Buenas tardes.
Bienvenidos, de nuevo, bienvenidas a la siguiente sesión
del módulo iuris jurisdicciones, procedimientos en la Unión Europea
en este curso que estamos realizando,
la tercera edición del curso sobre el Tribunal de Justicia
y los procedimientos ante alturas de justicia.
Bueno, como saben, vamos a analizar esta tarde
en la última sesión la sesión que nos quedaba la el tema
que nos quedaba era la relación entre el Tribunal Constitucional
y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Inicialmente estaba previsto
que esta sesión la realizada el profesor Tenorio,
que es catedrático de Derecho Constitucional
y fue durante muchos años letrado del Tribunal Constitucional
y que es experto en fundamentalmente en temas de cuestión prejudicial,
y también es experto en el tema del recurso amparo del,
tiene algunas publicaciones algunas anteriores
en las que anteriores a que el Tribunal Constitucional
planteara su única cuestión prejudicial,
su primera y única cuestión prejudicial,
ante el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, en las que había defendido precisamente
el planteamiento de la cuestión prejudicial
ante el Tribunal de Justicia.
Es una pena no poder contar con el Tenorio,
pero espero que sí podamos contar con él en la el próximo seminario,
que realizaremos de carácter práctico
y que puedan y que puedan disfrutar con él y de sus conocimientos,
en particular sobre la relación entre la cuestión prejudicial
y el Tribunal Constitucional
y también el tema del del recurso amparo en relación
con el derecho a una europea y la relevancia constitucional
del derecho de la Unión Europea.
La voy a impartir, yo a mí ya me conocen.
Son concienciar Esteve.
Soy el coordinador del curso
-profesor titular de Derecho Constitucional de la UNED,
y en relación a este tema es un tema que he trabajado también bastante
teniendo en consideración que mi tesis doctoral
fue un análisis de jurisprudencia del durante justicia
de la Unión Europea, en la Unesa de Bolonia,
con la profesora Lucha Rossi que actualmente es miembro
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en concreto,
dentro de justicia y presidenta de sala,
tesis que iba sobre la los conflictos entre las libertades económicas
del mercado, de los derechos fundamentales
y, por tanto, me permitió también estudiar las relaciones
entre el, tomando Justicia y los Tribunales Constitucionales,
tribunales supremos con función constitucional
de los diferentes Estados miembros.
Además, también tuve la oportunidad de trabajar
en el Tribunal Constitucional Español como becario de investigación
durante un año y medio, en el servicio de doctrina,
bajo la supervisión del profesor.
Ignacio borraja, Hiniesta, actualmente federal ludoteca
de una constitucional,
pero que en ese momento el letrado jefe
ya se dice la doctrina constitucional,
con lo cual también tengo experiencia en análisis
dentro del Tribunal Constitucional,
sobre todo para la casa de jurisprudencia del propio tribunal,
y luego en el ámbito de la investigación,
en tienen oportunidad de escribir algunos materiales,
algunas publicaciones sobre la cuestión prejudicial,
y su relación con el turno constitucional
o sobre los límites constitucionales,
la integración europea y un análisis de jurisprudencia
de los diferentes tribunales constitucionales de los Estados
miembros en una zona.
Este tema bien para encarar esta este tema,
lo voy a plantear con tres fundamentalmente 3,
tres elementos.
Por supuesto, me puede interrumpir en cualquier momento
y pueden y pueden preguntar en el chat cualquier cuestión
o esperará al final para que hagamos un debate o coloquio
por supuesto, también agradecer la Comisión Europea,
como siempre, la el apoyo al módulo y a proyecto,
la apertura de la cocina española.
Esto es una cuestión que ya analice en el seminario
que hicimos introductorio este año del módulo,
que fue en verano antes de verano,
pero me voy a repetir porque es importante
para ver la perspectiva del Tribunal Constitucional en relación
con el Tribunal de Justicia,
porque a lo largo de casi todas las sesiones,
a excepción quizá de la sesión impartida por por Blanca Cid,
donde precisamente a raíz de que era una sesión dedicada
a la cuestión prejudicial y es una cuestión que plantea
el juegan nacionales y sobre la que también un tema
sobre el que se ha pronunciado el tono constitucional
pues ya habló la profesora Blanca Aziz;
yo también intervine.
Ahí tuvimos un coloquio sobre sobre este tema
no, pero no hemos visto sobre todo la visión del Tribunal de Justicia,
la visión desde la perspectiva de la jurisdicción en el nivel
de la Unión Europea y nos ha quedado por ver la perspectiva
de las jurisdicciones nacionales.
Fundamentalmente.
Nosotros vamos a ver la de España
o la perspectiva de la cuestión española,
sin perjuicio de que sería interesante también analizar
la perspectiva de cómo se incorpora el derecho a la Unión Europea
en otras en otros sistemas jurídico constitucionales
no al final el argumento jurídico de la Unión Europea,
el derecho a un europea es un órgano jurídico autónomos
y dije por una serie de principios y por tanto es un órgano jurídico
diferente, supranacional distinto de cada uno de los actos jurídicos
que se los Estados miembros, pero a su vez hay que tener en cuenta
que se va a aplicar en el ámbito territorial
de ordenamientos jurídicos nacionales o internos
de los Estados miembros.
Los que se va a aplicar más
o menos en función de la naturaleza de sus argumentos jurídicos,
que pueden tener planteamientos naturalistas,
planteamientos, bonistas, en el caso de España,
es un aumento jurídico que se incorpora
a nuestro ornamento jurídico interno en virtud de la cuestión española.
Por tanto, es importante ver esa perspectiva de los ordenamientos
en los que se incorpora y se aplica.
Al final es otro ordenamiento jurídico
de origen en principio externa.
Bien, la cuestión española es una cuestión abierta,
es una cuestión moderna.
De 1978 no tenemos que perder de vista que es
una de las cuestiones más modernas de la Unión Europea.
Si quitamos o ponemos del lado de las de los países del Este,
son posteriores porque son posteriores
a la caída de la Unión Soviética.
Nuestra Constitución es una cuestión moderna
si la comparamos con las constituciones de Alemania,
Italia y por supuesto del Reino Unido,
que podemos decir que es una cuestión totalmente flexible,
aunque el Reino Unido ya no forma parte de la Unión
y es una constitución que ya cuando se elabora, tenía en mente
que España se quería integrar en las entonces comunidades europeas,
tengan en cuenta que no nos incorporaremos hasta 1.186,
pero había una voluntad de incorporarse ya
no que se hace a la Constitución y, por tanto,
aunque la regulación de los tratados internacionales
está en el artículo 96,
que es la que hace referencia a la la leyes orgánicas,
las leyes de ratificación de tratados racionales para su incorporación,
en el derecho español
se plantea un precepto específico para las comunidades europeas,
porque porque las comidas europeas ya entonces eran una tenga cuenta
ya estamos hablando de los años 70 ya eran una organización internacional,
suigéneris, una organización internacional distinta diferente
a los medios internacionales clásicas
y que pretendía o tenía vocación de ser algo más.
Esa vocación de algo más ha ido por el paso del tiempo
de forma sucesiva y progresiva,
ha implicado una transformación en una organización
de integración supranacional;
jazz de los decía que era uno ni un objeto político
no identificado, porque no sabíamos muy bien
si era una oración internacional,
si era una confederación, una unión de Estados
con pretensiones más amplias, federalistas o federalizantes,
un futuro estado federal y con diferentes sensibilidades
de los Estados miembros en la que el poder ha ido cada vez
donde los Estados miembros, Estados partes de la Unión,
a través del Consejo y del Consejo, posiblemente del Consejo Europeo,
tienen un poder muy importante.
De hecho, los señores de los tratados siguen
siendo los Estados.
En la reforma de los tratados.
Es el Consejo Europeo, por tanto la reunión de los Estados,
la que decide,
los que deciden la reforma de los tratados,
y, por tanto el derecho constitucional
abunde de la Unión Europea,
pero donde el Parlamento cada vez tiene un papel mucho más importante
y la Comisión también.
En ese sentido, hay tendencias
y se han visto tendencias cada vez más federalizantes,
y ese artículo es el artículo 93.
Entonces, fíjense, solo ha reproducido ahí
de forma explícita.
Mediante ley orgánica
se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuía
a una organización o institución internacional
el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución.
Luego dice a quien compete garantizar
el cumplimiento de lo previsto en esos tratados,
pero lo que yo quiero que se fijan es que hay una previsión en el 93,
muy clara para atribuir a una organización internacional,
a través de una ley orgánica que autoriza esto,
el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución.
Entonces sí si tienen mente que es España
como estado soberano.
La soberanía implica el poder absoluto que emana del pueblo
y que no tiene límite soberano.
El pueblo, esa soberanía se manifiesta en la Constitución
y en la Constitución es donde se establecen
quiénes son los titulares de las diferentes competencias
y las competencias se atribuyen.
Si tienen en mente la Constitución
y la organización de la construcción,
pues conforma una organización de separación de poderes,
una relación territorial compleja en este caso
de un Estado de las autonomías, pues se van distribuyendo
las competencias entre el poder legislativo,
el poder ejecutivo, el poder judicial,
división de poderes, organización territorial
y también división de competencias entre el Estado
y las comunidades autónomas que se constituyan,
porque en el momento en que se diseña y se aprobó la Constitución,
pues aún no se es no habían desarrollado a las comunidades.
Autora.
Qué competencias?
En base al artículo 93, podemos ceder otras palabras.
Se puede autorizar el acceder de grados
para las que se atribuya a una organización competencias
donde el tratado en el tratado se va a atribuir a esas competencias.
Cuáles?
Esa es la cuestión que competencias,
si ven y en el artículo veintitres pueden ver todas,
es decir, esa es la apertura de la Constitución.
Es una cuestión muy abierta.
Podemos atribuir a una organización internacional
todas las competencias que están en la Constitución,
pero tengan en cuenta que la titularidad de las competencias
sigue siendo del estado español.
Es decir, en lo que atribuimos
no es la titularidad de las competencias,
sino su ejercicio.
El titular de las competencias,
tanto que se basa en el artículo veintitres a,
sigue siendo el Estado.
Desde esa perspectiva, el señor de los tratados sigue
siendo el Estado.
El Estado cede, desde la perspectiva de la cuestión española
el ejercicio de la competencia, pero no la titularidad,
que sigue siendo nuestra, pero ustedes miran,
pero el otra sesión vimos que la la Unión Europea
se rige por el principio de atribución de competencias
o el principio de competencia,
y, por tanto, tiene.
Es titular de aquellas competencias establecidas a nuestro lado.
Si los tratados establecen que la Unión Europea
tiene una serie de competencias
y de acuerdo a los tratados, son suyas,
pero no olviden que desde el punto de la Constitución son del Estado.
El Estado en realidad no ha transferido la titularidad
si no ha cedido el ejercicio su ejercicio.
Por eso no plantea del punto de vista constitucional
falta cambiar la Constitución para abandonar la Unión,
como tampoco en el caso del Reino Unido.
Hace falta,
igual que se ha autorizado por ley orgánica refiriéndonos
tratados en los que se ceden unas competencias a la Unión,
pues se llegó a un acuerdo de salida salimos y las competencias siguen
siendo del Estado, que en realidad siempre fueron del Estado,
siempre fue el titular de esas competencias.
Otra cosa es la problemática de la salida.
Como el brexit ha demostrado que es muy compleja,
y en el caso de los Estados que formamos parte del euro
pues prácticamente imposible, por no decir muy difícil, imposible,
porque, entre otras cosas que hemos que hemos tenido
aquellos que nos hemos integrado, la moneda es la una de las cuestiones
o bueno de los elementos tradicionales de la soberanía,
que era que era la moneda, la misión de la moneda,
y la aplicación por tanto de la moneda,
de los tipos de interés oficiales y pero pueden ser todas.
No.
No encontrarán aquí del artículo 93
una posible reducción de que habría alguna competencia
que no podríamos transferís su ejercicio,
el ejercicio del poder de esa competencia,
aquellas que establezcan los tratados y, por tanto,
todos al establecerla.
