctica, una práctica jurisprudencial.
Puede ser que lo que está vulnerando el derecho a una europea no sea
la legislación del Estado.
Muchas veces pensamos que es la legislación
y siempre pensamos que es la legislación,
pero mejor no es la legislación,
sino la interpretación que se hace de esa legislación,
por ejemplo, por el Tribunal Supremo o de la interpretación que se hace
de la Constitución por el Tribunal Constitucional, es decir,
que puede ser de una interpretación ese incumplimiento del derecho
de la Unión Europea.
Ese incumplimiento puede derivarse de una práctica administrativa
consolidada que no se cambia,
a pesar de que la legislación no dice nada.
Por tanto, tengan en cuenta que puede deberse
a muchas cosas.
Aparte de ese control de legalidad sobre los Estados
miembros en relación al derecho de la Unión Europea.
El más paradigmático en ese control,
pues es el caso de, son los casos de polonia y hungría,
donde actualmente la Comisión Europea,
pues ha interpuesto muchísimos recursos de incumplimiento
por diferentes reformas legislativas de polonia o hungría,
pero también quiero destacarles está el tema de Alemania
y la sentencia del Tribunal Constitucional
alemán sobre el tema del del Banco Central Europeo,
que también ha motivado un procedimiento por parte
de la Unión Europea contra Alemania
por una sentencia de un Tribunal Constitucional,
es decir, que puede haber diferentes motivos,
o motivaciones
que lleven a un procedimiento de incumplimiento.
Vamos a pasar ahora a la otra.
La otra parte del control de legalidad
es el control de legalidad sobre las deducciones europeas,
que es la otra cara de la moneda.
No solamente tienen que actuar conforme al derecho de la Unión.
Los Estados miembros, que son parte de la Unión Europea,
sino también las instituciones.
Las instituciones y órganos de la Unión Europea
y hay fundamentalmente hasta el mecanismo
del recurso de innovación y el recurso de omisión.
Fíjense si que si el recurso de incumplimiento
contra los Estados miembros podría sea,
podría ser, provocar actuación o falta actuación,
omisión en este caso sí que la que el tratado,
si establece dos tipos de recursos.
Pero fíjense que en realidad.
Es son sustancialmente iguales, lo que pasa es que la diferencia
es que en el recurso de anulación se controla una actuación positiva,
un acto, una decisión de carácter vinculante
en el recurso de omisión.
Es una falta de actuación, recurso de anulación
contra algo que se ha aprobado por parte de las instituciones
u organismos de la Unión.
El recurso de omisión lo que se pretende
es que haya una actuación que no ha habido y se entiende,
el que interpone el recurso,
misión que esa falta de actuación,
esa falta de actividad, es lo que se está produciendo,
un incumplimiento del derecho a la Unión Europea.
Luego veremos la excepción del de legalidad, que es
una cuestión incidental dentro de los procedimientos anteriores.
Bien, el primero es el recurso de anulación.
Claro, para que podamos ir,
para que se pueda interponer un recurso de anulación
contra una actuación que vive del derecho de la Unión,
tiene que ser una una actuación, un acto que produzca
o que esté destinado a producir efectos jurídicos.
Por tanto, sí es un documento que per se no produce efectos jurídicos.
Piensen en soflama o en documentos orientadores.
Protocolo.
Textos que no te informes, que no tengan que no produzcan.
En principio efectos jurídicos.
Esto como saben es un concepto jurídico
indeterminado y habría que valorar que tiene o no efectos jurídicos
en puede quién está legitimado de forma activa
para instar ese control de la evaluación del derecho
a la Unión por parte de instituciones y órganos de la Unión?
Puede ser un estado miembro?
Puede ser el Parlamento Europeo?
Puede ser el Consejo?
Puede ser la Comisión?
Pues el tratado puede ser perdón, el tribunal de cuentas puede ser.
Vamos centrar Europeo y el comité de las regiones,
pero exclusivamente estos tres el tribunal de cuentas
vamos centroeuropeo de las regiones
a efectos de salvaguardar sus prerrogativas y competencias.
Claro, porque ustedes me dirán.
Los Estados miembros está claro, pero el consejo,
la comisión no son ellos, las instituciones, claro, pero ellos
contra otros, puede ser la Comisión contra el Parlamento Europeo,
pues el Parlamento Europeo contra la Comisión
puede ser el Consejo contra el Parlamento Europeo
o la la vale, es decir, que pueden entender
que el otro órgano actuado de forma incorrecta
o puede ser un estado miembro,
porque entiende que ese es ese reglamento, por ejemplo,
que ha aprobado, que se ha aprobado por parte de la por parte
a iniciativa de la comisión por parte del Consejo del Parlamento Europeo
en el proceso de codecisión es vulnerar el derecho
a la europea y el Estado, a pesar de que en el consejo,
pues torpedear la aprobación no ha podido
porque estaba en minoría.
Pues ese estado miembro
que siente afectado se tiende siempre
que se está violando el derecho a la Unión,
pues puede interponer el recurso de anulación.
Pueden ser también las personas físicas o jurídicas.
Entonces tengan en cuenta
que cuando cuando se analice el mecanismo por antonomasia
ante el tema de justicia, la cuestión prejudicial
y eso es decir es que las personas físicas o jurídicas
no teníamos acceso directo al Tribunal de Justicia
vale.
No se tiene acceso directo al de una de justicia
no europea desde la perspectiva de la cuestión prejudicial,
porque la cuestión prejudicial en europea,
en un proceso judicial interno,
una parte puede pedir al juez que plantea una cuestión prejudicial
porque existen dudas sobre la interpretación o validez
de una norma de derecho eran Europea.
Para final es el juez el que valora
y interpone, o no esa cuestión prejudicial,
aunque estaría obligado en el caso de ser el juez de última instancia?
Si hay dudas sobre la interpretación o sobre la validez recuerden
que también comentamos esto en el primer día en la sesión
lo lo analizarán posteriormente, cuando dice la cuestión prejudicial.
Entonces claro, ustedes dicen o se dice habitualmente
no, los particulares no tienen acceso porque la acción prejudicial
la interpone un juez nacional el particular ahí poco tiene
que decir y luego además una vez se agote el proceso interno
se agotará y si bien es cierto que en última instancia los particulares
podrían acudir una vez agotada la vía ordinaria interna
ante el Tribunal de Derechos Humanos por vulneración del
Convenio Europeo de Derechos Humanos , una demanda ante Estrasburgo.
En cambio, no ocurre lo mismo con el Tribunal de Justicia europea,
no se puede interponer una demanda por vulneración
de derechos fundamentales ante el Tribunal de Justicia.
La Unión Europea,
una vez agotada la vía ordinaria inta,
eso es verdad, no hay un recurso amparo a nivel de la Unión Europea.
Pero si hay mecanismos de acceso directos
ante el Tribunal de Justicia en particular,
frente a actuaciones de las instituciones europeas
que eventualmente consideremos que vulneran nuestros derechos
o intereses, no podemos interponer,
lógicamente un recurso contra cualquier cosa.
Tienen que tenemos que ser las personas físicas
o jurídicas destinatarias de los actos,
y los datos están destinados a otras personas físicas
o jurídicas.
Pues no podremos, no podemos anteponernos,
pero fíjense que podemos intervenir contra actos
que vayan destinados contra nosotros como una sanción económica
de la comisión que haya sido aprobada por la, por la Comisión
o también contratos reglamentarios, que nos afecten directamente.
Entonces, imagínense
que la Comisión Europea inicial por 100 legislativo
y luego el Parlamento y el Consejo
aprueban un reglamento en materia agrícola,
y ustedes son agricultores, por ejemplo,
en materia de política agraria común,
y a ustedes les afecta o una prohibición
de cultivar ciertas, ciertas cosas, etc. Si ustedes se ven afectados
o una empresa se ve afectada por ese reglamento,
podrá lógicamente interponer el recurso de anulación.
Si entiende que ese reglamento viola el derecho de la Unión Europea.
Lo que pasa es que, a diferencia del recurso de incumplimiento,
donde la comisión, por esperar el tiempo que considere oportuno,
no hay un plazo, puede estar un estado incumpliendo mucho tiempo,
y la comisión no tiene en principio, en plazo,
los recursos debe interponerse el plazo de dos meses
a partir de la publicación del acto de su notificación,
al recurrente en su caso,
o a falta de ello desde el día en que se haya tenido conocimiento
del mismo, a falta de publicación o de notificación.
