Soy Carlos Fernández Esker, profesor de Derecho Constitucional
en el departamento de Derecho Político de la UNED,
y en la vídeo clase de hoy voy a explicar el proceso de investidura
en la Constitución española, en modelos de parlamentarismo positivo,
como es el caso español.
La confianza parlamentaria surge de un procedimiento
llamado investidura, que culmina con una votación expresa,
explícita por parte del Parlamento y que permite constatar la existencia
o el establecimiento de esa relación de confianza
de la confianza parlamentaria.
La relación entre el Parlamento
y el gobierno, nuestro modelo del Congreso de los Diputados,
es la cámara que participa exclusivamente en ese otorgamiento
de la confianza, en este caso al presidente del Gobierno.
El Senado no participa en este procedimiento,
no a participar en los procesos, en los procesos de otorgamiento
de confianza al y en los procesos de retirada de confianza,
como puede ser, como pueden ser la moción de censura
o la cuestión de confianza,
y esto es uno de los rasgos que subraya, el carácter asimétrico,
el carácter asimétrico de nuestro bicameralismo,
donde existe una preponderancia del Congreso de los Diputados
sobre el Senado.
La investidura tiene lugar habitualmente
tras la celebración de elecciones,
pero también puede activarse este procedimiento
en caso de dimisión o fallecimiento del presidente del Gobierno,
o también en caso de no salir adelante,
una cuestión de confianza.
En cuanto a su regulación, el procedimiento de investidura
está contemplado en el artículo 99 de la Constitución
y también en los artículos 170 a 172 del reglamento
del Congreso de los Diputados.
En cuanto a las en cuanto a las fases del proceso de investidura,
la primera de ellas es la fase de la llamada fase de consultas,
regidas el rey.
Tras las elecciones,
se reunirá con los representantes de los distintos grupos políticos
que han logrado representación parlamentaria.
El presidente de congreso,
que ya ha sido elegido, en la sesión constitutiva
de la de la Cámara proporcionará al rey
un listado con los representantes de cada uno de los grupos políticos
que han obtenido representación en el congreso
y que acudir a esas consultas,
regidas y esa fase de consultas está orientada
a la propuesta por parte del rey de un candidato a la Presidencia
del gobierno, que se someterá a la investidura,
y en esa propuesta de candidato por parte del Jefe del Estado
esa propuesta deberá contar con el refrendo del presidente
del Congreso de los Diputados.
Durante esa fase de consultas, y en esa propuesta de candidato
a la Presidencia del Gobierno del rey debe mantener una posición neutral,
y no intervenir o no inmiscuirse en el juego político.
Por tanto, el rey debe limitarse
a proponer como candidato a la Presidencia del Gobierno
a aquel candidato que tras la ronda de consultas ofrezca garantías
de contar con los apoyos parlamentarios suficientes
para alcanzar la mayoría para ser investido,
y aquí entra, digamos, una posición, digamos, eso es una fase que puede
ser delicada para el rey durante varias legislaturas.
En buena parte de nuestra democracia
los resultados electorales arrojaban mayorías claras;
en las las cámaras;
los principales partidos solían contar
o bien mayorías con mayoría absoluta
o bien sin llegar a la mayoría absoluta;
podían completar esas mayorías con el apoyo de distintos partidos,
y digamos que la propuesta de candidato
era un asunto relativamente sencillo,
porque las mayorías eran claras,
pero a partir de la undécima legislatura,
a partir de las elecciones de diciembre de 2015,
con la fragmentación del sistema de partidos,
las mayorías no están siendo tan claras como como anteriormente,
y eso dificulta, digamos, la posición del rey.
En todo caso, hay que subrayar esta idea del papel de el papel del rey,
debe moverse siempre desde la neutralidad
y, por tanto, en caso de que no haya ningún candidato,
que tras esa ronda de consultas ofrezca garantías
para ser investido el rey,
tiene que acudir a otra serie de criterios que puedan
ser objetivos y neutrales, y parece que el que se está consolidando,
como digo,
en aquellos casos en los que no hay un candidato que tras esa ronda
de consultas garantiza tener los apoyos necesarios,
es el de que el rey proponga al candidato con más del partido,
con más votos y más escaños para poner en marcha
el procedimiento de investidura.