En nuestro país.
Estamos consintiendo, no olviden que al final los tratados
son ratificados por los Estados miembros de la Unión,
y esos tratados han sido aprobados por los Estados parte.
Algunos, algunos Estados miembros de la Unión
exigen un referéndum.
En nuestro caso no se exige el artículo veintitres
ni siquiera somete a referéndum esa atribución.
Es verdad que aquellos tratados que han sido más importantes
han sido sometidos a referéndum del pueblo español,
y si hay un porcentaje de diputados o de senadores que lo piden,
pues se exige, se exigirá pero en principio
no hay una exigencia en el 93 de eso.
Otra cuestión distinta es si se pide al Tribunal Constitucional
que controle la compatibilidad del tratado,
que se quiere ratificar una reforma,
imagínense de los tratados que hace que atribuyamos a la Unión Europea
el ejército y deje de existir ejército.
Eso sería constitucional?
Bueno, se ha dejado de tener moneda porque no se puede dejar
de tener ejército que se integra en un ejército único europeo.
Bueno, se podría plantear.
Tendría que controlar esa constitucionalidad
del Tribunal Constitucional si se le pide.
Solo hemos comentado antes,
cuando se hablaba de la función consultiva de justicia.
En España es una función consultiva del Tribunal Constitucional.
Podrían quedar muchas partes de la Constitución en letra muerta,
si se cede muchas competencias sin duda sin duda sí
pero en principio como ven del 93
es una cláusula muy abierta y no parece que haya ningún límite.
Es verdad, no obstante, que el Tribunal Constitucional Español luego
lo comentaremos, ha dicho que sí hay unos límites implícitos
en la Constitución.
Los límites, lo que es la identidad constitucional
y que eso no no, no es tocable,
ni siquiera por la primacía del derecho de la Unión Europea,
es lo que se llama la identidad constitucional
de los Estados.
Está reconocida a los propios tratados.
El respeto, la identidad constitucional diana nacional,
que se entiende constitucional de los Estados miembros.
Y cuál es la identidad de cada estado miembro.
Esas una gran pregunta que es difícil de contestar,
pero suele entender que el núcleo de la cada una de las constituciones
está claramente definido en ellas
y que podría ser interpretado en nuestra Constitución,
como sabemos, el núcleo de nuestra Constitución.
Lo que está más protegido
y está sometido a reforma agravada es el título preliminar,
que es el que establece los valores de la cuestión española,
la indisoluble unidad de la nación española
y el reconocimiento de las autonomías junto
al título de la corona y también a los derechos fundamentales.
Eso sería el núcleo de nuestra Constitución.
Sí bien, eso lo dejo para que lo piensen.
Reflexionen.
La apertura de la construcción se ha visto también
en que fíjense que ha habido dos reformas en la Constitución.
Las dos reformas que hemos tenido.
La cuestión española me hizo 78.
Solo ha habido dos reformas, reformas ordinarias,
porque no afectaban la parte protegida agravada por la reforma
agravada.
Las dos han sido como consecuencia de exigencias europeas.
1.
La primera fue con ocasión del tratado de maastricht
para introducir el el sufragio, el sufragio pasivo
de los ciudadanos comunitarios residentes en España,
porque en la costa española solamente estaba previsto su objetivo.
Planos flop pasivo y es decir, que puedan cuidar,
ser elegidos para alcaldes en las elecciones municipales,
fuego regresivo, en el ámbito municipal.
Motivó una reforma de la Constitución y la siguiente reforma
más reciente, que es quizá esta la recordarán fue porque aquella,
la además de y fue porque se le preguntó al Tribunal Constitucional,
sin acostumbran tatuada más y dijo que no,
que no era constitucional porque establecía ese sufragio
y la cuestión no lo preveía.
Había que modificar la constitución o no ratificar Maastricht
y evidentemente se optó por reforma la cuestión española
y luego la segunda reforma fue la de 135.
Fue una exigencia se recuerdan por la crisis de deuda tan importante
que hubo de deuda soberana
en los momentos más álgidos de la crisis financiera,
que se vivió a partir de 2009, 2010,
lo que motivó que se nos obligara a modificar el 135 para establecer
que en ningún caso el Estado las como esa autónoma
se podrán incurrir en un déficit estructural
que supere los márgenes establecidos por la Unión
para sus estados miembros.
Es decir, que establecemos constitucionalmente
esa obligación de no poder superar los márgenes establecidos en déficit
por la Unión Europea.
Una obligación constitucional introducida de forma explícita
a petición de la Unión Europea en nuestra Constitución,
haciendo 35, 2.
Aquí les pongo las dos reformas,
estas que les he comentado, la del 13 dos
de la cuestión española, derivada de el dictamen de uno de julio del 92
del Tribunal Constitucional;
una reforma que ya acabó el 27 de agosto del 92
la reforma de 27 de septiembre de 2011,
artículo 135.
Las dos reformas únicas 2.
Reformar la Constitución por exigencias europeas.
Cuál es la posición del Tribunal Constitucional
al respecto?
El derecho comunitario, hoy derecho de la Unión.
Cuando España se incorpora a las comunidades europeas 1986,
la doctrina del Tribunal de Justicia que hemos comentado
sobre los principios de autonomía primacía,
efecto directo desde los años 60 es muy conocida.
El Tribunal de Justicia
ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre la privación
varias en varias ocasiones afirmando que en caso de conflicto
entre una norma nacional o de origen de derecho interno
y una norma de derecho europea que tiene efecto directo
porque tiene obligaciones claras y precisas,
el juez nacional, la administración,
debe dar prevalencia a la norma europea
y no a aplicar al caso concreto la norma nacional,
con independencia del rango y de momento cronológico de cada
del de las mismas.
Por tanto, una norma, una norma europea,
una norma de derecho comunitario, prevalece sobre cualquier norma
interna, con independencia que sea anterior o posterior
a la norma de derecho comunitario
y con independencia de su de su rango jerárquico,
por tanto, incluso frente a leyes, leyes orgánicas
o incluso frente a artículos de la Constitución.
Esa doctrina de toda la justicia es conocida.
Cuando España se incorpora a la a las comunidades,
como era conocida por todos los demás países
que se incorporaron, la Unión posteriormente por los fundadores
una conocía porque aún no se habían desarrollado,
no está la primacía en los tratados,
está en la jurisprudencia de justicia,
se deduce de los tratados, pero es de creación, jurisprudencia.
Pero el Tribunal Constitucional,
como todos los Tribunales Constitucionales,
bueno todos, no la mayoría de los Tribunales Constitucionales
y de los tribunales supremos con función constitucional
siguen aceptado la primacía fácilmente.
En relación a las normas de derecho interno,
no ha sido tan fácil.
En relación a las normas constitucionales,
pueden entender fácilmente el trabajo.
Se ha entendido, no obstante, sobre todo a partir de la declaración
de una dedicación de 2004 que al dictamen en 2004,
en relación con con el tratado por el que establecía
una cuestión para Europa,
que se introducía, curiosamente, de forma expresa
el principio de primacía y, entonces, como en el, como antes,
no estaban ni estar en el tratado de lisboa.
Pero en el proyecto por el que establecía,
por el que se estableció un tratado,
por voluntad de algo que establecía una cuestión para Europa
si explícitamente introducía el principio de primacía
en el tratado, tenía que controlar si la primacía era compatible o no
con conocer España y entonces razones y desarrollo.
La teoría sobre supremacía primacía, pongo ahí.
Tu opcional dice supremacía.
La cuestión sigue siendo suprema;
sigue siendo la norma cúspide de la pirámide del Oriento jurídico
español evento jurídico español y se plantea
en la pirámide kelseniana.
La norma fundamental del argumento jurídico español
sigue siendo la Constitución.
La Constitución llama el derecho de la Unión Europea.
El derecho de la Unión Europea
se incorpora en el ordenamiento jurídico español
y a juez lo único que tiene que hacer
es seleccionar dentro del mundo jurídico español
la norma aplicable al caso cuando se encuentra que hay
dos normas aplicables al caso, una de origen interno,
otra de origen externo.
Ambas dentro del orden jurídico español,
siempre debe seleccionar.
Cuando estamos dentro del ámbito de aplicación del derecho
de la Unión, la norma europea
que desplaza a la norma interna, sea cual sea sin principio,
sea cual sea, no hay un juego de jerarquía
y de validez.
La norma interna de origen internos sigue siendo validat.
Lo único que nos ha aplicado tras un gueto
por una cuestión de competencia, porque hemos precisamente pedido
el ejercicio de esa competencia a la Unión
y la Unión, analiza una normativa,
y hay que aplicar esa y no la nuestra,
pero eso no quiere decir que la nuestra sea inválida.
Tampoco hay un juego de jerarquía.
Hay.
Lo que pasa es que esto se complementa
con un obiter dicta siempre del Tribunal Constitucional,
en el cual dice.
Bueno, bueno, pero en el caso de que esa norma,
que viene de fuera y que se incorpore al grito jurídico español,
vulnerará los principios y de hecho fundamentales,
decía el Tribunal Constitucional,
pues en ese caso me reservo la posibilidad
de controlar esa, eventualmente, que esa normativa es compatible
con la cuestión española,
porque podría ser el caso de que entendiera que vulneraba
obvio la la Constitución.
Y eso es porque en realidad,
el Tribunal Constitucional siempre ha entendido
que, de hecho, la Unión no tiene rango constitucional,
tiene un rango infraconstitucional.
Por tanto, si tuviéramos que aplicar las reglas
de la jerarquía jerárquicamente superior,
la Constitución, la cuestión es suprema
y es jerárquicamente superior.
Es realmente la norma normarum la ley,
la ley de leyes, la norma de normas,
y de hecho la las normas, derecho a la Unión
se aplican dentro del sistema jurídico español
por el artículo veintitres.
El artículo 93 llama.
Permite que nosotros hayamos a través de una ley orgánica
ratificada un tratado que permite que haya unas instituciones,
que aprueben un derecho que es aplicable en España a mejor
directamente, como un reglamento o a través de una trasposición
casi una directiva, por tanto era decía entonces,
en los años 90 el derecho a la Unión carece de rango constitucional.
Corresponde los juicios ordinarios.
La aplicación del mismo un conflicto de las normas internas no adquiere
relevancia constitucional.
Entonces, un conflicto de esas normas de la Unión con las normas internas
es una cuestión que tendrán que resolver los jueces ordinarios,
no el Tribunal Constitucional,
porque no tiene relevancia constitucional.
Claro, en este momento estamos hablando de los años 90
aún no había tenido que pronunciarse sobre el principio de primacía
de forma expresa,
como lo hace en el año en el año 2004,
porque se ve obligado en los años 80 90
sabía que existía esa jurisprudencia,
pero no se ve abocado a tener que enfrentarla,
al menos, teóricamente.
Además, es que en 2004
pues ya va a tener que enfrentarse a esas cuestiones,
y es cuando teoriza y desarrolla esa esa doble teoría
sobre la supremacía y primacía, además, se va a encontrar el tribunal
con la necesidad de enfrentarse a la cuestión del control
sobre la falta de planteamiento de una cuestión prejudicial
ante el tono de justicia,
y si eso tiene o no relevancia constitucional.
Claro, si mantenemos la posición tradicional
de que el derecho a la europea es un derecho infraconstitucional,
no tiene relevancia constitucional,
y si el juez nacional, el juez ordinario,
ha decidido no plantear la cuestión prejudicial
pues muy bien pero claro
si ha decidido no plantean la cuestión prejudicial
y eso implica por qué no aplica la cuestión prejudicial
al juez nacional porque no tiene dudas,
no tiene dudas de validez ni de interpretación de la norma
de la norma de derecho de la Unión Europea.
Y entonces qué hace?
Aplicar aroma de derecho de la Unión Europea
y deja de aplicar una norma nacional o no aplica la norma de derecho
no europea?
Porque resulta que eso no puedo hacer de punto
de vista del derecho europea.
Entonces, el riesgo de la flauta,
de la falta de planteamiento de la cuestión prejudicial,
es precisamente del punto de vista constitucional
que un juez nacional deje de aplicar una ley.