Por tanto, hay un plazo de 2006.
Claro, si la persona destinataria del acto y no ha habido notificación
y debía haber notificación, pues, será dragón,
dar desde que tenga conocimiento del mismo.
Si ha habido publicación, pues se tiene que dar publicación,
depende del tipo de naturaleza del acto.
Esto, como cualquier otro recurso, debe estar fundamentado jurídicamente
y acreditar ante el tomando justicia que se está produciendo una donde,
ante todo cuestiones europeas se está produciendo una vulneración
de el derecho a una copia del ordenamiento jurídico europea
que hemos visto antes, que está compuesto.
Por todo puede ser que se esté vulnerando la jurisprudencia
Tribunal de Justicia, eso puede ser una fuente de legitimación
para interponer el recurso.
Si el recurso convence al Tribunal de Justicia
y el Tribunal de Justicia considera que se ha producido
una violación del derecho a la europea por parte del acto,
lo declara nulo y sin valor ni efecto jurídico alguno.
Es importante considerar cuál es la naturaleza jurídica
de la sentencia.
La sentencia produce efectos, procede valor de cosa juzgada
y tiene una con alcance heredado omnes,
y esto nunca.
Esto es importante porque el acto es nulo.
Puede el tribunal matizar si lo piensan.
Esto ocurre, ocurren muy similar.
En el derecho español
el drama puede indicar si lo estiman necesario.
Aquellos efectos del acto
declara nulo que deben ser considerados como definitivos
para salvaguardarlos, por ejemplo, las situaciones administrativas
consolidadas que han sido objeto de recurso,
etc. Pero lo interesante es que produce al cáncer,
Aoun es la sentencia de anulación.
Por tanto, imaginen que en el caso de un reglamento,
aunque el que haya interpuesto el recurso de anulación
sea una empresa española,
el reglamento tiene eficacia en toda la Unión Europea
en los 27 estados miembros y una vez declarado nulo
y con efectos erga omnes,
y esto un pues el reglamento ha dejado de existir
desde el principio no, nunca procedo,
efectos y con la matización es que el tribunal quiere adaptar
en la sentencia que habrá que interpretar.
Salvo que el tribunal diga explícitamente
que quedan salvaguardadas ciertas situaciones,
todas todas podrán ser revisadas.
Vale.
Por tanto, eso tiene una una eficacia muy, muy alta.
No piensen que la caída de un reglamento,
pues puede implicar unas revisiones de muchas situaciones jurídicas
si no son salvadas por él, por el tribunal.
El recurso de de omisión es muy similar,
lo que ocurre es que es la otra cara de la moneda
o decirlo por.
En fin,
aquí lo que ocurre es que no es que haya habido un reglamento,
un acto, una disposición siempre algo que tenga una naturaleza que implica
una producción de efectos jurídicos.
Si no, aquí lo que produce
es que efectivamente no hay nada en actividad,
hay una inactividad.
Cuando están obligadas a actuar tiene la obligación de actuar a piensen
precisamente no hemos hablado de un supuesto
en el cual la Comisión Europea no estaba obligada a actuar.
Es que cuando se plantea una denuncia por incumbente del derecho,
no vea en realidad qué obligaciones tiene la comisión,
si tiene discrecionalidad para iniciar la fase administrativa,
para iniciar la fase judicial,
pues las obligaciones para integrar el recurso de omisión.
Por tanto, cuando se producían los recursos de omisión
la comisión quedaba hecho.
Era por eso las quejas.
Al final la el cauce que se produjo fue a través del Defensor del Pueblo
europeo, pero aun así si hay una obligación de actuar por parte
de una institución europea.
Y no actúa en ese caso,
se produce un incumplimiento en este caso
un incumplimiento por omisión.
Por tanto, si hay una obligación jurídica existente
en una norma de derecho a una europea, sea en los tratados,
sea en los reglamentos que aprobó que se han aprobado.
En ese caso ya podemos exigir esa actuación,
y en el caso de que esa actuación no se produzca cabría interponer
ese recurso ante el de una justicia europea.
Y en puede interponerlo.
Voy a poner los Estados miembros.
Las demás instituciones de la Unión entienden que ha habido
una institución que está incumpliendo respecto a ellas,
así como las personas físicas, las personas jurídicas,
siempre que deben ser destinatarios del acto o bien conforme la jur,
Suecia, actual de justicia,
cuando, aun no siendo destinatarios del acto,
se omita la opción de un acto que les afecte directa
o individualmente, o bien cuando sean potenciales destinatarios.
Por tanto, cuando nosotros deberíamos ser destinatarios de un acto del acto
no se dicta.
Podemos extraer el recurso de omisión porque no se ha producido
un acto que se debería haber producido,
pero pueden ser que el acto nosotros no somos destinatarios
del mismo, pero podríamos serlo potencialmente,
hubo, aunque no seamos potencialmente destinatarios,
podría afectarnos directa individualmente,
no podía ser que hay actos que afectan a otras personas que son
destinatarias.
Nosotros no somos destinatarios de ellos, de sus actos,
pero de forma directa nos afectarían en esos actos,
aunque no seamos destinatarios.
En ese caso podemos.
Si acreditamos esa legitimación activa, podremos,
podremos interponer el recurso para controlar la inactividad
de las instituciones europeas.
Hay un requisito que es importante advertir, y es que,
a diferencia de la actividad en el caso de la omisión,
a diferencia del del, del recurso de anulación
frente a la actividad de las instituciones europeas,
el recurso de omisión por inactividad
exige que para que nosotros podamos actuar e interponerlo debemos darle
la oportunidad a la institución de actuar.
Por tanto, tenemos que requerir previamente de forma fehaciente
en derecho que esa institución haga aquello que está obligada
a actuar.
Por tanto, es necesario que el Estado miembro o la otra,
o la institución núvol física o jurídica, destinataria
o potencialmente destinataria,
o que se siente afectada por la omisión del acto raki
y que tiene intención de interponer recurso omisión
requiera a la introducción que sea sea la Comisión,
sea el Banco Central Europeo, sea el que sea, que le requiera,
para qué actúen y si no actúa en el plazo de dos meses,
pues dentro de otros dos meses, transcurridos esos dos meses,
pues se puede interponer ese recurso de omisión
ante el Tribunal de Justicia.
Bien, qué ocurre?
Qué ocurre?
La sentencia en este caso, pues las sentencias de una justicia
se limita a declarar la existencia de inactividad en violación
del derecho de la Unión Europea.
Claro, el 266
del tratado de funcionamiento europea lo que nos dice
es que la institución, órgano u organismo
cuya abstenciones ha sido declarada contra los tratados están obligados
a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia,
también cuando es el órgano que ha dictado el acto anulado.
Pero hay una diferencia enorme en la sentencia,
porque cuando antes hemos visto la sentencia que declara nulo,
que anula un acto,
hemos dicho que tenía efectos erga omnes
y además stud, es decir,
efectos retroactivos desde el desde desde el nacimiento
del acto del acto, nunca, nunca nación en caso de anulación
en el caso de la misión es distinto porque, claro, el otro,
aunque no hagan nada, pues si el acto es nulo, qué más da.
Si no hacen nada para poner fin a esa asociación de incumplimiento
del derecho europea por parte de la institución, perdón,
en el caso de la omisión, claro, es que aquí no se anula ningún acto.
El problema es que no hay acto,
entonces se decae simplemente la existencia
de una una inactividad que viola el derecho a la Unión Endesa.
Aquí sí tiene mucho sentido que 266 nos dice
que está obligada a las medidas necesarias
para ejecutar la sentencia y medidas.
Cuáles son?
Pues actuar,
actuar porque en el otro caso pues mejor no hace falta.
También está obligada esta unidad a la institución
a ejecutar la sentencia y acatarla pero, pero tiene mucho más sentido.
En el caso de la omisión esta obligación
porque implica lógicamente, que la institución, la que sea,
tendrá que tendrá que actuar.
Bien, no sé si hay alguna duda,
alguna cuestión sobre el recurso de omisión,
si no vamos a excepción de ilegalidad.
Si recuerdan, cuando vimos el otro día
los tipos de procedimientos ante el Tribunal de Justicia,
la Unión Europea estuvimos comentando.
