Al grito de “Drill, baby drill”, Sarah Pallin,
gobernadora republicana del Estado de Alaska entre 2006 y 2009,
promovía una política energética
basada en el apoyo incondicional a la industria del fracking.
Este famoso eslogan,
claramente envenenado para muchos ciudadanos de a pie,
se ha convertido, paradójicamente,
en símbolo de resistencia de los colectivos antifracking en los EEUU.
A día de hoy, son ya numerosos los estudios científicos
que avalan la relación entre la contaminación del aire, del agua,
y las prácticas extractivas.
En 2014 cuatro estados de tradición petrolera:
Texas, Ohio, Virginia Occidental y Pensilvania,
confirmaron casos de contaminación del agua.
Pero la ingeniería jurídica del fracking se había adelantado,
casi una década, a los estragos de la industria
y a las represalias legales de los afectados.
En 2005, la Enmienda Hallyburton,
eximía a las empresas de la responsabilidad de informar
a la población sobre los fluidos tóxicos utilizados
en la fractura hidráulica horizontal.
Con este entramado legal sin cortapisas,
la industria del shale gas se extendía como la pólvora,
hacia otras latitudes.
En España hay un potencial muy importante
para hidrocarburos no convencionales,
gas y también petróleo no convencional.
El protocolo que hace una empresa,
una vez que se ha decidido sobre una zona que tiene un potencial
donde concurren los elementos del Petroleum System,
convencional o no convencional, se tiene que reservar esa área.
Entonces se tiene que solicitar al Ministerio de Industria,
en unas ocasiones, otras a las comunidades autónomas,
la reserva sobre esa zona donde va a explorar.
Y ahí la empresa que tiene esa reserva
adquiere unas obligaciones importantes.
Las empresas antes de comenzar a construir
o a realizar cualquier pozo,
exploratorio o con fines de investigación,
están obligados a realizar una serie de estudios,
como es el estudio de impacto ambiental,
que contiene una serie de sub-estudios muy detallados,
de geología del terreno, de aguas subterráneas,
de fauna, de flora, etc., etc.
Si bien es cierto que existen normativas europeas
que regulan la fractura hidráulica,
como las directivas de evaluación de impacto ambiental,
también lo es que su laxitud
las ha dejado prácticamente sin efecto.
A grandes rasgos se traducen en un intercambio documental
entre las administraciones nacionales o regionales
y las empresas adjudicatarias de permisos de exploración.
Esta debilidad legislativa ha sido
en buena medida fruto del temor al euroescepticismo británico,
que amenazaba con imponerse,
si se aprobaba una legislación comunitaria para el fracking.
Las grandes petroleras norteamericanas
aterrizaban así en suelo europeo, con una retórica de venta,
que encendía los delirios de autonomía energética a media Europa.
Desde el punto de vista legal, algo nuevo como es el fracking,
pretende ocupar un espacio amparándose en grandes vacíos legales
que existen, tanto en la legislación española,
como en la legislación europea.
Europa ya ha renunciado a legislar, o a establecer normativas
de cumplimiento general en toda la Unión Europea,
y deja, a la decisión de cada país y de acuerdo con su legislación,
el que acepte o no el fracking, o imponga según qué condiciones.
En España, la explotación de hidrocarburos
se rige, en principio, por la ley de hidrocarburos,
que es una ley muy paralela a la ley de minería en general.
La ley de minería es una de las pocas leyes,
quizá la única ley importante a nivel estatal,
que todavía es pre-constitucional, data de tiempos del franquismo,
y es una ley que otorga todos los derechos a las empresas
y prácticamente ninguno a la población o al territorio
en el que esas empresas pretenden asentarse.
Dejando a un lado la excepción británica
que mantiene firme su apuesta por el fracking en Lancashire,
la mayoría de las campañas exploratorias
llevadas a cabo en Europa han tocado hueso.
Con diferentes casuísticas políticas y geológicas,
países como Lituania, Rumanía, Polonia, Dinamarca,
Portugal y España,
han reducido a la mínima expresión sus permisos en activo.