Por qué?
Porque en principio lo único que tiene el control
sobre las leyes, sobre su constitucionalidad
es el Tribunal Constitucional.
Recuerdan que estamos en un país
en un estado de control constitucional
concentrado y no difuso, como ocurre en Estados Unidos,
a quien lo jueces no son señores de la ley,
son señores de los reglamentos, pero no de la ley.
Entonces salvo que sean leyes preconstitucionales,
preconstitucionales, pueden dejar de aplicarlas si consideran
que son inconstitucionales,
pero una ley posterior a la Constitución
del 78 nunca puede un juez por dudar de su constitucionalidad.
Cómo entender que es inconstitucional inaplicar la al caso,
sino que cuando se encuentra con esa visita
tiene que preguntar al Tribunal Constitucional
a través de la cuestión de inconstitucionalidad,
pero no ocurre así con el derecho de la Unión.
Si una ley española entra en conflicto
con una norma de derecho de la Unión Europea,
el juez se encuentra con la, veis in situ la cuestión
de que en este caso, si no tiene dudas indemne
que es aplicable el derecho de la Unión y su interpretación,
hace que sea incompatible con la norma nacional,
aunque tenga rango de ley,
tiene que inaplicar la norma nacional.
Eso está claro.
El punto de vista del derecho a la europea,
ahora del punto de vista del derecho interno del derecho constitucional,
pues claro, si esa interpretación que realiza el juez no es correcta,
se está vulnerando la tutela judicial efectiva,
porque quizá tendría que haber planteado la cuestión prejudicial,
y ahí es donde el turno constitucional
puede entrar a tutelar en recurso amparo a la parte que no estaba
de acuerdo con que el juez aplicara la ley española.
Por tanto, ante una constitucional otorga un amparo.
La primera sentencia es la de 58 para 2004,
19 abril de la sala segunda, porque en ese caso
un juez había inaplicado una ley autonómica vigente.
Establecía un recargo tributario sin plantear
cuestión de inconstitucionalidad ni cuestión prejudicial.
En 2006 vuelve a hacer lo mismo,
pero en relación a la ley estatal vigente
también en materia tributaria,
sin plantear la cuestión prejudicial,
de tal manera que estaba asentando una doctrina en la que dice
que no puede un juez.
En principio inaplicar una ley interna,
salvo que haya interpretado correctamente
la doctrina del acto claro
y del acto aclarado aquí el problema es de interpretación,
porque claro un juez puede tener muy claro.
Imagínense que es un, puede ser un juez de instancia
puede ser una audiencia, tienen claro la doctrina del acta claro,
y el acto claro
la doctrina que se explicó muy bien la profesora blanca Aziz
y ven que bueno es que es un asunto tan claro
o ya hay mucha jurisprudencia del tema de justicia.
Entonces no, y la ley española entra en conflicto?
Pues lo que debe hacer lo que debe hacer es inaplicar la ley española,
pero tiene que hacerlo con rigurosidad,
porque es porque si se se recurra amparo, el Tribunal Constitucional
va a poder eventualmente amparar por vulneración
de la tutela judicial efectiva,
a la parte que no estaba de acuerdo en que sin aplicara la ley nacional,
con lo cual muchos jueces ante la duda
plantea la cuestión prejudicial y tiene la respuesta,
pues aplica la ley nacional,
con lo cual ya están a salvo de que el Tribunal Constitucional
descubre.
Pero, claro, ahí en cambio el opcional en otras ocasiones
pues efectivamente ha entendido que no ha.
No procedía amparar porque no era exigible el planteamiento
la cuestión prejudicial,
porque o bien porque por ejemplo, no era aplicar el derecho,
el derecho en el caso concreto,
o bien porque aplicando la doctrina del de justicia,
pues era un caso en que, evidentemente aplicando la doctrina
del acto, aclarado o del acto,
claro no hacía falta el planteamiento de la de la cuestión prejudicial,
lo interesante del de esto es que podemos sacar
unas conclusiones del ejercicio de control que está realizando
el Tribunal Constitucional.
Sobre la falta de planteamiento de la cuestión prejudicial
porque evidentemente si el juez plantea la cuestión prejudicial
entrenando justicia, le contesta,
y al juez está vinculado por la sentencia.
Si luego se recurran al amparo, pues el Tribunal Constitucional,
bueno, habrá que ver qué hace,
pero tiene que respetar la decisión de Tribunal de Justicia,
con lo cual difícilmente va a poder amparar.
Pero sí parece mostrar el Tribunal Constitucional
una mayor exigencia,
porque lo que está controlando la falta de planteamiento,
cuando la falta de planteamiento implicada en exaltación
de la ley interna, en cambio,
cuando la hay dudas o las partes entienden que dudas,
pero el juez entiende que no hay dudas y su falta de,
es decir, la no existencia de dudas,
no hace quien aplique la ley nacional,
sino que tiene claro que la ley nacional es compatible
o que el derecho a la europea nos aplicable
y aplicará de nacional.
Entonces menos riguroso.
El Tribunal Constitucional
entiende que si el jueza ha interpretado correctamente,
el texto, el es que aplica el tono constitucional,
no es igual de riguroso que cuando la decisión del juez
conlleva la inaplicación de la ley.
Ustedes pueden decir eso.
Es lógico, porque AltoAragón nacional.
Lo que le preocupa es que un juez nacional deje
de aplicar una ley interna y no lo aplique,
puede serlo, pero fíjense que en realidad
el derecho a la opea, que es no deja de ser derecho,
que se incorpora a nuestro ordenamiento,
puede tener relevancia constitucional tanto efe,
tanto cuando implica que la falta de planteamiento,
la agotado prejudicial por aplicación de la doctrina del acto claro
o la doctrina del acto Aclarado, conlleve a una ni inaplicación
de una ley interna como cuando conlleva a su aplicación
y era no y forma combatir con el derecho de la Unión;
es decir, que ambas cosas tienen,
tienen o pueden tener relevancia relevancia constitucional en realidad
y un segundo.
Una segunda cuestión que creo que es muy relevante
que tengamos en cuenta es la relación entre la cuestión
de constitucionalidad o inconstitucionalidad,
la cuestión prejudicial.
En teoría,
cuando un órgano jurisdiccional se encuentra ante la tesitura
que tiene que aplicar una ley o varias leyes a un caso concreto,
tiene que hacer una selección de la ley,
una interpretación y una aplicación al caso concreto.
Puede tener una ley que ha sido traspuesta una que tiene un origen
en una norma de derecho europea que ha sido objeto de trasposición;
una directiva que es objeto de trasposición en una ley española,
por ejemplo.
Tengan en cuenta que la ley es una trasposición de la directiva,
está en subordinación a la directiva,
luego se pueden producir y problemas
no a una correcta de una incorrecta trasposición
de la directiva por parte de la ley española,
y la ley española
de interpretara de conformidad con la directiva que traspone;
y si si hay algo que es incompatible lo que tiene prevalencia,
la directiva, no la ley española.
Ese es el.
Esa es la cuestión.
Pero luego esa, esa ley,
además de tener relación con la directiva,
tiene relación con además de con el resto de derecho
de la Unión Europea, tiene relación con la cuestión española,
con lo cual la ley está subordinada jerárquicamente.
La Constitución y puede vulnerar algún precepto constitucional
y está subordinada a la directiva de la que trae causa
y además está subordinada también a todo el resto del derecho
a la europea, porque estamos hablando
de un supuesto dentro del ámbito de aplicación del derecho a la Unión
porque si no, no se produce este problema.
Claro, si estamos con una ley interna
que no tiene nada que ver con el derecho
de la Unión Europea que se aprobaban en España,
no tiene nada que ver con el derecho a la europea,
pues esa ley tendrá una relación jerárquica
con la Constitución,
y las únicas dudas que se pueden plantear es como la interpretó
y puede ser inconstitucional.
Podría ser inconstitucional?
Es tengo dudas de su constitucionalidad.
Entonces, la obligación es plantear la cuestión de inconstitucionalidad,
salvo queráis sea preconstitucional,
en cuyo caso juez podría decir no aplicada al caso concreto,
pero sí es una ley posterior a la Constitución del 78.
Si hay dudas de la constitucionalidad de ley,
el juez tiene la obligación de plantear de suspender
el procedimiento y plantear la cuestión de estabilidad.
Por supuesto, tiene que ser una ley aplicada al caso,
es relevante para él para resolverlo,
pero imaginen el supuesto que les plantea.
No es una ley cualquiera, es una ley que sí que está entra
dentro del ámbito de aplicación del derecho de la Unión.
Por qué puede entrar dentro del ámbito de aplicación del derecho
a una?
Pues una ley que traspone una directiva puede
ser una ley anterior que no ha sido objeto de modificación,
y ahora hay una directiva que teníamos que haber traspuesto.
Se ha pasado el plazo y no se ha traspuesto.
Luego ya es ya tiene efectos esa directiva,
aunque española haya traspuesto las leyes previa a la directiva.
Ahí tenemos un ámbito de aplicación del derecho a la Unión
o es una ley española que se ha aprobado por parte del legislador
sin tener en consideración de que hay una norma por ahí de derecho
a la europea,
un reglamento que es de aplicación directa
o una directiva en otra materia pero que tiene relación
y resulta que la norma que el legislador español
entiende que no tiene ningún criterio de conexión
con el ámbito de aplicación de hecho europea
y, por tanto,
no tenía que tener en cuenta el derecho de la Unión.
Resulta que si lo tiene y hay dudas sobre su compatibilidad
y su posibilidad de aplicación e interpretación,
conforme con el derecho, el derecho de la Unión.
Tiene que hacer el juez.
Pues claro, si además tiene dudas,
sí sí; si no tiene dudas de su condicionalidad,
pues planteará cuestión prejudicial,
pero sí tiene además dudas sobre la constitucionalidad,
es decir, que se en las dos cosas es que resulta que es una ley que,
interpretando el derecho a la Unión Europea,
de esta manera no hay pocería de compatibilizarlas
y de acuerdo al derecho europea.
Tendría que haber aplicar la ley.
Es que además esa ley resulta que es inconstitucional
o hay dudas de su constitucionalidad?
Entonces, claro, desde el punto de estar a la Constitución
yo tendría el juez tendría la obligación
de plantear la cuestión de incuestionable.
Ya no puede dejar de aplicar la ley, tiene que plantear la cuestión.
Entonces el juez se encuentra con la dicotomía de decir.
Bueno, entonces aplicó la ley.
No puedo dejar de aplicar análisis, implantar la cuestión de impuestos.
Estoy obligado a plantear la cuestión de inconstitucionalidad,
pero el derecho a la europea me dice.
No, cuestión prejudicial
si hay dudas de validez o interpretación,
y si no aplica el derecho a la Unión en aplicar la ley,
y la cuestión me dice.
No, no ni apliquen la ley.
Plantea cuestión de funcionalidad.
Entonces tiene dos obligaciones que son incompatibles claramente.
Es decir, al final el juez se encuentra con la visión de tú
que tiene que decir a quedar prevalencia.
Bueno, esto lo ha resuelto.
Hay un error en 2000 veintiseis,
como se puede entender.
El 2016, 2016, no ha llegado en dos sentencias de 4.000,
16 ha resuelto de forma clara el problema.
El Tribunal Constitucional
piensan que son problemas que causas se están produciendo,
es el derecho, evoluciona y nos vamos encontrando con problemas
que hay que solucionar.
Este este tema es un tema que ha dado mucho,
mucho juego en otros países.
También en algunos países
se intentó dar preferencia a la cuestión en concesionalidad
y el tema de justicia ha dicho que eso es contrario al derecho
de la unión,
con lo cual ahora, si había dudas, ya hay jurisprudencia actuando,
justicia que dice que llevamos la preferencia que dará sí
o sí siempre al derecho de la Unión y a la cuestión prejudicial bueno,
en nuestro caso el Tribunal Constitucional en 2016,
en dos sentencias, la 33.602 dejó claro,
más o menos que si se plantea esa duda lo que hay que hacer es,
primero plantear la cuestión prejudicial
a ver qué dice el Tribunal de Justicia
y luego una vez haya pronunciado el tema de la justicia en función,
lo que ya ha dicho está vinculando al juez
para resolver el caso.