Comentamos que a día a día diferentes tipos de procedimientos
y algunos autores clasificaban los procedimientos en función
de si eran directos o incidentales directos,
y dentro de los indirectos estaban la cuestión prejudicial
que aún no hemos analizado y la excepción de ilegalidad
y que se denominan indirectos
porque tenían su origen en otro procedimiento.
La cuestión prejudicial, es un instrumento incidental
dentro de un proceso judicial interno, de la jurisdicción interna
de un estado miembro y la excepción de ilegalidad
que vamos a ver ahora es una cuestión, si incidental,
que se produce en un procedimiento
del que está conociendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Es un procedimiento que permite controlar la legalidad
de un acto disposición de alcance general,
dentro de un procedimiento del que se impugna un acto de aplicación
de la misma.
Entonces imaginen que han interpuesto un recurso de anulación
contra un acto de la Comisión Europea o de otra institución
o bien se ha interpuesto un recurso de omisión donde la falta de ese acto
y y ese acto o esa falta de actuación
están gobernadas por una norma jurídica,
por un reglamento puede ocurrir qué una de las partes
alegue la falta de conformidad a de hecho europea,
de esa norma jurídica que gobierna,
ese acto cuya nulidad se pretende o esa obligación
que genera una actuación que no se ha producido
y que ha instado, que ha implicado,
que se ha instalado el recurso de omisión,
ese control incidental es una, por tanto una cuestión incidental,
de un proceso judicial que inicia un procedimiento
y que permite controlar la legalidad de ese acto de disposición
de alcance general dentro del otro procedimiento.
Por tanto, como dice Alonso García,
no es una vía procesal autónoma de acceso al Tribunal de Justicia,
sino una alegación que realiza una parte dentro de un proceso
que se ha instado a través de otro recurso.
Por eso no se le denomina recurso, sino que se denomina excepción.
Podríamos llamarle cuestión de ilegalidad.
Es una, es una una cuestión de carácter incidental dentro de la,
dentro del procedimiento.
Bien.
Está prevista en el 277 si se fijan,
dice cualquiera de las partes
de un litigio en el que se cuestione un acto de alcance general
adoptado por una institución, órgano u organismo de la Unión,
podrá recurrir al Tribunal de Justicia
alegando la inaplicabilidad de dicho acto por motivos
previstos en 263.
Los motivos son que se incumple el derecho de la Unión
y que, por tanto, ese acto o disposición es ilegal
y, por tanto, es bula.
Claro, imaginen que ustedes interpongan el recurso de omisión
contra una institución y dicen.
No, es que esa falta de actuación, que no se haya editado un acto
al que está obligada esa institución,
está incumpliendo el derecho a la Unión.
Yo soy destinatario o debería ser destinatario
de ese acto, me está perjudicando, está violando el derecho de la Unión
y esa institución dice.
Sí sí eso es verdad.
Hay un acto
o una disposición que me obliga a actuar de esta manera,
pero es que esa disposición es contraria a derecho
y, por tanto, plantea la excepción de legalidad.
El tribunal lo que va a hacer
es valorar incidentalmente la legalidad del acto,
porque o disposición, porque claro,
si la disposición no acto en la que se basa nuestro recurso,
el recurso de la otra parte es contra el derecho de la Unión Europea
y por tanto es ilegal, no habría más que decir.
Se perdería el fundamento del recurso.
El drama puede o no apreciar esa excepción.
Lo que es interesante es que aquí a diferencia de las consecuencias
de la creación de violación del derecho de la Unión
en un recurso de anulación, en el supuesto
de que la valoración derive de una excepción de legalidad
es que la aunque se inaplica a ese procedimiento principal
en en el que se ha planteado, solamente tiene efectos en el mismo,
es decir, tiene efectos interpartes para las partes
del procedimiento principal,
donde se ha instado la excepción de legalidad
y, por tanto, no alcanza o no goza de alcance general,
obliga un mes sin perjuicio de que la institución
u órgano venga del que haya emitido el acto
este ha obligado a asumir la decisión
y, lógicamente adoptar las medidas necesarias
para porque ya sabe que se actuó esa disposición.
Es contra el derecho a la Unión Europea,
pero fíjese que en este caso sería necesaria la la, la derogación
si es una institución legislativa o su modificación,
etc. No sería suficiente con la sentencia no sea suficiente
con el pronunciamiento actual de justicia.
En relación a la excepción de legalidad,
cosa distinta que ocurre en la resolución
del recurso de anulación, ustedes me dirán.
Mueren y esto qué supuesto
y por qué me granda luego estrangulación.
Bueno, tengan en cuenta que hemos comentado antes
que para el recurso de anulación hay un plazo de dos emplazados mes,
si el plazo ha transcurrido y nos interpuesto el recurso
de anulación que ocurre que ya no se puede controlar
la legalidad de esas disposiciones quedan ahí consolidadas,
no porque en cualquier momento,
en cualquier procedimiento que haya que aplicar esa disposición,
cualquiera de las partes en el procedimiento
podrá alegar la excepción de legalidad
y por tanto, el Tribunal de Justicia podrá controlar la legalidad
de esa disposición.
Por tanto, el hecho
de que no se haya interpuesto un recurso, de un recurso,
de anulación contra un reglamento, por ejemplo,
no hace que el reglamento ya no sea atacable, es atacable
en otro procedimiento discutiendo un acto derivado de de ese,
de ese deseo de esa reglamento, no.
Si recuerdan, pues derecho a mi estudio español
ocurre de forma muy similar.
Esto con los reglamentos puede ser que un reglamento
no haya sido objeto de recurso en su momento,
pero puede ser que se discuta la legalidad del reglamento.
En un en un proceso,
en un recurso en el que se discute un acto derivado de ese reglamento,
no hay un mecanismo muy similar para el control de legalidad
de los reglamentos.
En este caso estamos hablando del control de legalidad
de cualquier acto o disposición
que tenga alcance general y del que deriva del acto
contra el que se ha interpuesto un recurso de anulación
o del que o qué motivar?
Pues una obligación de actuar y no se actúa.
Y bueno, el órgano tendría
que lógicamente esto implica un ineficacia interpartes,
como hemos comentado, y está la obligación de proceder
a la aprobación de la disposición puesto a colaboración,
porque es en general, porque podría ser una derogación,
pero podría ser una derogación si no es una disposición entonces
por supuesto aprobación claro usted puede plantear y bueno
y si no lo hace o tarde en hacerlo, bueno,
sabe que cualquier otro recurso siempre va
a haber una estación de legalidad expresan a declarar la ilegalidad,
con lo cual lo lógico es si no es verdad
que sea una norma que estaría ahí y,
pero que todos sabemos que aunque tiene efectos interpartes,
pues hay una declaración del tribunal
y siempre va a hacer esa declaración,
los procesos que procedan,
y además el hecho de que la institución
no actúe juntando a esa sentencia y valorando la excepción
de ilegalidad que ha pronunciado el tono de justicia
estaría lógicamente incumpliendo de la unión.
Con lo cual cabría un recurso por incumplir, por omisión,
en este caso del deber de abrogar, esa, ese,
ese dato.
Disposición contra el derecho europea en opinión del turno de,
conforme al pronunciamiento del Tribunal de Justicia,
y bien vista la excepción de la de legalidad,
habríamos visto ya el control de legalidad
de las actuaciones y omisiones de las instituciones europeas.
Han visto con el profesor Fernando Vall
la control de responsabilidad a estas conductas
de la Unión Europea.
Yo creo que el habrá, habrá hecho insistencia en ello también,
pero yo quería insistir en que nada.
Claro, ustedes pueden decir.
Bueno, pero tiene responsable extracontractual.
Los los los Estados también tienen responsabilidad.
El procedimiento lo he dicho antes de responsable patrimonial
del Estado por incluyendo el derecho europea,
porque el incumpliendo del derecho a la Unión
puede ser en instituciones,
puede ser de la de los Estados miembros, son cientos distintos.
En un caso es un procedimiento regulado por el derecho de la Unión,
y el otro
el proceso de responsabilidad patrimonial del Estado por incremento
el derecho de la Unión de la Unión no es un proceso regulado
por el derecho a la Unión o solamente digamos
que son las reglas de de exigir su existencia y de aplicársele.