En cuanto a la sesión de investidura y las votaciones,
hay que decir que corresponde al presidente del Congreso,
una vez recibida esa propuesta de candidato por parte del rey,
convocar el pleno de investidura, y esto es una de las de los pasos
en las que no hay ninguna norma que establezca un calendario,
un plazo concreto y por tanto,
el presidente del Congreso goza de cierta discrecionalidad
a la hora de convocar ese pleno de investidura.
Una vez convocado ese pleno,
el candidato a presidente del Gobierno
debe exponer ante el pleno de la Cámara, sin límite de tiempo,
cuál es el programa político del gobierno que aspira a formar
y concluirá solicitando la confianza de la cámara
para que se entienda concedida la confianza parlamentaria por parte
del Congreso de los Diputados.
Debe alcanzarse en una primera votación,
la mayoría absoluta, es decir,
la mitad más uno de los votos del total de diputados existentes;
congreso, que son 350; por tanto,
la mitad más uno serían 176 votos a favor.
Si no es alcanza dicha mayoría, se procede a una segunda votación,
48 horas después en la que debe lograrse la mayoría simple,
es decir, más votos afirmativos que negativo,
sin tener en cuenta las abstenciones.
Se trata de obras votaciones ya sea la primera,
la segunda, que son publicadas por llamamiento,
es decir, se lee el nombre y apellidos de los diputados
y esto es cuando oigan su nombre.
Deben manifestar su posición de manifestar su voto;
votar, si no, o abstención,
si la Cámara otorga la confianza al presidente
del Gobierno en cualquiera de las dos votaciones,
en primera o en segunda votación,
el rey le nombrará presidente del gobierno de nuevo,
con el refrendo del presidente del Congreso de los Diputados,
pero también puede suceder que no se alcance
ninguna de las mayorías exigidas,
y entonces lo que prevé la constitución es que se tramiten
sucesivas propuestas; es decir,
se reanudan las consultas, regidas en busca de algún otro candidato
que pueda estar en condiciones de reunir esa mayoría necesaria
para ser investido como presidente del Gobierno.
Pero esa tramitación de sucesivas consultas
no es indefinida en el tiempo; ese proceso tiene un límite sí
a partir de la primera votación de investidura.
Transcurren dos meses sin que ningún candidato
haya obtenido la confianza del Congreso.
El rey debe disolver las cortes generales,
tanto el Congreso como el Senado
y convocar nuevas elecciones de nuevo con el refrendo
del presidente del Congreso.
Hemos visto en esta vídeo clase tres actos en los que los actos del rey
deben ser refrendados por el presidente del Congreso.
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno,
nombramiento en su caso de presidente del Gobierno,
y por último,
se debe refrendar también esta disolución automática
de las Cortes
y no la convocatoria de elecciones
en caso de que no se consiga que el Congreso
no consiga investir a un candidato en el plazo de dos meses
desde la primera votación de investidura.
Esta disolución automática de las Cortes
se ha producido en dos ocasiones en nuestra democracia,
recientemente en la undécima y décimo tercera Legislatura, año 2016 2019,
donde se produjeron o se se dieran,
lo que se ha llamado legislaturas fallidas,
legislaturas en las que el Congreso de los Diputados
no ha sido capaz de investir a ningún presidente del Gobierno
y, por tanto, se ha aplicado este mecanismo
de superación del bloqueo político,
que desemboca en la disolución automática de las Cortes
en una nueva convocatoria electoral.
Por último, quiero subrayar
que en el año 2016 se reformó la loreg.
La ley orgánica del régimen electoral general
para introducir una serie de singularidades procedimentales
para este supuesto de convocatoria automática de elecciones.
Hay muchas novedades,
pero la principal de ellas es que se redujo de 54,
47 días el, la duración del conjunto del proceso electoral
desde el decreto de convocatoria de las elecciones
hasta la hasta la propia jornada electoral,
y dentro de esa disminución general del conjunto del proceso electoral
se disminuyó también de 15 a ocho días
la duración de la campaña electoral.
Eso es todo y hasta aquí la ha habido.