Podría ser que el plano de justicia dijera.
Bueno se puede interpretar de forma que son compatibles.
Si son incompatibles el juez nacional
tiene que atajar aplicar la ley nacional
y ya está.
Pero imaginemos el de justicia da pie
a que el juez pueda aplicar la ley nacional
con alguna interpretación que es compatible con el derecho
de la Unión,
pero el juez sigue teniendo dudas sobre su inconstitucionalidad.
Entonces puede aplicar la ley, es compatible con el derecho
de la Unión?
Si tiene dudas sobre su constitucionalidad,
no debería plantear la cuestión de inconstitucionalidad,
pero el orden sería.
Primero, cuestión prejudicial después de cuestión prejudicial,
si siguen habiendo dudas,
si hay dudas sobre la costa anualidad de la ley,
entonces le pregunta.
El Tribunal Constitucional y el de una constructora
admitirá la cuestión y responderá sobre la construcción de la ley,
y, después de tener la respuesta del anual
de justicia constitucional, el juez resolverá el caso.
No admitirá en cambio la cuestión de inconstitucionalidad
si el juez la plantea,
sin haber planteado previamente la cuestión prejudicial,
la inadmitida no la resolverá, y seguramente es inteligente.
Está este planteamiento
porque si no se podría producir el caso
en el cual el Tribunal Constitucional diga que la ley es constitucional,
tienen que aplicarse y no sirve de nada,
porque luego le pregunté saturar de justicia que te diga
que es contra el derecho de unión, con lo cual no tienes que aplicarla.
La faena del tramo constitucional hubiera sido mal en vano.
No hubiera tenido sentido, porque la final,
desde el punto de vista del Tribunal Constitucional,
el control de constitucionalidad determina la validez de la norma.
Si una norma es inconstitucional,
queda expulsada del ordenamiento jurídico
y ya no existe porque es una norma no válida
cuando se declara la inconstitucionalidad de un precepto,
un artículo o la interpretación o una de las interpretaciones posibles
del artículo, esa interpretación o el precepto entero,
sin ninguna interpretación, es compatible con la constitución
que eran expulsadas del ordenamiento jurídico.
Es una cuestión de validez de las normas.
En cambio, el derecho a la europea no habla en relación
con la cuestión prejudicial, si la validez, la de validez,
pero en relación a la norma de derecho a la Unión,
no.
En relación a la norma interna,
el derecho de la Unión Europea en relación
con la norma de origen interno no plantea una cuestión de validez,
plantea una cuestión de competencia y aplicabilidad,
con lo cual la norma interna se de si se inaplica para dar
prevalencia a la norma de derecho a la Unión
o aquella interpretación que es compatible con el derecho de la Unión
y no aplicó o no hago aquellas interpretaciones que no es un campo
compatibles con el derecho a Unión,
pero es el caso concreto de la norma interna,
sigue existiendo y las otras interpretaciones
podrían ser posibles en algún caso, es decir,
que no deja de ser válida la norma interna.
Espero que haya quedado más o menos claro esa relación
entre la cuestión prejudicial y la cuestión de inconstitucionalidad
con esa doble perspectiva de validez.
Y aplicabilidad aquí les he puesto la que la aceptación del principio
de primacía, muy grave ha comentado al principio.
No es igual la supremacía, esto está muy desarrollado
en la Declaración a 2004.
El 13 de diciembre
algunos autores decían que era un juego de palabras
porque en realidad en inglés se utiliza prima sí
pero también suprema.
Así entonces el tema de justicia seguramente tiene un planteamiento
de relación claramente jerárquica con una visión monista.
La el tema constitucional,
pues intenta desde el diseño constitucional
pues intenta explicar esto
con un tema de jerarquía vinculaba validez y competencia
vinculado vinculado a aplicabilidad del derecho de la Unión.
Esa por tanto, acepta la primacía del derecho de la Unión,
pero desde ese punto de vista no afectando a la validez
de las normas internas y a la supremacía de la cuestión.
Además se abre a plantear posteriormente
una cuestión prejudicial, y lo hace en este auto de 2011
ocho seis siete 2012 nueve de junio el llamado caso melones,
ahora le hará comentaremos,
y curiosamente una vez recibe la respuesta del caso
Melo ni que le obliga, porque está vinculado
como cualquier juez que plantea una cuestión prejudicial,
al a lo que le ha dicho el senador.
Justicia acata la sentencia del Tribunal de Justicia más
o menos, y viene a revisar su posición anterior
sobre el derecho fundamental a un proceso
con todas las garantías, que era mucho más garantista,
y se obligaba a revisarla para poder permitir la entrega démelo
ni para cumplir su condena en Italia
cuando había sido condenado o ausencia,
y según la doctrina tradicional del turno constitucional
eso hubiera supuesto una violación de su derecho fundamental
a un proceso, a todas las garantías.
Luego desarrolla esta relación de la cuestión prejudicial
y la cuestión de inconstitucionalidad,
dando preferencia a la cuestión prejudicial,
de tal manera que podemos ver si hay cierta apertura
del túnel constitucional, aunque incluso una sentencia melón,
y la sentencia del Tribunal Constitucional
mantiene en última instancia una reserva a que en algún momento
podría llegar a poder decir que alguna norma derivada del derecho
a la Unión vulnera Constitución y no es aplicable en España,
es decir,
que nunca ha dejado de de decir de decir.
Esto habla la otra, la posición del otro tribunal,
el Tribunal de Justicia.
Es mucho más antigua, fíjense que viene de los años 60,
te daban los la sentencia costa 63 del año 64.
El desarrollo de la doctrina sobre la cuestión prejudicial,
pues también es bastante antigua.
Consta en el 63 Franco.
Echen 91 la doctrina del acto.
Aclarado cuando hay unas dudas que ya han sido aclaradas en relación
a otros jueces, otras consultas,
a lo mejor otros países que han preguntado algo similar
a lo que se plantea ahora aquí ya ha sido aclarar una falta clara.
Lo de nuevo no sé si había dudas
y podía haber dudas una vez se lean esas sentencias
no debería haberlas y la doctrina del acto claro
la doctrina Fifí muy desarrollada de los años 80
que se a cualquier cualquier otro juez de la Unión,
pues se le plantear y se tendría claro que no hay dudas.
Pues, en el caso de que hubiera dudas,
hay que disiparlas, no tiene que hacer un ejercicio
un esfuerzo por ver si en otros ordenamientos jurídicos
de la Unión Europea se podría producir la misma duda
y o con claridad esa duda sería fácilmente,
respondí: y en ese caso puede aplicar la doctrina del acto del acto.
Claro, si es que surgen dudas,
porque hablamos de la, tiene la traslada dato claro,
porque originalmente hay una duda, lo más que la dudase colma
porque ya se aclaró en su momento por el tema de justicia
o aunque no se aclaró pues está claro.
Una vez investigado
y analizado el tema por parte por parte del juez,
eso hace que no sea necesario el planteamiento,
la cuestión prejudicial, el miedo,
siempre aquí y a no plantear la cuestión prejudicial,
es lo que se denominan los frailes o los jueces furor Baides,
que de alguna manera aprovechan el derecho a la Unión para decidir,
aplicando la doctrina de la torturada del acto claro
de forma muy flexible o muy libre.
Decidir en cualquier momento,
si aplican una aplica normativa interna y tal,
de alguna manera daría mucho poder, daría mucho poder.
Al jueces cosa que no tienen con el;
con la Constitución,
porque la Constitución es un control concentrado
y aquí significaron release un control difuso.
Porque el control que se hace sobre la relación derecho interno,
derecho de elaboración interna
y derecho a la Unión Europea es un control difuso
que juez puede ejercer este control,
aunque, como ya hemos visto, una constitucional está ahí;
y, si no hay una planteando una cuestión prejudicial
y eso implica inaplicación de una ley nacional,
recurso amparo.
Por la parte,
parte que pierda el proceso y el Tribunal Constitucional
puede amparar y obligar al juez a plantear la cuestión prejudicial,
en última instancia
y repetir enjuiciado.
El juez, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
importunar el Tribunal de Justicia como instancia muy muy pronto.
Después de desarrollar al principio los mitos de autonomía de efecto
directo del principio de primacía.
Tuvo cierta contestación por los Tribunales Constitucionales
no nuestro con nosotros.
No estamos ahí guardián que estamos hablando los años 60.
España no se incorpora hasta el 86,
pero el Tribunal Constitucional italiano fue
el primero y posteriormente el Tribunal Constitucional alemán.
Respondieron que, claro, eso de la primacía estaba muy bien,
pero ellos tenían la obligación de tutelar
y proteger sus constituciones, y en particular
los derechos fundamentales,
de tal manera que si las comunidades europeas no protegían
los derechos fundamentales,
iba a haber una colisión en última instancia
y que si se producía o se aprobaba una norma por parte
de las instituciones comunitarias,
que vulneraba los derechos fundamentales
reconocidos en las constituciones.
Pues que su misión era amparar esos derechos fundamentales,
darme, la obligaron al Tribunal de Justicia
a ir reconociendo derechos fundamentales
a decir que los derechos fundamentales
por supuesto que estaban protegidos en el ámbito del derecho comunitario
porque eran principios generales de derecho.
Como podían ser el principio de primacía
o el precio efecto directo, etc. Son los principios,
como de rango constitucional.
Quién les viene a decir que los derechos fundamentales,
que va reconociendo de forma casuística y pretoriana
una serie de derechos que derivan de las tradiciones cuestiones comunes
de los Estados miembros y del
Convenio Europeo de Derechos Humanos , comunidades, Roma,
y aquellos otros tratados internacionales sobre derechos
humanos ratificados por los Estados, de ahí deriva,
pues el reconocimiento de derechos fundamentales.
Esto está jurisprudencia, motivó que los Estados Unidos
y las instituciones que sean positivizar una carta
paran que el Tribunal de Justicia no tuviera tanto poder,
porque aquí como siempre todo la cuestión es que, claro,
si los derechos fundamentales no están escritos en ningún sitio
y el total de justicia puede tutelar
aquellos que él consigue que existen como principio generales
porque se derivan del convenio europeo
y de las tracciones cruzaremos comunes,
pues puede proteger los que considere y los que no considere, no.
Entonces el se intenta, en primer lugar,
la adhesión al convenio europeo que,
como hemos visto en la sesión anterior,
no fructificó en un primer momento, porque el tomando justicia
dijo que era jóvenes europeas, no podían adherirse al convenio
porque no tenían competencia para ello.
Entonces, una vez fracaso y se pone un intento de agresión,
este prepararon la elaboración de una carta
de derechos fundamentales primer.
Finalmente, pues se han intentado las dos vías, carta
y la adhesión al tratado de lisboa.
La Carta se elabora en el año 2000 entra entre en vigor,
generalmente junto al tratado de lisboa,
como instrumento con fuerza equivalente a tratado de acuerdo
al artículo seis además establece el mandato de adhesión al
Convenio Europeo de Derechos Humanos .
Luego la positivización en la protección
de los derechos fundamentales.
Sigue las dos vías.
Tarta una carta propia en la Unión Europea
y el Convenio Europeo.
Claro, ustedes me dirán.
Bueno, pues si el Tribunal de Justicia
proteger los derechos fundamentales como principio general
de derecho y ahora tenemos una carta,
pues ya no hay un problema.
No hay problema desde la perspectiva de los derechos fundamentales
de los Estados miembros, porque nunca va a poder existir.
Un caso en el cual una norma derecho a una europea
vulnera un derecho fundamental en un estado miembro.
Eso sería así si llegáramos a la conclusión
de que los derechos fundamentales
son los mismos en el ámbito de la Unión Europea
que en el ámbito de los Estados miembros.
Pero tengan en cuenta que actualmente somos 27 estados miembros
y que las constituciones de los 27 estados miembros
son muy diferentes en algunos sitios.