Los principios de efectividad y de equivalencia
no es un procedimiento responder al patronal del Estado,
incluyendo el derecho a la Unión por incluyendo cualquier norma
y por acción u omisión del Estado se exige o el derecho a la Unión
exige que la norma implique la atribución de derechos favorables
particulares y que pueda ser claramente identificado de forma
suficientemente caracterizada con una causa,
con una relación de causalidad entre el incumpliendo la obligación
y el daño sufrido por los particulares.
Así lo exige, lo exige la jurisprudencia ya desde Franco
y por faci en 1991 como hemos dicho,
los Estados deben regularlo y asegurar la menos
de forma equivalente a las situaciones
de patrimonial por incumpliendo el derecho interno
y de forma efectiva, que no haga difícil o imposible
el la exigencia de esta responsabilidad patrimonial
por parte de los Estados de los Estados
miembros, buena, mal.
Esto habremos acabado.
El análisis del control de legalidad no sé si tienen alguna cuestión.
Sería dejar tener los compartido alguna duda,
alguna cuestión que les haya surgido a raíz de este tema.
Pueden única lo por cha
-.
Intervenir hay muchas cuestiones interesantes que se plantean
sobre estos temas de incumplimiento del derecho de la Unión por parte
de los estados y por parte de las de las instituciones,
sobre todo en el tema, por ejemplo, de un tema muy interesante
de investigar y que no está suficientemente investigadora
es precisamente las actuaciones de la Comisión
en el marco de la fase administrativa del recurso por incumplimiento
y cómo interactúan los particulares, con la comisión,
en esa fase administrativa.
En relación a las denuncias por incumplimiento,
un estado miembro es muy interesante también
de investigar que los incumplimientos no siempre se derivan,
como he comentado antes, de la legislación,
sino que puede ser una práctica judicial,
una práctica administrativa muy consolidada,
de un de un estado miembro.
Es muy interesante también analizar por qué no hay recursos
de incumplimiento de una Estados miembros a otros.
También es interesante investigar las diferencias de actuación
en el recurso de incumplimiento por parte de la Comisión Europea
en relación con los Estados.
En relación de otros.
Se puede analizar si la comisión es más estricta
con algunos Estados que con otros.
En relación al cumplimiento del derecho a la Unión Europea,
o no es sensible,
a la hora de valorar el planteamiento de los recursos de incumplimiento
con la situación institucional de los diferentes Estados miembros?
La situación político, política y constitucional
de los diferentes Estados se puede incluso valorar?
También sería interesante estudiar si hay diferencias.
El número de denuncias que se plantean por parte de los parques,
de los ciudadanos y de las empresas de los diferentes Estados,
sus que residen contra los Estados en los que residen
o de los estados de los cuales son nacionales,
en relación al cumplimiento del derecho a la Unión Europea
por parte de esos Estados quizás en muchas ocasiones
pueda ver eso no serviría para analizar quizá.
El grado de actividad o de vivacidad de la sociedad civil
y el empresariado de unos de unas Estados
y de otros, y de las diferencias existentes,
puede ser que la comisión reciba muchas más denuncias
de algunos Estados, qué de otros no y eso también motive
ciertas diferencias,
porque los recursos también de la comisión
son limitados, limitados y, por tanto,
puede puede haber diferencias.
Emoción del del número de denuncias recibidas por parte de unos,
contra unos estados y contra datos,
sentido positivo en sentido negativo.
Podría ser que el hecho de que no haya denuncias motive
que la comisión no analice tanto las actuaciones de ese Estado
mientras que se recibe muchas denuncias.
Va a tener que analizar algunas actuaciones
o falsas dataciones por parte de un estado
miembro en relación al derecho a la europea,
pero pueden ser también que si hay demasiadas denuncias incluso puede
ser que no justificadas, pues al final puede tender
la comisión a no dar importancia tanto las estaciones de ese estado,
porque ya tiene experiencia en que muchas denuncias
pueden ser de carácter político, de contenido político
y normalmente con fundamentación jurídica.
En relación al adaptación
de un Estado, no puede se pueden analizar,
pues, la las diferentes actuaciones de la comisión en función
de las diferentes situaciones.
Si hay unos Estados que son más proclives a ser más Soto en general,
los dos son proclives, respetuosos con los demás estados miembros,
y y salvo los casos paradigmáticos de hungría y polonia,
donde ha habido procedentes de incumpliendo por parte
de la Comisión donde también han intervenido otros Estados,
sobre todo por materia de estado de derecho
y de independencia judicial,
pues el resto de supuestos.
Los Estados miembros no suelen,
no suelen intervenir y no suelen ser ponentes.
Luego sí.
Se pueden prolongar estas multas céntimos
y más consecuencias.
Bueno, esto es una pregunta muy interesante,
sí sin más consecuencias.
Es interesante la pregunta, es decir,
solamente las consecuencias económicas a ver
qué más lo lo lo lo puede.
Depende del tipo de violación del derecho de la Unión Europea
de todas formas no menoscaben es decir no no subestimen la eficacia
de las de de las multas coercitivas por parte de la.
La comisión puede pedir el tribunal,
puede imponer, pueden ser muy altas,
y las multas coercitivas se cobran, es decir,
que puedan motivar congelación de fondos.
Por tanto, son muy importantes.
Puede un Estado negarse a así a cumplir?
Puede negarse a cumplir, hay procedimientos.
Claro que hay procedimientos, depende del tipo de violación.
Tengan en cuenta que se puede llegar en caso de incumpliendo
su obligaciones con los tratados.
Hay procedentes específicos,
sobre todo en materia de estado de derecho previstos,
para permitir iniciar procedimientos en el ámbito del Consejo.
Para limitar los derechos de ese Estado se le puede castigar
incluso al Estado incumplidor.
Muy de múltiples formas en materia de fondos europeos
y de sus derechos de voto en el Consejo.
Lo que pasa es que eso es una situación muy
que bueno, es muy complicada,
porque el procedimiento en última instancia
requiere que haya unanimidad de los demás
y, por tanto, debe ser una situación muy grave a.
Se ha valorado en algún caso instar ese ese procedimiento,
pero, pero yo recuerdo que solamente se suspendió
y fue un supuesto muy excepcional por un tema de estado de derecho
y fue hace muchos años con con Grecia,
cuando hubo una golpe de Estado
y una y se suspendieron los derechos políticos de Grecia,
pero, pero fue un supuesto muy raro y actualmente exigiría la unanimidad
de del resto de miembros del consejo,
con lo cual tiene que claro, tiene que tiene,
tiene que ser una decisión muy la Comisión
la debe instar, pero debe haber una unanimidad,
porque ese Estado no votaría, lógicamente,
porque estaría interesado en el asunto,
pero era unanimidad del resto de Estados
y no es una situación fácil o sencilla
para no es una situación sencilla y tampoco nadie quiere,
nadie quiere llegar.
Hay las multas coercitivas.
Son muy, son muy importantes,
y la exclusión eventualmente del Estado
de otros fondos, hay mecanismos se pueden,
se pueden utilizar diversos mecanismos,
pero no, no yo, excepto en supuestos muy concretos en los cuales hay
Estados reticentes a cumplir, estoy pensando en el caso de polonia
y hungría que son reticentes a cumplido en ciertos ámbitos.
Entonces, no supuestos.
Normalmente los Estados
que son condenados cumplen compren cuando antes para no
para las sanciones, no sean muy altas porque las multas coercitivas
pueden ser bastante impresionantes.
3, si tienen en cuenta que los Estados,
aunque en principio podemos pensaban a los Estados
para disponer de fondos públicos,
a final las sanciones son dañinas para el erario público,
son importantes más dudas.
Sí comentaba.
Un Estado puede asumir palabras y permanecer, así.
Sí principio qué podemos hacer con ese Estado.
Al final, en el caso
de que fuera una obligación tan importante, que es
de de una cuestión de democracia y estado de derecho,
se le pondría, le pondría suspender y, en última instancia,
expulsar de la Unión, pero tengan en cuenta que, al final,
incluso con tasas, he tratado de lisboa.
Existe la posibilidad de marcharse de la Unión Europea.
Por tanto, el brexit está ahí; no ha habido una salida negociada,
constancia de un Estado que se ha querido ir como el Reino Unido
y se ha ido.
No tendría mucho sentido.
