Inauguramos hoy este congreso sobre derecho, salud y dependencia
que es una de las actividades organizadas en torno
a varios proyectos de investigación
que llevan a cabo profesores de la UNED y de otras universidades.
Van a tratar todo un conjunto de cuestiones
que son de alta relevancia social porque tienen que ver con asuntos
como el derecho a la atención sanitaria
y cómo engarza eso con las teorías de la justicia, etc.
Estamos hablando de cuestiones que son muy importantes socialmente
desde el punto de vista de nuestros ciudadanos,
de su salud y de la atención sanitaria que requieren.
Por tanto, que se haga este tipo de congresos
creo que es una muestra interesante de la apertura de nuestra universidad
a lo que está sucediendo en nuestro entorno.
El hecho de que se investigue sobre este tipo de cuestiones
que afectan a tantos miles de personas no es casual,
es una muestra de convicción de que la universidad
tiene que estar también prestando un servicio alrededor.
Mi intervención en este congreso
ha sido hablar sobre los retos normativos de la discapacidad y,
básicamente, lo que he hecho es centrarme en dos cosas.
Por un lado en aquellos cambios normativos,
aquellos asuntos que necesariamente hay que cambiar
para que nuestra regulación en materia de discapacidad
sea conforme a los estándares internacionales,
a las convenciones internacionales.
También he tenido otra parte en la que hablado de los cambios
que tienen que darse en la percepción social de la discapacidad,
en la manera en que la sociedad entiende la discapacidad,
en los estereotipos que utilizamos
y en los enfoques que calan en la sociedad y que,
de alguna manera, hacen que no se satisfagan sus derechos.
Lo que queremos presentar son las investigaciones que hemos realizado
durante estos tres años acerca del derecho a la asistencia sanitaria
y las teorías de la justicia.
Todo esto viene provocado por los numerosos recortes que ha habido
y las medidas que ha habido para la sostenibilidad del sistema sanitario
que han incidido directamente en la garantía los derechos más importantes
como es el derecho a la protección de la salud,
que no podemos olvidar que está muy ligado al derecho a la vida
y es un derecho fundamental.
En este sentido, las preguntas que nos queremos hacer
es cómo es posible que un derecho social
como es el derecho a la protección de la salud
pueda ir para atrás en sus garantías, en sus prestaciones
y también en la titularidad de aquellos que lo ostentan.
Porque además, esta sostenibilidad y estas medidas
se han basado fundamentalmente en recortes que han incidido
en las capas de población más débiles.
Es decir, cuando la protección de la salud
tiene que ser precisamente para proteger a los más débiles,
estos recortes han ido incidiendo justamente en inmigrantes, jóvenes,
en pensionistas y desde ahí nos preguntamos cómo es posible
que el derecho sea un medio para realizar estos recortes
y además desproteger a los más débiles.
También nos preguntamos dentro del congreso,
por qué hay determinadas políticas públicas
que están utilizando lo público para privatizar servicios
que en realidad han estado siempre perteneciendo al ámbito público.
Eso se ha hecho con datos, manipulándolos,
y en el fondo lo que han ido produciendo
es una baja calidad en el sistema nacional de salud
que en el informe Bloomberg, en una estadística que se ha hecho
acerca de todos los servicios sanitarios del mundo,
el de España estaba en el quinto lugar.
Todas estas cuestiones nos han hecho pensar, debatir,
a un grupo de expertos que proceden de distintas áreas,
no sólo del derecho sino también de la economía,
también del derecho financiero, etc., para pensar cuál podría ser
una sostenibilidad del sistema nacional de sanidad
sin que eso tuviera que llevar aparejado
una merma en la garantía de los derechos y, además,
en la garantía de los derechos de los más débiles
que son precisamente los que tiene que proteger
el derecho a la protección de la salud.