En algunos países tienen unos derechos fundamentales
que no tienen otros.
Entonces no es así;
además, hay que tener en cuenta que aunque obtuvieran
los mismos derechos fundamentales con el mismo nombre,
el nivel de protección que reciben en unos textos
y en otros no es exactamente el mismo.
Cuando entran en conflicto con otros derechos fundamentales
u otros principios
o bienes jurídicos constitucionales dignos de protección,
a qué me refiero?
Con bienes jurídicos constitucionales,
la seguridad pública, por ejemplo, la figura jurídica,
el orden público, el ius puniendi del Estado.
Eso no son derechos fundamentales, pero son buenas una jurídica
podría serlo la de los particulares, pero lleva del Estado,
son bienes jurídicos dignos de protección.
Otros derechos fundamentales,
cuando entran en conflicto unos con otros.
La carta de derechos fundamentales
implica un nuevo estándar de protección de derechos
y recoge un catálogo de derechos fundamentales que si lo leen verán
que es muy similar
a cualquier otra carta de derechos fundamentales,
se inspira en que se inspira.
En el Convenio Europeo de Derechos Humanos
más que el convenio es de 1950,
la Carta desde el año 2000, un texto mucho más moderno,
con lo cual, aunque se inspira en el convenio
y en las tradiciones cuestiones comunes
de los Estados miembros, recoge lógicamente muchos más derechos
que el convenio ya tienen oportunidad de introducir el derecho a protección
de datos que no existe en el convenio,
que se proteja a través de la vida privada y familiar.
El derecho a la vida privada familiar implica la protección del derecho
a la protección de datos;
es un derecho derivado de la vida privada y familiar.
En el Convenio Europeo de Derechos Humanos
, la Carta ya se reconoce como un derecho autónomo.
En nuestra Constitución está de alguna manera.
El 18,
cuatro fumada implícita ha entendido el Tribunal Constitucional,
que está en el 18, 4.
En la carta ya está como un derecho autónomo,
totalmente y explícitamente derecho a protección de datos
de carácter personal, porque es una carta del año 2000,
pero el problema que tenemos y los conflictos
que se pueden producir entre tribunal con Tribunal Constitucional,
el Tribunal de Justicia o Tribunales Constitucionales
y Tribunal de Justicia, dejemos aparte.
Ahora el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
con el convenio es esas relaciones,
porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
no plantea problema.
Pues no plantea problema,
porque aunque la Unión Europea
aún no es parte en el Convenio Europeo de Derechos Humanos
, todos los Estados de la Unión Europea, los 27,
somos parte en el Convenio Europeo de Derechos Humanos
y estamos vinculados por el mismo,
y el convenio es un mínimo estándar de protección.
Como saben, cuando una persona es va un proceso,
una vez agotadas las vías internas,
incluso en su caso el Tribunal Constitucional,
siempre que le queda la vía
de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos
alegando que sea un letrado un derecho reconocido.
En el convenio y el Tribunal de Derechos Humanos
actúa como esa instancia revisora que valora si el Estado,
cualquiera de los de los Estados, forman parte del convenio,
que eso son muchos más de los miembros de la Unión Europea,
pero los 27 somos, somos parte en el Convenio Europeo de Derechos Humanos
y determinara si se ha violado ese derecho humano
y en su caso condena el Estado por violación de ese derecho humano,
con lo cual al final los Estados se ven obligados
a elevar el nivel de protección a aquel que establece el convenio,
con lo cual establece un mínimo y a veces reconoce nuevos derechos
que no están en las constituciones de los Estados miembros
y obliga, por tanto, a los es a los Tribunales Constitucionales
o los Tribunal Supremo con función constitucional
a reconocer esos derechos.
Están en el cómo entiende el Tribunal de Derechos Humanos
que están en el convenio basándolos o fundamentándolo
en algún artículo del convenio, por ejemplo,
la protección de datos vinculada a la vida privada y familiar,
o el derecho al descanso ya no tener unos ruidos
extralimitados también vinculada a la vida privada familiar.
Y a empeorar el domicilio, etcétera eso es un mínimo
y es un mínimo que también está en la carta de derechos fundamentales
de la Unión Europea.
Carta ahora como comentaremos, habla del mínimo estándar de protección
y dice que cuando los derechos contenidos en la carta
se derivan del convenio se tienen que interpretar
de acuerdo con el convenio
y además garantiza que el Convenio Europeo de Derechos Humanos
es un mínimo estándar,
de tal manera que en principio teóricamente en teoría
no debería haber ningún conflicto de estándares de protección
entre la Carta
que establece un estándar europeo junto a los tratados
y el del convenio, que es un mínimo ni entre los estándares nacionales
y el convenio por el convenio también es un mínimo,
y si hay algún problema el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
vendrá y nos condenará el varón actualmente.
Es que, como la Unión Europea no forma parte del convenio,
a quien condenara es al Estado miembro
y no a la Unión por la Unión, no es parte en convenio,
aunque la culpa o responsabilidad
de vulnerar un derecho contenido contenedor,
el convenio sea del derecho de la Unión
y no del derecho elaborado a nivel.
No obstante, el trono de Derechos Humanos
en la sentencia Bósforo en 2005,
entendido que la protección de derechos fundamentales
desarrollada por el Tribunal de Justicia,
que había reconocido los derechos fundamentales
como principios generales del derecho fruto
de las estaciones consulares comunes
y del comercio de derechos humanos, dijo que era equivalente
y admite que en principio no hay problemas.
No hay problemas graves en materia de derechos fundamentales
porque los derechos se protegen en la Unión Europea
y, efectivamente, se protegen.
Luego, los problemas por dónde se pueden dar en concreto
la relación en la relación
Tribunales Constitucionales y Tribunal de Justicia
y por qué.
Evidentemente, y no en una situación
en la cual únicamente se aplique derecho interno
que nada tenga que ver con el derecho de la Unión,
no se aplica derecho de la Unión,
tengo una norma nacional que aplicará la resolución de un caso,
y lo importante únicamente será desde la perspectiva
de los derechos fundamentales.
Si esa norma es o no compatible con la Constitución
y si vulnera un derecho fundamental, pues será inconstitucional,
y si no se tutela ese derecho fundamental en el proceso,
pues el interesado podrá acudir a la tutela
de derecho fundamentales, vía a la tutela sumaria envío,
ordinaria de derechos fundamentales.
Es un derecho fundamental y, si no, un recurso,
amparo ante el Tribunal Constitucional.
Bien, claro, el problema se da cuando estamos dentro del ámbito
del derecho de la Unión, está claro.
Y por qué?
Porque recuerden, hemos dicho que.
Desde la perspectiva del Tribunal Constitucional Español,
el derecho a la Unión
juega sobre la base del principio de competencia y la primacía
juega derivada precisamente de la suprema supremacía
de la Constitución sobre el derecho interno
desplazándolo en caso de conflicto,
seguro también con los derechos fundamentales
reconocidos en la cuestión española.
Claro, hay unos derechos fundamentales
reconocidos en la Carta,
luego tendríamos que aplicar los derechos fundamentales
reconocidos en la Carta,
cuando estamos dentro del ámbito de aplicación del derecho de la Unión
y no los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.
Pues esa es una pregunta.
El 51 de la carta de derechos fundamentales,
que ya como he comentado antes, tiene fuerza jurídica
equivalente al tratado en virtud del propio artículo seis del tratado
de la Unión Europea, establece su ámbito de aplicación.
Las disposiciones de la presente carta
estarán dirigidas a las instituciones,
y dice también así como a los Estados miembros
únicamente cuando apliquen el derecho a la Unión,
cuando no aplicaba el derecho a la Unión,
no cuando aplican el derecho a la Unión sí; por tanto,
los derechos funerales de la carta hay que respetarlos;
cuando se aplica el derecho de la Unión
y cuando se aplica derecho que nos da la Unión
los derechos fundamentales de la construcción
esta podría ser una respuesta, pero claro,
entonces estaríamos diciendo que hay supuestos
en los cuales no aplicamos unos o no aplicamos otros.
La respuesta no es tan sencilla porque sí sí recuerdan el artículo 10
de la cuestión española.
Recordarán que dice aquello de que los derechos se interpreta.
Nuestra moción seco
interpretarán de conformidad con la línea de nuevas de integral,
de conformidad con la Declaración Universal de Derechos
Humanos, y los demás tratados sobre derechos humanos
ratificados por España es la Carta un tratado ratificado por España.
La carta no, pero la Carta tiene fuerza equivalente a tratado y España
ha ratificado el tratado de lisboa, que dice eso lo podemos interpretar,
que la carta es uno de esos instrumentos de derechos humanos
en los cuales se inspirarse para interpretar
los derechos fundamentales de la Constitución, por tanto,
cuando apliquemos los derechos de la Constitución
tenemos que interpretarlos de conformidad también con la carta.
Además, en la ley,
en la ley de ratificación del tratado de Lisboa,
la ley orgánica española hace algo que no hace,
que no hace en otras leyes o a veces de ratificación
y vincula de forma expresa, vincula a los jueces españoles
a la hora de aplicar la defensa española.
Ha tratado y aparta en particular,
con lo cual de una cuestión a nuestra vinculado por esta ley,
sino solamente por la cuestión de ley orgánica,
pero los jueces nacionales a la hora de aplicarlo,
la cuestión sí estarían vinculados.
Por eso, desde la perspectiva de la aplicabilidad
de los derechos fundamentales internos,
pero es que si estamos dentro de un ámbito de aplicación
del derecho de la Unión, claro hay que aplicar la carta,
pero entonces no se pueden aplicar los derechos fundamentales
de la Constitución.
Esa es la pregunta que tendríamos que contestar.
Es decir, donde hay uno o dos
dice la presente carta.
No crea ninguna competencia en ninguna misión nuevas
y no modifican las competencias en misiones definidas,
es decir, la carta no supone una una expansión
de las competencias de la Unión, tiene, por tanto,
que haber derecho de la Unión tiene que haber una competencia de la Unión
establecida en los tratados y que haya legislación de la Unión;
es decir, en definitiva, tenemos que estar en un supuesto
en el cual se aplicable una norma de la Unión.
En ese caso sí es aplicable la norma de la Unión,
será aplicable a la carta.
Si no hay norma de la Unión
no estamos dentro del ámbito de aplicación de la Unión,
no es aplicable la carca como tal?
Otra cosa es que tengamos que interpretar los derechos
de la función española.
De conformidad con la Carta,
sus distinto pero porque lo dice el derecho interno
lo dice nuestra Constitución o lo dice la ley orgánica
que ratifica el tratado de lisboa.
Pero no porque lo diga el derecho de la Unión,
fíjense la diferencia.
Pero, claro, si estamos dentro del ámbito de aplicación del derecho
a la Unión, entonces sí.
Y cuál es el alcance de estos derechos de alcance
de los derechos de la carta.
Dice el 52, dos los derechos reconocidos por la Carta
tienen su fundamento en lo estatal,
que tiene su fundamento en los tratados comunitarios,
un el Tratado de la Unión porque se derivan de ellos.
Se ejercerán las condiciones y dentro de los límites
determinados por estos, es decir,
si hay un derecho en la carta que hay que deriva
o está vinculado a un artículo del tratado
se condiciona por el artículo, por el artículo del tratado.
Esto no tiene complejidad.
Luego hice en la medida
en que la presente carta contenga derechos que correspondan
a los derechos garantizados en el convenio,
su sentido alcance sean iguales a los de dicho convenio, por tanto,
equipara el nivel de la carta al menos al nivel del convenio.
Fíjense que dice.
Está ahí no impide que el derecho a la Unión
pueda conceder una protección más extensa,
con lo cual el convenio se convierte en un mínimo estándar.
Si cualquier derecho de la carta,
cualquier derecho de la carta se corresponde a uno del convenio,
que son los derechos básicos,
los derechos humanos al menos tiene que tener la misma protección,
al menos puede haber una protección más elevada,
pero al menos la misma.
El derecho a un puede elevar la protección la propia carta
a la hora de desarrollar los derechos,
los reglamentos que regulen los diferentes.