Un Estado que se niega a cumplir el derecho a la Unión Europea
permaneciera mucho tiempo,
puede hacerlo temporalmente o se puede permitir el lujo
de hacerlo temporalmente pagando, sí;
pero no sé no tendría sentido económico ni jurídico.
Permanecer en un club en una,
en una organización de reacción supranacional,
con el que no estáis de acuerdo,
y por eso no cumple es el derecho de la Unión y no te quieres marchar,
salvo que tengas una perspectiva de cambiar ese ese derecho.
Cambiar las mayorías parajes esquemes de derecho
y, por tanto, ya no hay un incumplimiento por parte
de por parte de ese Estado porque tú entiendes como Estado
que en última instancia podrás en último término término
cambiar la mayoría política que hay en la la Unión
y, por tanto dejar incumplir, pero no se me ocurre
cuál es el interés de mantenerte pagando de forma indefinida
multas coercitivas siendo sancionado volviendo a interponer,
entre otros recursos,
porque se incumples en en una directiva incumplidas,
en otra, porque la motivación será será,
será similar y no veo mucho sentido que un cría y polonia
está en una situación particular en estos momentos,
pero al final parece que en última instancia
intentan cumplir, aunque sea de una forma,
aunque sea tarde, y de la forma menos están intentando cumplir,
porque al final es una cuestión económica,
vamos a cumplir porque pueden intentar dilatar el cumplimiento
o en dar cumplido de otra manera y alegar que están cumpliendo
cuando en realidad no están cumpliendo, no eso,
pero al final va a haber condenas,
va a haber multas, sanciones y multas coercitivas,
y.
La ustedes pueden decir bueno,
pero imaginen que no paga las multas.
Bueno, se van a coger los fondos que tienen que recibir,
con lo cual las multas se van a cobrar
y estaba dejar de recibir fondos europeos
y al final a mitad del dinero, sobre todo en el marco del euro.
Eso es muy importante, el marco de otras monedas
fuera del euro también va a ser importante,
porque los fondos al final son importantes fondos europeos
vale gracias diga diga alguna otra cuestión que tengan
sobre el control de legalidad.
Si no tienen, quiero ponerles.
Porque les he recordado antes que lo comentamos el primer día.
La clasificación de procedimientos,
lo que están viendo ya power point que les remito,
les envíe para primera sesión, y aquí habíamos hablado
de la clasificación de procedimientos.
Entonces me gustaría que revisáramos a la luz de lo que hemos visto hoy.
Precisamente el control de legalidad por las explicaciones
de los procedimientos recordarán que les comenté
que esta es la academia encima, intentamos clasificarlos
para intentar entenderlos de forma mejor.
Esto es lo mejor hoy,
pues pueden entender precisamente mejor esta clasificación
que comentamos.
Acciones directas indirectas.
Pues hoy, precisamente hemos visto la excepción.
Ilegalidad.
Las medidas cautelares no las hemos visto,
pero vamos más cautelares.
También son.
O mecanismo que se pueden solicitar en los distintos procedimientos,
no medidas cautelares,
pues imaginen los recursos que hemos planteado hoy
como el recurso de anulación, recurso, omisión, pues,
o el recurso de incumplimiento pueden pedir medidas cautelares,
la suspensión de actos, etcétera.
No la excepción de legalidad.
Es una acción indirecta y la cuestión prejudicial,
que verán con la profesora
Blanca fácil, pues también es una acción indirecta,
y, en cambio los otros que hemos visto hoy,
pues son acciones directas, incluso anulación;
recurso por omisión.
La acción de responsable, esta contractual canvis
como profanando Vall y el recurso de incumplimiento
que hemos visto, nos queda por ver los otros recursos,
los veremos en la sesión siguiente y si se ve en esta otra clasificación
de procedimiento, lo digo porque en el caso,
el primer caso, que puse el caso práctico,
el caso práctico uno que he visto que ya algunos de ustedes,
ya han mandado, aunque plazo,
hasta octubre para realizar los casos prácticos,
algunos de ustedes llaman dado el caso práctico 1.
Una de las preguntas que tienen que contestar era
qué tipo de procedimiento será en este supuesto, no y claro,
el tipo de procedimiento se puede contestar de muchas maneras,
es un tipo de procedimiento.
Una acción directa es una acción indirecta,
es un procedimiento de control sobre la estación de la Unión,
es un proceso de control sobre estado miembro y qué tipo de procedimiento,
es decir, es el recurso de anulación,
es nacional, es un recurso por omisión,
no arquetipo de procediendo, me refería, lógicamente,
si es un recurso de omisión, es un recurso de anulación,
es un recurso por incumplimiento, es yo qué sé lo que sea.
Pero aparte de contestar, es un recurso de anulación.
Es una excepción de legalidad.
Es un recurso omisión es una cuestión prejudicial,
se puede puede contestar que es un control,
un tipo de procediendo que es un control
sobre una institución o sobre un estado miembro
o es una acción directa o es una acción indirecta?
Son tipologías de procedimientos.
Nos parecía,
pues, distinguir muy bien si es el control,
son las instituciones o el control sobre Estados miembros.
Y hay que hemos visto,
pues hoy todos los hemos visto diferentes tipos de procedimiento,
el recurso de responsable extracontractual,
que han visto en la primera parte en la primera sesión
de esta tarde con Fernando Vall es un es un recurso,
el control son la institución de la Unión,
el recurso de anulación, el recurso por omisión.
La excepcionalidad que hemos visto también hoy es un son mecanismos
o recursos de control sobre la instrucción de la Unión,
y el recurso por incumplimiento que hemos visto,
pues es un mecanismo de control sobre los Estados miembros.
Y lo había otras clasificaciones.
Comentábamos también otras clasificaciones
como era la de tarifa fray Juste decía que bueno,
en realidad entiende que habría que diferenciar
los procedimientos en función de es la cuestión prejudicial,
que es muy paradigmática, muy particular.
Ya saben que pueden ser cuestiones judiciales
de validez o interpretación sobre el derecho de la Unión.
Plata por nacional ante todo justicia, etc. Ya lo verán.
La sesión de la profesora Blanca Aziz
cuando se trata de acciones directas contra Estados miembros.
El recurso incumplimiento, el control de legalidad sobre los actos
de las instituciones, que son las grandes clasificaciones
y luego dentro de estas, de estas tres
pues ubicaría las demás,
obligaría a todos los procedimientos,
y también les comenté que en realidad nosotros como lo hemos planteado
es intentar diferenciar algunos grupos,
pero es complicado.
Al final esto es una cuestión de criterio de estudio,
no como aproximarnos a los procedimientos.
La cuestión prejudicial es muy, es una cuestión,
es una acción indirecta,
pero tiene unas características muy específicas.
El control de responsable a esta contractual,
que han visto con el profesor Fernando Vall,
tiene también unas características muy específicas
que lo hace muy particular.
Hemos puesto juntos y por eso les he analizado hoy
una serie de recursos, algunos directos,
otros otro un indirecto como excepción de legalidad,
uno contra los Estados miembros, como el recurso por incumplimiento
y otros de control de las instituciones,
como son el recurso de apelación, recurso, omisión
y la, la propia excepción de legalidad
y luego hay otros que veremos la próxima sesión,
que les daré yo.
Qué nos toca a nuestro Cabañana otros procedimientos
y cuales vamos a ver?
Pues veremos los recursos de casación y revisión
la resolución de litigios entre el tribunal
entre la Unión Europea y sus funcionarios,
que también no deja de ser.
Es verdad que no deja de ser un mecanismo de control de legalidad
de la actuación de las instituciones,
pero en la medida en que es especial
porque es un conflicto contra empleados públicos
de las propias instituciones,
tiene características que parece lógico analizarlo aparte,
aunque ustedes me podrían decir.
Bueno, también tiene su lógica de lo pudiéramos haber analizado hoy dentro
del control de legalidad de las actuaciones
de las instituciones, sí podría tener también su sentido
y luego la función con su última, la función consultiva
o los dictámenes consultivos.
En relación
a los acuerdos internacionales por parte del Tribunal de Justicia,
que también analizaremos, hay otros procedimientos,
también hay muchos, hay procedimientos especiales,
muchos procedentes especiales
para conocer en profundidad todos los procedimientos.