Otros como Francia, Bulgaria y Holanda,
han aprobado prohibiciones o moratorias.
La voz, cada vez más polifónica, de las plataformas antifracking,
se ha hecho notar en parlamentos regionales,estatales y comunitarios.
Y los gigantes petroleros, Exxon,
Chevron, Total, BNK Petroleum, entre otros,
han abandonado buena parte de los permisos de exploración
sin haber obtenido resultados.
En este ambiguo escenario cuyo telón permanece abierto,
la Comisión Europea sigue avanzando en la definición de protocolos
de riesgo para el fracking.
Porque, como denuncian las plataformas ciudadanas,
las barreras de garantías para salvaguardar
el medio ambiente y la vida, no parecen estar en absoluto claras,
ni en Estados Unidos, ni en Europa.
Y las primeras consecuencias para la salud humana
y los ecosistemas de los territorios fracturados,
comienzan a saltar a la palestra.
Rebecca Roter y JOHN Fenton, son solo dos ejemplos de resistencia
de los cientos que se suceden en los territorios fracturados,
pero sus testimonios son, al mismo tiempo,
altavoz de otras resistencias más silenciosas.
Este activismo emerge del desamparo en que empresas e instituciones
han dejado a miles de ciudadanos,
y sienta las bases de una reivindicación
esencialmente democrática, de alcance global,
cada vez más efectiva.
La exploración y la producción de estos recursos
se pueden hacer sin ninguna alteración del medio humano,
social, ni del medioambiente.
Todo en sí lleva luego una regeneración, posteriormente.
Los lodos que se utilizan para la perforación de sondeos
están muy regulados, son circuitos cerrados
donde nada se vierte, y las exigencias medioambientales
que lleva consigo una exploración, una producción, es muy exigente,
y las compañías las asumen.
En un proceso de producción hay que perforar decenas de pozos,
fracturar cientos de kilómetros de roca,
inyectar miles de litros de agua,
mezclada con más de 260 sustancias químicas diferentes,
para extraer el gas disponible en cada emplazamiento.
No obstante las garantías de seguridad ofrecidas
por las empresas y las instituciones,
solo la inyección de estos fluidos de fractura,
comporta riesgos ambientales inadmisibles.
Estamos hablando de que realmente se utiliza 0 5% de aditivos,
básicamente es agua mezclada con arena
y muy poca cantidad de productos químicos.
Estamos hablando de productos químicos
que son comúnmente utilizados en la industria alimentaria,
en la agricultura, en la farmacia, es decir,
son productos químicos totalmente conocidos,
que están regulados por la UE, por el código REACH,
que las empresas los publican en los estudios de impacto ambiental,
es decir, que la industria tiene una absoluta transparencia.
En cualquier caso, un proceso de producción
es un laboratorio a gran escala
que permite observar los impactos ambientales directos,
e inferir los que tienen lugar en periodos más largos de tiempo.
La contaminación de los acuíferos, la contaminación atmosférica,
la emisión de gases de efecto invernadero como el metano,
el riesgo de terremotos,
la destrucción del paisaje y la contaminación acústica,
son algunos de los impactos más evidentes.
Pero las leyes van muy por detrás
de las primeras consecuencias ambientales
y las empresas del sector han seguido adelante
con muchas de sus prospecciones.
Los procedimientos legales consisten en que la empresa,
una vez que tenga el permiso de investigación
y demuestre que hay un recurso,
bastará con que presente un estudio de impacto ambiental,
que ella misma encarga,
es un estudio de impacto ambiental hecho a la carta,
no nos engañemos, para que, seguramente,
se le puedan otorgar los permisos de explotación.
Creo que haría falta darle la vuelta a ese sistema.
Debería hacerse algún tipo de evaluación ambiental estratégica
en todas las regiones, no proyecto a proyecto,
y una vez que se descarten aquellos lugares o profundidades
que hay un grave riesgo para los acuíferos
o para la aparición de sismicidad inducida,
en ese momento, se plantee que puedan quedar algunas zonas
en que se otorguen permisos.