De hecho, por ejemplo, la protección de datos
que deriva del convenio porque el Tribunal de Derechos Humanos
dice que está vinculado derivado de la vida privada y familia.
Pero ese 52 cuerdo y fíjense que no dice nada de las constituciones
no dicen las consideraciones.
El mínimo lo dice -del convenio.
Eso es importante.
Pero el 53 nos habla del nivel de protección,
dice.
Ninguna de las disposiciones de la presente carta
podrán interpretarse como limitativo,
lesiva los derechos humanos y libertades fundamentales
reconocidos en su respectivo,
ámbito de aplicación por el derecho a la Unión,
el derecho internacional y los convenios internacionales,
de los que son parte la unidad de la comunidad
a los Estados miembros y en particular el Convenio Europeo,
así como las constituciones de los Estados de los Estados.
Claro, de ese artículo 53.
Algunos, algunos autores plantearon.
Se podía entender, se podía deducir.
Se puede interpretar que el nivel de protección
habría diferentes niveles de protección.
El nivel de la carta sería 1, el nivel europeo.
Otro sería el nivel del convenio, que es un mínimo,
como hemos visto antes,
y luego estaría el nivel de las constituciones.
Habría como tres niveles entre siempre.
Había tres niveles de protección en función del estado o lugar
donde se produjera el conflicto.
Entonces, en España tendríamos, cuando estamos hablando
de una de un supuesto donde se aplicaba el derecho de la Unión,
claro, porque si no se abrirá el derecho a la Unión,
tenemos el nivel de la Constitución,
cuestiona la unidad de español que tiene
que respetar el mínimo del convenio,
pero no, no, no habría nivel, no habría, no habría nivel europeo,
aunque los derechos de la cuestión deberíamos interpelarlos también de
conformidad con con con con la carta por las hemos comentado antes,
pero tendríamos el nivel de convenio y la Constitución en que a veces
estamos en un ámbito del derecho a la Unión Europea,
tendríamos el nivel mínimo del Convenio Europeo de Derechos Humanos
, el nivel de la carta y el nivel constitucional,
y entonces diríamos cuál de los dos es más alto el Constitucional
o la carta?
Pues aplicamos ese porque el 53 nos llama eso, ninguna.
La exposición es presente carta puede interpretarse
como limitativa o lesiva.
Entonces, si el nivel de la carta es inferior al nivel
de la Constitución española,
tendríamos que aplicar la cuestión española kurdo,
que será el planteamiento que hacían algunos autores.
Es el planteamiento de hecho que hizo el Tribunal Constitucional Español
en el caso melón, que hemos comentado antes.
La pregunta, el durando justicia,
si puedo hacer eso, sí puede interpretar el artículo 53
de esa manera y entonces la justicia le dice que no.
El tema que el señor melón era un ciudadano italiano
que estaba recibiendo en España y le ha sido objeto de de de condena
ni tal en ausencia,
aunque se pudiera haber defendido en Italia
a través de un abogado, continúa ausencia
de acuerdo con la doctrina tradicional del diablo del Tribunal;
cuestionar español, se había,
se había aparentemente producido una vulneración de su derecho
a un proceso con todas las garantías.
Entonces, cuando se dictó por parte de Italia
una orden europea de detención y entrega,
la Audiencia Nacional ordenó su detención
y entrega a Italia, el señor Moreno,
ni en amparo ante el Tribunal Constitucional,
planteando que había sido condenado, ausencia
y que si no se repetía el juicio en Italia,
pues se producía una valoración de su derecho a un proceso
con todas las garantías que en la cuestión española,
como saben, se reconoce a todas las personas,
y no solamente usted,
a los españoles, un señor Melo, ni nada, no italianos siempre,
España tenía un derecho a un proceso junto a las garantías entre actual.
El tema constitucional
plantea en este auto del caso al Tribunal de Justicia,
si puede realizar esa interpretación del artículo 53.
Puede condicionar la entrega del señor a Italia
a que repita el juicio,
dado que el juicio no ha cumplido las garantías
establecidas en mi Constitución y en este derecho fundamental,
como yo lo interpreto a un proceso con todas las garantías,
porque si lo extraditó sin hacerlo estaría vulnerando
el derecho fundamental contemplado en la cuestión española,
estaría vulnerando el derecho fundamental constitucional
a un proceso.
Con todas las gracias.
Por tanto, plantea la posibilidad
aplicar el estándar nacional en virtud del 53.
El Tribunal de Justicia en la sentencia melón,
de veintiseis de febrero de 2013,
dice que no, que no puede porque no hay margen en la regulación
de la orden de detención y entrega.
Para ello, si la regulación europea de la orden de detención y entrega
dijera que los Estados pueden aplicar como límite
o como condición a la entrega aplicada a la tutela
de los derechos fundamentales contemplados en su Constitución,
podría, pero que como no lo dice, no pude, porque eso sería condicionar
la privacidad, no.
Entonces lo que tiene que aplicar el Tribunal Constitucional
es el estándar, es el único estándar que hay que aplicar.
En este caso es el estándar de la carta, el estándar europeo,
y el Túnel de Justicia dice que no se vulnera, no, se vulnera
porque se haya producido un juicio en ausencia
y que, por tanto, lo que tiene que hacer España
es entregar al señor Málaga con esa contestación vinculante.
El Tribunal Constitucional.
Es verdad que podía haber hecho dos cosas.
Bueno, muchas cosas, pero una cosa pudiera haber
sido aun así incumpliendo el derecho de la Unión Europea.
Amparar al señor Melón y condicionar su entrega,
a pesar de perder al juicio de España,
estaría incumpliendo España el derecho a la Unión Europea,
pero habría, tutelado el derecho fundamental
establecido en la cuestión.
Eso hubiera llevado a que en su caso
pues la Comisión Europea nos hubiera puesto un recurso
incumplimiento ante el justicia y las condenas y España,
pues tendría que haberse visto obligada
u el Tribunal Constitucional.
Modificar su jurisprudencia.
Hubo una modificación de la Constitución.
Esa vía no es la utilizado.
Durante el Tribunal Constitucional.
La otra vía totalmente contra hubiera sido acatar totalmente.
La sentencia tampoco hizo
y lo que optó fue por una vía intermedia.
Dijo Vall, voy a cambiar mi doctrina.
Entonces, modificó su doctrina
y dijo que había que reinterpretar el derecho a un proceso
con todas las garantías.
Y cambios adoctrina.
Para qué?
Para entender que al señor melón
no se le habían vulnerado los derechos en el juicio,
en ausencia que se había producido en Italia, efectivamente,
no sabe aunar de acuerdo al estándar europeo,
pero acuerdo
al estándar español anterior
si lo que hace es modificar el estándar español
y adecuarlo al europeo, y lo hace ahora para siempre.
Con lo cual reduce la protección del derecho fundamental
no solamente para el señor Mahón, sino a futuro,
para todas las personas y para todos,
y ayer eso está en la sentencia veintiseis, 2014,
veintitres de febrero.
En el caso no lo ni en la sentencia del Tribunal Constitucional.
Claro, si si nos planteamos todo eso.
En realidad piense que la frase que más tiene en cuenta
el Tribunal de Justicia aquí es cuando el 53
habla de en su respectivo ámbito de aplicación,
porque el tribunal entiende que el ámbito de aplicación
aquí es el de la carta, y no cabe,
no estamos en el ámbito de aplicación de las construcciones,
es otro y las construcciones se aplicarán;
son llamadas,
si son llamadas por la normativa europea
y si no, pues no es el planteamiento.
Es una interpretación, en mi opinión muy restrictiva
o muy literal de esa expresión en su respectivo ámbito
de aplicación, para entender que no puede haber llamamiento
a la estándar nacional sin sin qué sin que efectivamente,
pues por la normativa eso no quiere decir
que no se puede aplicar a estándar nacional
cuando se puede aplicar cuando haya un margen permitido
por la normativa europea aplicable.
Si hay un llamamiento al margen nacional,
si la norma dice que los Estados
podrán elevar la protección del derecho,
pues ya está llamando a estándar nacional.
Por tanto, hay un juego del Estado Nacional.
Lo que pasa es que se limita mucho esa interpretación restrictiva
que hace el Tribunal de Justicia melón y luego en a quebrar
sobre el artículo 53.
Porque, al final el Tribunal de Justicia
está diferenciando entre cuando los derechos,
cuando los derechos contenidos en la carta derivan del convenio,
se interpretan de conformidad con el convenio,
cuando derivan de las tradiciones.
Cuestiones comunes, se interpretan de acuerdo
a las creaciones, cuestiones comunes,
pero entiende que los derechos de las constituciones,
los derechos que no están vinculados a las estaciones consulares comunes,
no tienen la misma, no tienen la misma
la misma protección.
Entonces, los problemas que se pueden plantear son.
Con aquellos derechos fundamentales
o aquellas interpretaciones más favorables,
algunos derechos fundamentales que existen en algunos países
que no son comunes en el ámbito en el ámbito de la Unión,
de tal manera que esta hay una cierta tendencia
a la homogeneización.
En la protección de los derechos fundamentales
a nivel a nivel de la Unión.
Se produce un reforzamiento también de la autoridad
de la primacía del derecho de la Unión.
Eso no solamente se evidencia melón
y sino también en otras sentencias y dictámenes,
por ejemplo, también el dictamen 2.
13, sobre la adhesión de la Unión Europea,
convenio que el tribunal dice que no lo cabía
porque era incompatible porque podía afectar precisamente
a la primacía cual refuerza la primacía y lo único que queda
como posible planteamiento.
Una vez el plan de justicia no acepta el juego de los estándares
del el 53.
Es el principio de identidad nacional.
Por qué?
Porque está en los propios tratados.
El artículo cuarto.
Dos del tratado europea establece el respeto a la identidad nacional
de los Estados miembros.
Esa identidad nacional ha sido interpretada por la adoctrina
como equivalente a la identidad constitucional,
donde encontramos la identidad nacional de un Estado
en su constitución.
Qué es lo que define un estado?
Cuál es el límite, por tanto, a la a la privacidad,
el derecho de la Unión.
Y a la integración no cabe alegar la identidad nacional
como límite a decisiones que se toman a nivel de la Unión.
Y dentro de ese de esa identidad constitucional
entraría en los derechos fundamentales.
Esa es la pregunta.
Si tuviéramos
que definir la identidad nacional Constitucional de España,
que diríamos España se constituye como un Estado social y democrático
de derechos en Estados democrático de derecho,
luego si hubiera algo que afectara a esa indios
y tras ya dos creación, como estado de derecho,
como democracia, como Estado social, al su organización territorial Estado
de las autonomías, que es un elemento de su identidad en la Constitución,
que es la que establece precisamente la indisolubilidad
de la nación española y, a su vez el reconocimiento
de las autonomías.
Ese modelo es modificable por supuesto,
como toda la Constitución,
pero que define una identidad que puede cambiar.
Cuando el Estado decide cambiarla,
pero no puede cambiar porque le venga impuesto por la Unión,
son elementos de la identidad nacional constitucional,
lo son también los derechos fundamentales.
Esa es la pregunta que no está clara.
Además, cabe otra pregunta,
y es quién decide cuál es la identidad constitucional
de un Estado desde el punto de vista del derecho de la Unión,
que es lo que nos interesa aquí el punto de vista de su estado?
Pues será su Tribunal Constitucional en su caso,
pero el Tribunal Constitucional puede decidir
que para él es muy importante una serie de cosas,
pero al final quien tendrá en cuenta eso momento al límite
es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Si se le pregunta si no se pregunta no lo que pasa
es que no se le pregunta.
Se corre el riesgo de estar incumpliendo el derecho
de la Unión con las consecuencias que eso tiene.
Si un Tribunal Constitucional decide controlar la constitucionalidad
de una norma de derecho de la Unión
y decir que esa norma de derecho de la Unión Europea
decidida por parte de la Unión
vulnera su identidad nacional, constitucional recoge el 4,
dos que por tanto es inconstitucional,
se podría enfrentar un recurso incumplimiento
ante actual de justicia.