El mejor manual está en inglés,
y es el de que les comenté en la primera sesión entre leales
un procurarlo que analiza de forma muy detallada
todos los los los procedimientos, incluso los más especiales,
que hay regulados de forma muy específica
para unas instituciones en particular de la Unión de la Unión Europea.
Veremos estos que son los más, los más importantes
y que son los más suelen o que puede ser que a ustedes les interese más,
pero a lo mejor hay algún procedimiento que nos somos dejado,
que es pueden ser, puede ser interesa.
Si es así les invitaría.
A decirlo es también nos pueden decir.
Bueno, pues yo me estoy interesado.
He oído hablar de este procedimiento.
Pues si tienen interés, pueden decírnoslo,
y teniendo en cuenta que tenemos un que organizar el seminario práctico,
la training curs, de 15 horas, para seguramente
espero en noviembre, diciembre y les informaré de ello
para que puedan apuntarse unas interesadas,
pues podríamos analizarlo tratarlo.
Si alguno de ustedes, por alguna razón de interés
en que analicemos algún procedimiento específico que no hemos tratado
en este curso.
No sé si hay alguna cuestión o alguna.
Quería comentarles otra cosa sí y es que antes les he comentado
también el tema de la efectividad.
En cuanto al principio de incumplimiento,
el tema del recurso incumpliendo contra los Estados miembros
y les he comentado el tema de la responsabilidad patrimonial
de los Estados miembros y el tema del principio
de efectividad y equivalencia.
Estos principios deben respetarse siempre por parte de los Estados
por parte de la Unión precio de competencia atribución fíjense
qué si la Unión Europea dictara un reglamento
fuera del ámbito de sus competencias,
estaría vulnerando el derecho de la Unión,
estaría vulnerando los tratados,
estaría invadiendo competencias de los Estados miembros.
Los Estados miembros son soberanos,
han cedido competencias a la Unión Europea
a través de los tratados constitutivos
y los tratados de reforma que los Estados miembros actualmente,
los 27, hemos ratificado.
Claro, las instituciones eso también lo comentamos,
esta primera sesión tienen competencias atribuidas,
por tanto, es verdad que puede haber competencias compartidas
entre las instituciones y los Estados miembros,
pero no en principio no hay competencias residuales,
más allá de que las instituciones puedan,
para alcanzar los objetivos establecidos en sus competencias,
puedan lógicamente, realizar actuaciones,
pero dentro de sus dentro,
de los objetivos establecidos en los tratados
y dentro del marco de sus competencias.
Por tanto, se pueda alegar,
falta de competencia en instituciones europeas
para impugnar a través del recurso de anulación,
un reglamento o un acto de una dona, de una institución.
Cada ustedes me pueden decir bueno, pues claro,
es que el recurso de anulación tiene un plazo de dos meses
y el reglamento se aprobó hace 20 años, hace 10 años,
y ahora resulta que se ha editado un acto en amparo
de este reglamento.
Yo entiendo que el acto, el acto es ilegal,
pero es ilegal, no por sí mismo,
sino que la natural, la la idea de ya de la acto se fundamenta en realidad
en la legalidad del reglamento en que se ampara
y, por tanto, el reglamento es ilegal.
Por falta de competencia se puede alegar
si hay que interponer un recurso contra el acto
y alegar la excepción de legalidad del reglamento
en el transcurso del proceso y, por tanto,
se puede llegar a declarar la ilegalidad de un reglamento
como el reglamento vulnera los derechos fundamentales
y a mejor nadie lo ha visto hasta este momento piensen
que se han tumbado reglamentos importantes por parte del túnel
de justicia por vulneración de derechos fundamentales.
Por tanto, estoy recordando ahora todo el tema de liberación
de la protección de datos,
pues todo el tema de los de la estoy recordando ahora
el tema de la normativa en materia de materia de conservación
de de conversación de datos relacionados
con las llamadas telefónicas,
que se habían incluido algunas obligaciones
para las compañías telefónicas de conservación de algunas datos
durante un tiempo bastante largo y de forma indiscriminada
es claro contraria al derecho de la Unión Europea por vulneración
de los de los derechos fundamentales.
Aunque en esas sentencias conservó algunas situaciones muy importante,
los primea, además de precio de competencia,
atribuciones los principios de equivalencia y efectividad
de tratar siempre con equivalencia las situaciones internas
a las situaciones de derecho de la Unión Europea,
esto puede ser motivo de incumplimiento
de los Estados miembros.
Estas han supuesto, por ejemplo, piensen de la condena a España
por incremento del derecho a la Unión Europea en relación
con el impuesto de sucesiones y donaciones
a no residentes en España
cuando se trataba de forma diferente y peyorativa
en el pago del impuesto de sucesiones y donaciones a residentes en España
que pagan su impuesto en función de la comunidad autónoma,
de su residencia.
Y qué hacemos con las personas que no son residentes en España
y heredan o se les hace una donación por parte de españoles
que están y están obligados a pagar ese impuesto?
Pues lo que se hizo
es que se pagaba unas cantidades mucho más altas,
porque, como saben, en muchas comunidades autónomas
está prácticamente bonificado en la casi totalidad.
Ese impuesto, bueno, eso hizo que la comisión sin interponer,
sin depusieran un recurso incumplimiento y condena a España
y se obligó a España a modificar para tratar de forma equivalente
las situaciones de derecho a la Unión Europea,
a postes mecen mono, y aquí es,
pero eso es un supuesto derecho de la Unión.
Si no hay un principio, no es competencia de la Unión regular
el tema del impuesto de sucesiones y donaciones,
competencia exclusiva.
Los Estados miembros tienen cierto cierto, en principio,
la Unión Europea no tiene competencia en materia de sucesiones y donaciones
y entonces cómo puede entrar la Unión Europea
a conocer de un supuesto así?
Porque el ámbito
y esto lo hablaremos cuando en la sesión sobre relaciones
Tribunal Constitucional tomando
justicia hablaremos también de la esta este supuesto relaciones
Derecho Unión derecho derecho constitucional el ámbito del derecho
de la Unión Europea no solamente entra por razón de materia
en las materias que son competencia de la unión europea,
sino que en el ámbito del derecho de la Unión Europea
alcanza a cualquier situación gobernada por el derecho de la Unión
y el derecho a la Unión.
Si gobierna la movilidad y en la medida
en que hay libertad de circulación en el ámbito de la Unión Europea
y como ciudadanos de la Unión Europea,
tenemos libertad para elegir, donde no se establecemos
y residimos, como ciudadanos de la Unión.
Si nos movemos a otro Estado y vivimos allí somos residentes allí
y resulta que luego nuestros padres fallecen
y heredamos allí el Estado
en este caso.
Por ejemplo, Estado Español nos debe tratar de forma equivalente
a aquellas personas que están residiendo en España,
porque si no se estaría produciendo una vulneración de nuestros derechos
como ciudadanos europeos.
Ahí es donde entra el derecho, el derecho de la Unión,
y si ven el criterio de conexión, la cuestión siempre problemática
difícil es encontrar, hay que tener conexión,
pero si ustedes encuentran criterio de conexión con el derecho
de la Unión,
entraríamos dentro del ámbito de aplicación del derecho de la Unión
y, por tanto, sería aplicable y serán a aplicar esos principios
de equivalencia y efectividad contra el Estado miembro.
Es el mismo supuesto también de que conocerán,
en el caso el caso Aziz y todos los casos,
en los cuales en materia de protección a los consumidores
el Tribunal de Justicia ha resuelto diversas cuestiones prejudiciales,
en las cuales se planteaba si la normativa española
e incluso la normativa de ejecución hipotecaria o normativa procesal
en algunos casos que en principio la Unión Europea
no tiene nada que tiene poco que decir en materia procesal,
pero hay normativa en materia de protección al consumidor,
de tal manera que si la normativa procesal no respeta
la normativa en materia de protección al consumidor
se está incumpliendo también el derecho de la Unión Europea
y se nos pueden plantear múltiples.
Supuestos temas de nacionalidad, adquisición y pérdida,
nacionalidad de los diferentes Estados miembros,
Estados son soberanos en cuanto a cómo regulan, quién adquiere
qué y cómo se pierde la nacionalidad de un estado miembro.