En 2014, Cantabria, Navarra y La Rioja,
aprobaban leyes autonómicas prohibiendo el uso del fracking
en sus territorios.
Pero en mayo de 2015 entraba en vigor la nueva ley de hidrocarburos,
en virtud de la cual, todas las decisiones relativas al fracking,
eran competencia exclusiva del Estado.
Hay una larga lista de riesgos, pensemos que hacen falta a veces,
un número elevado de plataformas de extracción
por cada kilómetro cuadrado,
y cada plataforma puede tener una hectárea o más llana,
que tiene que ser necesariamente llana,
lo cual significa explanar grandes cantidades de territorio,
en plataformas llanas, y además conectarlas
mediante una red de camino por donde va a haber un transporte
mediante camiones de los materiales que se utilizan,
del agua, de la arena, de los componentes químicos.
La maquinaria, los compresores necesarios
para la inyección del agua a presión,
todo esto significa una modificación del territorio
y una modificación del uso,
una hipoteca para el uso del territorio,
que con el elevadísimo consumo de agua,
que ya es un impacto que, haya o no haya gas,
sea o no rentable,
es un impacto fijo que se obtiene ya desde el principio.
Luego estarían ya los riesgos derivados de la contaminación,
contaminación que podría producirla el gas que tratemos de extraer
y no controlamos y se nos escapa a la atmósfera.
La contaminación que producen los propios aditivos químicos
que se añaden al agua, algunos de los cuales,
que se han empleado hasta ahora y probablemente siguen empleándose,
son nocivos, tóxicos, algunos cancerígenos,
hay informes internacionales que lo constatan.
Contaminación también procedente del propio subsuelo
de minerales pesados, de arsénico,
de elementos radiactivos que hay en el subsuelo,
fijados en las rocas y digamos en estado inerte,
pero que son re-movilizados cuando inyectamos agua a esa presión
y los enviamos a zonas del subsuelo donde pueden contaminar acuíferos
o incluso pueden incorporarse al agua que luego recuperamos
y que luego tenemos que verter en algún sitio,
por tanto se convierte ya en una contaminación
peligrosa en superficie.
A pesar de este posible escenario de riesgos,
invisible para la mayoría de las legislaciones
sobre el fracking en todo el mundo,
la industria sigue esgrimiendo un rosario de benevolencias.
La generación de puestos de trabajo, la revitalización de zonas rurales,
los suculentos ingresos por la venta de derechos
sobre tierras fracturadas, y como no,
la gran promesa de independencia energética,
son los argumentos de la industria para convencer a los gobiernos
y combatir la resistencia de la ciudadanía.
Para que te hagas una idea,
la realización de estos estudios de impacto ambiental,
que como antes decía, estamos hablando de hacer papel,
básicamente, es información, escribirla en papel,
las empresas están empleando de alrededor de 50 personas.
Únicamente para realizar un estudio.
Cuando hagamos los primeros pozos exploratorios,
que son muy pocos pozos,
simplemente para determinar si hay gas o no hay gas,
cada uno de los pozos, empleará alrededor de 100 personas;
hablamos de personas in situ,
de las cuáles un 85% serán personas, será empleo local y regional.
En Estados Unidos hay 25 mil equipos de perforación,
cada equipo de perforación es tecnología y es materiales,
es venta de producto, exportación de producto,
entonces ellos están empeñados en ese excedente que tienen de tecnología,
exportarlo a todo el mundo.
Y se engaña a la gente de los pueblos,
a la gente de los núcleos rurales españoles,
se les engaña diciendo que el fracking crea empleo;
el fracking no crea empleo, traen gente de Oklahoma,
de Texas, de Pensilvania, es una tecnología muy avanzada.
Y luego, cuando ya se ha producido la fase de perforación,
los campos de fracking están desolados, es decir,
crea empleo momentáneo y empleo altamente cualificado.
En el caso de España,
ni los beneficios que consigan las empresas de hidrocarburos
ni las empresas mineras revierten en nada,
ni a los municipios,
ni a las comunidades autónomas, ni al Estado,
porque deja exclusivamente todo el beneficio para la empresa.