Lo normal sería plantearle una cuestión prejudicial
ante la justicia y preguntarle yo.
Puedo tutelar mi identidad nacional y esta norma de derecho
a un europeo hasta una nom, identidad.
El Tribunal de Justicia
podría interpretar que sí que si efectivamente,
si el Tribunal de Justicia interpreta esa norma de derecho a Unión Europea
vulnera la identidad nacional constitucional del Estado miembro,
pues podría ser contra al propio derecho,
a una unión que respeta la identidad nacional constitucional.
Lo que pasa es que la jurisprudencia de anual de justicia es muy estricta
a la hora de entender que forma parte de la identidad constitucional
de un Estado para permitir excepciones al derecho de la Unión,
pero las ha permitido.
En el caso omega 2004
permitió por la importancia que tiene la dignidad de la persona
en la Constitución alemana entendió que la dignidad
era tan importante en Alemania por su tradición histórica,
por el problema que tuvo durante durante el nazismo,
el régimen nazi.
Que la dignidad tiene una importancia tal,
en la, la identidad alemana
y en la cuestión alemana que permitió que se prohibiera,
se prohibiera que se hicieran una normativa municipal,
prohibió la organización de juegos con pistolas lasas,
esa era el caso y eso lo y eso se planteó
como una vulneración de la ley de prestación de servicios,
porque una empresa no podía abrir unos juegos que son muy típicos.
Su grupo, alguno de ustedes ha participado alguno,
que son los juegos láser disparar, avatar láser pintura,
pues ese tipo de juegos fueron prohibidos.
Nace la alemana en más.
Por qué?
Porque afectaban a alinear a personas
porque se disparaba a una persona como juego,
y el Tribunal de Justicia entendió que era una excepción admisible
del derecho de la Unión y, por tanto,
una limitación de una de las cuatro grandes libertades económicas,
con la libre circulación de mercancías.
Libre libertad de estableciendo y prestación de servicios libre,
circulación de trabajadores, libre circulación de capitales.
Ahora la libre circulación de trabajadores ha evolucionado
hacia la libre circulación de personas,
pero en las cuatro grandes libertades económicas se podía limitar
una de las cuatro libertades económicas, que es
un principio constitucional fundamental de las comunidades,
de la unión del mercado interno,
en base a la línea de la persona y en el sentido hasta 2010,
otro caso también muy interesante, el caso austriaco,
en el que también permitió el juego de la identidad constitucional,
en este caso en la república de austria.
El principio de igualdad es tan importante
desde la perspectiva de la Constitución austriaca
que tienen prohibido de forma taxativa
con los apellidos de las personas, contengan elementos nobiliarios.
Entonces, la señora Sánchez, que era una señora austriaca
que se casó con un ciudadano alemán,
Alemania, es una república con una república de austria,
pero en Alemania, a diferencia de Austria,
no tienen esa consideración, lo hacen con el principio de igualdad
y no está prohibido.
De hecho, aunque es una república
y ya no existen los títulos nobiliarios,
las personas mantienen los títulos y elementos nobiliarios
en sus apellidos.
La señora Sánchez diga.
Esténse caso con un ciudadano alemán
y adquirió su apellido,
San indigesta las señora se vivía entre Austria y Alemania.
Cambió toda su documentación porque de acuerdo
a la tradición alemana y la normativa alemana
la mujer que se casa quiere el apellido del marido
y cambió toda su recomendación,
pero cuando fue a cambiarla en los registros civiles,
austriacos a principios la cambiaron pero luego eso fue objeto de recurso
y finalmente le dijeron que no; no podía mantener
el elemento nobiliario en el apellido,
porque conculcaba la normativa de orden público
y de igualdad de Austria, la señora que recurrió el asunto
porque considera que se vulneraba su libre su derecho
a elegir su nombre, se vulneraba también,
pues su derecho a circular libremente,
porque ya circulaba entre alemania y austria
vivía entre los dos sitios.
Además se dedicaba a una actividad,
prestaba unos servicios para los cuales cuáles parece ser
que era importante tener un elemento nobiliario en apellido
como era la compraventa, compraventa de castillos.
Lo cual le daba, digamos, un mayor reconocimiento
el tener ese apellido en el apellido anterior
o al menos no perder el elemento nobiliario
y planteo que se estaban vulnerando sus derechos como ciudadana europea.
El Tribunal de Justicia,
igual que hizo en el caso, omega.
Entendió tiene la identidad constitucional austriaca,
podía implicar la limitación de los derechos europeos,
y, en concreto,
de los derechos fundamentales del estándar europeo
de y de la libre circulación de personas.
La prestación de servicios,
elementos, digamos consustanciales al estándar europeo.
Por tanto, permitiéndole es verdad que en el caso melones,
que es fíjense qué diferente, el drama constitucional español
nunca planteó una cuestión sobre la identidad constitucional
en relación a los derechos fundamentales,
sino por optantes dos únicamente 53.
No sabemos sí claro cuestionado.
Había planteado que la posición de los derechos fundamentales
es un núcleo tal, que identifica la posición española
que hubiera hecho el Tribunal de Justicia
en ese caso.
Porque si fue respetuoso con la identidad constitucional
en omega, piensen.
Liga estén, aunque con dos derechos,
como la dignidad humana y la igualdad,
o el principio de igualdad en la república de Austria,
la guía en Alemania
y, en cambio en el caso el caso me lo ni no con un proceso,
el derecho a un proceso con todas las garantías
en la cuestión española,
pero no se planteó el tema de la identidad constitucional
en ese caso concreto,
lo cual nos lleva también a plantearnos la importancia
de cuando se plantea un caso una cuestión prejudicial
y se definen los elementos sobre los que tienen que contestar
el Tribunal de Justicia.
Por eso yo les planteo.
Ahí cabría en el futuro plantearse la protección
de los derechos fundamentales o monos algunos derechos fundamentales
como elementos esenciales de la identidad cocina española.
Y qué otros elementos podríamos plantear en su caso
para poder limitar el derecho de la Unión Europea,
como se hizo en omega con la dignidad en Alemania
o se hizo en servir este con el principio de igualdad?
En el caso de estos dos casos son casos interesantes
y que plaga y que plantea una cosa que es muy importante.
El diálogo entre Cortes y la empatía constitucional
en una horita muy interesante de Luis Arroyo Jiménez,
que es empatía constitucional.
Señor más, si ustedes se interesa a este tema
y en concreto la relación entre el turno constitucional
del Tribunal de Justicia se la recomiendo desde 2016,
está del todo actualizada, pero es muy muy interesante.
Cómo plantear la necesidad de empatía entre las Cortes constitucionales
y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque no hay,
no hay otro remedio al final, formamos parte de la misma
organización de integración supranacional.
Los Tribunales Constitucionales
están llamados a salvaguardar los derechos fundamentales
contenidos en sus constituciones, así como el orden constitucional
y, por tanto, la identidad constitucional
de los Estados miembros, y a su vez el Tribunal de Justicia
está llamado a ser el máximo intérprete del derecho
de la Unión y a garantizar
por tanto la autonomía del ordenamiento supremacía etc
etc de tal manera que vamos a encontrar supuestos
en los cuales va a haber conflicto y conflicto
porque va a haber conflicto entre normas,
y en esa tesitura es muy importante esa empatía.
Recientemente, no hace mucho,
con ocasión de la sentencia guais del de Justicia,
el Tribunal Constitucional alemán dicta una sentencia,
la sentencia de contestación del Tribunal Constitucional,
no fue empática, fue declarar cultural de justicia,
había actuado ultra vires, más allá del derecho al considerar
que el Banco Central Europeo se había excedido de sus competencias
en los diferentes paquetes de rescate,
que me comprara deuda y que de alguna manera
el Tribunal de Justicia
el razonamiento que había le había hecho.
Había ido más allá y claro.
El Tribunal Constitucional alemán
que el Tribunal de Justicia había actuado,
un trámites de forma contraria al derecho.
Esa sentencia del Tribunal Constitucional alemán motivo
una contestación muy fuerte de las instituciones europeas.
La comisión inició un procedimiento por incumplimiento
de contra contra Alemania otros casos de conflictos que se han producido.
Ha habido sentencias del Tribunal Constitucional checo,
por supuesto, del Tribunal Constitucional
polaco en la materia,
conflicto para mantienen con con la Unión Europea
en materia de las reformas que afectan a a la organización
del Poder Judicial en Polonia
y, por tanto, hay unos conflictos que están vivos
en relación a estas relaciones, no aquí en España.
Actualmente está el último episodio,
pues me lo ni pero no hay un conflicto vivo
en otros países si los hay y los hay,
porque, como pueden ver, no hay una solución sencilla
y fácil.
Algunos países están intentando utilizar la identidad nacional
constitucional para hacer reformas que afectan al estado de derecho
y a los principios nucleares de la Unión.
Ejemplos los podemos tener en Polonia,
algunos supuestos en Hungría
y al final el tomando justicia
va a tener que revisar el uso de la identidad nacional,
constitucional y valorar en qué medida puede
o no limitar el derecho de la Unión.
También es verdad que aquí se plantea muchas dudas en relación
a que así hay o no o puede haber o no
una diferencia de trato respecto a ciertos países
o a otros una mayor sensibilidad hacia unas identidades nacionales
constitucionales que a otras,
y la cuestión quizá también interesante para investigar
o para analizar es cómo definir la identidad constitucional
o nacional de los Estados miembros,
porque obviamente hay que acudir a sus constituciones,
no a las tradiciones qüestionades comunes,
pero al final el derecho de la Unión
sería informado por las tradiciones consulares comunes.
Como esto comulga con la identidad nacional,
porque las tradiciones culturales comunes sin duda las hay,
pero hay otras tradiciones constitucionales,
algunos Estados que no son comunes y que no dejan de ser tradiciones
constitucionales o elementos constitucionales relevantes.
Les voy a poner un ejemplo.
Por una parte de la identidad nacional,
constitucional, el modelo monarquía o república,
cuál es la tradición constitucional común en este ámbito?
En la Unión Europea, la república o la monarquía la hay?
No hay ninguna tradición, cuestión al común,
porque precisamente hay países que mantienen una tradición,
tienen sus constituciones, tienen un modelo monárquico
y en otras tienen un modelo republicano,
pero a nadie se le escapa qué el modelo republicano.
En Francia, el modelo de la República,
en Alemania e incluso en Alemania, el modelo federal,
y en Francia el modelo republicano y el modelo de Estado unitario,
aunque sea ahora algo administrativamente descentralizado.
El modelo de Estado unitario francés son elementos
de su identidad nacional,
son elementos de la identidad nacional de Francia
y de Alemania.
Forma parte de la monarquía,
de un elemento de identidad nacional.
En el caso del Luxemburbo, en el caso de Bélgica,
en el caso de España.
Y en ningún caso podría haber una evolución en el marco
de la Unión Europea que afectara a esas identidades nacionales,
constitucionales.
Eso es proyectable a otros elementos de organización territorial español,
hasta las autonomías, en Italia,
el Estado regional algo sobre el principio.
La Unión Europea no dice nada, pero en algún momento
se nos puede plantear la dicotomía.
Sin perjuicio de que los Estados puedan cambiar su identidad nacional
si quieren, pero una cuestión
es que tú cambias tu identidad nacional o constitucional
porque tú quieras y reforzar su constitución,
y otra cosa es que te venga impuesta por la unión, que es
en base a la homogeneización
de los de las tradiciones culturales comunes,
porque el riesgo en realidad
no está tanto en la tradición cultural común,
porque si es común también formaríamos parte de esa tradición.
Sirven que se imponga como tradición considerar
como un aquello que en realidad no es común,
sino que es mayoritario, y eso es diferente
o que es al menos aquello que corresponde a los grandes países
que forman la unión o a los que tienen
el poder mayoritario en la Unión,
y ese quizá es el riesgo.