Es una cuestión de soberanía en la que no se ha cedido
ninguna competencia a la Unión Europea,
pero también es verdad que, como saben,
tener la nacionalidad de un estado miembro implica per
se tener la ciudadanía de la Unión Europea
y el estatus de ciudadano,
con lo cual la pérdida de nacionalidad implica la pérdida
de la ciudadanía.
La última de justicia puede intervenir y controlar,
como al final se está regulando y se está perdiendo esa ciudadanía
que se pierde como consecuencia de la nacionalidad,
es decir, que hay mecanismos de de control
de tal manera que el principio institucional institucional,
el precio de autonomía procedimental ha quedado muy reducido.
Eso ha hecho o eso motivó que se introdujeran
en los tratados del principio de respeto a la identidad nacional
constitucional, que es lo que han intentado utilizar,
sobre todo, Polonia y guía para defender ciertas legislaciones
que intentan tutelar ciertas su soberanía frente frente
al proceso de tendencia más o menos homogenizadora
de la de la de la integración de la Unión Europea?
No.
El tema es que el principio de respeto de identidad nacional
constitucional eso lo veremos también
en la última en la sesión sobre sus relaciones
tiene una cocina, una de justicia,
es un principio que no deja de ser un principio de derecho
de la Unión Europea.
Luego quien lo define, quien define quiénes la identidad nacional
de un estado miembro no sé estado miembro,
aunque ese estado miembro pueda querer hacerlo
desde la perspectiva del derecho de la Unión,
el Estado podrá hacerlo en su constitución.
Pero quién lo va a interpretar?
Es una pregunta, es el es el Tribunal de Justicia?
Eso también es importante que lo tengan.
Tengan en cuenta.
Voy a cerrar un momento.
Compartir para que haya,
porque creo que había una intervención, sí.
La directiva sobre los fondos de crédito celebrados
con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial
modificó la ley hipotecaria.
Sí ha habido varias reformas de la ley de la ley hipotecaria,
algunas derivadas de directivas
y y otras derivadas de la jurisprudencia de justicia.
Es decir, que luego también es interesante
que tengan en cuenta una cuestión muy importante sobre este tema.
Es el tema de la.
De la eficacia horizontal y vertical de del efecto directo
de de las normas.
Yo estoy comentando sobre todo el principio de equivalencia
efectividad porque eso es predicable de cualquier derecho.
Lo que pasa es que es verdad que las normas jurídicas
para que tengan eficacia diré para que tengan efecto directo
deben crear obligaciones claras y precisas,
y lo el caso de las directivas tienen,
tienen lógicamente que ser objeto de trasposición
o haber al menos pasado, el plazo de trasposición
para que puedan generar derechos y bueno,
pueden implicar que el Tribunal de Justicia
efectivamente tutele tutele.
Tutela derechos.
Hay una cosa interesante también y es poner en conexión
las normas jurídicas, incluyendo las directivas,
con los derechos fundamentales de la Carta,
porque la Carta de Derechos Fundamentales,
donde está también una serie de principios informadores
de derechos importantes no tienen no no se crean no crean
no crea una amplia las competencias de la Unión
no crea nuevos ámbitos competenciales para la Unión,
pero vinculando la Carta de Derechos Fundamentales
junto a las directivas se puede conseguir un efecto expansivo
del derecho de la Unión Europea muy importante para los intereses
de los consumidores
y de otros y de otros colectivos, grupos o grupos vulnerables,
pero si efectivamente hay mucha normativa,
indirectamente nos pueden obligar a modificar otra normativa,
que en principio es de competencia exclusiva
de los Estados miembros y que no sea normativa,
materia materia que sea cualquier en cualquier tipo
de materia.
Por eso es importante pensar en ocasiones.
Una directiva puede obligarnos a cambiar mucha normativa,
sea normativa legislativa estatal, sea normativa autonómica,
sea normativa local o incluso prácticas administrativas,
jurisprudencia, es decir, puede haber normativa de derecho
de la Unión Europea nueva o puede haber incluso
jurisprudencia y sentencias de toda la justicia que nos obligan
a modificar a cambiar legislación jurisprudencia
o práctica administrativa.
No olvidemos que estamos vinculados al principio,
primacía y efecto directo y nada materna.
Efecto jurídico-efecto directo goza de primacía frente a la norma interna
y tenemos que aplicarla y aplicar la norma de derecho
de la Unión Europea.
Esto suscita muchas dudas, sin lugar claramente en el ámbito judicial,
más si cabe en la mitad administrativo,
porque el juez al final tiene la posibilidad
de plantear la cuestión prejudicial si tiene dudas sobre la integración
en la norma derecho no europea
y sobre la jurisprudencia de una justicia
puede plantear dudas de hecho en materia de consumidores,
pues se ha planteado.
Se han planteado muchísimas, muchísimas cuestiones prejudiciales
en materia, en materia hipotecaria,
sobre el tema de las cláusulas suelo, etcétera,
muchísimas cuestiones prejudiciales
porque a lo mejor la doctrina actual de justicia,
pues no está lo suficientemente clara para los jueces.
Pues imagínense para una administración pública
en otros supuestos,
porque la Administración, a diferencia de los jueces,
no puede plantear cuestiones prejudiciales,
y también está obligada a la Administración
al es aplicar normas internas que sean contrarias al derecho
de la Unión Europea, incluso normas, cualquier rango.
Pero la Administración no puede plantear una cuestión
prejudicial por eso en la práctica suele ser más habitual
que la administración prefiera.
Si no lo tiene claro, no no, inaplicar la norma interna
y el particular ya instará los recursos oportunos
y será el juez al final el que decida en su caso
plantea la cuestión prejudicial porque la Administración
refiere aplicar la norma española quien aplicar la norma española
y aplicar la norma europea en caso de duda,
pero la obligación en realidad sería inaplicar la norma española
y aplicar la nueva europea si no hay posibilidad de conciliación
y de interpretación, conforme de hecho,
como saben la Carta de Europa de derechos fundamentales,
se introduce el principio de buena administración,
el principio de buena administración.
Deberíamos interpretarlo en el sentido
de que la misión pública también está obligada a aplicar
el derecho español de conformidad con el derecho a la Unión Europea.
Eso no cabe ninguna, ninguna duda de que es así
y debería ser así.
Otra cosa es que sea complejo
y que cueste modificar prácticas administrativas
muy consolidadas, pero eso debería ser,
deberíamos tender a eso a aplicar el derecho a la europea.
No deja de ser derechos
que se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico,
pero que en el juego entre normas de elaboración interna
y normas de la oración externa de derecho a la Unión,
estas rigen por encima de las nuestras,
pero no porque España al final
hay que tener en cuenta que esa es la que las que
las competencias que están ejerciendo en las instituciones europeas
las hemos pedido de acuerdo a la Constitución.
De acuerdo.
Al artículo 93 el Estado españoles, el Estado soberano, si quisiéramos,
podríamos marcharnos si al final la mayoría de los Estados quiere
y el Parlamento,
es decir al final estaciones europeas, tengan en cuenta,
son democráticas,
en el sentido de que el Parlamento lo elegimos.
Los ciudadanos y el consejo está formado por los Estados miembros,
con lo cual, al final las mayorías de que dependen de los Estados
y de las sociedades y los pueblos de los Estados
puede haber una mayoría cambiante, que cambie las decisiones,
la normativa del derecho de la Unión
y al final quien si alguien no puede y no está de acuerdo,
pues puede marcharse.
Al final tienes soberano, en última instancia del Estado.
Pero mientras formamos parte de esa unión
de esa organización internacional de integración supranacional,
hemos cedido una serie de competencias
y están siendo ejercidas por otras instituciones.
Nos puede gustar, no nos puede gustar las decisiones que se están adoptando
y el derecho que está adoptando en el marco de la Unión Europea,
como en el ámbito autonómico;
puede gustar o no el derecho que se puedan a nivel estatal,
pero no podemos dejar.
No podemos perder de vista de vista que,
aunque el Estado Español,
cualquier otro Estado sigue siendo soberano
y las competencias son nuestras, hemos tenido el ejercicio
de esas competencias mientras formamos parte de la Unión
y hay muchas competencias que ya están ejercidas la más llamativa.
En el caso de España, por ejemplo,
que formamos parte del euro es la moneda;
España no tiene una moneda propia y solamente puede emitir moneda
el euro de acuerdo a lo que determina el Banco Central Europeo
del que forma parte del banco el Banco de España.