Los propietarios del terreno no tienen ningún derecho,
si se niegan a vender o a alquilar los terrenos se les expropian
porque es una cuestión estratégica, es un bien de interés público.
En este sentido y si miramos al espejo de nuestro padrino americano
hay que decir que, a pesar de su probada experiencia perforadora,
se sabe muy poco de los peligros ambientales
asociados con los fluidos de fractura.
Un 2% de su volumen corresponde a 197 productos químicos,
cuya información está protegida por intereses comerciales,
que les eximen de cumplir la regulación federal.
Estudios científicos relativos a algunos de ellos,
confirman su carácter tóxico, cancerígeno o mutagénico.
Un reciente estudio de la National Oceanic
and Atmospheric Administration,NOAA,
y de la Universidad de Colorado,
determinó que en la cuenca Denver-Julesburg,
las fugas de metano a la atmósfera han alcanzado un 4%.
Los informes de las empresas perforadoras,
que a regañadientes reconocen estas fugas,
en solo un 2% de sus operaciones han quedado una vez más, en entredicho.
Si consideramos además que el metano
tiene una capacidad de efecto invernadero,
34 veces superior al dióxido de carbono,
este margen de error que se concede la industria es,
a todas luces, desmedido.
Pensemos que estamos operando a tres o cuatro kilómetros de profundidad
con una tecnología compleja, pero en un medio complejo,
con unas tensiones naturales, con una fracturación natural,
con unos acuíferos que deberíamos conocer bien
y a veces no conocemos suficientemente bien
y todo eso significa procesos de migración
de los posibles contaminantes a los acuíferos,
o procesos por ejemplo de detonación de fallas activas
que existen en el terreno y que pueden producir terremotos,
que en muchos casos se escapa completamente a nuestro control.
No es de extrañar, que la mayoría de los permisos
que se han concedido en España, algo más de 80,
se hayan echado atrás sin presentar
los informes de impacto ambiental requeridos.
Sin embargo, el permiso “Gran Enara”
que afecta a territorios del País Vasco, Castilla y León,
Cantabria y Navarra, está pendiente de ampliación.
La Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi,
ente adjudicatario de este permiso, ha afirmado recientemente,
que la actividad exploratoria
quedará reducida a 150 mil hectáreas de territorio.
Y si bien garantiza una distancia de seguridad
respecto a los núcleos de población,
no menciona ninguna garantía de protección para los acuíferos.
Desgraciadamente en España se pone de manifiesto
cada vez que se conoce un proyecto,
que se ha pedido un proyecto de investigación
en alguna región de España,
que no se ha tenido en cuenta para nada que existen acuíferos.
De hecho, tanto en la zona cantábrica,
en Cantabria, norte de Burgos, País Vasco,
donde puede que haya reservas importantes,
en el Jurásico, quizá en el Cretácico,
resulta que están muy cerca de los acuíferos que tenemos allí.
La fuga o el vertido de sustancias químicas
en acuíferos que alimentan los suministros de agua potable
se ha producido a sabiendas de que,
incluso pequeñas cantidades de hidrocarburos,
son potencialmente cancerígenas.
Así lo demuestran algunos estudios científicos
anexos a las demandas y financiados, en muchos casos,
por los propios afectados.
Pero la industria prefiere mirar hacia otro lado,
desplegar estrategias que neutralicen las críticas
y en definitiva, seguir fracturando.
Pero la cuestión que subyace a esta particular crónica del fracking es,
¿para qué queremos más gas?
Por qué eclipsarnos ante hallazgos tecnológicos
que prometen la cuadratura del círculo,
cuando tenemos energías renovables en abundancia.
Por qué aceptar la retórica de un capitalismo neo-fosilista
que promete un crecimiento infinito
y se olvida de los límites del planeta.
Por qué escuchar el canto de sirenas de la independencia energética,
cuando debemos emprender un camino más corto,
más simple y menos cruel;
cuando todas las alarmas están activadas;
y cuando lo que está en juego es nuestra salud,
nuestra dignidad y nuestra tierra.