Desde el punto de vista de los países más pequeños
y desde el punto de vista
de los países que tienen tradiciones consulares minoritarias,
y no mayoritarias, no es el caso de España,
porque España en concreto, pues es uno de los grandes países,
detrás de Alemania, Francia e Italia, junto a Polonia,
pues España y Polonia son los grandes estados,
con lo cual es una vez el Reino Unido abandonar la Unión
somos sin duda el cuarto el cuarto Estado en importancia en la Unión,
pero hay países pequeños que se puede plantear eso,
Malta, por ejemplo, es un país muy pequeño,
con unas tradiciones jurídicas muy singulares,
como la influencia del modelo anglosajón muy importante
por tradiciones históricas.
De hecho, tiene una aplica una aplicación de derecho anglosajón
y el hecho continental dual en malta, chipre.
Otros países pequeños que nos podemos plantear,
es decir, cuál es su India,
constitucional nacional y cómo podemos garantizar su respeto
y que no quede absorbida por una homogenización
de las tradiciones constitucionales mayoritarias comunes.
Ese es otro otro riesgo que hay que hay que tener en consideración
y buscar la empatía constitucional entre y el diálogo entre Cortes.
Quizás el tribunal cuestión alemana
fue hizo un exabrupto en su sentencia contra el Tribunal de Justicia
y es todo el Tribunal Constitucional,
y esto es una cuestión.
Además, sin duda es una cuestión más importante de la Unión
y no deja de ser Alemania, uno de los países en general mejor
tratados por el tema de la justicia, lo cual es llamativo,
que cambió sea uno de los que se ha pronunciado más fuerte
cuando el Tribunal de Justicia,
mientras que otros como otras opciones español,
en cambio ha sido mucho más, ha mostrado mucha más empatía
o mucha más aceptabilidad en relación con la primacía
del del derecho de la Unión Europea,
pero es algo que habría que analizar.
Bueno, espero no haber sido muy pesado con la, con la presentación.
Que se haya entendido y a ver,
pero ha dejado de compartir.
Si tienen alguna duda.
Claro, claro, lo que hemos comentado.
A todo muy claro.
No tienen dudas.
Les voy a enseñar una cosa, que es la que quiero.
Quería.
Muy claro, gracias.
Vale, gracias, si quería compartir les
esto es la ley orgánica de ratificación del tratado
de lisboa.
Por el que se modifican la trata de la Unión Europea de construir,
de manera fenomenal cabría de virtudes
porque lo que es interesante de la ley orgánica
de ratificación española
es que reproduce la carta de derechos fundamentales
de la europea y es lo que yo les planteaba.
Estaba donde está por analizar adecuadamente,
fíjense que han pasado años,
porque, además de autorizar la ratificación del tratado
de lisboa, que es el actual tratado, que rige en la Unión Europea,
entonces tengan en cuenta que esta ley orgánica
es la ley orgánica derivada del artículo 93,
que hemos comentado.
Al principio, artículo 93 nos abre a que ratifiquemos tratados
por los que sabemos competencia.
Cedemos, el elegido de competencias a arrecia internacionales.
Entonces esta es la última ley orgánica de ratificación del tratado
de lisboa, y fíjese qué curioso,
porque, además de la autorización,
hace algo que no te no ser no hubiera sido necesario,
es la cuestión.
Se autoriza la ratificación y hasta el tratado de lisboa.
En su artículo seis
dice que la carta tiene fuerza equivalente a tratado
y nos vincula la Carta está fuera.
Del tratado.
Fuera del tratado de lisboa está fuera del tratado de la Unión
y del tratado de funcionamiento europeas
un texto anexo alta todo Lisboa,
pero el dato del dice que tiene fuerza equivalente a tratado.
Luego se rige como tratado
con que ratificamos un trato de Lisboa suficiente,
pero la ley orgánica de ratificación de España
no hace eso.
Hace una interpretación exartículo 10 de la Constitución
dice que las normas relativas a los derechos fundamentales
de la Constitución
las nuestras de la muestra española se interpretarán también
de conformidad con la carta de derechos fundamentales,
la versión de 2007,
porque la carta se elaboró en el año 2000, pero Sábato
en 2007 para su incorporación al tratado de lisboa,
y la reproduce, con lo cual por eso les comentaba.
Los jueces a la hora de aplicar los derechos fundamentales
de nuestra Constitución están obligados por el artículo 10
a interpretar de conformidad con el convenio,
con la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros
y otros instrumentos sobre derechos humanos ratificados por españa,
entre ellos el tratado de lisboa.
Por supuesto, la carta.
Pero si había alguna duda de si la carta
era nuevo un tratado internacional sobre derechos humanos,
el legislador español la disipó en el artículo dos
de la ley orgánica de ratificación del del tratado de lisboa,
a eso se suma que la ley orgánica del Poder Judicial
introdujo también la obligación de los jueces
de interpretar el derecho de conformidad con las resoluciones
dentro de la justicia,
con lo cual hay una doble vinculación ahí muy, muy importante,
pero está el respecto a los derechos fundamentales, la justa.
Esto no vincula al Tribunal Constitucional,
que está vinculado por su, por la cuestión en su ley orgánica,
no por la ley orgánica de ratificación de Lisboa
y podría controlar esto,
pero es interesante porque se introduce una vinculación,
una obligatoriedad o mandato e interpretación de conformidad
con la Carta de nuestros derechos fundamentales e interesante,
sobre todo si tienen en cuenta que podría ser que nuestra cuestión
contempla derechos con un nivel de protección superior,
de acuerdo a juicio, frente al tono constitucional
de la guerra de la carta, como se produjo en el caso melones.
En fin, bueno, en otro caso, es verdad que será no.
Es decir, yo planteo los casos problemáticos
porque en la manera de ocasiones no va a ser así;
la carta es moderna.
La carta introduce una protección muy alta y normalmente es al revés,
es decir, lo claro lo lo la regla más general
no es la de los problemas que hemos analizado,
sino que en realidad el Tribunal de Justicia,
como tutela de los derechos fundamentales,
está tutelando los derechos de una forma mucho más elevada
que la que se hace a nivel interno.
Ahí tienen la protección al consumidor
y la eficacia del derecho de la Unión Europea,
que ha obligado al legislador española a adecuar
su normativa interna para elevar la protección al consumidor,
que aquí era muy baja, exigiendo Tribunal de Justicia
europea en diferentes contestaciones a cuestiones prejudiciales;
la necesidad de proteger al consumidor
en materia de información, de anulación de cláusulas
que no estaban debidamente informadas por parte de entidades bancarias,
incluso exigiendo la garantía de armas.
Por tanto, diciendo con nuestra normativa procesal,
cuando no garantizaba la igualdad de armas entre el consumidor
y la otra parte vulneraba el derecho a la Unión Europea,
que garantiza un nivel de protección al consumidor mucho más alto
que estaba garantizando la legislación española,
afectando a la legislación procesal,
que en principio la región procesal no tenía que ver,
pero claro, en la medida en que el consumo de participar
en un proceso y aportación al consumidor sí es una materia,
la tiene competencia,
la Unión Europea ya estamos dentro del ámbito de aplicación del derecho
de la Unión.
Desde ahí es donde se plantean las dicotomías
y, por supuesto, Tribunal de Justicia.
Normalmente ha reconocido derechos, incluso bueno,
el nivel.
El derecho a porción de datos de carácter personal
tiene un nivel de protección altísimo en el ámbito de la Unión Europea,
y muchos y muchos otros derechos.
El principio de no discriminación por razón de sexo
que también tuvieran la sesión con la empresa
Cristina días y el nivel de protección es altísimo.
Estaba a punto de que, como saben,
pues se ha declarado que algunas normas españolas,
pues ahora encontrarse principio de no discriminación, como,
por ejemplo la, la, la complemento de maternidad,
que solamente la reconoció a la mujer y no ha reconocido a los hombres
en una situación similar,
se produce una una excepción por razón de sexo, que fue declarada
así por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o en otras materias.
No?
El reconocimiento de derechos fundamentales vinculados a la carta.
Y a principios generales del derecho de la Unión Europea
que no estaban reconocidos anteriormente.
El derecho al olvido, como es el caso mare,
Costeja contra contra contra Google.
Además, ni en España contra Google por un señor que quería ser olvidado
y que Google no eliminaba los accesos a la información que salía
cuando se le ponía su personal personal,
el buscador y el tema de justicia reconoció el derecho al olvido
como un derecho prácticamente autónomo,
derivado vinculado a la protección de datos de carácter personal,
cosa que no hubiera sido objeto seguramente de reconocimiento,
que no fue objeto de reconocimiento hasta ese momento por nadie,
ni por el trono de Derechos Humanos ni por ningún tribunal constitucional
es un derecho creado o de mejorar de creación jurisprudencial
por parte del Tribunal de Justicia.
Por tanto, en general la verdad es que la relación es positiva.
Hay una potenciación de la protección de los derechos fundamentales
por parte actual de justicia frente y obligando a los Estados
miembros a modificar y actualizar sus normativas.
Eso se ve en general, con carácter general,
protegiendo el estado de derecho y la independencia judicial,
afectando a normativa portuguesa, afectando a normativa polaca
que trata de reorganizar el poder judicial,
afectando a la independencia del Poder Judicial,
al estado de derecho, a la separación de poderes.
Por tanto, en general,
la justicia está ejerciendo una tutela muy importante
en materia de derechos fundamentales en materia de estado de derecho
en materia de separación de poderes y luego en algunos casos,
sí ha sido sensible para respetar la identidad constitucional
de algunos Estados, muy el caso omega muy del caso
San Vicente en que vivimos, que hemos hemos comentado antes.
En el caso me lo ni es verdad, que no fue tan sensible.
Pero también es cierto, si se me ha planteado otra manera,
pues la contestación hubiera sido tan beligerante.
No sé si tienen alguna duda, alguna cuestión.
Ninguna duda bueno.
Hemos llegado a final de la del curso espero
que hayan disfrutado este curso de esta tercera edición de curso.
El Tribunal de Justicia,
la Unión Europea y los procedimientos,
sancionando justicia teoría y práctica
en la que hemos realizado.
Yo creo un análisis bastante completo de la jurisdicción
de la Unión Europea, de la jurisdicción,
en particular del nivel de la de la de la Unión Europea,
una aproximación bastante importante y bastante muchas horas.
Dicen que perciben no todo muy bien, pero muchas gracias.
Gracias.
Estamos a su disposición,
por supuesto en los correos electrónicos a lo largo del curso,
que aún no está por hacer,
porque tienen que hacer usos prácticos
a que al que quiera octubre
hemos hablado del reconocimiento garantía de los derechos
con diversas sesiones.
Hemos hablado de la dimensión de género,
también con dos sesiones, dos sesión a los derechos fundamentales,
dos sesiones de casa al a la dimensión de género;
dos sesiones dedicadas a las cuestiones éticas;
una sesión dedicada que ha sido esta última,
la relación entre jurisdicciones y las demás sesiones dedicadas
a la estructura de competencias y procedimientos de justicia
y a los diferentes procedimientos.
Yo creo que espero que sí que les haya servido
para conseguir una mayor especialización
en la materia y quizá para plantearse dudas
sobre la problemática de interrelación entre ordenamientos
y entre jurisdicciones.
Reflexionar y querer profundizar en alguno de los temas
que hemos planteado.
Más que respuestas quizá hemos planteado muchas cuestiones
y eso es bueno porque les permitirá aprender más y todos aprendemos curso
también nos sirve a nosotros con los comentarios
y dudas que nos han planteado a lo largo de las sesiones,
pues nos sirve también a nosotros para para aprender,
para mejorar y para profundizar en el estudio.
Entonces,
muchas gracias a todos y a todas por la participación
y invitarles.
Les enviaremos a enviarles un power point que quedaba
y les enviaremos también una encuesta para que nos comenten
lo que les ha parecido las sesiones, invitarles a también les informaremos
de la organización del, del futuro de 15 horas, práctico también financiado
por la Unión Europea y, por tanto,
gratuito para que puedan participar si es su interés.
Por supuesto.
Muchas gracias por su atención,
por haber estado aquí les invito a hacer los casos prácticos
y a terminar el curso.
Si lo desean, ha sido un auténtico placer.
Muchas gracias.