Tampoco hay que perderlo de vista.
Los tipos de interés marca el Banco Central Europeo,
España ya no marca los tipos de interés oficiales,
nos marca el Banco Central Europeo y eso era algo un elemento
de la soberanía estatal que antes era impensable el tema de la moneda
y de los tipos oficiales,
pero que hemos cedido como todo lo demás, difícilmente,
si piensan en lo que hemos comentado antes del principio de competencia
y atribución, el principio de cooperación leal
al principio de efectividad y de equivalencia etc.
Y, aunque haya autonomía institucional y procedimental,
en todos los no no asumió competencias
la Unión Europea invasivas.
Tratados ya difícil.
Hoy en día, encontrar algo,
un asunto que sea exclusivamente interno,
no digo que no los haya, los hay, pero ya es difícil,
va siendo cada vez más difícil encontrar un asunto
exclusivamente interno donde no haya ninguna norma de derecho de la Unión
que tenga algo que decir o que está interconecten conecta,
tenéis una investigación interesante.
Hay sentencias en el tema de justicia
que dicen que se trata de un asunto exclusivamente interno,
donde que no tiene ningún criterio de conexión
con el derecho de la Unión y que, por tanto,
queda fuera del ámbito del derecho de la Unión
y el tema de justicia y no tiene nada que decir.
Hay sentencias en ese sentido, pero son supuestos raros,
porque si alguien encuentra un criterio de conexión,
pues normalmente está fundamentado y el derecho a la Unión Europea
pueda tener algo que decir y puede suscitarse muchas ocasiones.
Un incumplimiento por parte del derecho por parte
de un estado miembro,
aunque es verdad, en la mayoría de casos
de los que está conociendo el turno de justicia
no son recursos de incumplimiento, no son recursos de anulación
o de omisión contra las instituciones europeas,
sino que el procedimiento estrella estaría la cuestión prejudicial
de procedimiento estrellas, la cuestión prejudicial
porque se recuerdan.
Como vimos también la primera sesión
y perdonen que vuelvan a insistir en esto,
pero me parece me parece importante tenerlo en cuenta.
La jurisdicción interna no deja de ser.
Yo tenía por aquí esta es la página que quería mostrarles.
El derecho de la Unión,
que se incorpora al elemento jurídico interno,
aunque es un argumento jurídico autónomo distinto,
donde tenemos dos ordenamientos jurídicos.
El mundo jurídico de la Unión Europea,
que que se rige por sus principios,
pero una vez está se corpore en cada uno de los 27
ordenamientos jurídicos nacionales o de los Estados miembros
y en cada uno de los Estados miembros se aplica.
Es verdad que lo aplicamos conforme a nuestras normas en España
conforme a las normas del ordenamiento jurídico español,
y quien lo aplica, pues lógicamente la administración española,
y en caso de conflicto, los tribunales españoles,
la jurisdicción española,
conforme a sus reglas de procedimiento
y a su principio de autonomía institucional procedimental,
aquí aplicamos normas del momento jurídico español,
de elaboración interna y normas del momento jurídico español,
cuya procedencia es el derecho de la Unión Europea,
que son normas que forman parte también del argumento jurídico
de la novedad, es decir,
que todas las normas de la Unión Europea
forman parte a su vez de 2.
Ornamentos.
De bar, de la órbita jurídica europea
y a su vez, de los 27 retos jurídicos de la Unión Europea,
lo cual implica complejidad, porque son sus jurisdicciones,
la jurisdicción de cada uno de los Estados miembros,
que de forma ordinaria en el día a día
es quien tiene que resolver los conflictos, los problemas,
y tiene que aplicar las normas de derecho de la Unión.
La Unión,
junto con otras normas de elaboración de derecho interno
por eso se comparte la función jurisdiccional en relación
con el derecho a la Unión Europea entre la jurisdicción nacional
y la jur y las jurisdicciones perdón, perdón,
la jurisdicción de la Unión de la Unión obvia del nivel
de Aún europea, es decir, el Tribunal de Justicia no europea,
que es la dimensión que han visto
esta mañana que la estructura jurisdiccional que han visto
esta mañana,
pero cada uno de los Estados miembros tiene su jurisdicción.
Cómo quiere organizarse conforme a su constitución?
Conforme a su principio, autonomía Estado es soberano,
para la Unión, obliga a tener
un Tribunal Constitucional o tener una función ordinaria
una manera o de otra,
lo que te obliga a tener separación de poderes, democracia,
garantía de derechos y libertades,
y a garantizar la efectividad de los derechos que establece la Unión,
pero como lo hagan si es un problema tuyo,
problema de tu diseño constitucional y, de hecho,
respetar tu identidad constitucional, que es
cómo tú organizas tu separación de poderes,
cómo la organizas, tenemos un sistema legislativo bicameral unicameral,
tienes una jurisdicción un poder judicial,
como es tú organizando el poder judicial
como tú quieras,
tienes un Tribunal Constitucional o no lo tienes.
Bueno, eso ya es una cuestión tuya,
pero tú aplica el derecho de la Unión,
y en el caso de España nuestra cuestión está como está.
Tenemos nuestro poder judicial
y tenemos nuestra jurisdicción constitucional,
y ambos, Poder Judicial y Tribunal Constitucional
son distintos trabajos.
Hicieron no forma parte del Poder Judicial,
pero en otros estados, en otros.
Estados que no tienen titular constitucional,
donde la función constitucional la ejerce el propio poder judicial,
su Tribunal Supremo.
Eso es posible?
Es posible?
Porque ya depende del diseño constitucional
de cada estado miembro.
Eso no plantea problemas del punto de vista del derecho
de la Unión Europea.
Es una cuestión interna.
La cuestión desde el punto de vista del derecho de la Unión
es que se aplique el derecho de la Unión,
y quien lo aplicará es la jurisdicción normalmente nacional,
pero lógicamente si había un recurso anulación,
un recurso incumplimiento.
Eso ya se ocupa Tribunal de Justicia,
y si hay una cuestión prejudicial pues también se ocupa
el Tribunal de Justicia de la cuestión prejudicial,
vale, pero quería hacer estas pequeñas matizaciones
dado que no había más dudas para que se yo creo
que después de haber visto hoy
o haber acabado previamente los recursos,
pues a mejorar.
Se ve muy claro lo que yo quería decir
con la arquitectura de dos niveles o el poder judicial híbrido
que hablaba a Sarmiento
porque el poder judicial de la Unión Europea
en los Estados miembros y hay poder judicial
de la Unión Europea a nivel de la Unión Europea,
o lo que dice aliñan Nogueras de que se comparte
la función jurisdiccional.
Esto es una cuestión conceptual.
Lo mejor ustedes dicen.
Pues de advertida española como aquí tenemos poder judicial
y lo tenemos el Tribunal Constitucional aparte,
pues lo mejor, lo que puede ser un poder judicial híbrido
no me suena muy, no nos suena muy bien,
porque aquí en realidad te una cuestión en los Poder Judicial
suena mejor.
La función jurisdicción ya es una cuestión conceptual
o de terminología,
porque ahora depende del Estado miembro donde nos pongamos
desde la perspectiva del derecho de la Unión.
Es una cuestión, es una cuestión interna.
Lo que está claro es que la acción de la Unión Europea se ejerce
por las opciones nacionales, tal y como están organizadas
y por también por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
pero yo creo que ahora habrá quedado muy claro lo que yo quería decir,
porque hemos visto diferentes procedimientos
de los que conoce el Tribunal de Justicia
y también hemos visto en el tema de el tema de los problemas
de la aplicación ordinaria del derecho,
y cuando veamos la cuestión prejudicial,
la última en la sesión de la profesora Blanca Cid,
pues se verá más claro que no muere.
Si no hay nada más, siento haber sido un poco mejor.
Insisten, pero no quería que dejar de interrelacionar esta sesión
con la anterior para que vean cuál es el sentido de las de las conexiones,
de la teoría sobre el ordenamiento jurídico
y por qué explicaba el tema de los ordenamientos
y de la de la doble función, jurisdiccional, etcétera,
o de la arquitectura en dos niveles de las jurisdicciones,
ya que me refería con ello en la primera sesión,
si no hay ninguna otra cuestión, Muchas gracias por su atención
y y seguimos mañana con las con las sesiones.
Muchas gracias.